El paralelo entre República Dominicana y la Argentina permite identificar una operación política que merece atención: la utilización de la relación privilegiada con Israel y de la defensa de la lucha contra el antisemitismo como elementos de legitimación de proyectos políticos nacionales.
En República Dominicana, el gobierno de Luis Abinader reivindica la recepción de refugiados judíos durante el trujillismo mientras convive con políticas de persecución y discriminación contra la población haitiana. En la Argentina de Javier Milei aparece otra configuración: un alineamiento ideológico, diplomático y político con el gobierno israelí que el propio Presidente convirtió en una de las marcas distintivas de su política exterior.
La comparación no supone equiparar las trayectorias históricas ni los regímenes políticos. La dictadura de Trujillo tuvo características propias, incluido el genocidio de haitianos de 1937. Lo que interesa es examinar una lógica política compartida: cómo se construyen legitimidades internacionales mientras se establecen jerarquías y exclusiones dentro de las propias sociedades.
En la Argentina, Javier Milei fue todavía más lejos. No se limitó a estrechar relaciones diplomáticas: convirtió su identificación con Israel en una definición doctrinaria de su gobierno. Él mismo afirmó en noviembre de 2026 que, desde el primer día de su gestión, la Argentina se había puesto del lado de Israel y que ese país constituía un baluarte de los valores de Occidente.
Argentina
La creación de los Acuerdos de Isaac, anunciada por Milei y Netanyahu en abril de 2026, institucionalizó ese alineamiento mediante una plataforma de cooperación política, militar, económica y de seguridad. En octubre, ambos países firmaron además un memorándum de cooperación en Defensa.
Cancillería Argentina.
Pero hay una cuestión que merece una lectura más profunda: el sionismo de Milei no funciona solamente como política exterior. Forma parte de una cosmovisión que divide el mundo entre Occidente y sus enemigos, identifica a la izquierda como adversario cultural y presenta la alianza con Israel como una frontera civilizatoria. En esa construcción, la crítica a las políticas del gobierno de Netanyahu corre el riesgo de ser confundida deliberadamente con antisemitismo.
Desde una perspectiva de clase, el interrogante es inevitable: ¿qué intereses materiales acompañan esta identificación ideológica? El alineamiento estratégico con Washington y Tel Aviv, la cooperación militar y tecnológica y la subordinación de la diplomacia argentina a una alianza política internacional forman parte de una misma orientación. Mientras tanto, el ajuste económico, la precarización laboral y el retroceso de las capacidades estatales reorganizan las relaciones sociales dentro del país.
La comparación con Abinader permite advertir una coincidencia política, aunque no una identidad histórica: la utilización de la defensa de Israel como credencial de legitimidad internacional mientras se desarrollan políticas internas que merecen ser examinadas por sus efectos sobre los derechos y las condiciones de vida de sectores subordinados.
Hay que establecer una distinción fundamental: combatir el antisemitismo es una obligación democrática irrenunciable. Pero ninguna causa legítima puede convertirse en un blindaje para gobiernos, políticas militares o proyectos de dominación. El pueblo judío no es el gobierno de Israel, y el sionismo no representa por sí solo la totalidad de las identidades ni de las posiciones políticas judías.
La cuestión central no es la relación de Milei con el judaísmo, sino la conversión de una alianza geopolítica en identidad política de Estado. Cuando la solidaridad internacional se transforma en alineamiento incondicional, la política exterior deja de defender los intereses autónomos de la Argentina para convertirse en una pieza de una estrategia ajena.
Y aquí aparece la verdadera paradoja: quienes invocan permanentemente la libertad y los valores de Occidente parecen olvidar que esos valores también exigen defender los derechos de los palestinos, condenar los crímenes contra civiles y reconocer que ningún Estado está por encima del derecho internacional.

En una reciente declaración en la que adoptó la controvertida definición de antisemitismo de la IHRA, el gobierno dominicano presentó al dictador Rafael Trujillo como un opositor al racismo. Utilizando el sionismo como escudo contra las críticas, el gobierno encubre sus crímenes contra los haitianos. (Bettmann / Getty Images)
El 24 de agosto, el gobierno dominicano anunció su adhesión a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). El presidente Luis Abinader , empresario de ascendencia libanesa, hizo el anuncio durante la ceremonia de apertura del Sexto Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo, organizado en Santo Domingo por el Movimiento de Combate al Antisemitismo (CAM), con sede en Estados Unidos. Abinader también prometió invertir 50 millones de pesos (aproximadamente 852.000 dólares estadounidenses) en la construcción de un museo judío en Sosúa, al norte del país, donde se asentaron 747 refugiados judíos europeos durante la década de 1940.
El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que anunciaba la decisión de Abinader incluía una defensa de la dictadura de Trujillo (1930-1961) como supuesta opositora de la discriminación, el odio y la intolerancia religiosa. Rafael Trujillo, cuya dictadura era fanáticamente racista, perpetró un genocidio contra la población haitiana en la frontera con la República Dominicana entre finales de 1937 y principios de 1938, y estaba obsesionado con «blanquear» la República Dominicana, cuya inmensa mayoría era y sigue siendo de ascendencia africana. La invocación del legado de Trujillo por parte del gobierno es clave para comprender su verdadera motivación al jurar lealtad a la definición de antisemitismo de la IHRA.
El gobierno dominicano es un aliado incondicional del régimen de apartheid israelí. Una de sus primeras medidas al llegar al poder fue una declaración en 2020 a favor del establecimiento de la embajada dominicana en Jerusalén. En 2023, la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo tuvo a la embajada israelí como invitada de honor. Se firmó un acuerdo con Mekorot, la empresa estatal israelí de agua, para diseñar un plan nacional de gestión del agua, y también existe cooperación israelí con la oficina dominicana para la tecnificación del riego. El presidente Abinader se ha inspirado en el sistema de muros israelíes que rodea Gaza y las comunidades palestinas en Cisjordania para su propio muro fronterizo con Haití, y ha recurrido a la compra de armas israelíes para impulsar el mayor rearme del país desde la dictadura de Trujillo. El gobierno también recurre a tecnologías israelíes para la represión interna, habiendo utilizado el software espía Pegasus contra un periodista que investigaba la corrupción.
La afirmación del actual gobierno dominicano de oponerse a la discriminación contradice toda evidencia. Se ha negado a promulgar legislación contra los delitos de odio y la incitación al odio racial o religioso. El Código Penal, que entró en vigor en agosto de 2026, define el delito de discriminación, pero elimina de facto cualquier sanción para los actos discriminatorios justificados por motivos religiosos o en los que se invoque el ejercicio legítimo de una autoridad legal, lo que equivale a la legalización de la discriminación. La ley de 1943 que prohíbe la religión vudú, promulgada por Trujillo, sigue vigente y se utiliza para perseguir a afrodominicanos y haitianos. Mientras tanto, una ley de 1962 que prohíbe la glorificación de Trujillo y el trujilloísmo no se aplica. Grupos paramilitares neofascistas que alaban a Trujillo, Benito Mussolini y Adolf Hitler operan abiertamente y colaboran con la policía para reprimir a la izquierda y a las comunidades haitianas.
En este contexto, Abinader, al igual que Trujillo, afirma oponerse al antisemitismo para encubrir y promover su propia agenda racista.
AM, que promovió la adopción por parte de la República Dominicana de la definición de trabajo de antisemitismo de la IHRA, está vinculada al Ministerio de Relaciones Exteriores israelí. Tanto su directora ejecutiva, Sacha Roytman-Dratwa, como su redactor jefe, Barney Breen-Portnoy, han trabajado en el departamento de comunicaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel. Altos funcionarios israelíes , como el actual presidente del país, Isaac Herzog, han formado parte de su consejo asesor. La organización ha promovido la criminalización del lema «Del río al mar, Palestina será libre», siguiendo el ejemplo del gobierno austriaco en 2023. El Consejo Judío de Australia ha considerado que las cumbres de CAM sobre antisemitismo forman parte de un esfuerzo por silenciar las críticas al genocidio israelí contra el pueblo palestino, equiparándolas con el antisemitismo.
En sus declaraciones, CAM ha defendido las acciones militares de Israel en Gaza, describiéndolas como un ejercicio de autodefensa . Por el contrario, la Asociación Internacional de Estudios sobre el Genocidio ha calificado las acciones y políticas de Israel en Gaza como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y ha afirmado que cumplen con la definición legal de genocidio.
Entre las organizaciones que inicialmente se afiliaron a CAM se encontraba el Clarion Project , un grupo de presión antiislámico que ha sido clasificado por el Southern Poverty Law Center como un grupo de odio.
Para el gobierno dominicano, organizar un evento de CAM y adherirse a la definición de la IHRA cumple cuatro propósitos principales: reafirma su sumisión política a la política exterior estadounidense, contribuye a blanquear la imagen de su aliado Israel, presenta al régimen dominicano como contrario a la discriminación e intenta reescribir la historia para presentar a la dictadura de Trujillo como la iniciadora de una supuesta política antidiscriminación que hoy defiende Abinader. Ciertamente existe una continuidad entre la dictadura de Trujillo y el régimen actual, pero en un sentido diferente.
El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, en el que anuncia la adopción de la definición de antisemitismo de la IHRA, afirma que «la República Dominicana reafirma su compromiso constante con la lucha contra todas las formas de odio, discriminación e intolerancia religiosa, una postura que ha mantenido de manera consistente desde 1938, cuando el Estado dominicano fue el único en ofrecer asilo en Sosúa a un número significativo de refugiados judíos». El gobierno dominicano insta además a todos los gobiernos a adoptar medidas para «prevenir el odio, la intolerancia y la discriminación en todas sus manifestaciones». Estas declaraciones resultan curiosas a la luz de la historia dominicana, especialmente tras los últimos seis años de gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de derecha, liderado por Abinader.
Que el gobierno dominicano se considere heredero del legado de Trujillo es una admisión importante. El presidente Abinader , mencionado en las filtraciones de los Papeles Pandora por tener cuentas en paraísos fiscales, también ha admitido compartir las ideas del dictador Joaquín Balaguer, quien gobernó el país con mano de hierro de 1966 a 1978 y antes de eso fue uno de los principales ideólogos y funcionarios del régimen de Trujillo. Desde 2021, Abinader ha estado aplicando un estado de excepción no declarado para llevar a cabo deportaciones masivas de haitianos, incluyendo el uso sistemático de detenciones arbitrarias basadas en perfiles raciales, redadas sin orden judicial y la militarización de hospitales y su uso como centros de detención de inmigrantes, así como violencia generalizada por parte de agentes de migración, incluyendo asesinatos, tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual.