La persistencia de los denunciantes

El proceso contra Uribe no se explica sin la tenacidad de Iván Cepeda. Durante más de una década, el senador recopiló testimonios y documentos que muestran cómo Uribe y su hermano Santiago habrían impulsado la creación del Bloque Metro de las AUC. Por ello, Cepeda fue objeto de campañas de difamación, muchas orquestadas por los propios hijos del expresidente, Tomás y Jerónimo, que lo señalaron falsamente como “heredero de las FARC”.

Lo que parecía un parteaguas duró poco. Tres semanas después, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la orden de detención domiciliaria y dispuso la libertad inmediata de Uribe

El testimonio de Juan Guillermo Monsalve fue decisivo. Exparamilitar, Monsalve relató que en la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, se organizó la base inicial del Bloque Metro. En 2011 denunció ante Justicia y Paz la desaparición de varias personas cuyos cuerpos fueron hallados cerca de esa finca. El fiscal 45, Albeiro Chaverra, interrumpió la grabación y se negó a recibir la denuncia, un gesto de encubrimiento institucional que las organizaciones de derechos humanos denunciaron como muestra del cierre de las instituciones frente a crímenes graves.

Monsalve persistió. A pesar de amenazas, traslados y atentados en prisión, sostuvo su relato. La jueza Heredia lo calificó como un testigo “creíble” en una sentencia de más de mil páginas, desbaratando la estrategia de la defensa que buscaba desacreditarlo.

La red familiar y la impunidad heredada

El problema no es solo Álvaro Uribe, sino la estructura de privilegios que le rodea. Su padre fue un probado testaferro del famoso Cártel Medellín hasta su asesinato en 1983. Santiago Uribe, su hermano, fue absuelto en 2024 de los cargos por concierto para delinquir y homicidio agravado, pese a testimonios que lo vinculaban a la organización de ultraderecha terrorista Los Doce Apóstoles. La absolución generó indignación: “Es volver a vivir el duelo y decir, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas pruebas más necesitan?”, declaró una sobreviviente.

Y la red se extiende más allá. Mario Uribe Escobar, primo del expresidente, fue condenado en 2011 por nexos con paramilitares, pero salió en libertad condicional. Dolly Cifuentes Villa, cuñada del expresidente, fue extraditada a EE.UU. y condenada por narcotráfico en 2012, pero recobró la libertad tres años después por colaborar con la justicia estadounidense.

Lina Moreno de Uribe, esposa del expresidente y representante legal de Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., aparece en los señalamientos por la ocupación de un predio conocido como Laguito 2, en Córdoba. Son cerca de ocho hectáreas que, según la Agencia Nacional de Tierras, corresponden a baldíos de la Nación. Baldíos que no pueden ser apropiados, ni convertidos en propiedad privada, y que, por lo tanto, deben restituirse al Estado.

La familia los ha tenido bajo su control por más de siete años, explotando la tierra, pagando impuestos prediales, pero sin título legítimo. Es decir, sin derecho alguno. Ya en 2017, la Contraloría General había advertido y solicitado investigar si la finca El Ubérrimo se levantó sobre baldíos ocupados de manera irregular.

El problema no es solo Álvaro Uribe, sino la estructura de privilegios que le rodea

Por su parte, los hijos del expresidente, Tomás y Jerónimo, no solo han defendido públicamente a su padre: han sido señalados por campañas difamatorias contra Cepeda y por negocios inmobiliarios bajo sospecha.

La presión internacional: el caso de los falsos positivos

El caso de Uribe no es un fenómeno aislado. Desde hace años, sus procesos judiciales han estado atravesados por resoluciones que le han garantizado privilegios. En 2016, fue absuelto en el proceso derivado de la denuncia de Yidis Medina por falta de pruebas. En 2020, renunció a su curul en el Senado, lo que trasladó el caso a la Fiscalía y le permitió recuperar la libertad. En 2025, el Tribunal Superior revocó su detención domiciliaria, alegando defectos de forma en la decisión de Heredia.

Frente a la inacción de las instituciones colombianas, las víctimas han recurrido a la justicia internacional. En 2023 se presentó en Argentina una querella contra Uribe por los más de 6.402 casos de “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2008. Huelga recordar que la Comisión de Acusaciones del Congreso, conocida como la “Comisión de Absoluciones”, nunca abrió un proceso contra un presidente en más de sesenta años. Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz tampoco puede investigar a los expresidentes. Ese vacío institucional habilitó a la justicia argentina para investigar a Uribe bajo el principio de jurisdicción universal. “No es solo una víctima, somos más de 6.402 los que seguimos esperando”, dijo Laura Piña, hija de una de las víctimas.

El caso argentino revela la paradoja: mientras Colombia blinda a sus élites, son tribunales extranjeros los que ofrecen alguna esperanza de justicia.

La estrategia del uribismo: teatro lawfare y victimización

La condena en primera instancia desató una ofensiva política. El uribismo denunció “lawfare”, acusando a la jueza Heredia de persecución ideológica. Voces de la ultraderecha en el Congreso, como Paloma Valencia o María Fernanda Cabal, presentaron la condena como un ataque al partido y no como un acto de justicia.

Frente a la inacción de las instituciones colombianas, las víctimas han recurrido a la justicia internacional

En las calles, sus seguidores marcharon el pasado 7 de agosto. En medio de la marcha Jerónimo Uribe afirmó: “Más que por la inocencia de mi padre, yo marcho porque pueda continuar la lucha en contra del narcosocialismo”. El propio Uribe, al recuperar su libertad, proclamó: “Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”.

Este giro no es casual. Convertir la condena en arma electoral es una estrategia para cohesionar a las bases de cara a las elecciones de 2026. Lo que debería ser un límite judicial, se transforma en plataforma política.

La voz de las víctimas: duelo e insistencia

Mientras tanto, las víctimas siguen denunciando la impunidad. Tras la absolución de Santiago Uribe, una sobreviviente expresó: “Es volver a vivir el duelo y decir, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas pruebas más necesitan?”.

Estas voces, relegadas por décadas, exigen no solo sanciones judiciales, sino reconocimiento. Su persistencia evidencia que la memoria se enfrenta a un sistema que busca silenciarla. Cada absolución, cada maniobra dilatoria, es un golpe contra esa memoria.

Conclusión: la impunidad como norma

La historia judicial de Álvaro Uribe muestra un patrón de excepciones, privilegios y fallos favorables. Un expresidente condenado que, sin embargo, goza de libertad; una familia rodeada de absoluciones; un sistema judicial que se pliega al poder.

Pero también muestra otra cosa: la persistencia de quienes se aferran a la verdad y la memoria histórica. Monsalve, Cepeda, las familias de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos. Desde Colombia, desde Argentina, desde instancias internacionales, siguen abriendo grietas en el muro de impunidad.

Lo que está en juego no es solo el futuro judicial de Uribe, sino la posibilidad misma de que en Colombia se construya una memoria justa. Que los crímenes del poder no sean borrados por la sombra de la impunidad.