Este giro se inscribe en un realineamiento ideológico más amplio, iniciado bajo la administración Trump y consolidado por su vicepresidente, J. D. Vance, en torno a una visión agresiva de la soberanía nacional, la primacía masculina blanca y el retroceso de las normas democráticas. Esta dinámica se basa en una crítica global del Estado regulador, de las élites progresistas y de las instituciones del poder blando, sistemáticamente calificadas de feminizadas y, por lo tanto, según ellos, debilitadas. En su lugar, el tecnomasculinismo propone un orden tecnopolítico alternativo, basado en la extracción algorítmica, la segregación eugenista y la apropiación de los recursos cognitivos y reproductivos.

Lejos de ser un simple avatar ideológico, este movimiento se encarna en infraestructuras concretas: criptomonedas, plataformas de inteligencia artificial, enclaves libertarianos y neurotecnologías. Se traduce en una profunda reconfiguración de la soberanía –desterritorializada, contractual, algorítmica– al servicio de una nueva casta de hombres-profetas, ingenieros y financieros, que se ven a sí mismos como los arquitectos suprainteligentes de un orden postapocalíptico. Esta dinámica se articula estrechamente con una lógica de colonialismo de asentamiento (colonia de poblamiento) actualizada, en la que la conquista de nuevos territorios –materiales y cognitivos– justifica la desposesión de los demás en nombre del progreso, la razón o la salvación escatológica.

Este texto propone interpretar el tecnomasculinismo como una ideología matriz de la dominación contemporánea en la encrucijada del neoliberalismo, el aceleracionismo y el cristofascismo. A partir del análisis de sus figuras, sus relatos y sus dispositivos técnicos, exploramos las modalidades mediante las cuales renueva, en una forma mutada, el proyecto neoimperialista de dominación masculina y blanca, al tiempo que reivindica su legitimidad en nombre de la innovación y la supervivencia.

I. Los orígenes del tecnomasculinismo: rencores y veneración
del coeficiente intelectual
El tecnomasculinismo tiene sus raíces en una larga historia de revuelta reaccionaria contra la igualdad democrática, que comenzó con las transformaciones económicas y sociales del New Deal y el abandono del patrón oro en 1971. Estos acontecimientos marcaron un punto de inflexión en la percepción de la élite económica blanca y masculina, que vivió estos cambios como una pérdida de control sobre un orden económico considerado natural. La creciente gestión estatal de la economía se percibió como una desposesión de su poder, especialmente en el ámbito financiero. A partir de entonces, el Estado social se convirtió para esta élite en el símbolo de un vuelco del viejo orden que permitía el ascenso de las clases populares y las minorías, al tiempo que debilitaba el dominio de los hombres blancos. Este sentimiento de despojo encontró un eco que se reforzó a lo largo de las décadas, especialmente en los años setenta y ochenta, con la aparición de think tanks libertarianos, movimientos fundamentalistas evangélicos y contrarreformas fiscales.

En este contexto, Silicon Valley se nutrió desde sus primeros años del idealismo libertariano. En la primera fase, figuras emblemáticas como Steve Jobs y Bill Gates encarnaron un modelo de empresario individual, incluso idealista, cuyo objetivo era aportar soluciones a los problemas sociales al tiempo que se fomentaba la innovación técnica. Sin embargo, esta visión fue rápidamente subvertida por la lógica capitalista dominante y, en la década de 1990, el sector tecnológico inició una transición hacia modelos de negocio. El paso de la primera a la segunda fase marca el nacimiento del capitalismo de vigilancia: la recopilación de datos personales se convirtió en el principal recurso generador de riqueza, alimentando una economía basada en la manipulación del comportamiento de los usuarios y usuarias a través de las plataformas digitales. Esto ha permitido a las empresas constituir monopolios e imponer un modelo económico de cosificación del ser humano y jerarquización de su valor en función de su utilidad para alimentar modelos de predicción del comportamiento. El 11 de septiembre de 2001 modificó significativamente el uso de las tecnologías digitales, en particular en lo que respecta a la vigilancia y el análisis de datos. Este punto de inflexión llevó a algunos oligarcas de Silicon Valley a retomar las raíces militaristas de Internet, aplicando los principios tecnológicos de recopilación y análisis de datos con fines de seguridad nacional. Entre ellos, Peter Thiel, cofundador de PayPal, fue una figura clave en esta transformación.

Este giro también fue acompañado de una obsesión por el coeficiente intelectual como indicador de superioridad, siguiendo una lógica eugenista. Inspirada en teorías controvertidas, como las expuestas en The Bell Curve (1994, del psicólogo de Harvard Richard J. Herrnstein y el pensador libertariano Charles Murray), la obsesión por el coeficiente intelectual ha alimentado discursos que favorecen las jerarquías intelectuales, a menudo vinculadas a ideas raciales y socioeconómicas. Iniciativas como la selección embrionaria para optimizar la inteligencia, defendidas por empresas como Anomaly, ilustran esta tendencia hacia una forma de eugenesia liberal en la que la élite tecnológica promueve un modelo genético optimizado en detrimento de la diversidad social. En una lógica masculinista radical, las mujeres quedan relegadas a la condición de recurso genético, valoradas según la calidad del suelo fértil biológico del que se extrae la materia prima: individuos considerados superiores, destinados a hacer avanzar a toda la humanidad. Esta visión heteronormativa y transfóbica, en la que los hombres cis se encarnan en cerebros-máquina y las mujeres cis en úteros-fábrica, sirve de pretexto para la eliminación sistemática de las voces y las perspectivas de las minorías políticas en las esferas de poder.

II. Gobernar sin el pueblo: ciudades masculinas, tecnoterritorios
y neocolonialismo
Hacia finales de la década de 2010, Silicon Valley se convirtió en el laboratorio de otra forma de innovación: la de la gobernanza fascista, con un grupo de oligarcas cuya ambición iba más allá del dominio del sector tecnológico. Para ellos, Silicon Valley se asemeja a un mundo de ensueño aynrandiano (del nombre de Ayn Rand, filósofa individualista), donde las empresas no se contentan con actúar según las reglas de la política, sino que las reescriben, excluyendo los procesos democráticos a favor de las reglas empresariales. Financiados con miles de millones de dólares, estos actores han tratado de imponer un proyecto mundial de control, en particular mediante innovaciones como la inteligencia artificial (IA), las criptomonedas y las DAO (Decentralized Autonomous Organization–organizaciones autónomas descentralizadas). Este proyecto se ha desarrollado, en parte, como reacción a las iniciativas nacionales y supranacionales destinadas a regular los flujos de datos y económicos, como la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea o los debates internacionales sobre la regulación de las criptomonedas. Estos esfuerzos reguladores se han percibido como un obstáculo para la libertad y la soberanía de las grandes empresas tecnológicas, lo que ha llevado a algunos oligarcas a forjar una alternativa a estas normas internacionales.

Las criptomonedas y la cadena de bloques, inicialmente consideradas herramientas de emancipación financiera y descentralización, se han convertido en realidad en instrumentos de concentración del poder. Estas tecnologías, lejos de favorecer la descentralización prometida, han permitido a un puñado de actores dominantes mantener su control sobre los recursos económicos. El modelo de gobernanza que proponen reinventa la soberanía como un contrato comercial, borrando así las responsabilidades sociales y políticas de los Estados. La soberanía se redefine a través de mecanismos privados y tecnocráticos, lo que debilita la influencia de los gobiernos nacionales.

Esta dinámica de reapropiación de la soberanía se extiende al ámbito internacional, donde están surgiendo nuevos modelos de gobernanza alternativa. Un ejemplo llamativo es el intento del proyecto Praxis de adquirir parte de Groenlandia a través de un fondo opaco basado en criptoactivos, una propuesta que recuerda el intento de Donald Trump de comprar el territorio en 2019. Detrás de esta iniciativa se esconde un proyecto de expansión neoimperialista, en el que zonas extraterritoriales y desreguladas se convierten en laboratorios para experimentos tecnofinancieros. Estos proyectos pretenden desplazar la soberanía fuera de los marcos nacionales tradicionales, instalando enclaves de poder donde la gobernanza está desconectada de los procesos democráticos; fenómeno que se inscribe plenamente en una lógica de poder económico duro: en lugar de imponer una dominación militar tradicional, se trata de ejercer un control coercitivo a través de mecanismos económicos, financieros y tecnológicos. En este contexto, la soberanía se deslocaliza y es reapropiada por empresas que escapan a la autoridad de los Estados nacionales.

De este modo, el tecnomasculinismo se inscribe en una tradición más antigua, heredada del colonialismo de poblamiento y del imaginario del cowboy fronterizo estadounidense. Este modelo histórico se basa en la ideología de la apropiación de tierras consideradas vacantes, en la reinvención permanente de la frontera pionera y en la exterminación de los seres vivos considerados indeseables. Legitimada durante mucho tiempo por el imaginario del vaquero libre, armado y propietario, esta lógica de colonización por poblamiento reaparece bajo nuevas formas tecnofinancieras. La frontera, por su parte, ya no se materializa en la tierra, sino en el código, y los contratos inteligentes actúan ahora como fronteras virtuales. En este enfoque de soberanía metaterritorial, en el que la gobernanza se privatiza, han surgido numerosos modelos, que van desde el seasteading [colonias marinas] hasta las ciudades chárter [privilegiadas], pasando por los patchwork states [estados mosaícos], los network states [estados en red] y las freedom cities [ciudades libres].

1. Homesteading [vivir en autarquía]
Los proyectos de seasteading y space-steading [colonias espaciales] se inscriben en una lógica ideológica neoliberal y neorreaccionaria de los años setenta y ochenta, influenciada por teóricos como Milton Friedman y Murray Rothbard. Impulsada por figuras como Patri Friedman (antiguo ingeniero de Google y nieto del economista Milton Friedman) y Wayne Gramlich a través del Seasteading Institute, fundado en 2008 y financiado por Peter Thiel, el seasteading tiene como objetivo crear ciudades flotantes en alta mar.

En 2017, el Seasteading Institute firmó un memorando de entendimiento con el Gobierno de la Polinesia francesa para desarrollar un prototipo de ciudad flotante, conocido como Floating City Project; proyecto que se encargó a la empresa Blue Frontiers, una escisión del Seasteading Institute. La idea era crear una zona semiautónoma utilizando plataformas flotantes financiadas con criptoactivos, con una gobernanza basada en el uso de una criptomoneda interna, el Varyon. Sin embargo, el proyecto se topó con importantes
obstáculos, entre ellos la oposición política local y la crisis de las criptomonedas en 2018, que llevaron a su abandono.

Otros proyectos de seasteading fracasaron debido a problemas logísticos y a menudo se vieron obligados a depender de la ayuda de los Estados, a través de sus medios de salvamento marítimo financiados por los contribuyentes. Las mismas élites que abogan por la creación de espacios al margen de la injerencia pública, se ven obligadas a recurrir a los recursos públicos para evitar el fracaso de sus proyectos. La idea de vivir en autarquía, aislados de la sociedad global, sigue siendo poco atractiva para los multimillonarios, que, a pesar de su deseo de autosuficiencia, están apegados a las ventajas de la interconexión mundial, a las oportunidades económicas y a la influencia que aún ofrece el marco de los Estados-nación. El space-steading traslada esta lógica al espacio exterior con colonias en Marte. Promovido, entre otros, por Elon Musk y su SpaceX, tampoco ha tenido más éxito, debido a obstáculos tecnológicos, financieros y humanos. Estos fracasos ponen de manifiesto la ilusión de una gobernanza desconectada de la realidad. Además, los modelos de homesteading dependen de milicias para garantizar su seguridad. Este sistema de control pone de manifiesto una contradicción importante: en espacios donde la seguridad y el control se confían a hombres armados, estos podrían, a la larga, volverse contra los oligarcas para tomar el poder.

El desarrollo de este tipo de proyectos demuestra la visión aceleracionista del futuro de los tecnomasculinistas, en la que el colapso de las estructuras sociales y políticas existentes se percibe como un paso necesario para crear una sociedad más eficiente, regida únicamente por las leyes del mercado. Se basan en un bunkerismo ideológico, surgido del imaginario del homestead idealizado, en el que las élites se retiran de las sociedades en crisis para crear zonas protegidas, libres de regulaciones y tensiones sociales. En este contexto, el homesteading tecnológico, ya sea seasteading o space-steading, prolonga una visión colonial en la que la mujer, históricamente confinada al papel de guardiana del hogar, queda relegada a su último bastión: un espacio doméstico donde se supone que debe garantizar la estabilidad del orden social, invisible, garante de la reproducción y la preservación del legado, lejos de los campos de experimentación de la gobernanza.

2. Patchwork
Formulado por Curtis Yarvin, cercano a Peter Thiel y fundador del movimiento neorreaccionario Dark Enlightenment (Nrx) en su blog Unqualified Reservations, el modelo Patchwork propone una fragmentación del mundo en microjurisdicciones gobernadas por CEO-reyes [directores ejecutivos-reyes]. Se trata de una doctrina neocameralista (inspirada en el pensamiento de Thomas Carlyle), que reclama la supresión de la soberanía popular en favor de una gobernanza accionarial basada en el modelo empresarial. La pertenencia política es contractual y revocable, siempre que se disponga de los medios necesarios. Patchwork propone así una reconfiguración completa del sistema internacional westfaliano: en lugar de Estados-nación soberanos, imagina un archipiélago de ciudades-empresas independientes, en competencia permanente, dirigidas por élites tecnocráticas no elegidas. En este modelo, la seguridad se confía a empresas contratadas, lo que plantea importantes preocupaciones éticas en materia de equidad, responsabilidad y protección de los derechos individuales, sin ningún control democrático.

A día de hoy, este modelo sigue siendo, en gran medida, teórico debido a su carácter extremista: exige un vuelco completo de las instituciones y la deslegitimación de la política en favor de una ingeniería autoritaria. Sin embargo, funciona como un horizonte ideológico coherente, que estructura estrategias concretas de salida, aislamiento y acaparación territorial. La adquisición de tierras se realiza mediante compra directa o a través de asociaciones inmobiliarias entre empresarios, promotores y municipios locales debilitados. La propiedad, aunque material, se conceptualiza en primer lugar como un derecho abstracto, garantizado por contrato. Este modelo se contempla principalmente en el territorio estadounidense. Estas prácticas debilitan las instituciones diplomáticas tradicionales y socavan la capacidad de poder blando de Estados Unidos, sustituyendo la influencia cultural por una influencia técnica y autoritaria.

El programa RAGE (Retire All Government Employees), también elaborado por Curtis Yarvin, completa la visión de Patchwork. Mientras que Patchwork fragmenta la soberanía vertical de los Estados en entidades privatizadas, RAGE pretende socavar horizontalmente su infraestructura administrativa. Propone desmantelar por completo la administración federal para sustituirla por una tecnocracia gerencial, fiel a una lógica de rendimiento y lealtad contractual. En esta perspectiva, el poder ya no se basa en la representación, sino en la selección, y la autoridad política se convierte en una competencia de ingeniería organizativa. Elon Musk, con la creación del órgano DOGE, ha ilustrado algunos aspectos de esta convergencia ideológica al llevar a cabo una serie de intervenciones extrajudiciales dirigidas, en particular, a los departamentos federales que investigan sus empresas, como USAID, o a los programas que promueven la inclusión (DEI). Estos actos, que no están respaldados por ninguna legitimidad ni mandato institucional, forman parte de una estrategia ilegal y autoritaria que difumina las líneas entre la influencia de los actores no estatales y el poder estatal.

El despido de funcionarios también puede estar directamente relacionado con el Proyecto 2025, un documento marco publicado por la Heritage Foundation que tuvo una influencia notable en la campaña de Donald Trump al configurar su visión de un gobierno federal más autoritario, centrado en la expansión del poder ejecutivo. Al apoyar iniciativas destinadas a reducir el Estado administrativo y reforzar las prerrogativas presidenciales, este proyecto contribuyó a estructurar el discurso de Trump, en particular a través de figuras, como J. D. Vance, que encarnaron esta visión dentro de la campaña y en los círculos cercanos al expresidente.

La destrucción de USAID y la supresión de los programas DEI tienen un impacto directo y devastador en las mujeres y las minorías, especialmente en los países en desarrollo. USAID, por ejemplo, ha financiado la salud reproductiva de más de 60 millones de mujeres en todo el mundo, y el acceso a esta atención vital y a los programas de empoderamiento podría verse muy reducido si se desmantelan estos proyectos. Además, millones de mujeres en países como Sudán del Sur o Afganistán dependen de los programas de ayuda internacional para recibir servicios de salud, educación y formación profesional. La supresión de estas ayudas públicas supondría un retroceso significativo en la lucha contra las desigualdades de género y podría aumentar la mortalidad materna e infantil.

En 2019, USAID financió proyectos de inclusión que permitieron acceder a puestos de liderazgo económico a más de 25 000 mujeres. La desaparición de estas estructuras en un sistema dominado por tecnócratas que actúan como CEO-reyes se traduce en un sistema que relega a las mujeres y a las minorías a roles subordinados, sin poder de influencia ni acceso a recursos vitales. La supresión de la ayuda y los programas sociales bajo regímenes autoritarios tecnocráticos podría borrar décadas de avances sociales en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta al género y la igualdad.

3. Ciudades charter
Las ciudades charter, popularizadas por Paul Romer, encarnan una visión neocolonial, en la que los territorios locales se transforman en enclaves autónomos regidos por leyes extranjeras, principalmente de países occidentales. Estas zonas, creadas en terrenos considerados sin utilizar, pretenden escapar de las cargas de las estructuras locales, imponiendo normas externas para estimular el desarrollo. Sin embargo, este modelo ignora las realidades sociales y políticas locales, reduciendo a las poblaciones a meros recursos humanos al servicio de intereses capitalistas.

Basado en los principios de la nueva economía institucional de Douglass North, según el cual las instituciones son la clave del crecimiento si están correctamente calibradas, el modelo de Romer propone un gobierno regido por normas contractuales. Se basa en la transferencia de las normas de gestión de los países desarrollados, sin tener en cuenta las dinámicas sociales locales. Este paradigma tecnocrático y desprovisto de política naturaliza el desequilibrio Norte/Sur, considerando a las sociedades del Sur como espacios que deben reformarse según principios extranjeros. Este modelo, que ignora las realidades locales, ilustra una arrogancia económica: la que supone que un modelo uniforme, importado de Occidente, puede resolver los problemas de otros contextos socioeconómicos. A pesar de sus promesas, sigue siendo teórico, ya que nunca se ha aplicado con éxito, lo que ilustra el fracaso de un proyecto que perpetúa la dominación exterior.

La lógica de intervención de las ciudades charter, impulsada por estructuras como el Charter Cities Institute, se opone al enfoque más tradicional de organismos como USAID. Mientras que USAID suele apoyar proyectos destinados a reforzar las instituciones locales, promover la gobernanza inclusiva y fomentar un desarrollo inclusivo en colaboración con las comunidades locales, las ciudades charter favorecen la privatización de la gobernanza en enclaves autónomos regidos por inversores individuales. Este modelo se basa en la idea de que las zonas separadas de las limitaciones políticas locales pueden ofrecer soluciones de desarrollo, pero ignora las dinámicas sociales y las estructuras de poder locales, a menudo en detrimento de las poblaciones autóctonas.

Por ejemplo, en proyectos como Nkwashi en Zambia o Enyimba Economic City en Nigeria, las ciudades charter provocan el despojo de las tierras de las comunidades locales. Estos proyectos transforman los territorios en zonas de experimentación económica al servicio de intereses privados, sin consulta ni consideración por los derechos de las poblaciones afectadas. Así, en lugar de fomentar un desarrollo participativo y respaldado por las instituciones locales, estos proyectos imponen normas extranjeras que favorecen la acumulación de riqueza por parte de actores externos, reforzando así una lógica neocolonial de gestión de los recursos y los territorios. Estos proyectos ignoran las necesidades y las voces de las personas más marginadas, como las mujeres, reducidas a recursos humanos en sistemas económicos ajenos a sus realidades.

4. Estado en red
El concepto de Estado en red, formulado por Balaji Srinivasan, propone crear una nación a partir de una comunidad digital unida por valores comunes, antes de reclamar el reconocimiento territorial. Este modelo se basa en una visión criptolibertariana de la soberanía, en la que los Estados son sustituidos por corporaciones que gobiernan comunidades conectadas por flujos de datos, capital y atención. Estas comunidades, inicialmente virtuales, buscan expandirse hacia territorios físicos, adquiriendo espacios fuera de las regulaciones estatales tradicionales. Este modelo, ampliamente apoyado por figuras como Naval Ravikant, Vitalik Buterin y fondos como a16z (Marc Andreessen, Ben Horowitz), propone una gobernanza descentralizada, pero totalmente comunitaria.

El Estado en red puede considerarse una versión edulcorada del Patchwork, pero que en la práctica funciona según los mismos principios de secesión social y privatización de la soberanía. De hecho, el reconocimiento diplomático y la soberanía de los Estados en red se establecerían mediante acuerdos entre estas comunidades, que podrían interactuar y reconocerse mutuamente sin la intervención de los Estados-nación tradicionales. Ambos modelos tienen como objetivo fragmentar la autoridad estatal y transferir el poder a consorcios de inversores.

En esta dinámica, el Exit, tal y como lo elaboró Albert Hirschman en Exit, Voice, Loyalty, es desvirtuado por Balaji Srinivasan. Hirschman describía la salida como una reacción última ante un fracaso sistémico, pero en la visión del Estado red, la salida se convierte en una estrategia estructural, una forma sistemática para que las personas con medios económicos renuncien a su ciudadanía nacional para unirse a una comunidad. Ya no es un recurso en un contexto de fracaso democrático, sino una elección voluntaria y organizada. El Estado red apuesta por una jerarquización de las y los ciudadanos, en la que quienes disponen de suficientes recursos financieros pueden escapar del marco nacional para unirse a territorios gobernados por empresas. En este modelo, se elimina la lealtad, ya que prima la salida.

El ejemplo más emblemático de este modelo es, en realidad, híbrido: Próspera en Honduras, un proyecto que combina los principios de las ciudades charter y del Estado Red. Próspera, respaldada por Pronomos Capital (Patri Friedman), también responsable de Praxis (empresa que quiere comprar Groenlandia) y de inversores del criptoesfera, se ha implantado en la isla de Roatán gracias a la legislación ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico) de Honduras. Esta legislación permite crear zonas económicas autónomas, regidas por cartas y no por la normativa nacional. Así, Próspera se creó al margen del control del Estado hondureño, lo que le permite definir sus propias leyes y normativas, al tiempo que se beneficia de condiciones fiscales ventajosas.

Sin embargo, tras la movilización de los habitantes de los pueblos vecinos, el proyecto suscitó la reacción del Estado hondureño, que intentó derogar algunas de las disposiciones expansionistas del contrato. En respuesta, los dirigentes de Próspera interpusieron una demanda contra Honduras, reclamando más de 10 000 millones de dólares en concepto de indemnización por incumplimiento de las condiciones contractuales. Esta colosal suma representa una amenaza directa para la viabilidad presupuestaria del país y pone de manifiesto la violencia jurídica del modelo: la soberanía queda aquí reducida a un contrato, que puede ser impugnado por fondos transnacionales a través de procedimientos de arbitraje internacional. Este tipo de poder económico duro muestra cómo Próspera utiliza los mecanismos jurídicos para obligar al Estado a reconocer la legitimidad de sus regulaciones y a mantener su modelo de gobernanza.

Un proyecto paralelo a los principios del Estado red, el Highland Rim Project en Tennessee, también ilustra la adopción de los principios de secesión en el territorio de Estados Unidos. Este proyecto, impulsado por el pastor Andrew Isker y apoyado por la empresa New Founding, busca crear una comunidad cristiana fundamentalista en una zona rural, donde la gobernanza se basa en valores cristianos y la autonomía económica. Al igual que Próspera, el Highland Rim Project ataca las regulaciones estatales y las normas sociales, creando una zona donde las leyes se definen mediante contratos, una criptomoneda y principios de autogobierno digital. Este proyecto refleja la visión del Estado Red aplicada a una comunidad religiosa.

5. Ciudades Libres
Las Ciudades Libres, anunciadas por Donald Trump en 2023 y aclamadas por todos los actores involucrados en los modelos de gobernanza tecnofascistas, encarnan un proyecto urbanístico reaccionario que pretende crear nuevas ciudades en terrenos federales. Este proyecto se inscribe en una lógica de huida blanca, un retiro estratégico de las poblaciones blancas de los centros urbanos hacia espacios homogéneos, lejos de lo que perciben como problemas asociados a la supresión de la segregación racial y la mezcla. Este fenómeno de huida blanca tiene sus raíces en décadas pasadas, especialmente tras los movimientos por los derechos civiles, cuando las comunidades blancas se retiraron a zonas rurales o suburbanas para evitar las consecuencias de la supresión de la segregación racial escolar y las luchas sociales.

El concepto de Freedom Cities se opone directamente a las ciudades santuario estadounidenses, que históricamente han acogido a poblaciones migrantes, a menudo pertenecientes a minorías raciales o étnicas. Mientras que ciudades como San Francisco, Nueva York, Washington D. C. o Los Ángeles tienden a querer encarnar un ideal de diversidad, protección de los derechos de las personas inmigrantes y las minorías, y inclusión social, las Freedom Cities persiguen, por el contrario, la creación de enclaves homogéneos, basados en principios de exclusión. Representan un modelo de secesión social y racial, en el que las élites blancas y conservadoras buscan retirarse de las sociedades diversificadas para crear espacios regidos por valores reaccionarios.

Este proyecto también se nutre de ideologías reaccionarias como el Wise Use Movement (que surgió en la década de 1980) y la Sagebrush Rebellion (lanzada en 1979), movimientos de extrema derecha que buscaban acaparar tierras públicas y eliminar las regulaciones federales. Estos movimientos están directamente relacionados con las industrias extractivas, que buscan explotar los recursos naturales del oeste de Estados Unidos sin las restricciones de las regulaciones medioambientales federales. El Wise Use Movement, que ganó influencia en la década de 1990, sostenía que las regulaciones federales sobre el uso de las tierras públicas impedían que las industrias extractivas prosperaran. Se trataba de un movimiento que quería limitar las protecciones medioambientales y desmantelar las leyes federales sobre las tierras públicas para liberar la explotación de los recursos. La adquisición de las tierras necesarias para la creación de estas Freedom Cities se llevaría a cabo principalmente mediante la cesión de tierras federales o la creación de zonas especiales con bajos impuestos. El objetivo es crear un urbanismo neoliberal exento de regulaciones federales, donde los impuestos federales se reduzcan al mínimo y la gobernanza sea puramente contractual. En este modelo, los ciudadanos y ciudadanas no son considerados votantes, sino consumidores, y la comunidad se convierte en una cuestión de lealtad ideológica y rendimiento económico.

Las Freedom Cities se inscriben en un marco ideológico influenciado por movimientos conservadores e inversiones que buscan promover una gobernanza descentralizada. Estas ciudades se inspiran en una larga historia de segregación social y racial, cuyo objetivo es separar a las élites blancas y conservadoras del resto de la población. De este modo, se convierten en refugios para comunidades que rechazan los principios democráticos, donde la gobernanza está dictada por ideales económicos y patriarcales. En este modelo, los movimientos progresistas quedan marginados y las minorías políticas reducidas a roles subordinados, a menudo en trabajos manuales, sin ninguna garantía de protección social.

III. El Armagedón Lobby: cuando el tecnomasculinismo se une al cristofascismo
La utopía que en su día prometió Silicon Valley se parece hoy más a una distopía hipercomercializada, donde la innovación está guiada por el beneficio en lugar de por el bien público. Los señores de la tecnología explotan el colapso ecológico, sacando provecho de la destrucción que ellos mismos contribuyen a generar, al tiempo que exacerban las desigualdades y alimentan un ciclo de devastación –un círculo de extinción– en el que el colapso se convierte en un recurso adicional para las élites. 

Desde esta perspectiva, la escatología del tecnomasculinismo y el cristofascismo converge en torno a una visión apocalíptica: aquella en la que el progreso tecnológico y el cumplimiento de un mandato divino conforman un proyecto de dominación total del mundo, con el fin último del fin de los tiempos. 

Es lo que el teórico de los medios de comunicación Douglas Rushkoff denomina The Mindset, un concepto también designado por la investigadora en informática Timnit Gebru y el filósofo Émile P. Torres con el nombre de TESCREALismo (acrónimo de transhumanismo, extropianismo, singularitarismo, cosmismo, racionalismo, altruismo eficaz y longtermismo). La idea de que la humanidad es una etapa transitoria, destinada a dar paso a entidades superiores como la inteligencia artificial (IA) o los seres cyborg, se está convirtiendo en un principio fundamental del tecnomasculinismo. El auge de la inteligencia artificial general (IAG) se percibe así no solo como una evolución tecnológica, sino también como una revelación, un medio para que una élite avispada sea elevada a los cielos de una realidad alternativa.

En el centro de esta visión se encuentra la idea de una salvación digital. La mentalidad tecnomasculinista defiende la idea de que el fin de la humanidad biológica debe ser precipitado por un aceleracionismo algorítmico, un concepto ampliamente detallado por figuras como Guillaume Verdon-Akzam (cofundador del movimiento e/acc) o Nick Bostrom. Esta visión aceleracionista ve en la intensificación del desarrollo tecnológico y de la IA no una amenaza, sino una oportunidad: acelerar el fin de los tiempos para alcanzar un mundo en el que el dominio de la IA marque el fin de la humanidad biológica.

El cristofascismo contemporáneo se basa en una visión dominionista del mundo, en la que el hombre (principalmente blanco, heterosexual y cristiano) es percibido como portador de un mandato divino para dominar todos los recursos de la Tierra. Esta teología del dominionismo está especialmente representada por la Nueva Reforma Apostólica (NAR), un movimiento cristiano fundamentalista y aconfesional fundado por el pastor pentecostal Peter Wagner. El dominionismo incita a sus seguidores a conquistar el poder mediante métodos inspirados en el marketing multinivel. El Mandato de las siete montañas, su hoja de ruta, anima a evangelizar en el lugar de trabajo para alcanzar las siete cimas, que son la familia, la religión, la educación, los medios de comunicación, las artes y el entretenimiento, el comercio y el gobierno. Uno de los principios de esta conquista del poder es hacer discípulos de las naciones, es decir, que las naciones, entendidas en sentido metafísico y literal, no solo deben aceptar la autoridad de Dios, sino también rechazar la influencia de Satanás (visto sobre todo como el islam en una perspectiva de “choque de civilizaciones” – Huntington).

Al igual que los cristofascistas, que creen que el regreso a la Tierra Santa precipita el fin de los tiempos, algunos movimientos de colonización por asentamiento utilizan el colonialismo para preparar un futuro dominado por la IA y las élites tecnológicas. La teología de la prosperidad sostiene que la acumulación de riqueza es una bendición divina y un signo de salvación. Esta ideología justifica el acaparamiento de los recursos naturales, la explotación de los cuerpos y la acumulación de capital como acciones piadosas. Los tecnomasculinistas, en el marco de su expansión de propiedades y zonas exentas de regulación, racionalizan esta dinámica con el pretexto de que la prosperidad material es el resultado de una inteligencia superior.

El modelo de la NAR se basa en una estructura de cuatro roles que permite una gran transferencia de riqueza, alimentada principalmente por la explotación de los fondos públicos y la eliminación de las normas. Este proceso de concentración del poder se aplica directamente a los proyectos tecnocráticos del tecnomasculinismo.

La gran transferencia de riqueza del fin de los tiempos es el segundo pilar sobre el que se sustenta la transformación social que persigue Peter Wagner, fundador de la NAR. El primer pilar es la Iglesia en el lugar de trabajo, que necesitaría muchos más fondos para conquistar las siete montañas. Así, en los últimos tiempos debería producirse una gran transferencia de riqueza, en la que los recursos actualmente controlados por sistemas no cristianos o anticristianos se transferirían providencialmente a los cristianos. Para los tecnomasculinistas, esta transferencia de riqueza no se limita a un proceso de acumulación de capital. Se basa principalmente en la desviación de fondos públicos, que alimenta los proyectos tecnocráticos.

• Los proveedores (como Larry Page, Peter Thiel y Elon Musk) financian estos proyectos, pero el elemento clave es que se benefician enormemente de los fondos públicos para alimentar sus iniciativas, en particular a través de incentivos fiscales, subvenciones y otros mecanismos de apoyo estatal. Esta dinámica es un ejemplo de bienestar corporativo, en el que las empresas se benefician de las ayudas públicas al tiempo que privatizan los beneficios y socializan las pérdidas. Según una investigación del Washington Post, el imperio de Elon Musk, que incluye Tesla y SpaceX, ha recibido más de 38 000 millones de dólares (unos 36 200 millones de euros) en contratos, subvenciones y créditos fiscales en los últimos 20 años. En 2024, los gobiernos federales y locales han prometido al menos 6300 millones de dólares a sus empresas. Al facilitar esta transferencia de recursos públicos a las empresas, estos proveedores garantizan beneficios al tiempo que transfieren las pérdidas al contribuyente, creando así un sistema en el que el Estado apoya financieramente proyectos que maximizan la riqueza de un pequeño grupo de individuos.
• Los distribuidores (ideólogos como Curtis Yarvin, Balaji Srinivasan, Nick Bostrom, Guillaume Verdon-Akzam, etc.), pero también estructuras como Sovereign House, con sede en el corazón de Washington, así como podcasters y organizadores de conferencias, desempeñan un papel clave en la difusión de la ideología neorreaccionaria.
• Los directores operativos (empresarios y responsables de think tanks) aplican las ideas sobre el terreno, creando zonas exentas de regulaciones donde las empresas gestionan las comunidades. Estas zonas suelen estar financiadas con fondos públicos, desviando así los recursos de la ciudadanía hacia proyectos que benefician a las élites tecnocráticas. Los gestores financieros (como Marc Andreessen, David Sacks y Gary Tan) coordinan las inversiones y garantizan la continuidad de los proyectos, pero, una vez más, gran parte de esta financiación proviene de fondos públicos o incentivos fiscales, creando un sistema en el que el dinero público financia directamente proyectos sin beneficios tangibles para la población local.

IV. Institucionalización del entorno radical tecnomasculinista
Cuando varios de los principales líderes de Silicon Valley –Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk y Sundar Pichai, de Google– se alinearon detrás del presidente Trump durante su toma de posesión en enero de 2025, en lugar de ver una alianza basada en intereses empresariales, había que ver el inicio de una nueva unión entre el poder industrial y el gubernamental, en la que el Estado adoptaría una política industrial agresiva en detrimento de las normas liberales, y ello desde una perspectiva neoimperialista impulsada por el entorno radical de la broligarchy [broligarquía: oligarquía aliada a Trump], o tecnomasculinistas.

El concepto de entorno radical desarrollado por Stefan Malthaner y Peter Waldmann ofrece una perspectiva relevante para analizar el surgimiento de las ideologías neorreaccionarias que subyacen al tecnomasculinismo. Aplicado a Silicon Valley, permite comprender cómo las ideologías tecnocráticas y autoritarias encuentran un terreno fértil en un entorno social homogéneo que valora el elitismo intelectual y el dominio tecnológico. En este contexto, la masculinidad hegemónica se expresa a través de la exaltación de un coeficiente intelectual superior, considerado un criterio de legitimidad y poder. Cabe señalar que esta expresión de un ideal masculino suprainteligente no es más que una desviación de una vieja cantinela: en la década de 1930, durante el New Deal, los asesores de Franklin Roosevelt eran apodados The Brain Trust [grupo de expertos]. Radicalizado a través de lugares de socialización, que van desde conferencias públicas hasta grupos de debate en línea y privados, el entorno tecnomasculinista crea así un ambiente propicio para la difusión de tesis extremistas, cuyos modelos de gobernanza, en todas sus formas, promueven la apología de la violencia contra las minorías políticas, a menudo justificada con pretextos escatológicos. Comprender este entorno es esencial para entender las dinámicas de poder e influencia que configuran la geopolítica en la era Trump 2.0.

La institucionalización de este entorno radical dentro de la administración Trump, durante mucho tiempo confinado a los márgenes, parece concretarse hoy en día a través de figuras políticas como J. D. Vance y de proyectos de gran envergadura impulsados por actores como Donald Trump. De hecho, el ascenso al poder de Vance, nombrado como vicepresidente de Trump en Estados Unidos, ilustra la transición de un pensamiento tecnomasculino marginal a un actor político central. Este último, respaldado estratégicamente por figuras influyentes de Silicon Valley como Peter Thiel, no solo cuenta con fondos, sino también con un anclaje ideológico en el neoconservadurismo cristiano y el tecnomasculinismo .

La actividad de Elon Musk y la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) han perturbado profundamente el sistema de ayuda internacional, en particular con la supresión de la USAID. Bajo la dirección de Musk, el DOGE ha emprendido una drástica reducción del personal y los presupuestos de la agencia, llegando a eliminar el 83 % de sus contratos. Esta iniciativa ya ha tenido importantes consecuencias humanitarias que se prevé que sean duraderas, y los grupos más vulnerables son los primeros afectados.

Las declaraciones y los proyectos de Trump sobre la colonización de Gaza y Groenlandia también son reveladores de esta dinámica. Al afirmar, de manera exagerada, la posibilidad de transformar estos territorios en una zona económica en beneficio de un desarrollo inmobiliario libertario, Trump traduce una visión profundamente reaccionaria y neoimperialista, en la que la expansión capitalista prima sobre las consideraciones humanas o geopolíticas. Este proyecto se inscribe en una lógica de gobernanza desterritorializada, una concepción compartida por ideólogos como Curtis Yarvin, que no ha dejado de reaccionar elogiosamente a estos anuncios.

Reconocer estas nuevas formas de poder duro más allá de su forma grotesca permite comprender mejor los retos no solo climáticos, sino también en términos de derechos humanos, de la vida y del sistema internacional basado en normas. El tecnomasculinismo, al remodelar la soberanía y desestabilizar las estructuras democráticas tradicionales, sirve de caballo de Troya a una forma de gobernanza que favorece a una élite tecnocrática, financiera y a menudo desconectada de las realidades sociales. En este contexto, los derechos humanos quedan relegados a un segundo plano en favor de la acumulación de capital, mientras que las poblaciones más desfavorecidas se ven privadas de sus derechos y recursos en nombre de un progreso tecnológico que las excluye. Este proceso transforma lo vivo en una simple materia prima, donde la explotación de los recursos naturales, pero también de los humanos, ya no es una forma de externalidad negativa que hay que gestionar, sino la base para la aplicación de estas ideologías depredadoras. Al mismo tiempo, la reorganización del sistema internacional según principios contractuales y desterritorializados, en los que el contrato social se convierte en una relación mercantil más que en un pacto basado en la solidaridad y la justicia, erosiona el edificio diplomático tradicional basado en acuerdos multilaterales y derechos universales. Este modelo abre la vía a un mundo en el que la ley del mercado, en lugar de la de los pueblos, se convierte en el principio regulador. Así, lejos de ser un fenómeno marginal, el tecnomasculinismo representa una amenaza fundamental para los principios que sustentan las sociedades humanas modernas, poniendo en peligro tanto los ideales de equidad y solidaridad internacional como la preservación de los ecosistemas en un mundo cada vez más fragmentado.

Stephanie Lamy es autora de Agora Toxica y La Terreur masculiniste (Éditions du Détour 2022, 2024), profesora de gobernanza de las relaciones internacionales en Sciences Po Toulouse.

Fuente: Les Possibles — Núm 42.

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