Trump privatizó su política exterior

Durante las últimas semanas, el gobierno de EE.UU. ha descerrajado sus andanadas retóricas contra el gobierno colombiano de Gustavo Petro, acusándolo de medrar con el envío de cocaína a través del Caribe y del Pacífico Oriental. Éste, a su vez, no ha ahorrado epítetos contra el equipo republicano, advirtiéndole sobre las reacciones que va a despertar con su campaña militar en los mares que separan a ambas naciones.

Se hunden lanchas en el Caribe, pero una trama de sombras domina la Secretaría de Estado.

 

Es que los gobiernos de EE.UU. y Colombia están enfrentados por la política de combate al narcotráfico, pero sobre todo por la influencia que Washington pretende ejercer sobre la elección presidencial de 2026 en el país andino-caribeño. Sin embargo, las imbricaciones entre ambas naciones van mucho más allá: el apoyo familiar y de negocios que el secretario de Estado Marco Rubio recibe de los colomboamericanos en Miami y de su líder, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, es el instrumento con el cual éste último ejerce una influencia enorme sobre la política exterior estadounidense.

Álvaro Uribe advirtió el pasado 12 de noviembre que Colombia también podría ser blanco de bombardeos estadounidenses por “albergar terroristas” y estar aliado con el régimen de Nicolás Maduro. El expresidente realizó estas declaraciones durante el décimo diálogo presidencial 2025 del grupo IDEA, celebrado en el Miami Dade College, veinte días después de que el Tribunal Superior de Bogotá anulara la sentencia en primera instancia por manipulación de testigos y soborno que había sido dictada en julio de este mismo año.

Las manifestaciones se produjeron en un contexto de tensión regional marcado por los recientes ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas y la llegada del mayor portaaviones estadounidense al Caribe. El evento, realizado bajo el lema “América Latina y el fin de sus dictaduras”, reunió a expresidentes iberoamericanos, incluyendo a José María Aznar, Andrés Pastrana, Tuto Quiroga y Jamil Mahuad, entre otros.

El pasado 5 de noviembre, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la sanción política que le fuera impuesta por el gobierno Trump en represalia a sus críticas sobre lo sucedido en Gaza y la escalada militar en el Caribe, cuando lo incluyó en la lista OFAC de personas, empresas y países sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. En el mismo mensaje, el mandatario responsabilizó al senador Marco Rubio, uno de los asesores más influyentes de Trump en política latinoamericana, de haber actuado bajo el consejo de un equipo que, a su vez, atendió a políticos colombianos vinculados con el narcotráfico cuya misión era impulsar el rompimiento de relaciones entre los dos gobiernos. El mensaje asocia las recientes decisiones del gobierno estadounidense con una red de influencia política y económica que trasciende los límites de la diplomacia y amenaza la dignidad nacional.

En un paquete de sanciones históricas Estados Unidos incluyó el pasado 24 de octubre al presidente Petro en la Lista OFAC o lista Clinton, junto a su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti. La Oficina de Control de Activos Extranjeros informó que designó a Petro “en virtud de autoridades relacionadas con el narcotráfico”.

La historia poco contada de Marco Rubio

En la década de 1980 del siglo pasado, el estado de Florida era uno de los lugares más violentos del mundo. Miami era el sitio de disputa entre cárteles colombianos y bandas locales que buscaban controlar el tráfico de drogas. La ciudad estadounidense se convirtió entonces en la principal puerta de entrada de la cocaína y la marihuana al resto del país.

Era el tiempo de los llamados “jinetes de la cocaína”. Uno de ellos era Mario Tabraue, hijo de inmigrantes cubanos que combatieron en Bahía de Cochinos en 1961 y que movía los negocios de la droga tras la fachada de tiendas de animales exóticos. No fue sorpresa que la operación que lanzaron las autoridades federales en 1987 y terminó con su captura fuera llamada “Operación Cobra”, ya que Tabraue tenía docenas de estos animales en su casa.

En ese golpe contra el capo cubanoamericano también cayó uno de sus cómplices más poderosos: Orlando Cicilia, cuñado de Marco Rubio, quien participó activamente de las rutas del narcotráfico que conectaban el sur de Florida con el Cartel de Medellín de Pablo Escobar Gaviria. En ese momento Cicilia vivía con su esposa, la cubanoamericana Bárbara Rubio. Y hay evidencias periodísticas que señalan que también, entre junio y julio de 1985, el hermano menor de Bárbara, entonces de 14 años, vivía con ellos en la casa. Se trataba de la hoy “figura” de la guerra contra las drogas y secretario de Estado, Marco Rubio. En su biografía An American Son Rubio dice que sólo visitaba la casa de Cicilia semanalmente, para cuidar los perros samoyedos de su cuñado, y que no llegó a conocer las actividades mafiosas del esposo de su hermana.

Con el tiempo empezó su carrera política desde el ámbito más local. En 1993 se graduó como licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Florida en Miami. En 1998 fue elegido comisionado de la ciudad de West Miami y en 2000 ganó la elección especial para la Cámara de Representantes de Florida con el 72% de los votos.

En el trayecto Rubio conoció a Jeanette Dousdebes, estadounidense hija de padres colombianos de madre caleña y papá bogotano. Según su madre, Jeanette prefiere mantener un perfil bajo y trabaja para “una organización judía dedicada a programas sociales”.

El cuñado de Rubio, Orlando Cicilia, fue condenado a 25 años de prisión, de los cuales solo cumplió 12, tras negociar con las autoridades y salir en libertad en noviembre de 2000 por reducción de pena. Vive hoy en la propia casa de la madre de Rubio en Miami y figura en los registros como copropietario de esa residencia. Rubio, ya entonces en ascenso político, gestionó en ese momento una recomendación para que su cuñado obtuviera una licencia en bienes raíces. Tabraue, en tanto, fue condenado a 100 años de prisión, pero resultó beneficiado con una reducción del 85 por ciento de la pena y hoy está libre. Cada vez que fue interrogado sobre las incidencias “narco” de su pasado, Rubio se negó a contestar. Según sus voceros, el tema no debe ser motivo de “escrutinio periodístico”.

Mientras estuvo en el Congreso, Rubio fue inmune a todas las requisitorias y acusaciones. Siempre protegido por Ileana Ros-Lehtinen, su madrina política y la verdadera bruja de la selva política floridana, ni sus numerosas infracciones a las reglas sobre la recaudación de los fondos de campaña ni sus relaciones con colegas corruptos lograron descarrillar a este niño lindo de la política de Miami.

En 2009 Rubio anunció su candidatura al Senado de Estados Unidos. Fue entonces cuando estalló un segundo escándalo sobre la financiación de sus campañas. Según investigaciones periodísticas, Rubio recibió miles de dólares de un PAC (Comité de Acción Política, los grupos civiles que apoyan a determinados candidatos y pueden recaudar fondos para ellos) vinculado a criminales que operaban un esquema Ponzi.

El esquema no lo involucraba sólo a él, sino también a su aliado, el cuestionado excongresista David Rivera, señalado por organizaciones civiles como uno de los congresistas más corruptos de ese periodo. La investigación que el medio The Observer realizó en esa época detalla no sólo que Rubio recibió esa donación, sino su vínculo con un lobista cercano a un criminal acusado de lavar dinero de carteles sudamericanos y de montar un esquema Ponzi en Florida.

Se trata de Joe Steinger, cabecilla de la estafa de la corporación Mutual Benefits, una red de inversiones con sede en Fort Lauderdale, que compraba pólizas de seguros de vida a personas con enfermedades terminales y luego las vendía a inversores prometiendo alta rentabilidad. Esa red estafó a más de 30.000 personas por más de 1.200 millones de dólares. Trece personas recibieron condenas, entre ellas Steinger, quien en 2014 fue sentenciado a 20 años de prisión.

Tanto Rubio como Rivera se conocían desde los años de 1990 cuando trabajaron para el congresista republicano Lincoln Díaz-Balart. Rivera, vinculado históricamente a la industria del juego y de las apuestas, ayudó en las campañas de Rubio y éste devolvió los favores votando contra un acuerdo entre el gobierno estadual y los indios Seminola que habría permitido a éstos instalar tragamonedas en su reserva, convirtiéndolos en una molesta competencia para los empresarios blancos ya establecidos.

El dinero de Steinger llegó a la campaña de Rubio a través del lobista Alan Mendelsohn, quien recaudó cerca de dos millones de dólares que distribuyó entre varios políticos de Florida a través de un comité político llamado The Ophthalmology PAC. Sobre este lobista también pesan acusaciones de lavado de dinero de cárteles de drogas sudamericanos, según pruebas recopiladas por el FBI y la DEA.

Rubio habría recibido el dinero a través del PAC Floridians for Conservative Leadership. La versión coincide con que apenas unos meses antes de la elección de 2009 votó en la Cámara de Representantes estadual una medida que favorecía a Mutual Benefits Corp. Sin embargo, nunca fue procesado judicialmente por este hecho. Como si no fuera suficiente, en otra investigación paralela contra Mutual Benefits se supo que uno de los más exitosos contratistas de la firma fue Jaime Rey Albornoz, un colombiano acusado en 2004 de pertenecer a un cartel de la droga. De acuerdo con reportes judiciales y periodísticos, Mendelsohn recaudó fondos para Marco Rubio hasta 2009, aun cuando el esquema Ponzi de Steinger ya había sido desmantelado.

En el Congreso federal Rubio tiene como aliados perennes a tres incombustibles políticos de Florida con los que ha compartido escenario en más de una ocasión. Se trata de Mario Díaz-Balart, representante por el distrito 25 de Florida, señalado por medios y analistas de promover presiones políticas contra el presidente Petro y cercano defensor de líderes reaccionarios como el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los otros dos son la representante por Florida María Elvira Salazar, ex periodista de CNN en Español, también cubanoamericana, y el representante Carlos Giménez, conocido por su defensa de la línea dura antimigratoria y de seguridad, quien incluso llegó a tachar de adicto a las drogas al presidente colombiano de izquierda. Este bloque de Florida ha acompañado a Marco Rubio en su meteórica carrera política y ejerce una influencia significativa sobre la estrategia de política exterior del gobierno Trump hacia América Latina.

Mientras tanto, Marco Rubio se consolida en el centro del poder en Washington. Junto a otros líderes republicanos como Ron DeSantis, Nikki Haley y el actual vicepresidente JD Vance, conforma la primera línea de postulantes a la sucesión designada para garantizar la continuidad del proyecto político de Donald Trump una vez concluya su mandato.

Detrás de todo está Álvaro Uribe Vélez

De acuerdo a datos censales, en EE.UU. vivían a fines de 2024, 1.765.862 personas de origen colombiano, de los cuales 1.153.648 habían nacido en el país suramericano, constituyendo así la primera minoría entre los suramericanos que habitan en Estados Unidos. Si bien la inmigración colombiana en EE.UU. es muy antigua, creció vertiginosamente en la década de 1980, concentrándose originariamente en Little Havana, el suburbio de Miami de origen predominantemente cubano. Allí se concentraron sobre todo colombianos adinerados que rápidamente estrecharon vínculos con la comunidad anticastrista.

Luego emigraron hacia otros barrios y formaron su propia colonia. Durante la década de 1980 esta comunidad estuvo envuelta en la llamada “Guerra contra las drogas en Miami”. En 1981 la ciudad fue responsable por el 70% del tráfico de la cocaína del país, el 70% de la marihuana y el 90% de metacualona falsificada. En esa época el tráfico estaba concentrado por el Cártel de Medellín, tras cuyo colapso la guerra contra las drogas disminuyó. Después de este pico las tasas de criminalidad en general han bajado, aunque los delitos contra la propiedad experimentaron algunas alzas y la ciudad actualmente lidera a nivel nacional el número de fraudes reportados.

El pasado 7 de agosto el comisionado de Miami-Dade, Roberto González, inauguró la Avenida Colombia, denominada así en homenaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El eventotuvo entre los invitados especiales a Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente; y a su exvicepresidente Francisco Santos. Cuando Uribe fue condenado en primera instancia en Colombia en julio pasado, hallado culpable de soborno a funcionarios judiciales y de manipulación de testigos, en Miami se produjo una gran movilización de apoyo, que se convirtió en festejo pocos meses después, cuando el Tribunal de Apelación e Bogotá revocó la sentencia.

Uribe fue un firme aliado de Estados Unidos que gobernó Colombia entre 2002 y 2010. Durante su presidencia, hubo miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles luego identificados fraudulentamente como combatientes rebeldes en lo que se conoció como el escándalo de los “falsos positivos”. Las ejecuciones tuvieron lugar entre 2004 y 2008, cuando el ejército colombiano, respaldado por Estados Unidos, intensificó su represión contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Como afirma el senador colombiano y actual candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, “así como, Chile fue en su momento el laboratorio del neoliberalismo, durante los dos gobiernos de Uribe Colombia se convirtió en el laboratorio de las nuevas guerras que requería la extrema derecha transnacional para lograr la restauración conservadora que interrumpiera el ciclo progresista en la región”.

Cuando la jueza Sandra Heredia leyó el pasado julio la sentencia con la que condenaba a Uribe, Rubio fue el primero en protestar. Es que la relación entre Marco Rubio y Álvaro Uribe tiene bases mucho más sólidas que la mera afinidad ideológica. “En los años 90 Álvaro Uribe Vélez y Pablo Escobar Gaviria eran amigos cercanos y socios comerciales”, recuerdan los investigadores colombianos Norberto Emmerich y Joanna Rubio Pero. “Mientras que Escobar murió en un enfrentamiento policíaco en 1993, Uribe se convirtió en presidente de Colombia”.

También es oriundo de Antioquia el senador Álvaro Uribe Vélez, cuyo padre, Alberto Uribe Sierra, era un reconocido narcotraficante, quien les otorgó licencia a muchos de los pilotos de los narcos, cuando fue director de Aerocivil, recuerdan los dos expertos. Alberto Uribe estuvo detenido en una ocasión para ser extraditado, pero Jesús Aristizábal Guevara, entonces secretario de Gobierno de Medellín, logro que lo pusieran en libertad. Al entierro de Uribe Sierra, asesinado cerca de su finca en Antioquía, asistió el entonces presidente de la República, Belisario Betancur, y buena parte de la crema y nata de la sociedad antioqueña.

Alberto Uribe Sierra poseía la ganadería brava “La Carolina”, que heredó su hijo, el senador por Antioquía Álvaro Uribe Vélez. “Es claro que hablar de Uribe es hablar de poder y de narcotráfico”, expresan Emmerich y Joanna Rubio en su análisis del caso publicado bajo el título “Álvaro Uribe: el verdadero patrón del mal”. Según la investigación, Uribe aplicó en Colombia lo que aprendió en un curso de resolución de conflictos en una escuela afiliada a la Universidad de Harvard y terminó pactando con el líder paramilitar Carlos Castaño, gran socio y protector del narcotraficante Orlando Henao, que estaba presente en todo el nordeste del país hasta la frontera con el Ecuador.

En su libro “Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado”, el periodista y escritor colombiano, residente en París, Hernando Calvo Ospina, recuerda —entre otros muchos detalles reveladores— cómo el 30 de julio del 2004 la Presidencia de Colombia rechazó públicamente un documento desclasificado de la Defense Intelligence Agency (DIA) uno de los servicios de seguridad más secretos y poderosos de Estados Unidos.

Señala Calvo Ospina que el informe dice en un aparte que “Álvaro Uribe Vélez, político y senador colombiano, colabora con el cartel de Medellín desde altos cargos en el gobierno. Uribe estuvo implicado en actividades de narcotráfico en Estados Unidos. Asesinaron a su padre en Colombia por conexiones con el tráfico de narcóticos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es amigo personal de Pablo Escobar Gaviria…”

El comunicado de la Presidencia no da ningún desmintió tan grave señalamiento, precisa el investigador, que comenta lo siguiente: “Lo llamativo es que contra muchos de los numerosos narcotraficantes que se encuentran ahí descritos sí se utilizó esa información en investigaciones y juicios”.

En noviembre del 2014, Rubio sonaba y con fuerza para ser precandidato de los republicanos a la presidencia del 2016. Por esa fecha visitó al todo poderoso jefe de filas del Centro Democrático. En ese momento se llevaban a cabo en Colombia los diálogos de paz entre el gobierno Santos y las FARC. Rubio era miembro del Comité de Inteligencia del Senado norteamericano. En la reunión encontraron afinidades en cuanto a su oposición al gobierno venezolano y a los diálogos de paz. Más tarde, en 2015, Uribe realizó una gira por los Estados Unidos en donde expresó la preocupación por la inminencia de la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las FARC. Según reportó el diario El Colombiano en su momento: “Aunque los integrantes del CD (Centro Democrático, el partido de Uribe), “por respeto”, no revelaron los nombres de los congresistas con los que se entrevistaron (el expresidente y su comitiva), en redes se supo que estuvieron con el senador republicano Marco Rubio, así como los representantes republicanos Ileana Ros-Lehtinen, Mario Diaz-Balart y el demócrata Henry Cuéllar”.

En abril de 2025, en tanto, en medio del escándalo que generó el juicio en su contra, Álvaro Uribe se reunió en Washington con el ya secretario de Estado Marco Rubio, quien recalcó al expresidente la ayuda irrevocable que le brindaría el gobierno de Trump. La influencia del expresidente colombiano sobre la Casa Blanca es tan grande que fue vital la intervención de Uribe, para que en ese mismo abril no se castigara a Colombia con el tema de los aranceles, y también ha sido muy importante, para que se bajara el tono de las sanciones que Trump anunció a principios de noviembre contra Colombia, después de declarar que Petro era líder de un cartel mafioso.

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Esta alianza entre Trump, Rubio y Uribe se asienta sobre el gigantesco poder financiero que la interpenetración entre la política latinoamericana y la interna de EE.UU. ha dado a Miami. Cada año se multiplican allí las inversiones especulativas de emigrados del continente que canalizan su representación parlamentaria a través de la minoría cubano-colombiana, la mayor y más antigua y con lazos más aceitados en Washington. Viceversa, esos lazos políticos y financieros repercuten sobre toda la región y España, donde la derecha del PP (Partido Popular) y la ultraderecha de Vox cuenta con un jugoso financiamiento desde el sur de Florida. Finalmente, la trama de negocios, crimen y política que ata a ambos países tiene otras aplicaciones lucrativas, como el envío a Ucrania de miles de mercenarios colombianos que allí son mandados al frente como carne de cañón.

La alianza entre Marco Rubio, su base de apoyo en Miami y otros estados y Álvaro Uribe es uno de los pilares que sostienen al trumpismo. El secretario de Estado no está en el cargo por una habilidad especial y ni siquiera por el apoyo que le brinda la comunidad cubano-colombiana de la metrópolis floridana, sino porque representa en la Casa Blanca al expresidente colombiano y su poder transnacional.

Se trata de una relación de años, anudada mucho antes de que ambos políticos se conocieran. Su relación fue canalizada desde el principio por las redes de negocios ilegales y legales que los unen en ambos rincones del Mar Caribe.

Esta trama de intereses va mucho más allá de Colombia y Estados Unidos y trasciende al vínculo entre el narcotráfico y el lavado en el estado sureño del dinero mal habido con el mismo. Se extiende al tráfico de armas, equipamiento y entrenamiento militar, ámbitos en los que el Estado de Israel es maestro y gana cuantiosas sumas. Droga, armas, tráfico de mercenarios, operaciones encubiertas y crimen son elementos estructurantes de la alianza entre el gobierno trumpista, el uribismo internacional y el Estado de Israel.

Donald Trump necesita este apoyo, porque carece de estructuras propias y requiere de los votos y el dinero que los cubano-colombianos de Florida y sus aliados en otros estados pueden poner a su disposición. Sin embargo, sabe que los intereses de esa mafia limitan su espacio de maniobra política internacional. Este angostamiento fue evidente en el caso de su postergado encuentro con Vladimir Putin en Budapest: en su diálogo telefónico ambos presidentes establecieron el marco de la reunión y acordaron reunirse pocos días después, pero Marco rubio arruinó todo en su conversación con Serguei Lavrov.

También puede ejemplificarse con la presente campaña militar en el Caribe: Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegeseth acumulan fuerzas frente a la costa de Venezuela y bombardean lanchas por doquier. Entonces apareció el presidente para declarar que no pensaba invadir el país caribeño.

Es evidente que las políticas internacionales de Trump y de Rubio difieren, pero el primero no puede prescindir del segundo y éste no tiene aún suficiente fuerza, como para desmentir públicamente a su jefe nominal. EE.UU. carece de política exterior. La ha privatizado y, al hacerlo, ha hipotecado su futuro dando a los sectores más criminales del capital financiero especulativo global el poder de decidir dónde se ubicará la gran nación del norte en las décadas venideras.

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