🚨🇺🇲TRUMP RECONOCIÓ A DELCY RODRIGUEZ COMO LA PRESIDENTA LEGAL DE VENEZUELA. 🇻🇪

De repente ya no hay más dictadura, ni presos políticos, ni el cártel de los soles… y las actas fueron encontradas en un barril de petróleo… 🤣🤣
Se nota mucho, che…#Trump #DelcyRodriguez pic.twitter.com/VXKX2X4BGY

— Rodrigo Fronzo 🇦🇷🌈 (@RodrigoFronzo) March 8, 2026

Según Marco Rubio, el secretario de Estado promotor de esta “hoja de ruta”, se trata de “estabilizar el país y evitar el caos”. Bajo esa justificación; el dinero ganado por el petróleo venezolano se depositarán en cuentas bajo supervisión estadounidense. «El dinero se gastará en beneficio del pueblo venezolano. Es una forma de dividir los ingresos para que no haya un colapso sistémico mientras avanzamos en esta recuperación y transición». La segunda parte, la recuperación económica, en su opinión se enfoca en “garantizar el regreso de las petroleras occidentales bajo reglas claras y supervisión externas”, mientras se da un proceso “de reconciliación nacional , para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles, o repatriadas al país, y comiencen a reconstruir la sociedad civil”.

La transición política, la última de las fases, depende, en su opinión del “pueblo venezolano; “hay precedentes. Puedo mencionar varios ejemplos, como España o Paraguay, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia y llevó tiempo”. Estados Unidos, durante todo este proceso, se reserva la opción de volver a invadir Venezuela si el gobierno de Delcy Rodríguez no coopera como desea Washington: «El presidente nunca desestima sus opciones como comandante en jefe para proteger el interés nacional de Estados Unidos»

De “protectorado” y ventas de petróleo “controladas”

En Venezuela, la Administración Trump se juega la posibilidad de exportar un modelo de intervención, a través del uso “quirúrgico” de la fuerza, para imponer términos y condiciones sin soldados en el terreno. La materialización de la “paz por la fuerza”, uno de los principios rectores de esta nueva doctrina, apuesta a que la amenaza de bombardeos, e invasiones y bloqueos, aleccione a Estados más débiles para que apliquen reformas favorables a los intereses de Washington.

Pero, el problema fundamental de esta política es su posibilidad de mantenerse en el tiempo; dada la debilidad interna que afronta el Establecimiento, el Estado profundo estadounidense, minado de conflictos internos y estrategias geopolíticas que se desechan, una y otra vez. Un ejemplo de esta realidad es cómo la Corte Suprema de Estados Unidos desarmó la estructura legal de la aplicación de los aranceles, uno de los instrumentos de política exterior trumpista, por considerar que la invocación de la ley de Poderes de Emergencia por parte de Trump era ilegal. Desde esta lógica; los personeros de la Casa Blanca tienen una frenética narrativa que sobreactúa una especie de “control interno” de Venezuela y presenta como títeres a los miembros del gobierno de Delcy Rodríguez.

El cuerpo legal externo para ejercer este protectorado es la sustitución de las sanciones, y el embargo petrolero, por un complejo andamiaje de nuevas licencias del Departamento del Tesoro; la 30 A que permite a las empresas operar en puertos controlados por el Estado venezolano para exportar su producción petrolera, la 46 que autorizó a las “entidades estadounidenses a reanudar las compras, el transporte y la comercialización de crudo venezolano”, la 46A que permite pagar impuestos, tasas y permisos a “entidades estales venezolanas bloqueadas, la 47 que “autorizó la venta y exportación de diluyentes de origen estadounidense a Venezuela” para procesar su crudo extra pesado y poder transportarlo a sus puertos desde la Faja del Orinoco, la 48 que “permite a las empresas de servicios (como Halliburton o Schlumberger) proporcionar bienes, tecnología y software para la exploración y producción, la 49A que “permite a cualquier empresa de petróleo y gas negociar y firmar contratos para nuevas inversiones”, y la 50 que autoriza a British Petroleum, Chevron, Eni, Repsol y Shell “expandir sus operaciones e invertir en nuevos proyectos petroleros”.

Estas licencias estuvieron precedidas por la orden ejecutiva 14373, titulada “Salvaguardando los Ingresos Petroleros Venezolanos para el Bien de los Pueblos Estadounidense y Venezolano”, que establece que los fondos generados por las ventas de petróleo venezolano deben ser depositados en una cuenta del Tesoro estadounidense, protegida de los reclamos de los acreedores venezolanos afectados por la cesación de pagos de deuda declarada por el gobierno de Nicolás Maduro cuando se le prohibió en 2017 realizar transacciones financieras y acceder al mercado de deuda internacional. En la práctica, las primeras ventas de petróleo venezolano, almacenado en buques producto del bloqueo estadounidense, fueron comercializadas por empresas de materias prima, como Vitol y Trafigura, y sus ingresos depositados en cuentas bancarias en Qatar. El monto final, de mil millones de dólares, luego fue canalizado a Venezuela a través de bancos privados venezolanos, exentos de sanciones.

Entre otras condiciones leoninas de las licencias, está, por ejemplo, el hecho de que las licencias 46, 49 y 50 se rigen por la ley estadounidense y establecen prohibiciones, en algunos casos, a entidades que se rijan por las leyes de Cuba, Rusia, China, Corea del Norte e Irán o estén controladas, en algunos casos, por capitales de estos países en Estados Unidos o en Venezuela. El diseño de estas licencias busca bloquear las compras de petróleo venezolano, si no se dan a través de entidades seleccionadas por la Casa Blanca, también la expansión de las operaciones y nuevas inversiones de los capitales del “eje del mal”. Para el analista antichavista Federico Black; “en particular, la restricción sobre China es la más detallada. La licencia 46A prohíbe transacciones que involucren a cualquier entidad en Venezuela o Estados Unidos. que sea propiedad, esté controlada o forme una empresa mixta con una persona de la República Popular China. Esta medida busca desmantelar la influencia de la Corporación Nacional de Petróleo de China y otras petroleras chinas que habían ganado terreno mediante acuerdos de «petróleo por deuda» durante el gobierno de Maduro. La única excepción es que se permite la reventa de crudo venezolano a China siempre que la transacción sea realizada por una «entidad estadounidense establecida», asegurando que el margen comercial y el control del flujo financiero queden en manos de Estados Unidos”.

Laura Dogu, encargada de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, recibió en Caracas al jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan y al subsecretario del Pentágono para América, Joseph M. Humire.

Un registro de los envíos petroleros, controlados por Estados Unidos, habla de que en enero el 35% del crudo venezolano fue comprado por refinerías de la Costa de El Golfo y un 19% por empresas chinas; 284.000 barriles por día y 156.000 por día respectivamente. Unos 2 millones fueron vendidos a Repsol para que fuese refinada por la empresa en España y otro tanto por la India e Israel a través de las comercializadoras de crudo. Mientras que los mil millones de dólares, producto de la venta de 50 millones de barriles venezolanos, fueron canalizados al sistema cambiario venezolano a través de los cuatro bancos privados venezolanos que lo recibieron desde las cuentas en Qatar controladas por Estados Unidos. El control del petróleo venezolano, además, le permitió a Trump lubricar un acuerdo con Reliance de la India, propiedad del magnate Mukesh Ambani, aliado de Narendra Moodi, para que abandone los envíos del crudo en la sombra de Rusia y adquiera oro negro venezolano. Moscú fue sustituida por petroleras estadounidenses, además, como principal fuente de diluyentes para sostener la producción petrolera venezolana.

Este esquema viene acompañada de una agresiva narrativa, diseminada a través de los principales agencias de noticias y medios corporativos, donde se difunde que el gobierno venezolana expulsa a médicos y agentes de seguridad de Cuba, recalibra sus relaciones exteriores con Rusia, Irán y China por pedido de Estados Unidos, y se prepara para entregar varios exfuncionarios chavistas pedidos por la Casa Blanca. Esto como una forma de sobre exponer a un chavismo que cumple a raja tabla los dictados de Washington para promover su desgaste interno, y exportar una imagen de dominio y control estadounidense para consumo en “otros países” y la política interna estadounidense.

El juego largo y sinuoso del chavismo; regenerar el circuito petrolero del “Estado Mágico”

Si la partida del trumpismo es de corto plazo para mostrar “logros” en Venezuela, la del chavismo es de mediano y largo plazo. Un repliegue estratégico donde se reconoce debilidades estructurales del circuito de acumulación periférica del capitalismo rentista petrolero venezolano; la sustitución, de facto, de la infraestructura paralegal que sostenía las exportaciones del crudo venezolano hacia destinos multipolares como China o Turquía. Buques fantasmas que apagaban sus teletransportadores en alta mar para esconder su carga, intermediarios que se embolsaban enormes cantidades de dinero y pagos en criptomonedas que fluían por las distintas plataformas de blockchain.

La invasión del 3 de enero desmontó, en la práctica, la incipiente infraestructura financiera, monetario y portuaria que conectaba el petróleo venezolano con los mercados asiáticos con enormes descuentos lesivos para la economía venezolana y la legitimidad del Estado venezolano. La multipolaridad, auspiciada por China y Rusia, no pudo defender en términos militares a uno de sus principales aliados en América Latina: el chavismo quedó en total soledad contra una de las mayores potencias de la historia de la humanidad y todo su poderío militar.

La hoja de ruta, promovida en su momento por Maduro, es reconectar el crudo venezolano a los mercados a través de las licencias dadas por el Tesoro estadounidense. Por eso, la reciente ley de hidrocarburos, sancionada por la Asamblea Nacional de Venezuela, abre las puertas para que todo el negocio petrolero, exploración, extracción, transporte, almacenamiento y comercialización, pueda hacerse por privados a través de los Convenios de Participación Productiva, creados con la ley antibloqueo para transferir activos petroleros de PDVSA a particulares para reactivar su producción. La legislación, que por primera vez retira a la estatal PDVSA de su centralidad en el negocio, también baja los impuestos y regalías, según lo considere el Ejecutivo, para los “campos verdes”, los proyectos petroleros que necesiten ser iniciados de cero.

Hay varios aspectos que demuestran una coordinación explicita entre las licencias y esta ley de hidrocarburos; como la posibilidad de que operadores privados de empresas mixtas, entre PDVSA y particulares como Chevron, puedan comercializar el crudo venezolano y colocar las ganancias en una cuenta en el extranjero, una facultad que antes solo era permitida para la estatal petrolera. También en uno de sus artículos permite que los nuevos contratos petroleros puedan regirse por el arbitraje internaciona; es decir, las leyes estadounidense tal y como señalan todas las licencias del Departamento del Tesoro. Para Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, sin embargo, los cambios de las leyes de hidrocarburos “no fueron lo suficientemente amplios para fomentar grandes flujos de capital, pero el diálogo continúa”.

La apuesta del chavismo parece ser negociar, por la fuerza, su “anti imperialismo” a cambio de reconectar al Estado venezolano a los mercados internacionales sin ceder el poder político. Un juego sinuoso que requiere de un tiempo considerable para recoger los frutos políticos de un eventual regreso de, al menos, una mínima bonanza que la estructura del gobierno pueda traducir en bienestar a través de los ingresos petroleros canalizados por dos fondos soberanos, creados por el chavismo para recomponer el salario y reconstruir la infraestructura pública. Según una encuesta, hecha por Gold Glove Counsilting del exfuncionario estadounidense Mark Feierstein, un 60% de los venezolanos están más preocupados por el costo de vida que por otros temas como la corrupción, el crimen y la “democracia”. Desde allí, el chavismo gobernante tiene posibilidad de reestructurar su coalición en un país presidencialista donde no existe la segunda vuelta en una eventual nueva elección.

El punto de fricción, por ello, es la semántica de la “reconciliación nacional” y la “transición política”; los términos de la nueva “pax bélica” impuesta desde el exterior. La sanción de una Ley de Amnistía es un ejemplo de la reversión que hace el oficialismo del punto tres del plan estadounidense; los hechos comprenden la «comisión de delitos políticos o conexos” por episodios como el golpe de Estado de 2002, el paro petrolero de 2003, las guarimbas de 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, las actuaciones de la Asamblea Nacional para apoyar la presidencia paralela de Juan Guaidó, y las protestas contra los resultados de 2024. Quedan exentos, por ejemplo, los delitos relacionados a violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, tráfico de guerra, homicidio intencional, y corrupción; lo que en la práctica deja fuera a los militares, y civiles, involucrados en intentos de golpes de Estado, el fallido magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018, asaltos a fuertes militares, y la operación Gedeón de 2020 realizada por exuniformados y mercenarios estadounidenses para detener a Maduro. También quienes pidieron sanciones y una intervención militar en el país. La Comisión a carga de monitorear la aplicación de esta ley queda compuesta, además, por una mayoría chavista y un puñado de opositores, de acuerdo a la composición de la Asamblea Nacional elegida después de un boicot electoral organizado por el sector que lidera María Corina Machado.

Esta “reconciliación”, en la opinión de este escriba, obvia cuestiones importantes que darían más solidez a una renovada convivencia democrática; como la creación de una justicia transicional que aborde las denuncias de violaciones de derechos humanos contra agentes del Estado, las arbitrariedades de la justicia venezolana, y una reforma del sistema político que establezca cuotas de poder para salir del actual juego de suma cero en el que gana se lleva todo, y el que pierde, se queda con nada. Sin embargo, plantea con claridad que en la nueva “pax bélica” no hay espacio para María Corina Machado, ni para los sectores que desde el exterior promovieron la invasión de Venezuela. Uno de los objetivos del oficialismo, por eso, es poner como eventual obstáculo del nuevo ciclo económico, y el nuevo momento político venezolano, a este sector que cuenta con una (sobre) representación de los opositores. Según la propia Delcy Rodríguez; “hay sectores dando lectura incorrecta de la ley de amnistía y del proceso de convivencia; lo miden desde una derrota político-partidista. El 3 de enero perdió Venezuela; todos perdimos. No hubo ganador. Ya tienen planes, y en su debida oportunidad los voy a mostrar al país para que se sepa quiénes, desde un lujoso hotel en los Estados Unidos o en Europa, pretenden descarrilar este proceso, pretenden perturbar el camino de la tranquilidad y la paz en Venezuela”. Para la presidenta encargada, además, una convocatoria de nuevos comicios “implica también un país libre de sanciones”.

El judo que practica el chavismo, para reversionar el plan estadounidense de tres “pasos”, es posible que se defina por varios pulsos internos, como el de la Ley de Amnistía, eventuales planes desestabilizadores del sector de Corina Machado, y un desenlace electoral. También, por supuesto, está sujeto a los vaivenes de la política interna estadounidense; la posibilidad de que Trump quede como un “pato rengo” después de las elecciones intermedias y su despliegue militar en El Caribe pierda fuerza y respaldo interno. Al final, y al cabo, la nueva Venezuela “tutelada” es un verdadero juego de tiempo, y paciencia, que moldeará los límites y las formas del nuevo modelo intervencionista del trumpismo en la región.

O sentenciará su fracaso.