Este giro se está produciendo en medio de los repetidos ataques militares de EEUU e Israel contra Irán, lo que ilustra cómo funciona en la práctica la economía de guerra movilizada para afianzar la impunidad y difuminar la rendición de cuentas. Sin embargo, aunque el Estado sionista impulsa una agenda de autosuficiencia, esta trayectoria no refleja un consenso nacional consolidado y está marcada por tensiones institucionales que ponen de manifiesto vulnerabilidades estructurales.

En consecuencia, en lugar de perseguir la autarquía total (autosuficiencia económica nacional), la economía de guerra de Israel parece consolidarse en un modelo híbrido que combina la sustitución interna con la integración global estratégica. Esta configuración distribuye el riesgo a través de redes transnacionales en lugar de concentrarlo en un único canal susceptible de sanciones. El primer pilar de esta estrategia se centra en ampliar la capacidad de producción nacional en sectores críticos de la defensa, mientras que el segundo profundiza en la integración transnacional para dispersar las vulnerabilidades a través de redes diversificadas y a menudo resistentes a las sanciones. En este contexto, el autor sostiene que los instrumentos tradicionales de responsabilidad internacional —en particular los embargos fragmentados o aplicados sin consistencia— están perdiendo eficacia, lo que subraya la necesidad de estrategias que se centren en la infraestructura material y los nodos de dependencia que sustentan la economía de Israel.

La búsqueda de la autarquía estratégica

La doctrina Super Esparta se ha traducido en propuestas políticas centradas en la «soberanía industrial», aunque su aplicación sigue siendo desigual y objeto de controversia institucional. La articulación más formal de esta autonomía estratégica aparece en el informe de la Comisión Nagel, presentado en enero de 2025, que aboga por ampliar la producción nacional de armamento esencial para reducir la dependencia de proveedores extranjeros. Este giro industrial va acompañado de un cambio doctrinal hacia una postura de «ataque proactivo y preventivo». Para respaldar esta transición, la comisión recomendaba un aumento sustancial del gasto en defensa, que oscilaría entre 36.000 y 74.000 millones de dólares adicionales durante la próxima década. Entre las prioridades clave se incluye la ampliación a gran escala de las reservas de municiones para lograr la independencia en la producción para 2034.

En septiembre de 2025, el Ministerio de Defensa de Israel (MDI) creó una Dirección Nacional de Armamento para centralizar las adquisiciones, agilizar las cadenas de suministro nacionales e impulsar el desarrollo de armas de precisión y drones. Las autoridades israelíes informaron de un aumento de la capacidad de producción local de varios tipos de munición, incluidas las bombas pesadas lanzadas desde el aire, junto con nuevas instalaciones para la producción de explosivos y materias primas críticas, y una ampliación de la fabricación de munición. Esta expansión cuenta con el respaldo de programas de subvenciones e incentivos dirigidos a las tecnologías de defensa y de doble uso.

El MDI se ha convertido en el motor institucional central de esta estrategia de innovación en materia de defensa en tiempos de guerra. Solo en 2024, firmó contratos con más de 80 empresas emergentes (muy por encima de los niveles previos a la guerra) inyectando casi 255 millones de dólares a través de canales de adquisición por vía rápida. Estos contratos funcionan como subvenciones implícitas: financian la investigación y el desarrollo en fase inicial al tiempo que garantizan la demanda, reducen el riesgo comercial y transmiten credibilidad a los inversores privados. La inversión se ha concentrado en sectores estratégicos como los drones, la inteligencia artificial y los sistemas autónomos.

También se han movilizado mecanismos de financiación paralelos a través de la Autoridad de Innovación de Israel (IIA por sus siglas en inglés). Su Programa de Incentivos para Empresas en Fase Inicial ofrece subvenciones de hasta 2,7 millones de dólares, que cubren hasta la mitad de los presupuestos aprobados y son reembolsables mediante regalías una vez que se materializan las ventas. Dado que estas subvenciones no exigen a las empresas ceder participaciones, canalizan la financiación hacia tecnologías de defensa y de doble uso de ciclo largo.

Además, el Gobierno israelí ha reactivado el modelo Yozma a través de la iniciativa «Yozma 2.0», comprometiendo capital público para fondos de riesgo con una aportación equivalente del 30 %. Aunque se diseñó como un amplio estímulo a la innovación, las prioridades en tiempos de guerra han dirigido una inversión sustancial hacia tecnologías profundas vinculadas a la seguridad. El Fondo para startups ampliado de la IIA (que ahora distribuye aproximadamente 135 millones de dólares al año) refuerza aún más la cartera de innovación. En conjunto, estos instrumentos integran las prioridades de defensa en el ecosistema nacional de innovación de Israel.

Más allá de la industria, el impulso de Israel hacia la autarquía estratégica se ha extendido a la militarización de la sociedad. A medida que se intensificaba la escasez de mano de obra en medio de la guerra expansionista en múltiples frentes, una sentencia del Tribunal Supremo israelí del 25 de junio de 2024 puso fin a las exenciones legales para los estudiantes ultraortodoxos de yeshiva, en un intento de ampliar la reserva de reclutamiento. A esto le siguieron notificaciones de reclutamiento generalizado, incluyendo 54.000 convocatorias en julio de 2025. La medida desestabilizó las coaliciones de gobierno y puso de manifiesto las tensiones entre la demanda de mano de obra militar y la estabilidad política, mientras que los niveles de reclutamiento siguen estando por debajo de los objetivos operativos.

La escasez de mano de obra civil también se ha agravado especialmente tras la revocación a gran escala de los permisos de trabajo palestinos. Los esfuerzos por sustituir esta mano de obra por mano de obra extranjera procedente de la India, Sri Lanka y China han tenido dificultades para satisfacer la demanda, lo que ha elevado los costes y ralentizado la producción. El abandono de la mano de obra palestina refleja el impulso del colonialismo de asentamiento para expulsar a la población indígena de sus tierras y un modelo de empleo que antepone la seguridad y da prioridad al control frente a la eficiencia económica. La política colonial institucionaliza un régimen laboral segregado coherente con la arquitectura general del régimen de apartheid militarizado de Israel.

Limitaciones y restricciones de la doctrina

La doctrina Super Esparta no es resultado de un consenso nacional consolidado sino más bien un proyecto político-económico controvertido, marcado por fracturas internas que probablemente se agrandarán. El marco de Nagel ya ha suscitado críticas por su coherencia estratégica, viabilidad fiscal y rendición de cuentas institucional. Si bien el informe esboza un amplio programa de expansión industrial, no establece una estrategia política u operativa plenamente integrada. Los mecanismos de financiación siguen sin estar claros y los aumentos presupuestarios propuestos carecen de un modelo de ingresos creíble.

Estos retos se ven agravados por una fragmentación más amplia de la gobernanza. Los expertos han identificado limitaciones persistentes en la capacidad de Israel para la formulación de políticas estratégicas sostenidas, incluida una débil coordinación interministerial y lagunas en la implementación. Como órgano consultivo, la Comisión Nagel carece de autoridad formal para hacer cumplir sus recomendaciones, lo que hace que estas dependan de su adopción política dentro de un sistema de coalición fragmentado. Al mismo tiempo, las limitaciones materiales (entre ellas la dependencia de las cadenas de suministro, la escasez de mano de obra cualificada y el acceso a materias primas críticas) complican la implementación. Israel también sigue dependiendo de las cadenas de suministro globales para semiconductores, compuestos avanzados y sistemas de propulsión, lo que pone de relieve los límites estructurales de la búsqueda de la plena autarquía.

El informe asimismo aborda de forma limitada los retos de mano de obra o la distribución desigual de las obligaciones del servicio militar, en particular entre las comunidades ultraortodoxas (omisiones que debilitan la sostenibilidad a largo plazo de la mano de obra). En conjunto, estas lagunas ponen de relieve las crecientes tensiones entre la ambición estratégica y las limitaciones materiales a las que se enfrenta el régimen israelí en su búsqueda de la independencia industrial. También aclaran la distinción entre el discurso de la «Super Esparta» y la realidad, indicando que el modelo emergente no es la autarquía total, sino una forma limitada de autonomía estratégica moldeada por un reajuste global persistente para reforzar resiliencia frente a las sanciones.

Reajuste geopolítico: una estrategia de mitigación de sanciones

Es significativo que estas limitaciones en materia de gobernanza, mano de obra y cadena de suministro ayuden a explicar por qué la búsqueda de la autonomía estratégica por parte de Israel ha adoptado una forma híbrida. Dado que la independencia industrial total sigue siendo inalcanzable, el régimen israelí ha seguido una estrategia paralela: profundizar la integración con redes de defensa transnacionales y socios autoritarios a fin de mitigar las vulnerabilidades y complicar la aplicación de embargos. Este reajuste geopolítico constituye el segundo pilar, más discreto, de la doctrina «Super Esparta»: la protección a través de la integración, en lugar del aislamiento.

La presión de las sanciones ha aumentado a medida que se intensificaba la movilización mundial en respuesta al genocidio de Gaza. Por ejemplo, España, Turquía, Alemania e Italia han introducido diversas formas de restricciones comerciales y de armas, lo que supone un riesgo creciente para la reputación y el cumplimiento normativo de Israel. Sin embargo, la aplicación de las sanciones sigue siendo desigual y fragmentada, debilitada por lagunas, exenciones y cambios de política. Aprovechando estas deficiencias en la aplicación, el régimen israelí ha buscado protegerse de las sanciones en lugar de aislarse, al tiempo que sigue defendiendo la autosuficiencia.

Tal y como documentó la relatora especial de la ONU Francesca Albanese en su informe de 2025, el Estado israelí ha pasado de una «economía de ocupación» a una «economía de genocidio», sostenida por densas redes de actores corporativos globales y nacionales. El informe identifica a más de 45 empresas como fundamentales para esta economía política, entre las que se incluyen fabricantes de armas, empresas tecnológicas, constructoras, industrias extractivas, instituciones financieras y universidades. Esta infraestructura corporativa integra la economía de guerra israelí en los circuitos transnacionales de las finanzas, la producción y el desarrollo tecnológico, difundiendo la vulnerabilidad y el riesgo a través de redes globales en lugar de concentrarlos en un único canal sancionable.

El sector de la defensa de Israel también sigue profundamente integrado en las redes de producción globales. Grandes empresas como Elbit Systems e Israel Aerospace Industries dependen en gran medida de las exportaciones, las empresas conjuntas y el codesarrollo con socios extranjeros. La expansión de los ecosistemas de producción conjunta (que abarcan la defensa antimisiles, los sistemas cibernéticos y la inteligencia artificial) profundiza la integración de las empresas israelíes en los mercados de defensa transnacionales, lo que complica la viabilidad y la aplicación de los regímenes de embargo. Los acuerdos de coproducción, como la línea de interceptores RTX–Rafael Tamir en Arkansas, ilustran cómo Israel gestiona las dependencias de fabricación en el extranjero mediante la integración estratégica.

Mecanismos más directos para eludir sanciones complementan la difusión estructural de la producción de defensa y el ecosistema tecnológico de Israel a través de redes globales. Esto incluye cómo la adquisición de defensa israelí ha recurrido a intermediarios externos y redes globales de distribuidores para obtener componentes restringidos, con frecuencia a precios elevados. Tales prácticas ponen de relieve que el aislamiento opera no solo a través de la sustitución sino también mediante iniciativas activas para socavar la aplicación de embargos. En este sentido, Israel ha seguido una estrategia de realineamiento geopolítico, profundizando los lazos con un bloque de regímenes de derecha, etnonacionalistas y autoritarios menos susceptibles a la presión basada en los derechos humanos y al cumplimiento del derecho internacional.

El Corredor Económico India-Oriente Próximo-Europa integra a Israel en redes de infraestructura, logística y tecnología a largo plazo diseñadas para profundizar los lazos económicos y geopolíticos. La India se ha convertido en un socio fundamental y en el mayor cliente de armas de Israel, relación que se ha consolidado aún más con un tratado bilateral de inversión firmado en septiembre de 2025. Hungría también se ha convertido en un importante colaborador industrial europeo, mientras que Azerbaiyán suministra energía e importa armas israelíes. Las exportaciones de armas a los Estados de los Acuerdos de Abraham (EAU, Baréin y Marruecos) también se han disparado, pasando del 3% de las exportaciones de defensa de Israel en 2023 al 12% en 2024, lo que refuerza este reajuste regional.

El régimen israelí también ha externalizado la infraestructura logística como parte de una estrategia de cobertura marítima diseñada para mitigar los riesgos de una escalada de sanciones, la interdicción del transporte marítimo y la interrupción del suministro en tiempos de guerra. Para reducir la dependencia de puertos nacionales vulnerables a bloqueos, a las huelgas o a los ataques con misiles, Israel ha trasladado al extranjero operaciones logísticas críticas. Esto incluye la oferta de Israel Shipyards Ltd. para asegurarse una participación mayoritaria en el puerto griego de Lavrion, estableciendo un centro mediterráneo de transbordo y almacenamiento capaz de sustituir a Haifa y Ashdod, que sufrieron repetidas interrupciones operativas durante la guerra.

El reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel en diciembre de 2025 refleja de manera similar la lógica del posicionamiento marítimo. Situada cerca del estrecho de Bab al Mandab, frente a la costa de Yemen, Somalilandia ofrece un posible punto de apoyo para la vigilancia, la coordinación logística y la protección de las rutas marítimas en medio de las interrupciones vinculadas a los hutíes en el mar Rojo. Estas iniciativas reflejan una estrategia de aislamiento híbrida más que de autarquía total o autonomía completa, que combina la producción nacional en industrias clave para la guerra con la distribución geográfica de las operaciones logísticas a través de jurisdicciones externas. Este enfoque genera una protección por capas: reduce la exposición directa a las sanciones al tiempo que dispersa la vulnerabilidad entre múltiples jurisdicciones y corredores de suministro.

La protección de Israel se ve reforzada aún más mediante una profunda integración industrial de defensa con los mercados europeos. La UE sigue siendo el mayor socio comercial de Israel, entre otras cosas a través de la cooperación en investigación, el intercambio de tecnología y los marcos de desarrollo conjunto de armamento. Antes de la guerra actual, las empresas de defensa israelíes habían establecido colaboraciones profundas y de rápido crecimiento con los mercados europeos. Las empresas conjuntas, como el programa de misiles EuroSpike (que vincula a Rafael Advanced Defense Systems con fabricantes de defensa alemanes), ilustran el alcance de la interrelación en la coproducción. Del mismo modo, las asociaciones entre el grupo francés Safran (a través de su filial Sagem Defence) y Elbit Systems para producir drones militares, así como la adquisición de la griega Intracom Defense por parte de Israel Aerospace Industries, proporcionan a las empresas israelíes acceso directo a los recursos y canales de adquisición del Fondo Europeo de Defensa. Estas relaciones industriales arraigadas generan resistencia institucional a la aplicación del embargo, ya que los fabricantes, inversores y gobiernos europeos siguen estando materialmente implicados en las cadenas de suministro de defensa israelíes.

Como complemento de estas estrategias de cobertura geopolítica, los marcos legislativos y normativos de EEUU proporcionan a Israel una protección adicional frente a la aplicación del BDS. La derogación por parte del presidente estadounidense Donald Trump, del Memorándum de Seguridad Nacional-20 en febrero de 2025 debilitó la condicionalidad humanitaria que rige las transferencias de armas estadounidenses al eliminar los requisitos de información y garantía vinculados al cumplimiento del derecho internacional humanitario. Mientras tanto, la legislación antiboicot de EEUU y las restricciones de contratación a nivel estatal siguen penalizando la participación de las empresas en campañas de boicot o sanciones, lo que limita el cumplimiento por parte del sector privado de las campañas de presión internacional.

Además, los debates actuales en torno a la posible eliminación gradual de la Financiación Militar Extranjera de EEUU (FMF por sus siglas en inglés) deben entenderse menos como un paso hacia la independencia estratégica de Israel que como una reestructuración de los mecanismos pata brindarle asistencia. Los debates políticos y las propuestas de los think tanks vinculadas a las negociaciones sobre el próximo memorando de entendimiento de seguridad entre EEUU e Israel han explorado la posibilidad de destinar parte del actual paquete de ayuda anual de 3.800 millones de dólares a programas ampliados de desarrollo conjunto y coproducción financiados a través de asignaciones del Departamento de Defensa de EEUU en lugar de las subvenciones tradicionales de la FMF. Este cambio permitiría a Israel mantener (o potencialmente ampliar) sus entradas anuales de armas, al tiempo que reduciría los mecanismos de supervisión históricamente vinculados a la ayuda militar directa de EEUU, institucionalizando así una asociación de defensa menos condicional y más profundamente arraigada.

Desafiando el aislamiento

La doctrina «Super Esparta» de Israel opera a través de dos estrategias complementarias: la sustitución interna en la producción de defensa crítica y el entrelazamiento estratégico dentro de redes transnacionales. Como se ha demostrado, las cargas fiscales, la escasez de mano de obra y las dependencias de la cadena de suministro limitan el alcance de la primera estrategia, mientras que los vínculos de coproducción y el realineamiento geopolítico hacen posible la segunda. Esta configuración dual permite a la economía de guerra de Israel absorber la presión de las sanciones mediante la diversificación en lugar del aislamiento cambiando las dependencias, redirigiendo las adquisiciones y aprovechando la integración con los Estados socios para mantener las operaciones militares aun bajo restricciones diplomáticas.

Para contrarrestar esta estrategia, la presión debe centrarse en las redes de dependencia que siguen siendo más resistentes a la sustitución, a la vez que adaptarse a las iniciativas paralelas de Israel para redirigirlas y dispersarlas. La secuencia de las acciones es fundamental: una economía de guerra resistente a las sanciones no puede consolidarse de la noche a la mañana. A corto plazo, la prioridad es centrarse en las dependencias externas que no pueden sustituirse rápidamente. A medio plazo, la atención debe centrarse en los insumos industriales, los sistemas tecnológicos y la infraestructura financiera que sostienen y hacen operativas las atrocidades del régimen israelí. A largo plazo, la tarea estratégica consiste en evitar que los procesos de protección se consoliden y se normalicen, y para ello hay que construir coaliciones de aplicación duradera e institucionalizar regímenes de responsabilidad jurídica.

Recomendaciones

Recalibrar las estrategias de rendición de cuentas hacia puntos de influencia materiales, en lugar del aislamiento simbólico, será fundamental para poner en jaque la infraestructura que sustenta la economía de guerra de Israel. Las siguientes recomendaciones van dirigidas a grupos de actores distintos pero complementarios.

Sociedad civil y movimientos de base

Dado que la producción bélica interna de Israel sigue dependiendo de infraestructuras logísticas y de servicios transnacionales, la presión de la sociedad civil es más eficaz allí donde las cadenas de suministro dependen de actores e infraestructuras externos.

  • Los actores de base deben mantener los boicots de consumo al tiempo que amplíar las campañas dirigidas a la logística militar y a las redes de producción de doble uso. Las cadenas de suministro marítimas siguen siendo un punto de presión crítico. Las recientes interrupciones (incluidas las interdicciones en el Mar Rojo lideradas por Yemen y las acciones de los trabajadores portuarios europeos, como el bloqueo de componentes de munición por parte de la CGT francesa en Marsella-Fos y la paralización de los envíos de acero de grado militar en Génova por parte de los trabajadores portuarios italianos) demuestran que los sindicatos pueden imponer costes materiales directos a pesar de las afirmaciones de autonomía estratégica. La ampliación de las alianzas de trabajadores portuarios en puertos como Génova, El Pireo, Marsella y Rávena puede transformar los paros esporádicos en una interrupción transnacional sostenida.
  • Las campañas deben dirigirse igualmente a las infraestructuras logísticas y de certificación que sustentan el comercio marítimo (incluidas las aseguradoras, las sociedades de clasificación, los transitarios y los proveedores de servicios portuarios) para aumentar la exposición al riesgo comercial de la carga militar con destino a Israel.
  • La organización del sector tecnológico representa un segundo vector de influencia. El ecosistema de innovación en defensa de Israel sigue profundamente arraigado en la infraestructura global de la nube, los servicios de IA y las plataformas de procesamiento de datos. Campañas como No Tech for Apartheid demuestran cómo la organización de los trabajadores, los retos en materia de contratación pública y la presión de los accionistas pueden perturbar estas dependencias de servicios. La presión también debería centrarse en la infraestructura física que permite los sistemas de guerra digital (centros de datos, granjas de servidores y filiales en el extranjero que anclan a las empresas israelíes en los ecosistemas de contratación pública extranjeros).

Gobiernos nacionales y organismos reguladores

Aunque Israel ha ampliado su producción de defensa nacional, sigue dependiendo de insumos importados, ecosistemas de servicios y la permisividad de las regulaciones de los Estados socios. Por lo tanto, la acción gubernamental es más eficaz cuando se dirige a los facilitadores externos de la sustitución industrial.

  • Los Estados que apoyan los marcos de rendición de cuentas deberían dar prioridad a los controles de exportación de componentes de doble uso (incluidos precursores de materiales explosivos, materiales raros, sensores, sistemas de propulsión y tecnologías de guía) al tiempo que refuerzan la aplicación de la ley contra el reetiquetado, el transbordo y las adquisiciones mediadas por intermediarios.
  • Los organismos reguladores deberían ampliar los requisitos de diligencia debida y divulgación para las aseguradoras, las entidades financieras, los intermediarios logísticos y los organismos de certificación que prestan servicios a las cadenas de suministro de la industria de defensa. La aplicación de las normas de riesgo del derecho internacional humanitario en los regímenes de concesión de licencias de exportación puede restringir aún más los envíos cuando exista un riesgo creíble de uso indebido.
  • Los gobiernos también deberían restringir la contratación pública, las asociaciones de investigación y los acuerdos de licencia tecnológica en los que participen empresas implicadas, incluidas las filiales y las empresas conjuntas integradas en jurisdicciones nacionales. La supervisión parlamentaria y los marcos de litigio pueden limitar la participación, facilitada por el Estado, en las redes transnacionales de producción de defensa.

Coaliciones del Sur Global y plataformas intergubernamentales

El modelo de aislamiento híbrido de Israel se basa en el desvío del comercio, la logística y las adquisiciones a través de jurisdicciones permisivas. Por lo tanto, una acción coordinada del Sur Global puede colmar las lagunas de aplicación dejadas abiertas por los embargos occidentales fragmentados.

  • Las coaliciones del Sur Global poseen una influencia significativa a través de la aplicación coordinada de embargos, la denegación logística y los controles de productos básicos. Los compromisos surgidos del Grupo de La Haya y de la reunión ministerial de Bogotá convocada por Colombia y Sudáfrica proporcionan un núcleo político para la coordinación operativa y deberían institucionalizarse en plataformas de intercambio de inteligencia, mecanismos de coordinación aduanera y marcos sincronizados de denegación portuaria.
  • El establecimiento de unidades de aplicación del embargo y de supervisión de su elusión, capaces de cartografiar las prácticas de reetiquetado, los corredores de transbordo y las redes de adquisición en la zona gris, permitiría a los Estados participantes interrumpir de forma preventiva los flujos de suministro.
  • Las exportaciones de energía y materias primas ofrecen una influencia adicional. Precedentes como la suspensión de las exportaciones de petróleo crudo por parte de Brasil y la suspensión de las exportaciones de carbón por parte de Colombia ilustran cómo las materias primas estratégicas pueden funcionar como herramientas materiales de restricción cuando se coordinan de forma multilateral.

Instituciones financieras y multilaterales

A pesar de que Israel amplía su producción nacional, su economía de guerra sigue integrada en los sistemas transnacionales de financiación, seguros y capital de innovación. Por lo tanto, la influencia financiera es fundamental para romper su protección.

  • Los bancos de desarrollo, los fondos soberanos y las instituciones financieras regionales deberían condicionar las inversiones, las garantías de crédito y los servicios financieros al cumplimiento del derecho internacional humanitario. Un mayor escrutinio del capital riesgo, las subvenciones a la innovación y las vías de financiación de tecnología de doble uso puede limitar la expansión de la industria de defensa a nivel de investigación y desarrollo.

Restringir el acceso a los mercados de capitales y a los servicios financieros a las empresas implicadas de manera significativa en la producción militar amplificaría simultáneamente la presión en los sectores de la producción y la logística. Las iniciativas emergentes de desdolarización de los BRICS ofrecen vías adicionales para aplicar restricciones financieras específicas, independientes de las limitaciones normativas de EEUU.

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Ahmed Alqarut, palestino, es experto en economía política y está especializado en la región de Oriente Próximo y norte de África, con especial atención a la competitividad entre grandes potencias y a la economía política de los conflictos.

 

AL SHABAKA