Este martes 9 de junio se cumplen setenta años de la fallida sublevación del general Juan José Valle contra la Revolución Libertadora, que derivaron en los fusilamientos y, más tarde, en la investigación de Rodolfo Walsh para Operación Masacre.

Masacres en junio. 1955-1956: del bombardeo a los fusilamientos (Editorial Octubre), de Juan Pablo Csipka reconstruye los meses que atraviesan el bombardeo de Plaza de  Mayo, la sublevación que derrocó a Juan Domingo Perón, al alzamiento reprimido ferozmente y la investigación de Walsh. A continuación, los pasajes del libro sobre lo acaecido hace setenta años.

La conjura de Valle y otro general, Raúl Tanco, era la muestra de un Ejército dividido. Si Perón no había presentado lucha ante los alzados de septiembre de 1955, al precio de irse al exilio, para poder mantener la unidad del Ejército, los golpistas habían dado paso a la depuración, que llevaba a la fractura. Los oficiales de filiación peronista fueron marcados y pasados a retiro, en una política que se aceleró con la llegada de Aramburu al poder. La desperonización de las Fuerzas Armadas se combinaba con la intervención de la CGT, la proscripción del peronismo, la cárcel, la persecución y el ajuste del Plan Prebisch.

Dentro de la desperonización del Ejército, los dos líderes del alzamiento frustrado compartían la tesis de “ni vencedores ni vencidos” y veían con buenos ojos el apaciguamiento si Lonardi lograba colocarse por encima de las pasiones encontradas. Sin embargo, no fue así. Tanco y Valle estuvieron entre los oficiales que fueron confinados en barcos de la Armada hasta que, a fines de enero de 1956, un decreto de Aramburu y el ministro de Ejército, Arturo Ossorio Arana, determinó el retiro obligatorio y el confinamiento en cárceles comunes. Algunos tuvieron la gracia del arresto domiciliario. Tanco optó por una casa de campo en la localidad bonaerense de Guido, mientras que Valle fue al domicilio de su suegra, en General Rodríguez.

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La sublevación en marcha agregó una pata civil, la que protagonizaría el hecho más impactante de lo sucedido en la madrugada del 10 de junio de 1956, y que recién saldría a la luz a fin de ese año. El día del alzamiento debían ocuparse guarniciones militares, distribuir las armas entre los complotados y ocupar los medios de comunicación.

El MRN se propuso derrocar a Aramburu con la idea de llamar a elecciones sin proscripciones, frenar la desperonización en todos sus niveles y dar marcha atrás con el programa económico de Prebisch. El grupo no veía con malos ojos la idea de pacificación en los términos de Lonardi, valoraba la gestión de Perón, y de la Libertadora criticaba la sublevación en sí y el putsch interno del 13 de noviembre. En el medio, el 1º de mayo de 1956, Aramburu restableció por decreto la Constitución de 1853, que pasaba a reemplazar a la impulsada en 1949 por Perón. Lo hizo al cumplirse exactos 103 años de la sanción de la Carta Magna que volvía a regir.

El movimiento creció tanto que incluso consiguió la adhesión de algunos marinos y de aviadores que se comprometieron a pasar a la acción si los alzados tomaban la base de Morón. Algo era seguro: la Libertadora presentaría batalla y los conjurados tenían que estar preparados un enfrentamiento.

El plan tuvo dilaciones. La fecha original era el 27 de mayo, pero se pospuso. Los civiles no querían más postergaciones y se fijó el sábado 9 de junio para el inicio de las operaciones.

En la tarde del 6 de junio, dos civiles que formaba parte de la conjura, fueron en auto hasta la quinta de otro complotado, en la localidad de Moreno, y en la entrada fueron detenidos por la policía, que habían llegado por una explosión. Adentro, había ocurrido un accidente mientras otros dos conspiradores manipulaban explosivos: ambos resultaron heridos.

Los cuatro detenidos fueron llevados a la Unidad Regional de San Martín, donde los interrogó el coronel Desiderio Fernández Suárez, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. De allí fueron a la Comisaría 2º de Lanús; allí, el interrogatorio corrió por cuenta del número de Fernández Suárez, el capitán de corbeta Salvador Ambroggio.

A todos les preguntaron por Valle. Rubén Lugo, uno de los hombres detenidos al arribar a la quinta, infirió que sus captores estaban muy al tanto de lo que iba a pasar en la noche del sábado siguiente. En Lanús ya estaban detenidos otros dieciocho hombres.

La hora señalada: las 23

Valle había elegido como sede de su comando la Escuela Industrial de Avellaneda. Allí estaba previsto instalar un equipo transmisor conectado a una emisora que iban a tomar y, a las 23 horas, lanzar la proclama que, estimaban, generaría focos de lucha contra la dictadura.

Seis personas estaban dentro de la Escuela Industrial: el coronel José Albino Irigoyen, el capitán Jorge Costales y cuatro civiles: Dante Lugo (hermano de Rubén, uno de los detenidos en Moreno), Osvaldo Albedro y Norberto y Clemente Ross. La policía de la Provincia llegó y los detuvo. En una casa cercana, propiedad de Jorge Daniel Paladino (que sería el anteúltimo delegado de Perón, antes de Cámpora), Valle y Tanco aguardaban junto con González, Irigoyen y varios civiles, entre los que estaba el sindicalista Andrés Framini, para ir a la Escuela, donde el líder insurrecto leería la proclama.

Pero ese primer paso, determinante para el éxito de la operación, salió mal y a partir de allí se volvió cuesta arriba para los sublevados. El gobierno militar obtuvo el dato de que podía haber un movimiento y reforzó la custodia de la planta emisora, además de tener alerta a la policía. Los hombres de Valle decidieron no entrar a la fuerza. Y también se descartó la ocupación del comando de la Segunda Región Militar. Cerca de la medianoche, la policía realizó redadas y se llevó a los seis ocupantes de la Escuela Industrial, que fueron a parar a la Unidad Regional de Lanús, donde estaba el subjefe de la policía bonaerense, el capitán de navío Ambroggio. A esa hora, el jefe de la fuerza estaba en un operativo en Florida, algo que se conocería a fin de año.

Así fue que no hubo proclama por radio desde Avellaneda. Pero sí hubo proclama radial en La Pampa. El alzamiento contó con el apoyo de la policía de Santa Rosa y se pudo transmitir desde Radio del Estado. El líder local fue el capitán Adolfo Philippeaux quien inició las acciones a la hora señalada, las 23, sin esperar una transmisión desde Avellaneda que nunca se produjo. La aviación naval de la Base Comandante Espora lanzó bombas contra la emisora, tras haber fracasado el intento de interferir la frecuencia.

También a las 23, civiles y suboficiales ocuparon la Escuela de Mecánica del Ejército. Allí, los alzados debieron rendirse ante la llegada del Regimiento Motorizado Buenos Aires, contiguo a la Escuela, que fue en auxilio ante el llamado de su director. Cerca de allí, la toma de la guarnición de Palermo fue desbaratada rápidamente, ya que había indicios de una acción y el regimiento estaba pertrechado.

Otra acción fracasada fue la toma del Automóvil Club Argentino, en la Avenida del Libertador, donde hubo un tiroteo y fueron gravemente heridos dos de los rebeldes, Miguel Ángel Mauriño y Felipe Avatray. El primero perdió las dos piernas y un brazo y murió el 13 de junio en el Hospital Fernández; el segundo sufrió la amputación de una pierna. En Viedma y en tres ciudades santafesinas, Rosario, Rafaela y Sarratea, hubo movimientos que fueron repelidos con celeridad.

La Plata y Campo de Mayo

En La Plata, a la hora señalada, el teniente coronel Cogorno inició el copamiento del Regimiento 7, mientras grupos civiles ocupaban Radio Provincia y las centrales telefónicas. El jefe del regimiento estaba en una reunión social en el casino de oficiales y Cogorno pudo ocupar la guarnición sin mayores problemas. A las 24, envió a sus hombres a ocupar otras dos dependencias del Ejército en la ciudad.

La resistencia llegó desde la Jefatura de Policía. Hubo enfrentamientos, los únicos que se registraron durante la sublevación. Los civiles se replegaron y comenzó el avance de las tropas leales a la Libertadora, plasmado en el arribo de infantes de marina de Río Santiago y tropas provenientes de Buenos Aires.

En Campo de Mayo, los conjurados iniciaron su movimiento con un mal augurio: tenían el dato de que el Gobierno sabía que esa noche iba a haber una asonada. Sin embargo, los coroneles Eduardo Cortines y Ricardo Ibazeta decidieron pasar a la acción, lo mismo que el responsable de ambos, el coronel Rubén Berazay, que en la mañana de ese sábado llamó a Valle y recibió la orden de seguir adelante.

El objetivo era movilizar a la Escuela de Suboficiales y luego se sumarían civiles para ocupar el Instituto “General Lemos”. Ibazeta encabezó la acción. Al entrar, leyó la proclama e invitó a los oficiales y suboficiales a plegarse. No aceptaron y fueron arrestados. Ibazeta y sus hombres se hicieron de armas y vehículos y quedaron a la espera de algo que no se produciría: el discurso de Valle por radio.

La ley marcial

Pasada la medianoche, Radio del Estado informó sobre el levantamiento y llamó a la población a mantener la calma. El texto lo firmaba Rojas; Aramburu había estado ese sábado en un acto en Rosario y la noticia de la insurrección lo sorprendió mientras regresaba. Minutos más tarde, la voz del locutor anunció que regía la ley marcial en todo el territorio nacional. La hora exacta en que comenzó a estar vigente resultó un dato decisivo para lo que se conocería en diciembre. Un tercer comunicado informó que la ley marcial se aplicaría en cumplimiento de la ley de organización de la Nación en tiempos de guerra, que todo oficial en actividad podría ordenar juicios sumarísimos con la atribución de aplicar la pena de muerte, y que se consideraría perturbador a todo aquel que portara armas, no acatara órdenes policiales o mostrara actitudes sospechosas.

Aramburu, el ministro del Interior, Laureano Landaburu, y los tres ministros militares (Arturo Ossorio Arana por el Ejército, Teodoro Hartung por la Marina y Julio Krause por la Fuerza Aérea), firmaron en ausencia, con antelación, al contrario de Rojas, que estaba al frente de la represión en ese momento. El capitán de navío Mario Robbio Pacheco, jefe de inteligencia de la Marina, había informado al vicepresidente de facto a comienzos de junio sobre la sublevación en ciernes, sin tener fecha precisa del alzamiento. La noche del sábado 9, Rojas estaba en una función de ballet en el Teatro Colón cuando lo llamaron de urgencia y partió al Ministerio de Marina. Allí se vio con Robbio Pacheco y con el también capitán de navío Francisco Manrique, jefe de la Casa Militar. Aramburu, alertado desde hacía semanas sobre un posible alzamiento, le había dejado a su cuidado los decretos correspondientes firmados por si estallaba la revolución. Fueron a la Casa de Gobierno, los sacaron de una caja fuerte y Rojas los rubricó. Eran los Decretos Ley 10.362, que implantaba la ley marcial; y 10.363, que la reglamentaba y ordenaba “juicios sumarísimos con atribuciones para aplicar o no pena de muerte por fusilamiento a todo perturbador de la tranquilidad pública”.

De vuelta en el Ministerio de Marina, Rojas pudo hablar con Aramburu, que volvía en barco desde Rosario. El dictador le ordenó que pusiera en marcha la ley marcial. Eso generó la seguidilla de comunicados. En la madrugada del 10, Rojas habló por radio. Anunció que Aramburu regresaba en barco y mencionó los focos de la insurrección: Campo de Mayo, La Plata, Santa Rosa y la Escuela de Mecánica del Ejército: “Que nadie se equivoque. La Revolución Libertadora cumplirá inexorablemente sus fines, contando para ello con el apoyo de todas las fuerzas morales de la República”.

Los fusilamientos

El capitán Ambroggio se convirtió en el primer verdugo. Informó que tenía veinte detenidos, de los cuales solamente seis estaban implicados en la revolución. Los detenidos en la Escuela Industrial habían sido interrogados durante dos horas. Recibió la orden de fusilar a esos seis. Montó una parodia de juicio sumario y más tarde ordenó que los llevaran a un patio, dentro de la Unidad Regional de Lanús. Allí fueron fusilados en la madrugada del domingo. Hasta que se descubrió lo que casi al mismo tiempo había ocurrido en un basural al norte de la ciudad de Buenos Aires, fueron los únicos fusilados del 10 de junio.

En la tarde de ese domingo, las autoridades militares tomaron declaración a los insurrectos de la Escuela de Mecánica del Ejército. La postura era pasar las actuaciones a la justicia militar y que no correspondía un juicio por un tribunal especial. El general Ricardo Arandía se trasladó a la Casa de Gobierno y allí Aramburu le dijo que debía fusilar a los prisioneros.

Mientras, en Campo de Mayo, las actuaciones quedaron a cargo del general Juan Carlos Lorio, a quien se rindieron los insurrectos cuando arribó con sus tropas. Eran 5 mil hombres contra no más de 200 sublevados. Berazay, que controlaba una puerta de acceso y estaba desconectado del grupo de Ibazeta y Cortines, se había ido antes de la una de la madrugada. Cinco años antes, como coronel, Lorio había estado del lado de Lonardi en la interna golpista con Menéndez. El general convocó a un Consejo de Guerra Especial, a sabiendas de que la insurrección se había producido antes de la entrada en vigencia de la ley marcial. Eran las diez de la mañana del domingo y el tribunal decidió no aplicar la pena de muerte a los seis oficiales que habían liderado la toma.

Sin embargo, Lorio fue citado por el ministro Ossorio Arana, que le ordenó fusilar a los detenidos. Lorio se espantó: el fallo de su tribunal había sido en base a los reglamentos militares, los detenidos habían sido informados y estaban por avisarle a los familiares. Ossorio Arana retrucó que los fusilamientos serían en base a un decreto presidencial.

Efectivamente, Aramburu firmó ese día el Decreto Ley 10. 364, rubricado también por Rojas y los ministros militares: Ossorio Arana, Hartung y Krause. Allí se ordenó “la pena de muerte por fusilamiento” a los cuatro detenidos de la Escuela de Mecánica del Ejército por los cuales había reclamado Arandía; al teniente coronel Cogorno, líder de la asonada en La Plata; y a los seis oficiales a los que el tribunal de Lorio había decidido perdonarles la vida: los coroneles Cortines e Ibazeta, los capitanes Néstor Cano y Eloy Caro, el teniente de banda Néstor Videla y el teniente primero Jorge Noriega.

El Decreto Ley 10.364 convertía en letra muerta el Decreto 140 de Lonardi que había terminado con el estado de guerra interno dispuesto por el gobierno peronista en 1951 a través de un decreto convertido en ley por el Congreso, y cuya tremebunda amenaza de fusilar jamás se esbozó ante la masacre del bombardeo y la sublevación que mandó al exilio a Perón. Ahora volvía a regir de facto. Pero no era esa la única ilegalidad al ordenar los fusilamientos: Aramburu también desconocía abiertamente un decreto ley firmado por él mismo.

El 30 de diciembre de 1955 se había promulgado el Decreto Ley 8313, que repuso la vigencia de los artículos del Código de Justicia Militar modificados por la Ley 14.117. Aquella norma de octubre de 1951 (sancionada una semana después de que el Parlamento ratificara el decreto de Perón sobre el estado de guerra interno), establecía “pena de muerte y degradación los promotores y cabecillas con mando superior en la rebelión y los superiores de ellos que participaren en la misma; así como los que utilizaren las fuerzas a su mando para rebelarse y adherirse al movimiento cuando no se encuentren en inmediata relación de dependencia de los Jefes de las Fuerzas que ya se hubieren plegado a la rebelión”.

“El presidente duerme”

Ibazeta habló con su esposa en Campo de Mayo y la mandó a ver al general Francisco Zerda, jefe del Ejército, que había sido compañero de estudios de Aramburu (y de Valle) en el Colegio Militar, para que tratara de frenar todo. Urgida por el tiempo que jugaba en contra, la mujer optó por ir a la Quinta de Olivos a hablar con Aramburu. Allí, un edecán le dio la misma respuesta que obtuvo Lorio en un intento final por evitar más muertes: “El presidente duerme y ha dado orden de no ser molestado”.

No hubo caso. Ibazeta y los otros cinco detenidos de Campo de Mayo fueron fusilados en la madrugada del lunes 11. Antes pudieron despedirse de sus familiares. Casi al mismo tiempo, en la Escuela de Mecánica del Ejército, fueron pasados por las armas el sargento Hugo Quiroga, los suboficiales principales Miguel Paolini y Ernesto Garecca y el cabo músico José Rodríguez.

Cogorno estaba prófugo en La Plata después de haber ordenado a sus hombres que se rindieran ante la superioridad de las fuerzas que llegaban a reprimir. Huyó en auto con el subteniente de reserva Alberto Abadie, que estaba herido. Pararon en la localidad de Ranchos. Ya había un comunicado pidiendo la captura de Cogorno, que fue reconocido. Los detuvieron y fueron llevados a una comisaría en General Belgrano. De vuelta en La Plata, Cogorno fue pasado por las armas apenas pasada la medianoche del 11 de junio.

Ese mismo día se produjeron tres fusilamientos en la Penitenciaría Nacional. Fueron puestos frente al paredón tres implicados en la fallida toma del regimiento de Palermo: el sargento ayudante Isauro Costa, el sargento músico Luciano Rojas y el sargento carpintero Luis Pugnetti.

El 12 de junio, Abadie fue interrogado en La Plata por el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, el coronel Desiderio Fernández Suárez, que en la noche del sábado había protagonizado un hecho del cual no se sabría hasta diciembre. En la noche del 12, y a pesar de sus heridas, Abadie fue fusilado en un campo de adiestramiento de perros.

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Se entrega Valle

Los diarios celebraron la represión. El domingo 10 de junio (cuando oficialmente sólo se había fusilado en Lanús), una multitud se congregó en Plaza de Mayo para apoyar la represión contra el alzamiento. En Casa de Gobierno, y ante los periodistas, Aramburu admitió que su gobierno sabía del alzamiento en ciernes. “Era conocido en sus lineamientos generales”, reconoció. “Lo delataron las huelgas estudiantiles y gremiales, en las que los jóvenes estudiantes y los obreros participaron como lo hacen siempre defendiendo hidalgamente sus ideales, pero sin advertir que estaban haciendo el juego a agitadores profesionales en interesados en la alteración del orden”, añadió, y focalizó en miembros del Ejército. “Muchos de estos elementos eran vigilados y hasta habían sido detenidos con antelación”.

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Valle y Tanco ya estaban identificados como los cabecillas de la sublevación derrotada. El 11 de junio, el arzobispo de Buenos Aires, Fermín Lafitte, y los integrantes de la Corte Suprema, pidieron a Aramburu el fin de los fusilamientos. Valle estaba refugiado en casa de un amigo, Andrés Gabrielli, que había tenido relación con el padre de Francisco Manrique. Impulsado por la insistencia ante Aramburu para terminar con el baño de sangre, Gabrielli se ofreció a negociar. A través de este, Valle le hizo saber al jefe de la Casa Militar que se entregaría a cambio de que no hubiera más fusilamientos. El marino dio su palabra de que así sería.

De hecho, ese 11 de junio, La Nación informó que, extraoficialmente, no habría más fusilamientos, sino conmutación de la pena, cosa que no ocurrió. A las cuatro de la madrugada del 12 de junio, Valle se entregó a Manrique en el Regimiento 1 de Infantería de Palermo. De allí lo trasladaron a la Penitenciaría Nacional, en la Avenida Las Heras. Era un hecho que iba a ser fusilado.

Antes de la ejecución le escribió a su madre, a su hermana, a su esposa y a su hija. Y a Aramburu, que había sido su compañero de estudios: “Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. (…) Espero que el pueblo conozca un día esta carta y la proclama revolucionaria en las que quedan nuestros ideales en forma intergiversable. Así nadie podrá ser embaucado por el cúmulo de mentiras contradictorias y ridículas con que el gobierno trata de cohonestar esta ola de matanzas y lavarse las manos sucias en sangre”.

Valle fue fusilado a las diez de la noche del 12 de junio de 1956. Antes pudo despedirse de su hija Susana, que tenía 18 años. Al día siguiente se derogó la ley marcial a través del Decreto Ley 10.593. El 14 de junio aparecieron en el Boletín Oficial los tres decretos que habían impuesto el baño de sangre. La derogación de la ley marcial se publicó recién el 21 de junio.

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La crónica registraría en total 27 fusilados. A los 22 que habían sido pasados por las armas se agregaron otros cinco, detenidos en San Martín, cuya historia sería narrada seis meses más tarde en una revista nacionalista con un dato escalofriante: el grupo lo integraban doce hombres y había siete sobrevivientes del fusilamiento.

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Incidente con Haití

En la madrugada del 14 de junio se produjo el último acto del drama. Antes del amanecer ingresó a la embajada de Haití el general Raúl Tanco. Adentro, desde el 11 de junio, estaban otros seis implicados en el alzamiento, entre ellos, el coronel González. Los servicios seguían la pista de Tanco y llamadas anónimas inquirían si el general estaba allí.

Tanco fue de los últimos en llegar a la legación haitiana. El embajador Jean Brierre fue a buscarlo el 13 de junio en su auto hasta San Isidro, donde el militar estaba escondido. Valle había sido fusilado el día anterior.

En la tarde del jueves 14, el embajador salió de la sede diplomática ubicada en Monasterio y avenida San Martín, en la localidad de Olivos, para informar en la Cancillería sobre los asilados. Desde el día anterior ya no regía la ley marcial. En su ausencia, se produjo el asalto a la embajada por parte de una veintena de hombres armados, al mando del general Juan Constantino Quaranta, el jefe de la SIDE.

Los hombres de Quaranta redujeron al custodio de la embajada y entraron, ametralladoras en mano, en violación de un territorio extranjero. La esposa de Brierre, Dilia Vieux, les salió al frente. Pero no pudo impedir que Quaranta sacara a los siete refugiados a la calle. Quaranta ordenó que se pararan junto a la verja, mirando a la calle y se improvisó un pelotón de fusilamiento a plena luz del día en la vía pública.

La mujer del embajador, con sus gritos en la calle, despertó la atención de los vecinos y Quaranta empezó a dudar. Más cuando, además de los curiosos, se detuvo un colectivo de la línea 19 en la esquina. El militar hizo que bajaran los pasajeros y subió a sus prisioneros, con destino al Primer Cuerpo del Ejército en Palermo.

Cuando Brierre regresó a la legación y su esposa le contó lo ocurrido, fue de vuelta a la Cancillería para protestar. Madame Brierre se encargó de avisar a la prensa internacional. Mientras, a Tanco, González y a los otros cinco, les tomaron declaración en el cuartel de Palermo. La sensación de todos era que iban a ser fusilados.

Pero la Libertadora decidió no escalar ante lo que implicaba un conflicto internacional. La Cancillería ofreció sus disculpas al embajador, que volvió a la sede diplomática con los siete hombres. Antes, Brierre consiguió que los oficiales del Primer Cuerpo destruyeran las declaraciones tomadas a los secuestrados.

Brierre apuró todo para sacar al grupo de Tanco del país y consiguió pasajes para un vuelo con destino a Haití. Debido a la insistencia de los periodistas, Brierre dijo a la prensa que viajarían su esposa e hijos por temas de salud. Antes de ir a Ezeiza, les dijo a los asilados que el avión haría escala en Caracas y sugirió, por seguridad, que bajaran allí, para no comprometer más a su país.

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El testimonio de Livraga

Los ecos del alzamiento de junio se apagaron tras la victoria de la Libertadora contra los alzados. El episodio quedó en el olvido hasta que en la Navidad de 1956 el periódico Propósitos, dirigido por Leónidas Barletta, publicó el texto de una denuncia que iba a provocar un cimbronazo. Una semana antes, en La Plata, Rodolfo Walsh se encontró con un amigo, Enrique Dillon. “Hay un fusilado que vive”, le dijo éste al escritor y periodista, que ese año había publicado la Antología del cuento extraño, un volumen de casi mil páginas con relatos fantásticos, muchos en inglés traducidos por él mismo.

Lo que Walsh escuchó cambió su vida y la historia del periodismo y la literatura en la Argentina. El fusilado vivo se llamaba Juan Carlos Livraga. Era un colectivero de 24 años que en la noche del 9 de junio estaba con otras personas en una casa de la localidad de Florida, donde iban a escuchar por radio una pelea de box. Algunos de los presentes estaban involucrados en la asonada (no era el caso de Livraga) y esperaban que a las 23 sonara la voz de Valle por la radio. El general no habló; llegó la policía y se llevó detenidos a doce hombres a la Unidad Regional de San Martín, acusados de estar involucrados en el alzamiento. El jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, el coronel Desiderio Fernández Suárez, encabezó el operativo. Cuando entró con sus hombres preguntó dónde estaba Tanco.

Además de Livraga, los detenidos eran Reinaldo Benavidez, Mario Brión, Nicolás Carranza, Rogelio Díaz, Horacio di Chiano (dueño de la casa allanada), Francisco Garibotti, Norberto Gavino, Miguel Ángel Giunta, Carlos Lizaso, Vicente Rodríguez y Julio Troxler.

Después de estar demorados en San Martín, donde les tomaron declaración, los doce hombres fueron subidos a un camión policial, supuestamente con destino a La Plata. Ya era la madrugada del 10 de junio. No fueron hacia el sur, sino hacia el norte. Al llegar a José León Suárez, el camión se detuvo en un basural. Hicieron bajar a los doce hombres y les ordenaron caminar. Comenzaron los disparos. Cinco de los doce hombres cayeron muertos: Brión, Carranza, Garibotti, Lizaso y Rodríguez. Del resto, algunos pudieron huir en medio de la noche, y otros se hicieron los muertos.

Livraga fue el único de los siete sobrevivientes alcanzado por las balas. Recibió tres disparos: uno le arrancó un pedazo de nariz, otro le atravesó la mandíbula y el tercero le dio en un brazo. Por la sangre en el rostro lo creyeron muerto. Pudo escuchar cómo su amigo Vicente Rodríguez, que estaba herido, pedía que lo remataran. Cuando los policías se fueron, Livraga logró llegar al Hospital de San Martín. Allí lo auxiliaron y más tarde la policía se lo llevó a una comisaría de Moreno y después a la cárcel de Olmos, donde se reencontró con otro sobreviviente del basural, Miguel Ángel Giunta.

En el medio, el padre de Livraga recibió de las enfermeras que habían atendido a su hijo un documento de suma importancia, que ocultaron de los policías cuando fueron en busca del colectivero al hospital: el recibo por sus pertenencias que le habían firmado en la Unidad Regional antes del fusilamiento. Era la prueba de su detención.

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