El informe permite ir más allá de la discusión contable sobre “déficit versus superávit”. Lo que aparece es una recomposición de las prioridades del Estado.
El ajuste no consiste simplemente en que el Estado gaste menos: gasta menos en determinadas funciones y preserva o incrementa otras. La reducción particularmente intensa de educación, ciencia, infraestructura, políticas alimentarias, desarrollo productivo y asistencia a provincias y municipios supone una transferencia de recursos desde funciones de reproducción social y desarrollo económico hacia el sostenimiento del equilibrio fiscal, los servicios de la deuda y determinados aparatos estratégicos del Estado.
El dato de +33% real en Inteligencia, colocado junto al desplome de políticas sociales y educativas, resulta políticamente significativo.
En términos de estructura social, puede sintetizarse así: el Estado reduce su intervención allí donde ésta funciona como mecanismo de compensación de las desigualdades sociales, mientras conserva una fuerte capacidad de intervención en áreas vinculadas con la deuda, el control y la seguridad.
Esto permite caracterizar el programa fiscal del gobierno de Milei no solamente como un programa de reducción del gasto, sino como una reorientación clasista del gasto público.
Hay además una diferencia metodológica importante: la Oficina de Presupuesto del Congreso, utilizando otra base y otra comparación interanual, informa para los primeros siete meses de 2026 una caída real del gasto de la Administración Nacional mucho menor, del 0,8% interanual. Esto no invalida el diagnóstico del CEPA: significa que la comparación elegida —2026 contra 2023— es decisiva para medir la magnitud del ajuste acumulado durante el ciclo de gobierno de Milei.
La conclusión política es, entonces, más fuerte que el simple dato del superávit: el equilibrio fiscal se está construyendo mediante una profunda modificación de la composición del gasto público. El interrogante central deja de ser cuánto gasta el Estado y pasa a ser quién pierde, quién conserva y quién gana con esa redistribución de los recursos públicos.
Al mes de julio de 2026, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) muestra una caída real del gasto total del 32% en comparación con igual período de 2023, evidenciando un ajuste significativo en áreas sensibles de la administración pública.
En este contexto, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, registra un incremento real del 33% en su ejecución. Por su parte, los Servicios de la Deuda Pública concentran el 11% del gasto total ejecutado, reflejando el peso de los compromisos financieros en la estructura del gasto.
El análisis por organismos muestra recortes profundos en salud, seguridad social, ciencia, educación, desarrollo productivo, transporte y obra pública. Entre los impactos más relevantes se destacan:
En síntesis, la APN atraviesa un escenario de fuerte reducción del gasto público, afectando la continuidad de políticas sociales, de salud, educación y desarrollo productivo, mientras se incrementa el gasto en Inteligencia y se mantiene un peso relevante de los Servicios de Deuda Pública. La magnitud de los recortes plantea para el gobierno un desafío crítico para la sostenibilidad de programas esenciales en un contexto económico adverso. ¿Qué sucederá?
«Mi rival soy yo mismo»
El video hecho con inteligencia artificial que publicó Javier Milei en Instagram con un audio de su entrevista con Esteban Trebucq. pic.twitter.com/NljQjN8YXH
— Corta (@somoscorta) August 10, 2026