De Zeballos a Storni, de Travassos a Guglialmelli, la Argentina construyó una tradición geopolítica que pensó el territorio como una dimensión del poder. Recuperar esa mirada permite leer de otro modo el AtlánticoSur, Malvinas, los recursos estratégicos, la relación con Brasil y los desafíos de la dependencia en el siglo XXI. Abre el video de Mates con Historia, conversación de Pablo Yurman con Juan José Borrelli
sobre Historia de la geopolítica argentina.
Por Artemio López
La conversación de Pablo Yurman con Juan José Borrell sobre la historia de la geopolítica argentina permite recuperar una dimensión del pensamiento nacional que ha quedado frecuentemente relegada por la centralidad que adquirieron, en las ciencias sociales y en el debate político, las categorías económicas, institucionales o diplomáticas. Ver la entrevista con Juan José Borrell
Sin embargo, detrás de las fronteras políticas, de los tratados internacionales y de las decisiones de política exterior existe una cuestión más profunda: la disputa por el espacio, los recursos y las capacidades materiales que permiten ejercer poder sobre un territorio.
Pensar geopolíticamente significa, en ese sentido, preguntarse quién controla un espacio, quién puede organizar sus comunicaciones, quién domina sus recursos estratégicos y quién dispone de capacidad suficiente para proyectar poder sobre él.
No es casual, entonces, que buena parte de la tradición geopolítica argentina haya sido producida por diplomáticos, militares, ingenieros, economistas e intelectuales preocupados por problemas concretos: las fronteras, el mar, los ferrocarriles, los recursos naturales, la industria, la energía, las comunicaciones, la relación con Brasil y Chile, el Atlántico Sur y la Antártida.
La geopolítica aparece así como una forma de leer las relaciones de poder territorializadas.
La Argentina desarrolló, desde fines del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, una producción geopolítica considerable. Estanislao Zeballos constituye uno de sus antecedentes más significativos, particularmente por su preocupación por las fronteras, la soberanía territorial y la posición argentina frente a Brasil y Chile.
En el cambio de siglo, una parte del pensamiento diplomático argentino sostenía que el país había sufrido una pérdida progresiva de espacios territoriales y reclamaba una política exterior más activa en defensa de la soberanía. El historiador Cristian Di Renzo muestra cómo, en Zeballos y Vicente Quesada, aparecía una preocupación explícita por las demarcaciones territoriales y por la necesidad de revisar el papel de la diplomacia argentina frente a los Estados vecinos.
Este punto resulta importante porque permite observar que la geopolítica argentina no surgió exclusivamente como una importación doctrinaria europea. Fue también una respuesta intelectual a problemas concretos de un Estado periférico que, después de consolidar sus fronteras, debía definir cómo defenderlas y cómo proyectar su poder en un sistema internacional profundamente asimétrico.
La cuestión territorial no era, por lo tanto, un problema abstracto. Era una cuestión de poder.
Uno de los aportes más sugerentes de una aproximación geopolítica es precisamente recuperar el valor político del mapa.
El mapa no es simplemente una representación neutral de la realidad. Selecciona, ordena, jerarquiza y permite visualizar relaciones espaciales que de otro modo permanecen ocultas.
Una red ferroviaria puede parecer una cuestión de infraestructura. Geopolíticamente, es también una forma de organizar un territorio.
Un puerto puede aparecer como una instalación económica. Pero también constituye una puerta de entrada y salida de mercancías, recursos y capitales.
Una carretera puede ser una obra pública. Pero puede asimismo modificar las áreas de influencia económica de los Estados.
Un oleoducto, un gasoducto, una represa, un corredor bioceánico o un tendido eléctrico son, simultáneamente, infraestructuras económicas y dispositivos de poder territorial.
Por eso resulta tan relevante la tradición cartográfica vinculada al pensamiento geopolítico.
El mapa permite observar algo que las fronteras políticas ocultan: los territorios están atravesados por flujos.
Capitales, mercancías, energía, información, trabajadores, minerales y alimentos circulan por determinadas rutas y no por otras. Quien tiene capacidad para determinar esas rutas posee una cuota de poder sobre el territorio.
La geopolítica, entonces, no mira solamente dónde termina un país. Mira también por dónde circula aquello que hace funcionar al país.
En este recorrido, Segundo Storni ocupa un lugar central.
Sus conferencias de 1916, posteriormente publicadas como Intereses argentinos en el mar, constituyen uno de los textos fundacionales del pensamiento geopolítico argentino. La obra incluía capítulos dedicados a la situación geográfica, la extensión territorial, las rutas, la producción, la construcción naval, las pesquerías, la defensa marítima y el programa naval.
Storni comprendió algo que todavía hoy tiene enorme actualidad: la Argentina no puede pensarse solamente desde la tierra firme.
El mar es simultáneamente territorio, vía de comunicación, fuente de recursos y espacio estratégico.
Por eso planteaba que la política naval no podía quedar limitada a una cuestión militar. Necesitaba convertirse en una política nacional.
En una formulación particularmente significativa, Storni sostenía que la política naval debía constituir una acción de gobierno y que sus objetivos tenían que arraigar en la sociedad y en las clases dirigentes.
Su concepción incluía puertos, marina mercante, industria naval, pesca, infraestructura, defensa y conciencia marítima.
Es decir, soberanía y desarrollo aparecían articulados.
La actualidad de este planteo es evidente. Malvinas, la plataforma continental, la pesca, el Atlántico Sur, los recursos offshore y la proyección antártica no pueden ser considerados asuntos separados. Constituyen distintas dimensiones de un mismo espacio estratégico.
La propia Armada reconoce que Storni identificó tempranamente como puntos estratégicos las Malvinas, la Antártida, el mar territorial, las pesquerías y la plataforma continental.
Pero existe además una discusión interesante sobre Storni.
El investigador Gerardo Tripolone ha señalado que su concepción de la Argentina como país insular y orientado fundamentalmente hacia el mar podía producir una cierta «desespacialización» de la política argentina respecto del continente.
Aquí aparece una tensión fundamental que luego retomará Guglialmelli:
¿Argentina debe pensarse principalmente como potencia marítima o como potencia continental y marítima simultáneamente?
La respuesta a esa pregunta exige incorporar al brasileño Mário Travassos.
Esto es fundamental porque la geopolítica sudamericana no puede ser comprendida desde una perspectiva exclusivamente argentina.
Travassos publicó Projeção Continental do Brasil en 1930 y construyó una interpretación del espacio sudamericano basada en grandes antagonismos geográficos: Atlántico y Pacífico, Amazonia y Cuenca del Plata.
Para Travassos, Bolivia ocupaba una posición estratégica decisiva.
Su preocupación consistía en modificar la ventaja histórica que Argentina poseía sobre el espacio platense mediante la construcción de redes de comunicación que permitieran conectar el interior brasileño con sus puertos atlánticos y proyectar la influencia brasileña hacia el oeste.
La cuestión ferroviaria adquiría así una dimensión geopolítica.
Una vía férrea entre Bolivia y un puerto brasileño no era simplemente una obra de infraestructura: podía modificar la orientación económica y política de un territorio.
La investigación de Edu Silvestre de Albuquerque sobre Travassos muestra precisamente cómo éste buscaba articular el «triángulo estratégico boliviano» con los puertos atlánticos brasileños, debilitando la centralidad de Buenos Aires y ampliando la proyección continental de Brasil.
Esto permite comprender la enorme importancia del mapa.
El mapa ferroviario argentino era también un mapa de poder.
Buenos Aires constituía el centro de una red que conectaba al país con Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Modificar esas redes significaba modificar las relaciones de poder.
Por eso la geopolítica de Travassos no puede ser reducida a una rivalidad militar Argentina-Brasil. Es, sobre todo, una disputa por las infraestructuras que organizan el espacio sudamericano.
Décadas más tarde, Juan Enrique Guglialmelli introduce una modificación decisiva.
Su pensamiento articula geopolítica, desarrollo económico, industria, energía, defensa y política exterior.
Una investigación del CONICET caracteriza su proyecto como simultáneamente nacional-territorialista y desarrollista, con preocupaciones centradas en las fronteras, la defensa, la energía atómica y la vertebración del espacio nacional.
Aquí aparece una diferencia sustantiva respecto de una concepción puramente militar de la geopolítica.
Para Guglialmelli, no existe verdadera autonomía estratégica sin desarrollo económico.
Un Estado que depende tecnológicamente del exterior, que no controla sus fuentes de energía, que carece de industria propia y que no posee infraestructura suficiente puede tener soberanía jurídica, pero dispone de una capacidad limitada para ejercerla efectivamente.
En otras palabras:
la soberanía territorial requiere una base material.
Por eso Guglialmelli discutió incluso con la concepción marítima de Storni.
Mientras Storni enfatizaba el carácter insular y marítimo de la Argentina, Guglialmelli sostuvo que el país era «peninsular», «continental, bimarítimo y antártico», asociando esa posición geográfica con la necesidad de una economía integrada e independiente.
Esta discusión es mucho más que una diferencia terminológica.
Expresa dos maneras de pensar la inserción argentina:
La segunda concepción permite introducir una cuestión central: la geopolítica no puede separarse de la estructura productiva.
Aquí la obra contemporánea de Juan José Borrell adquiere especial relevancia.
Su investigación sobre geopolítica de los recursos naturales propone observar cómo las grandes potencias construyen categorías, discursos e instituciones alrededor de espacios y recursos estratégicos.
Borrell advierte sobre la necesidad de analizar críticamente una geocultura vinculada a las potencias occidentales y a organismos internacionales, cuestionando la pretensión de determinados paradigmas de conocimiento de presentarse como universales.
Esto introduce una cuestión epistemológica decisiva:
¿desde dónde miramos el mundo?
No es lo mismo observar el litio desde la perspectiva de una empresa transnacional que desde la perspectiva de un Estado productor.
No es lo mismo analizar el Atlántico Sur desde Londres que desde Buenos Aires.
No es lo mismo pensar la Antártida desde una potencia extrarregional que desde un país cuya proyección geográfica se encuentra directamente vinculada con ella.
No es lo mismo definir un recurso como «mercancía estratégica» que definirlo como un componente de una política nacional de desarrollo.
La geopolítica, por lo tanto, también es una disputa por las categorías con las cuales se interpreta el territorio.
Aquí resulta necesario incorporar una dimensión que muchas veces permanece ausente de las aproximaciones geopolíticas tradicionales: la estructura de clases.
Decir que un recurso pertenece a un territorio no significa necesariamente que la población de ese territorio controle su explotación.
La propiedad jurídica de un recurso, la propiedad económica de las empresas que lo explotan, el control tecnológico, el financiamiento, la logística y el destino de las rentas pueden encontrarse distribuidos entre actores completamente diferentes.
Por eso, desde una perspectiva de economía política, la pregunta geopolítica debe completarse:
¿quién controla el territorio?
Pero también:
¿quién controla los recursos del territorio?
Y, finalmente:
¿quién se apropia del excedente generado por esos recursos?
Esta última pregunta conecta geopolítica y lucha de clases.
Un país puede incrementar sus exportaciones de minerales, hidrocarburos o alimentos y, simultáneamente, mantener una estructura económica dependiente.
La existencia de recursos naturales no garantiza desarrollo.
Lo decisivo es la relación social bajo la cual esos recursos son explotados.
Este problema adquiere una dimensión aún mayor cuando se consideran los espacios que Borrell estudia bajo la categoría de global commons.
Su investigación señala que, desde el final de la Guerra Fría, espacios que no están sometidos directamente a jurisdicción estatal —mares, fondos marinos, espacio ultraterrestre y otros ámbitos— fueron incorporados progresivamente a las preocupaciones estratégicas de las potencias centrales.
La cuestión es extremadamente importante para Argentina.
Porque buena parte de sus intereses estratégicos futuros no están solamente dentro de las fronteras terrestres.
Están en el mar, debajo del mar, alrededor del continente y hacia el sur.
Atlántico Sur, plataforma continental, recursos pesqueros, hidrocarburos offshore, Antártida, pasos bioceánicos y corredores marítimos conforman un espacio estratégico integrado.
Esto permite recuperar a Storni desde el presente.
El mar que él veía como una cuestión estratégica a comienzos del siglo XX aparece hoy multiplicado por nuevas tecnologías y nuevos recursos.
En este marco, Malvinas no puede ser analizada únicamente como un litigio territorial.
Es una pieza de un sistema geopolítico mucho más amplio.
La presencia británica en el Atlántico Sur debe ser pensada en relación con:
Storni ya había identificado Malvinas, Antártida y plataforma continental como componentes de los intereses marítimos argentinos.
La actualidad confirma, en este sentido, la extraordinaria anticipación de aquel pensamiento.
Otro de los aportes centrales de esta tradición es obligarnos a abandonar una visión exclusivamente nacional.
Argentina es demasiado grande para ser pensada solamente desde sus fronteras, pero demasiado periférica para prescindir de la escala regional.
La relación con Brasil resulta entonces inevitable.
La obra de Travassos demuestra que Brasil pensó sistemáticamente su proyección continental, mientras que Argentina muchas veces ha carecido de una estrategia equivalente de largo plazo.
La cuestión no debería plantearse en términos de una vieja rivalidad nacionalista.
El problema contemporáneo es otro:
¿puede América del Sur construir una escala geopolítica propia frente a Estados Unidos, China, Europa y otras grandes potencias?
La respuesta depende de la capacidad de articular infraestructura, energía, industria, tecnología, comercio y defensa.
La integración regional deja entonces de ser solamente una consigna diplomática.
Se convierte en una cuestión de escala de poder.
Guglialmelli comprendió particularmente bien esta relación entre territorio y desarrollo.
Su revista Estrategia, fundada en 1969, se convirtió en un espacio importante para discutir geopolítica, defensa, desarrollo económico y política exterior.
Su preocupación central podría resumirse así: no existe defensa nacional sin desarrollo nacional.
Y tampoco existe autonomía internacional sin capacidad productiva.
Esta idea conserva una enorme actualidad.
La dependencia tecnológica, financiera y comercial no es solamente un problema económico. Puede convertirse en una restricción geopolítica.
Si un Estado no produce determinada tecnología, depende.
Si no controla determinadas infraestructuras, depende.
Si no dispone de financiamiento propio, depende.
Si exporta recursos primarios pero importa buena parte de la tecnología necesaria para explotarlos, depende.
La dependencia económica adquiere así una dimensión territorial y estratégica.
Por eso la invitación implícita en la conversación con Borrell es mucho más profunda que recuperar algunos autores olvidados.
Se trata de volver a mirar el mapa argentino.
Pero mirarlo de otra manera.
No solamente como un territorio pintado de celeste y blanco.
Mirarlo como un sistema de recursos, infraestructuras, poblaciones, fronteras, corredores, puertos, mares, ríos, minerales, energía y capacidades productivas.
Mirarlo también desde afuera: cómo lo observan las potencias, las empresas transnacionales y los Estados vecinos.
Y mirarlo desde abajo: quiénes producen, quiénes trabajan, quiénes son desplazados, quiénes reciben las rentas y quiénes quedan sometidos a los costos de las transformaciones territoriales.
La geopolítica adquiere entonces una dimensión política mucho más concreta.
El territorio no es solamente el lugar donde ocurre la política. El territorio es también aquello por lo cual se disputa.
La gran pregunta que emerge de esta tradición no es si Argentina debe elegir entre Oriente y Occidente, entre Estados Unidos y China, entre Brasil y otra potencia.
La pregunta más importante es otra:
¿puede Argentina construir capacidad propia de decisión en un sistema mundial caracterizado por relaciones de poder profundamente asimétricas?
Para responderla hay que recuperar algunas intuiciones de aquella tradición geopolítica:
De Zeballos, la preocupación por la soberanía territorial.
De Storni, la conciencia marítima.
De Travassos —aunque desde la perspectiva brasileña—, la comprensión de que las redes de infraestructura construyen poder regional.
De Guglialmelli, la relación entre territorio, industria, energía, desarrollo y defensa.
Y de una geopolítica contemporánea como la que propone Borrell, la necesidad de interrogar quién produce las categorías con las que interpretamos los recursos y los espacios estratégicos.
Pero hay que agregar algo más.
La Argentina no puede limitarse a recuperar una tradición geopolítica del siglo XX. Debe producir una geopolítica propia para el siglo XXI.
Una geopolítica capaz de incorporar el litio y los minerales críticos, el gas y el petróleo offshore, la transición energética, los alimentos, el agua, los corredores bioceánicos, las tecnologías digitales, los satélites, la inteligencia artificial, el Atlántico Sur y la Antártida.
Y debe hacerlo incorporando la pregunta que la geopolítica clásica frecuentemente dejó en segundo plano:
¿para quién se organiza el territorio?
Porque no alcanza con afirmar que los recursos son nacionales si la renta que producen termina concentrada en unas pocas empresas.
No alcanza con hablar de soberanía si las cadenas de valor estratégicas permanecen bajo control externo.
No alcanza con tener territorio si no se posee capacidad económica, tecnológica e industrial para ejercer poder sobre él.
La soberanía, finalmente, no es solamente una declaración jurídica.
Es una capacidad material.
Y esa capacidad material se construye mediante producción, conocimiento, infraestructura, tecnología, energía, organización estatal y poder social.
Por eso volver a Zeballos, Storni, Travassos y Guglialmelli no constituye un ejercicio arqueológico.
Es una manera de recuperar una pregunta que sigue abierta:
¿Qué proyecto de país permite transformar territorio en poder y recursos naturales en desarrollo?
Esa es, probablemente, la cuestión geopolítica argentina más importante del presente.
El análisis histórico de Borrell adquiere también una dimensión particularmente fuerte cuando se lo contrasta con el modelo socioeconómico y geopolítico que impulsa el gobierno de Javier Milei. La cuestión no es solamente si el modelo es liberal, libertario o promercado. El problema más profundo es qué tipo de inserción internacional está construyendo y qué relación establece entre territorio, recursos, Estado y poder.
LAMELAS HABLÓ SOBRE LA POSICIÓN DE EE.UU. EN LA CUESTIÓN MALVINAS
El embajador afirmó que la posición de Estados Unidos sobre las islas Malvinas sigue siendo neutral. Tampoco confirmó un plan para instalar una base militar en Ushuaia y dijo que ese proyecto no está en discusión… pic.twitter.com/AEIPafO58V
— Clarín (@clarincom) August 16, 2026
La tradición que va de Zeballos a Storni, de Travassos —como interlocutor brasileño— a Guglialmelli permite construir una vara particularmente exigente para evaluar el presente. Todos ellos, con diferencias importantes, partían de una premisa que el modelo Milei tiende a invertir: el territorio no es simplemente un soporte físico de la actividad económica; es una dimensión constitutiva del poder nacional.
Desde esta perspectiva, el problema del modelo actual no reside únicamente en cuánto Estado hay o cuánto mercado hay. La cuestión decisiva es qué capacidades estratégicas conserva el Estado para decidir sobre aquello que ocurre dentro del territorio argentino.
Y aquí aparece una contradicción central.
El gobierno de Milei reivindica discursivamente la soberanía argentina sobre Malvinas y, de hecho, la Cancillería sostiene que el Atlántico Sur constituye parte de la «profundidad estratégica» de la Nación. Pero simultáneamente desarrolla una política económica que busca ampliar la participación del capital privado y extranjero en sectores considerados estratégicos, mediante instrumentos como el RIGI, la apertura comercial y los acuerdos internacionales de inversión.
El resultado es una tensión entre soberanía territorial y soberanía económica.
El RIGI constituye quizás el ejemplo más claro.
El régimen fue concebido para atraer grandes inversiones hacia minería, hidrocarburos, infraestructura y otros sectores estratégicos. En 2026 el Gobierno extendió su vigencia y amplió su alcance, incluyendo nuevos desarrollos hidrocarburíferos y reduciendo barreras para proyectos de gran escala.
Desde la perspectiva oficial, esto constituye una estrategia de desarrollo exportador.
Pero desde una lectura geopolítica aparece otra pregunta:
¿qué capacidad de decisión conserva el Estado sobre las cadenas de valor estratégicas una vez que los recursos son incorporados a estructuras productivas dominadas por grandes capitales?
La diferencia es fundamental.
No es lo mismo extraer litio que desarrollar una industria vinculada al litio.
No es lo mismo extraer cobre que producir tecnología basada en cobre.
No es lo mismo exportar gas que construir una estructura industrial y energética alrededor del gas.
No es lo mismo exportar petróleo que utilizar la renta hidrocarburífera para financiar industrialización, infraestructura y desarrollo tecnológico.
La tradición de Guglialmelli permite formular precisamente esta crítica: el recurso natural no constituye por sí mismo una estrategia nacional. Se convierte en poder cuando existe capacidad para apropiarse de una parte sustantiva de la renta, desarrollar tecnología, agregar valor y utilizar el excedente para ampliar las capacidades productivas del país.
Los datos actuales del RIGI hacen visible esta orientación.
Según el Observatorio del RIGI, a mayo de 2026 se habían presentado 36 proyectos por más de US$106.000 millones, de los cuales 30 correspondían a minería e hidrocarburos. Dentro de la minería, cobre y litio concentraban prácticamente todo el monto comprometido.
Esto permite formular una hipótesis sobre el modelo:
Argentina está siendo reconfigurada como una plataforma exportadora de recursos estratégicos.
Eso no significa que toda inversión extranjera sea negativa ni que la explotación de recursos naturales sea necesariamente incompatible con el desarrollo. El punto es otro: la estructura de especialización productiva que se está consolidando.
Si Argentina exporta minerales críticos, energía y alimentos, mientras importa bienes industriales, tecnología y bienes de capital, la expansión exportadora puede coexistir con una estructura dependiente.
El país puede crecer en dólares y, simultáneamente, no aumentar proporcionalmente su autonomía.
Esta es justamente la diferencia entre crecimiento y desarrollo.
Aquí la actualidad geopolítica vuelve especialmente pertinente el pensamiento de Borrell.
Los minerales críticos dejaron de ser una cuestión puramente minera. Se convirtieron en un componente de la disputa tecnológica y estratégica entre grandes potencias.
Argentina y Estados Unidos firmaron en febrero de 2026 un instrumento para fortalecer el suministro y procesamiento de minerales críticos, que incluye cooperación en financiamiento, mapeo geológico y cadenas de suministro. La propia Cancillería argentina presenta estos minerales como un componente estratégico de la inserción internacional del país.
El problema geopolítico aparece entonces con toda claridad:
Argentina no está simplemente vendiendo litio. Está ingresando en una disputa mundial por el control de las materias primas necesarias para las nuevas tecnologías.
Y aquí el mapa de los recursos coincide con el mapa del poder.
Estados Unidos necesita reducir su dependencia de determinadas cadenas asiáticas.
China posee posiciones muy fuertes en diversos segmentos de las cadenas de minerales críticos.
Europa busca garantizar suministros para su transición energética.
Las grandes corporaciones mineras compiten por yacimientos y concesiones.
Y Argentina posee recursos que todos esos actores consideran estratégicos.
Por eso la pregunta correcta no es:
«¿Cómo hacemos para que vengan inversiones?»
La pregunta geopolítica es:
«¿Cómo utilizamos la competencia entre las grandes potencias para aumentar nuestra autonomía y nuestra capacidad de negociación?»
Son dos estrategias radicalmente diferentes.
Aquí aparece, quizás, el punto más potente del análisis.
El Gobierno sostiene correctamente que Malvinas forma parte del problema de soberanía sobre el Atlántico Sur. La propia Cancillería afirma que allí convergen Patagonia, plataforma continental, Antártida y recursos naturales.
Pero esa misma concepción territorial debería conducir a una política económica coherente.
Porque la soberanía no puede comenzar en la frontera y terminar en el contrato de inversión.
Si el territorio es estratégico, también lo son:
La discusión reciente sobre la extranjerización de tierras vuelve visible esta dimensión. El Gobierno impulsó modificar el régimen que limita la propiedad extranjera de tierras rurales, aunque debió introducir cambios ante la resistencia política y social. El debate es particularmente relevante porque las zonas donde existen recursos hídricos, mineros, bosques, fronteras o ventajas logísticas tienen un valor que excede ampliamente el precio inmobiliario de la tierra.
Desde una mirada geopolítica, entonces, la propiedad territorial es también una cuestión de poder.
La comparación con Storni resulta especialmente reveladora.
Storni no pensaba el mar simplemente como una superficie desde la cual podían salir barcos cargados de mercancías.
Pensaba en puertos, marina mercante, industria naval, pesca, infraestructura y defensa.
Es decir, pensaba el comercio exterior como un sistema nacional.
El modelo contemporáneo corre el riesgo de reducir esa ecuación:
territorio → recurso → inversión → extracción → exportación.
La tradición geopolítica nacional proponía algo más complejo:
territorio → recurso → industria → infraestructura → tecnología → empleo → renta → desarrollo → autonomía estratégica.
La diferencia es enorme.
En el primer esquema, el territorio funciona como plataforma de extracción.
En el segundo, funciona como base material de un proyecto nacional.
Probablemente sea Guglialmelli quien ofrece la crítica conceptual más potente.
Para él, defensa, desarrollo económico, industria, energía e infraestructura eran dimensiones inseparables de la autonomía nacional.
Desde esa perspectiva, la reducción del Estado no puede evaluarse simplemente por su impacto fiscal.
Hay que preguntarse:
¿qué capacidades estatales se están perdiendo?
Porque cerrar organismos científicos, reducir capacidades industriales, desarticular infraestructura pública o limitar la planificación estatal puede tener consecuencias que no aparecen inmediatamente en el déficit fiscal.
Son consecuencias sobre la capacidad estratégica del Estado.
Un Estado que no investiga depende de tecnología extranjera.
Un Estado que no produce equipamiento depende de proveedores externos.
Un Estado que no controla infraestructura crítica depende de empresas privadas.
Un Estado que no tiene capacidad financiera depende del mercado internacional de capitales.
Y un Estado que depende de todos esos factores tiene menos capacidad para negociar.
Aquí el análisis geopolítico se completa con una perspectiva de clase.
La pregunta no es solamente quién controla Argentina frente a otros Estados.
También hay que preguntar qué clases sociales se benefician de la forma en que Argentina se inserta en el mercado mundial.
El modelo Milei favorece una estructura en la cual determinados sectores del capital —energía, minería, agroexportación, finanzas y grandes empresas vinculadas a infraestructura— adquieren una posición privilegiada en la apropiación del excedente.
La cuestión no es moral.
Es estructural.
Una economía orientada hacia la extracción y exportación de recursos estratégicos puede generar enormes rentas. La cuestión central pasa a ser quién captura esas rentas.
Si la mayor parte queda en manos del capital privado, mientras el Estado recauda relativamente poco y la economía doméstica soporta los costos ambientales, territoriales y distributivos, entonces la explotación del recurso puede incrementar las exportaciones sin producir una transformación sustantiva de la estructura social.
La geopolítica se convierte así en economía política.
La disputa por el territorio es también una disputa por la renta.
Aquí aparece la conclusión más fuerte que permite construir a partir de la entrevista con Borrell.
La Argentina puede conservar formalmente su soberanía territorial y, sin embargo, reducir sus márgenes de autonomía.
Puede tener bandera, Constitución y fronteras reconocidas y, al mismo tiempo, depender de capital extranjero, tecnología extranjera, financiamiento extranjero, infraestructura controlada por empresas extranjeras y mercados externos para colocar sus recursos.
Por eso conviene distinguir:
soberanía jurídica
de
autonomía estratégica.
La primera establece quién es el titular del territorio.
La segunda determina quién tiene capacidad efectiva para decidir qué se hace con él.
Y este es el punto en que la tradición de Zeballos, Storni y Guglialmelli adquiere una enorme actualidad.
La paradoja podría formularse así:
Milei reivindica una soberanía territorial que su modelo económico tiende a debilitar en su dimensión material.
Defiende Malvinas, pero promueve una concepción económica en la cual el territorio tiende a ser valorizado fundamentalmente por su capacidad de atraer capital y generar exportaciones.
Defiende la libertad económica, pero esa libertad puede reforzar la posición de actores con una capacidad de acumulación incomparablemente superior a la de los trabajadores y pequeños productores.
Defiende la inserción internacional, pero una inserción basada fundamentalmente en ventajas naturales puede reproducir una posición periférica.
Defiende la explotación de recursos estratégicos, pero el problema decisivo es cuánto valor queda en Argentina y cuánto poder de decisión conserva el Estado.
Por eso el análisis geopolítico permite ir más allá de la discusión coyuntural sobre Milei.
No se trata simplemente de decir que su modelo es «de derecha», «liberal» o «neoliberal».
Se trata de identificar qué estructura territorial, productiva y social está produciendo.
Ésta podría ser la hipótesis central del artículo:
El éxito del modelo Milei no debería medirse solamente por cuánto exporta Argentina, sino por cuánto aumenta su capacidad para decidir sobre aquello que exporta.
Si aumentan las exportaciones de gas, litio, cobre, petróleo y alimentos pero disminuye la capacidad nacional de agregar valor, desarrollar tecnología, controlar infraestructura y apropiarse de las rentas, podríamos encontrarnos frente a una paradoja:
más dólares, pero no necesariamente más autonomía.
más inversión, pero no necesariamente más desarrollo.
más exportaciones, pero no necesariamente más soberanía.
Y allí el viejo mapa de los geopolíticos argentinos vuelve a adquirir actualidad.
Porque el problema que ellos intentaban resolver sigue siendo el mismo, aunque haya cambiado radicalmente el escenario mundial:
cómo transformar un territorio extraordinariamente rico en una sociedad capaz de controlar democráticamente las condiciones de su propio desarrollo.
Ese es, en última instancia, el punto de contacto entre la historia de la geopolítica argentina que analiza Juan José Borrell y la discusión sobre el modelo Milei.
La disputa no es solamente mercado versus Estado.
Es dependencia versus autonomía.
Es extracción versus desarrollo.
Es renta privada versus capacidad nacional de decisión.
Y, en última instancia, es la disputa por responder una pregunta que sigue siendo tan actual como cuando Storni, Guglialmelli o Zeballos miraban el mapa: