Cuando la deuda familiar deja de ser un problema privado

La decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de implementar un programa de refinanciación para familias endeudadas constituye bastante más que una medida de alivio financiero. Detrás de la posibilidad de refinanciar tarjetas de crédito y préstamos personales aparece un problema de mayor profundidad: cuando las familias necesitan refinanciar sus deudas para poder seguir pagando, el endeudamiento deja de ser un asunto privado y se convierte en un problema social y sistémico.

El Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, establecido por la Ley 6.959 de la Legislatura porteña, comenzó a regir el 3 de agosto de 2026. El esquema es instrumentado por el Banco Ciudad y las entidades financieras que decidan adherirse. Permite refinanciar determinadas deudas en mora con una tasa nominal anual fija de hasta 35% y un plazo mínimo de 24 meses. Pueden acceder hogares cuyos compromisos mensuales derivados de esas deudas superen el 30% de sus ingresos y cuyos ingresos familiares sean inferiores a diez salarios mínimos.¹

Hay un dato particularmente significativo: el Banco Ciudad no sólo refinancia las deudas que sus propios clientes mantienen con la entidad. También puede cancelar o refinanciar obligaciones contraídas con otros bancos regulados por el Banco Central. Es decir, el programa funciona sobre una red de acreedores financieros y no exclusivamente sobre la cartera del banco público porteño.²

Esto permite observar con mayor claridad la verdadera dimensión del problema.

de la insuficiencia del ingreso a la deuda

La explicación individualista sostiene que las familias se endeudan porque consumen por encima de sus posibilidades. Esa interpretación coloca la responsabilidad casi exclusivamente sobre el comportamiento del deudor: habría que gastar menos, administrar mejor el presupuesto y evitar el crédito.

Pero esta mirada invierte la relación causal.

Cuando los ingresos pierden capacidad de compra mientras aumentan los costos de vivienda, alimentación, transporte, educación, salud y servicios, el crédito puede convertirse en una herramienta para cerrar la brecha entre el ingreso corriente y las necesidades de reproducción cotidiana.

El hogar no necesariamente se endeuda para consumir bienes suntuarios. Muchas veces se endeuda para mantener un nivel de consumo que el ingreso corriente ya no consigue financiar.

La deuda, entonces, aparece como una extensión temporal del salario.

El problema surge cuando esa extensión se vuelve permanente.

Durante un tiempo, la tarjeta o el préstamo permiten sostener el consumo. Pero una parte del ingreso futuro queda comprometida para pagar el consumo presente. El crédito, que inicialmente aparece como una solución, puede terminar transformándose en una estructura permanente de subordinación de los ingresos futuros.

Por eso, la pregunta relevante no es solamente cuánto deben las familias, sino por qué necesitan endeudarse para sostener su vida cotidiana.

cuando la morosidad amenaza al sistema financiero

La morosidad tampoco constituye únicamente un problema para quien contrajo la deuda. También representa un problema para quien otorgó el crédito.

Una expansión significativa de los atrasos deteriora la calidad de las carteras bancarias, aumenta el riesgo crediticio y puede transformar una masa de créditos aparentemente normales en activos problemáticos o incobrables.

Aquí aparece la segunda función de la refinanciación.

No sólo ayuda al deudor: también protege al acreedor.

Extender los plazos, reducir la presión mensual y sustituir una deuda vencida por un nuevo crédito permite evitar que el atraso avance hacia categorías más graves de mora. Para la familia significa ganar tiempo. Para el banco significa mantener una operación crediticia dentro de un circuito administrable.

Esta lógica no es exclusiva del programa porteño.

En junio de 2026, por ejemplo, el Banco Nación lanzó también una línea de unificación de deudas destinada a clientes con cuotas vencidas o impagas, precisamente con el objetivo de mejorar su capacidad de pago y evitar el pasaje a situaciones de mora más severas.³

La simultaneidad de estas iniciativas es significativa: diferentes bancos están desarrollando mecanismos para reorganizar el endeudamiento de los hogares antes de que la morosidad se transforme en un problema mayor para sus propias carteras.

Por eso, la refinanciación puede ser interpretada como una estrategia preventiva del sistema financiero para contener la morosidad antes de que ésta se vuelva inmanejable.

La deuda no desaparece necesariamente.

Se reorganiza.

Banco Ciudad, otros bancos y el papel del Estado

El diseño del programa porteño resulta particularmente revelador porque articula tres actores: los hogares endeudados, los bancos acreedores y el Estado.

El Banco Ciudad tiene un papel central como instrumento financiero de la política. Pero la Ley 6.959 permite que también participen otras entidades bancarias. El objetivo es que los nuevos créditos sirvan para cancelar o refinanciar obligaciones tanto con la propia entidad como con otros bancos regulados por el BCRA.²

A cambio de adherir al programa y respetar sus condiciones, las entidades financieras reciben un incentivo fiscal: la Ciudad establece una reducción del 50% del impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a los intereses percibidos por estas refinanciaciones.¹

Aquí aparece una cuestión políticamente sustantiva.

El Estado no sólo interviene para aliviar al deudor: también crea condiciones para que el sistema financiero pueda reestructurar sus activos problemáticos.

El Estado aporta regulación e incentivo fiscal; el Banco Ciudad y los bancos adheridos aportan el crédito; las familias asumen nuevamente un calendario de pagos.

La operación puede ser socialmente necesaria, pero no es neutral desde el punto de vista de las relaciones económicas.

el Estado como administrador de la deuda

La intervención pública aparece cuando el mecanismo de crédito comienza a mostrar sus límites.

Primero, el sistema financiero otorga crédito a los hogares.

Luego, los ingresos insuficientes dificultan el cumplimiento de las obligaciones.

Después aparece la mora.

Y finalmente el Estado interviene para facilitar la refinanciación.

La secuencia puede resumirse de esta manera:

salario insuficiente → crédito → endeudamiento → mora → refinanciación → contención del riesgo financiero.

Desde esta perspectiva, la refinanciación funciona como una suerte de salvataje preventivo de la cadena crediticia.

No se trata de un rescate bancario tradicional. Pero cumple una función semejante en otro nivel: impedir que una crisis de pago localizada en los hogares se transforme en un deterioro significativo de las carteras financieras.

La familia obtiene oxígeno.

El banco obtiene tiempo.

Y el sistema financiero evita, al menos temporalmente, que la morosidad le estalle.

el problema no es sólo cuánto deben las familias

Esta cuestión adquiere todavía mayor relevancia cuando se la vincula con el crecimiento de la morosidad familiar que venimos analizando.

Si millones de personas acumulan deudas atrasadas, no alcanza con decir que se trata de familias que “no saben administrar sus finanzas”. Esa explicación convierte un fenómeno económico estructural en una falla moral individual.

Pero cuando el fenómeno alcanza una escala masiva, deja de ser individual.

Millones de decisiones individuales semejantes producidas bajo condiciones económicas semejantes constituyen un fenómeno social.

La pregunta ya no es simplemente por qué una familia dejó de pagar, sino qué condiciones económicas hacen que cada vez más familias tengan dificultades para hacerlo.

La propia legislación porteña reconoce que el problema es el sobreendeudamiento de los hogares y establece como finalidad reducir su carga financiera, prevenir la exclusión crediticia y evitar el agravamiento de la morosidad.²

Esto es importante porque desmonta parcialmente la narrativa de la responsabilidad individual: la propia política pública reconoce que existe una problemática colectiva.

una estrategia para que la morosidad no se transforme en crisis

Hay aquí una contradicción que merece ser explicitada.

Desde el punto de vista de las familias, refinanciar puede ser una medida de alivio. Una cuota menor y un plazo mayor pueden impedir que un hogar caiga en una situación financiera todavía más grave.

Pero desde el punto de vista del sistema financiero, refinanciar significa también evitar que una deuda en mora se convierta en una pérdida.

El objetivo es transformar una deuda problemática en una deuda nuevamente cobrable.

Por eso, la refinanciación tiene una doble dimensión:

socialmente, contiene el deterioro financiero de los hogares; financieramente, contiene el deterioro de las carteras bancarias.

Ambas cosas pueden ocurrir simultáneamente.

Y esa doble función es justamente lo que permite superar una lectura puramente asistencialista del programa.

de la deuda como culpa a la deuda como relación social

Existe aquí una disputa política sobre el modo de interpretar el fenómeno.

El discurso dominante suele presentar el endeudamiento como consecuencia de decisiones personales: gastar demasiado, consumir irresponsablemente, no planificar o vivir por encima de las posibilidades.

Pero esta interpretación omite una cuestión fundamental: el endeudamiento también expresa una determinada relación entre salarios, consumo, crédito y sistema financiero.

El crédito permite que el consumo continúe cuando el salario no alcanza.

De ese modo, la deuda funciona como un mecanismo que posterga la expresión inmediata de la desigualdad distributiva.

El conflicto no desaparece.

Se desplaza hacia el futuro.

El trabajador recibe hoy aquello que no puede pagar con su ingreso actual y se compromete a entregar mañana una parte de sus ingresos futuros.

La deuda, en consecuencia, convierte una parte del salario futuro en garantía del consumo presente.

una solución que también revela el problema

La política porteña tiene, por lo tanto, una doble lectura.

En el corto plazo, puede representar un alivio concreto para hogares sometidos a una fuerte presión financiera.

Pero en un plano estructural, revela hasta qué punto el endeudamiento se convirtió en un componente de la reproducción económica de sectores populares y medios.

Y revela algo todavía más importante: el sistema financiero necesita que los hogares continúen pagando porque una morosidad masiva comprometería la estabilidad del circuito crediticio.

Por eso, la refinanciación no debe analizarse exclusivamente como una política de ayuda a los deudores.

También es una política de administración del riesgo financiero.

El Estado interviene para evitar que la crisis de ingresos de los hogares se transforme en una crisis de morosidad capaz de afectar al sistema financiero.

la paradoja final

La paradoja es que aquello que aparece como una solución individual puede ser, en realidad, una respuesta sistémica.

Se refinancia al deudor para que pueda continuar pagando al acreedor.

Se extiende el plazo para evitar la incobrabilidad.

Se reduce la cuota para contener la mora.

Se ofrece un incentivo fiscal a los bancos para que participen.

Se administra la deuda para preservar el crédito.

Pero mientras no se modifique la relación entre ingresos, costo de vida y acceso al crédito, la causa profunda permanece.

Por eso, el verdadero interrogante no debería ser solamente cómo hacer para que las familias paguen sus deudas, sino por qué una parte creciente de las familias necesita endeudarse para poder sostener su vida cotidiana.

La respuesta conduce inevitablemente al terreno de la distribución del ingreso.

Porque cuando el salario no alcanza, el crédito ocupa su lugar.

Cuando el crédito se agota, aparece la mora.

Cuando la mora amenaza al sistema, aparece la refinanciación.

Y cuando la refinanciación requiere incentivos fiscales, aparece el Estado.

La deuda familiar, entonces, no es simplemente una cuestión de finanzas personales. Es una relación social en la que se encuentran el salario, el consumo, el capital financiero y el Estado.

La refinanciación puede evitar el estallido inmediato de la morosidad. Pero mientras no se modifiquen las condiciones que producen el endeudamiento, sólo estará comprando tiempo.

Y el tiempo, en el capitalismo financiero, también tiene precio.

notas

1. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, “Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas con la tasa fija más baja del mercado”, 20 de julio de 2026. El programa establece una TNA máxima del 35%, plazo mínimo de 24 meses, ingresos familiares inferiores a diez salarios mínimos y compromisos de deuda superiores al 30% de los ingresos del hogar.

2. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley N.º 6.959, sancionada el 18 de junio de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 1.º de julio. La norma establece que el Banco Ciudad y las entidades adheridas pueden utilizar los créditos para cancelar o refinanciar deudas con la propia entidad o con otros bancos regulados por el BCRA. También establece el beneficio fiscal sobre los intereses de las refinanciaciones.

3. La Nación, “Los bancos Nación y Ciudad lanzan líneas para refinanciar deudas”, 19 de junio de 2026. El Banco Nación lanzó una línea de unificación de deudas para clientes con cuotas vencidas o impagas, orientada a mejorar su capacidad de pago y evitar el pasaje a situaciones de mora.

4. La Nación, “La Ciudad lanza un plan para refinanciar deudas con mora”, 13 de julio de 2026. El Banco Ciudad confirmó su adhesión al programa, mientras que el resto de las entidades financieras podía incorporarse voluntariamente. La nota también señala que la reducción del 50% de Ingresos Brutos funciona como incentivo para los bancos participantes.