Saqueo y desindustrialización: Avanza la burguesía nacional
Milei no achica el Estado: reorganiza la economía para los grandes propietarios. La concentración entonces no es un efecto colateral del programa. Es su resultado estructural.
Mientras el discurso invoca competencia y mercado, las condiciones concretas consolidan posiciones dominantes y transfieren recursos desde el trabajo y el consumo popular hacia quienes controlan los activos estratégicos.
El trabajo de Pablo Manzanelli y Valentina Castro (CIFRA-CTA / FLACSO) aporta una clave precisa: no estamos solo ante un programa de estabilización con costos sociales altos. Estamos ante un reordenamiento de la propiedad de los activos estratégicos y del poder de decisión sobre el excedente.
Cinco procesos se entrelazan. Primero, la concentración empresaria: grupos como Clarín (Telecom-Telefónica), Galicia y Macro (HSBC, Itaú), y Vila-Manzano (energía y servicios) amplían su presencia comprando activos de multinacionales que se retiran o reestructuran. Segundo, la reprimarización: el modelo privilegia energía, minería e hidrocarburos sin mecanismos que garanticen industrialización ni valor agregado nacional. Tercero, el RIGI como mecanismo de transferencia: de los 70.826 millones de dólares de inversión inicial mínima comprometida hasta octubre de 2026, el 42,1 % corresponde a empresas locales y, dentro de ese tramo, el 98,3 % a grupos económicos (Pluspetrol, Tecpetrol/Techint, Pampa Energía, Sielecki, PCR), concentrados casi por completo en Vaca Muerta. Los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios —con estabilidad a 30 años— mejoran la rentabilidad privada sin contraprestación equivalente en empleo de calidad, tecnología o proveedores locales. Cuarto, la valorización financiera: la apertura y la desregulación premian la rentabilidad financiera y la adquisición de activos antes que la inversión productiva de largo plazo. Quinto, la disputa por el excedente: la cuestión decisiva es quién se apropia de la riqueza producida y hacia dónde se orienta la inversión.
La concentración no es un accidente ni un efecto secundario. Es el resultado estructural del programa. Se produce una transferencia sistemática de recursos desde los ingresos del trabajo, el consumo popular y las capacidades productivas nacionales hacia los sectores con mayor capacidad de apropiación. No se trata necesariamente de una subordinación simple del capital nacional al extranjero. Lo que emerge es una nueva articulación entre grandes grupos económicos locales y capital financiero internacional: una comunidad de negocios en la que los locales se expanden en energía y activos estratégicos mientras el capital extranjero se concentra en minería metalífera y litio. El discurso oficial reivindica la competencia; las condiciones concretas favorecen la centralización del capital y la consolidación de posiciones dominantes.
Desde el punto de vista político, la oposición no puede limitarse a denunciar la caída del salario real, el deterioro de las jubilaciones o la contracción del consumo. Tiene que explicar qué estructura económica se está construyendo y qué intereses sociales la sostienen. El problema no es solamente que algunos ganan mientras otros pierden. Es que se reorganiza la economía para que determinados sectores tengan capacidad de decidir sobre los recursos, la inversión, el empleo y el destino del excedente nacional. La fiesta no es para unos pocos por casualidad: es para unos pocos porque el modelo organiza las condiciones para que así sea.
Milei no está achicando simplemente el Estado. Está reorganizando la economía para los grandes propietarios. La desindustrialización, la concentración empresaria y la explotación de recursos naturales sin industrialización configuran un nuevo patrón de acumulación cuya contracara es una sociedad con menor capacidad productiva, mayor dependencia y una distribución regresiva de la riqueza. El desafío de una alternativa nacional y popular es superar la denuncia puramente distributiva y volver a discutir el poder económico: quién controla los activos estratégicos, quién decide la inversión y quién se apropia del excedente.
El economista Pablo Manzanelli afirmó que los principales ganadores del modelo de Javier Milei son los grandes grupos empresarios argentinos, que aprovechan la desindustrialización y la reprimarización de la economía para ampliar sus negocios y concentrar activos estratégicos en sectores como las telecomunicaciones, las finanzas, la energía y los servicios públicos. Según su análisis, el esquema beneficia a una minoría en detrimento de la inmensa mayoría de los argentinos. Nada nuevo bajo el sol a los que nos tiene acostumbrados la derecha.
Manzanelli fue entrevistado por Roberto Caballero, en la AM530 Somos Radio, apropósito de su último trabajo “Las nuevas tendencias del poder económico en tiempos de Milei”, que realizó junto a Valentina Castro, en una iniciativa de CIFRA-CTA y FLACSO-CONICET.
Según el investigador, la gestión de Milei facilitó una nueva comunidad de negocios entre el capital financiero internacional y los grupos económicos locales, en un proceso que describió como “una etapa de saqueo y desindustrialización”. En ese escenario, las operaciones de compra y venta de empresas muestran un desplazamiento de capitales extranjeros y una mayor concentración de activos en manos de conglomerados nacionales.
Entre los movimientos que analiza aparecen la expansión del Grupo Clarín en telecomunicaciones, con las operaciones vinculadas a Cablevisión, Telecom y Telefónica; la participación del Grupo Galicia en la compra del HSBC y la adquisición del Banco Itaú por parte del Banco Macro. También señala el crecimiento de Vila-Manzano en el negocio energético y de los servicios públicos, junto con el posicionamiento de Techint, Pluspetrol, Pampa Energía y PCR en proyectos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
A ese proceso se suman otras operaciones empresariales, como la compra de Mercedes-Benz Argentina por parte del Grupo ST. Para Manzanelli, el denominador común es un reordenamiento de la propiedad de activos estratégicos que no necesariamente se traduce en una ampliación de la capacidad productiva del país.
La salida de compañías extranjeras tampoco puede explicarse únicamente por las condiciones de la economía argentina. El economista la relacionó con transformaciones más amplias del capitalismo internacional, que ubica a partir de la crisis financiera de 2008 y 2009. Según su análisis, desde entonces se observa un debilitamiento de la inversión extranjera directa y una tendencia de las principales potencias a recuperar políticas industriales y mecanismos de protección de sus mercados.
En ese contexto, cuestionó que la Argentina avance en sentido contrario, con una apertura económica que encuentra antecedentes en las experiencias de los años 90. A su entender, las políticas iniciadas durante el gobierno de Mauricio Macri y profundizadas por Milei favorecieron la valorización financiera y las operaciones especulativas, en detrimento de la inversión productiva.
La consecuencia es una economía que ofrece condiciones poco atractivas para las empresas extranjeras interesadas en desarrollar actividades industriales de largo plazo, mientras facilita la adquisición de activos por parte de grupos locales con capacidad financiera para aprovechar las oportunidades que deja el retiro de otros jugadores.
Un régimen para extraer, no para industrializar
Las críticas de Manzanelli alcanzaron al RIGI, uno de los instrumentos centrales de la política económica del Gobierno. Para el economista, el régimen de incentivos no está orientado a reconstruir una estructura industrial diversificada, sino a promover inversiones concentradas en la explotación de recursos naturales, especialmente en hidrocarburos y minería.
El problema, según su interpretación, es que los beneficios fiscales y cambiarios se conceden a proyectos que, en muchos casos, ya tenían perspectivas de rentabilidad o estaban previstos antes de la implementación del régimen. De esa manera, los incentivos públicos podrían terminar mejorando las ganancias de grandes compañías sin garantizar una contrapartida equivalente en términos de desarrollo tecnológico, empleo industrial y generación de proveedores nacionales.
Manzanelli también advirtió sobre la participación de los grupos económicos locales en los proyectos promovidos por el RIGI. En lugar de impulsar una transformación de la matriz productiva, el esquema consolidaría la presencia de los grandes conglomerados en actividades extractivas, con escasos incentivos para desarrollar etapas industriales que agreguen valor a los recursos naturales.
La discusión adquiere otra dimensión si se considera el contexto internacional que describe el investigador. Mientras Estados Unidos, Europa y otras potencias recuperan instrumentos de política industrial para proteger sus empresas y disputar mercados estratégicos, la Argentina profundiza la apertura y expone a su entramado productivo a una competencia que, en las actuales condiciones, encuentra a buena parte de la industria local en desventaja.
La caída de la actividad manufacturera, sumada a la pérdida de capacidades productivas y a la orientación financiera del modelo, configura un escenario que, según el análisis, compromete las posibilidades de un crecimiento sostenido. La explotación de recursos naturales puede generar exportaciones y divisas, pero no alcanza por sí sola para reconstruir una economía con mayor complejidad industrial.
La disputa por el excedente
En su evaluación política, Manzanelli sostuvo que el Gobierno no muestra un programa de desarrollo de largo plazo que permita articular crecimiento, inversión productiva y distribución del ingreso. Frente a ese escenario, planteó que los sectores populares y el campo nacional y popular tienen el desafío de construir una alternativa que recupere la soberanía económica y mejore la distribución de la riqueza.
Esa propuesta, según explicó, debería apoyarse en dos objetivos relacionados: una distribución del ingreso más equitativa y una estrategia de desarrollo capaz de orientar el excedente económico hacia la inversión productiva. El desafío pasa por definir qué sectores deben ser promovidos, qué capacidades tecnológicas necesita el país y cómo generar condiciones para que la riqueza producida se traduzca en mayor empleo y valor agregado.
La discusión, de ese modo, excede la continuidad o modificación del RIGI. Lo que está en juego es el destino de los recursos y la estructura económica que dejará el actual proceso de concentración. Para Manzanelli, la recuperación de la industria y de las capacidades productivas requiere una política activa que seleccione sectores estratégicos y promueva conocimientos, tecnología y productividad, en lugar de descansar exclusivamente en la explotación de materias primas.
El nuevo mapa empresario muestra quiénes están en condiciones de aprovechar las oportunidades abiertas por la retirada de capitales extranjeros. La pregunta que deja planteada el análisis es qué lugar ocuparán la producción nacional, el trabajo y la distribución del ingreso en una economía cada vez más concentrada.
