El regreso de Perón el 17 de noviembre de 1972 fue mucho más que el fin de diecisiete años de exilio: fue la derrota de una proscripción que el poder ya no podía sostener. La candidatura de Cámpora y la estrategia electoral del FREJULI convirtieron aquella resistencia en una victoria política. Medio siglo después, la exclusión de Cristina Fernández de Kirchner plantea un interrogante semejante: ¿puede el peronismo reconstruir la fuerza social y política necesaria para quebrar una proscripción y recuperar el derecho de las mayorías a elegir a sus representantes?
El 17 de noviembre de 1972, después de diecisiete años de exilio, Juan Domingo Perón regresó a la Argentina. No fue solamente el regreso de un dirigente político al país del que había sido expulsado por el golpe militar de 1955. Fue el desenlace de diecisiete años de resistencia popular y, al mismo tiempo, el comienzo de una nueva etapa en la disputa por el poder. La dictadura de Alejandro Lanusse había intentado administrar una transición democrática que excluyera a Perón de la competencia electoral. Pero el problema del régimen era más profundo: no podía estabilizar políticamente el país mientras mantuviera proscripto al movimiento que conservaba una decisiva representación social y electoral.
El regreso del 17 de noviembre fue, por eso, una derrota política anticipada de la dictadura. Perón no volvió porque el régimen hubiera abandonado sus prejuicios antiperonistas, sino porque la resistencia obrera, la movilización popular, la conflictividad social y la crisis de legitimidad habían vuelto insostenible su exclusión. El Cordobazo de 1969 había expresado con particular contundencia esa crisis. La proscripción ya no garantizaba el orden: contribuía a profundizar el conflicto.
Lanusse intentó entonces controlar la salida mediante el Gran Acuerdo Nacional y una serie de restricciones destinadas a condicionar la participación electoral. La más importante fue la cláusula de residencia que impidió a Perón ser candidato en marzo de 1973.
A mediados de diciembre de 1972, Perón designó a Héctor J. Cámpora como candidato presidencial. La decisión fue comunicada en la madrugada del 14 de diciembre y formalizada por el Congreso Nacional del Partido Justicialista el 15. No se trataba de una candidatura improvisada ni de una renuncia a la conducción del movimiento. Era una operación política destinada a sortear las restricciones del régimen y preservar la centralidad de Perón.
El peronismo construyó el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), una coalición que incorporó al desarrollismo, al conservadurismo popular y a otras fuerzas. La consigna «Cámpora al gobierno, Perón al poder» sintetizó la estrategia: aceptar las condiciones electorales sin entregar la conducción política. Cámpora representaba la candidatura posible; Perón seguía siendo el conductor del movimiento.
La operación también expresaba una disputa interna. La elección de Cámpora desplazó las expectativas de sectores sindicales que promovían otras candidaturas y fortaleció a los sectores juveniles que reclamaban el retorno de Perón. La unidad electoral no eliminaba las diferencias sobre el futuro del país, pero permitía reunirlas detrás de un objetivo común: terminar con la proscripción y recuperar el gobierno.
El 11 de marzo de 1973, el FREJULI obtuvo el 49,56% de los votos. La dictadura había perdido la capacidad de imponer una salida política contra el peronismo. Cámpora asumió el 25 de mayo y renunció el 13 de julio. En septiembre, Perón ganó las elecciones con el 61,86% de los votos. La proscripción había sido derrotada.
Cincuenta y cuatro años después de aquel 17 de noviembre, la Argentina vuelve a enfrentarse a una discusión sobre la proscripción política. Cristina Fernández de Kirchner está condenada a seis años de prisión, cumple arresto domiciliario y tiene una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, confirmada por la Corte Suprema en junio de 2025. Su exclusión electoral es hoy una realidad jurídica, no solamente una denuncia política.
Las circunstancias históricas son diferentes y no corresponde establecer una equivalencia mecánica entre una dictadura militar y el funcionamiento de las instituciones democráticas actuales. Pero existe un punto de contacto que merece ser examinado: la utilización de mecanismos de exclusión para impedir que una figura política con representación popular pueda disputar el poder.
En 1972, el régimen de Lanusse pretendía que el peronismo participara de una democracia condicionada, pero sin Perón. Hoy, la condena y la inhabilitación de Cristina plantean una situación en la que una parte del sistema político puede imaginar una competencia electoral sin una de las principales referencias del movimiento popular argentino.
También hay una diferencia decisiva. Perón contaba con una organización sindical de enorme gravitación, una identidad popular consolidada y una conducción reconocida por amplios sectores del movimiento. El desafío actual del peronismo es reconstruir una capacidad de movilización, organización y articulación social que no puede reemplazarse con declaraciones de dirigentes ni con acuerdos de cúpula.
La experiencia de 1972-1973 deja, además, otra enseñanza: Perón no confundió la negociación con la subordinación. Aceptó una candidatura alternativa, construyó una coalición y utilizó las reglas electorales disponibles, pero nunca cedió la conducción política ni renunció al objetivo de recuperar el poder.
Por eso, la consigna «Cámpora al gobierno, Perón al poder» no debería leerse como una simple anécdota histórica. Expresó una estrategia: resolver la contradicción entre las restricciones impuestas por el régimen y la necesidad de construir una mayoría capaz de derrotarlo.
Para el peronismo contemporáneo, la cuestión no consiste en reproducir aquella fórmula ni en buscar un nuevo Cámpora. Consiste en comprender que la defensa de Cristina no puede quedar reducida a una reivindicación personal, del mismo modo que el regreso de Perón no fue una cuestión privada del líder exiliado.
El riesgo para el peronismo sería aceptar una democracia en la que pueda participar, siempre que renuncie a su principal referencia política. Eso equivaldría a aceptar, por anticipado, las condiciones de quienes pretenden reorganizarlo sin Cristina.
El 17 de noviembre de 1972 dejó una enseñanza que conserva vigencia: los regímenes pueden administrar la exclusión durante un tiempo, pero no pueden garantizar indefinidamente la gobernabilidad cuando una parte sustancial de la sociedad no se reconoce en el orden político que pretenden imponerle.