Falta la última de insurrección y desestabilización. Pero para eso hay que cerrar el expediente más importante; el de deslegitimación.

El escándalo entre su exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, y su exjefa de gabinete, Laura Sarabia, va en este sentido.

¿Por qué? Leamos.

Sarabia quedó embarazada en plena campaña y dio a luz casi al tiempo que las elecciones. En ningún momento dejó a un lado su trabajo, así que apenas empezó el gobierno contrató a la vieja niñera de Benedetti a pesar del antecedente de un presunto robo.

En enero, Meza se convirtió en la principal sospechosa de una investigación sobre la pérdida de US$7.000 en efectivo de la casa de Sarabia. Funcionarios de la policía y la fiscalía la hicieron someterse al polígrafo, una prueba en la que se sintió «secuestrada y amenazada» en la misma sede de la Presidencia, el Palacio de Nariño.

Para complicar aún más la situación, cuando Meza ya había sido despedida por Sarabia, Benedetti la llamó y la recontrató para que cuidase a sus hijos en Caracas, ciudad a la que llegó en un avión privado, según reportó el conocido periodista colombiano Daniel Coronell.

El miércoles, el fiscal general, Francisco Barbosa, quien fue nombrado por el gobierno de Iván Duque, de quien es cercano, dio una rueda de prensa en la que denunció que la investigación de este caso generó un sistema judicial paralelo, que la interrogación a Meza fue ilegal y que las escuchas ilegales estaban de vuelta en un país traumatizado por la violación de derechos políticos.

Lo que el sábado empezó como un delito doméstico, el viernes siguiente ya era un escándalo nacional.

Petro entonces anunció la salida de Sarabia y Benedetti y añadió: «Este Gobierno no intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, de jueces, de periodistas, de opositores. A los opositores los cuidamos, no les puede pasar nada porque están bajo nuestra responsabilidad».

Este domingo, la revista Semana esta vez publicó unos acalorados audios en los que Benedetti parece reclamarle a Sarabia que lo hayan aislado y la amenaza con dar a conocer detalles de una supuesta financiación ilícita de la campaña.

Petro, el mismo domingo en la noche, negó que su campaña recibiera «dinero de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones», una cifra alta, de US$3.4 millones, que menciona Benedetti.

«No se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos», agregó el mandatario.

Si bien fue una riña por parcelas políticas entre el exembajador y la jefa de gabinete, la Revista Semana publicó unos audios de Benedetti donde amenaza con revelar el origen de los fondos de la campaña de Petro si no le dan un cargo en el gobierno. «Lee cómo empezó el 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar, y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje», afirmó en uno de los audios

El 8.000 es el caso que reveló el financiamiento del expresidente Ernesto Samper por parte del Cartel de Calí.

Los congresistas opositores Miguel Uribe Turbay, el representante Miguel Polo Polo y el excandidato presidencial Federico Gutiérrez presentaron un pedido de investigación contra Petro en el Comité de Acusaciones del Congreso. El caso, de a poco, se institucionaliza.

La pelota ahora está en el lado de la Fiscalía porque debe investigar si hubo financiamiento ilegal en la campaña de Petro. Sarabia y Benedetti tienen que prestar testimonio. Si uno de los dos se «quiebra», se fortalece el caso mediático, político y judicial.

Sarabia es investigado por un bolso de dinero supuestamente robado por una empleada de servicio. Benedetti por casos de corrupción. El exembajador pidió protección de la Fiscalía por amenazas en su contra.

Recordemos que el caso Lava Jato en Brasil se basó en extorsiones judiciales a empresarios y exfuncionarios a cambio de que brinden delaciones «premiadas». La Fiscalía tenía para presionar varios expedientes contra los «delatores».

Podemos estar entonces en un momento culmine del proceso contra Gustavo Petro si alguno de los dos se «quiebra».

Petro paralizó en el Congreso el tratamiento de las reformas sociales propuestas por su gobierno; la laboral, de pensiones y de salud. Las rispideces en su aprobación también ha llevado que perdiese su alianza con partidos tradicionales como el de la U, el Conservador y el Liberal. Por lo que no tiene mayoría en el Congreso.

Para el presidente colombiano: “una vez tumben las reformas, piensan que si el gobierno está aislado, destruirlo en la Comisión de Acusaciones del Congreso para hacer exactamente lo que hicieron en Perú; llevar al presidente a la cárcel y cambiarlo por uno no elegido por el pueblo”.

El gobierno colombiano, en este contexto, enfrenta una ofensiva mediática, judicial y política de cara a las elecciones locales y regionales de este año. Si las pierde, puede quedar muy mal parado.

Petro, por su lado, conoce bastante de estos procesos ya que como alcalde de Bogotá fue destituido por un proceso judicial amañado por el exprocurador general de la República, Alejandro Ordóñez.

Aquella vez lo acusaron de haber aplicado mal un nuevo plan de recolección de basura de la capital.