Crisis en Paraguay: Espejos
El eje de esta columna sobre la crisis en Paraguay se estructura en torno a la relación entre concentración de la propiedad, subordinación del trabajo y captura de recursos públicos. Es una crítica estimamos más profunda que la denuncia de los vínculos personales de Peña: permite explicar el modelo como una estructura de clases y no solamente como un escándalo de corrupción y al mismo tiempo establecer simetrías con el modelo depredador argentino. Roban de manera diferente pero despliegan modelos similares.
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Paraguay: el modelo de los privilegiados y la factura social
La crisis de Ueno expone algo más profundo que un problema bancario: las contradicciones de un régimen de acumulación en el que la concentración económica, los privilegios empresariales y la debilidad de los derechos laborales conviven con el discurso de la estabilidad macroeconómica. El parentesco con el proyecto de Milei no es solamente ideológico: remite a una determinada distribución del poder y de la riqueza.
La crítica de clase al modelo paraguayo exige ir más allá de la crisis financiera que compromete al gobierno de Santiago Peña. El problema no es únicamente la conducta de un banco ni la eventual responsabilidad de sus directivos. Es la estructura económica y política que permite que determinados grupos empresariales acumulen poder, establezcan relaciones privilegiadas con el Estado y participen de la orientación de las políticas públicas, mientras la mayoría de los trabajadores permanece en condiciones de informalidad y vulnerabilidad.
La pregunta central es quién se beneficia del modelo paraguayo y quién sostiene sus costos.
1. La estabilidad tiene propietarios
Paraguay suele presentarse como una economía exitosa por su crecimiento, su baja inflación y su disciplina fiscal. Pero esos indicadores no describen por sí solos las relaciones sociales que organizan la producción y la distribución de la riqueza.
El crecimiento paraguayo tiene una base material concreta: el agronegocio, la exportación de soja y carne, la concentración de la propiedad de la tierra, la generación hidroeléctrica y los servicios vinculados a los circuitos comerciales y financieros.
No se trata de negar la importancia de esos sectores para la economía nacional. Se trata de identificar quién controla sus activos, quién captura sus excedentes y cuánto de esa riqueza retorna a la sociedad mediante salarios, impuestos, infraestructura y servicios públicos.
Una economía puede crecer sin democratizar sus beneficios. Puede exhibir equilibrio fiscal mientras una parte importante de su población carece de estabilidad laboral, protección social y capacidad para apropiarse de una porción significativa de la riqueza que produce.
La estabilidad macroeconómica, por lo tanto, no es una categoría socialmente neutral: sus resultados dependen de cómo se distribuyen los costos y los beneficios.
2. La tierra: el núcleo de la estructura de clases
La cuestión agraria es indispensable para comprender Paraguay. Su modelo de desarrollo se construyó sobre una estructura de propiedad de la tierra extremadamente concentrada, una agricultura altamente mecanizada y una ganadería extensiva.
La OCDE ha identificado históricamente esa concentración de los factores productivos, especialmente de la tierra, como uno de los principales obstáculos para un desarrollo más equitativo.
Esta estructura produce una contradicción: el agronegocio puede incrementar exportaciones y productividad sin generar una cantidad proporcional de empleos. La riqueza se concentra en los propietarios de grandes extensiones, las corporaciones comercializadoras, los proveedores de insumos y los circuitos financieros, mientras amplios sectores rurales quedan desplazados hacia actividades de baja productividad o empleos precarios.
No es una anomalía del sistema. Es una consecuencia de su organización económica.
La informalidad laboral, por su parte, no puede explicarse solamente por una supuesta falta de capacitación de los trabajadores o por excesivas regulaciones. También es resultado de una estructura productiva que combina grandes unidades de capital intensivo con una extensa periferia de pequeños productores, trabajadores independientes y asalariados sin protección social.
El problema no es que Paraguay produzca poco. Es quién controla los medios de producción y cómo se distribuye el excedente.
3. Un Estado débil para redistribuir, pero decisivo para proteger intereses
Aquí aparece una de las contradicciones más importantes del liberalismo económico.
Paraguay tiene una presión tributaria baja. El FMI la estimó en el 11,2% del PBI para 2025, frente a promedios considerablemente superiores en América Latina y las economías emergentes.
Esto limita la capacidad estatal para financiar educación, salud, infraestructura y protección social.
Pero sería equivocado interpretar esa debilidad como ausencia del Estado. El Estado interviene mediante infraestructura, regulación financiera, políticas tributarias, administración de recursos estratégicos y distribución de fondos públicos.
La cuestión es qué sectores sociales consiguen orientar esa intervención.
La crisis de Ueno es ilustrativa. El banco manejaba aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social, que administra la seguridad social de los trabajadores paraguayos. La entidad tenía alrededor de tres millones de clientes.
Hay aquí un problema de clase particularmente grave: los recursos vinculados a la seguridad social de los trabajadores quedaron expuestos a los riesgos de una entidad privada cuyas conexiones políticas y empresariales están bajo investigación.
No se trata de afirmar que todo el dinero previsional se haya perdido, ni de anticipar el resultado de las investigaciones. Se trata de advertir que los ahorros y aportes de los trabajadores no pueden convertirse en instrumentos de expansión financiera sin controles rigurosos, transparencia y responsabilidad institucional.
El interrogante es quién asume el riesgo cuando la rentabilidad privada se construye sobre recursos de origen público.
4. Milei y Peña: dos expresiones de una misma discusión social
La comparación con Argentina adquiere sentido cuando se observa la función que ambos proyectos asignan al Estado y al mercado.
Milei propone una transformación acelerada de las relaciones económicas mediante el ajuste fiscal, la desregulación, la reducción del gasto público y la transferencia de actividades al sector privado.
Peña gobierna sobre una estructura económica paraguaya que ya presenta muchas de esas características: baja tributación, fuerte gravitación del agronegocio, informalidad laboral y limitada capacidad redistributiva.
No son modelos idénticos. Argentina tiene una estructura industrial, sindical y estatal mucho más desarrollada, mientras Paraguay presenta una matriz productiva más dependiente de las exportaciones primarias y de los servicios asociados.
Pero comparten una discusión fundamental: la pretensión de presentar los intereses de los sectores inversores como si fueran necesariamente equivalentes al interés general.
La rentabilidad empresarial aparece como condición del crecimiento, mientras los salarios, las jubilaciones y los derechos laborales suelen ser tratados como costos que deben contenerse.
Desde una perspectiva de clase, esa jerarquía no es neutral. Expresa una determinada correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo.
5. El verdadero conflicto: quién se apropia de la riqueza
El crecimiento económico no es suficiente para medir el desarrollo de una sociedad. También importa la composición de ese crecimiento, su capacidad para generar empleo de calidad y la distribución de sus resultados.
El Banco Mundial reconoce los avances de Paraguay en crecimiento y reducción de la pobreza, pero también señala que alrededor del 62% de su fuerza laboral permanece en la informalidad.
El FMI, por su parte, identifica la informalidad como un problema estructural, particularmente extendido en la agricultura y los servicios.
Esos datos permiten cuestionar la idea de que la liberalización económica y la estabilidad fiscal produzcan automáticamente una sociedad más integrada.
La cuestión no es solamente cuánto crece el PBI, sino cuánto de ese crecimiento llega a los trabajadores, cuánto se convierte en inversión productiva y cuánto queda concentrado en los propietarios del capital.
La crisis de Ueno agrega una dimensión política a este conflicto: la relación entre los grupos económicos, las instituciones reguladoras y el poder presidencial. Las conexiones empresariales del presidente Peña y la trayectoria del titular del Banco Central, que había dirigido Ueno, están bajo escrutinio público.
La investigación deberá establecer las responsabilidades individuales. Pero el problema político ya está planteado: la captura de recursos y de espacios institucionales por intereses privados constituye un riesgo para cualquier sistema democrático.
Una conclusión: el mercado no es una organización democrática
El caso paraguayo permite discutir una cuestión que también atraviesa a la Argentina de Milei.
El mercado distribuye recursos de acuerdo con relaciones de propiedad, capacidad económica y poder de negociación. No distribuye según necesidades sociales ni garantiza por sí mismo derechos universales.
Cuando la propiedad está concentrada, la capacidad de influir sobre las decisiones públicas también tiende a concentrarse. Cuando el trabajo es informal y está fragmentado, su capacidad de negociación colectiva se debilita. Y cuando el Estado reduce su capacidad redistributiva, las desigualdades de origen se reproducen.
Por eso, la discusión sobre Paraguay no debería limitarse a la caída de un banco ni a la supervivencia política de Santiago Peña.
La cuestión de fondo es el modelo de sociedad que se pretende construir: una economía organizada alrededor de la rentabilidad de sus grandes propietarios o una economía en la que el crecimiento se traduzca en derechos, salarios, protección social y democratización de la riqueza.
El problema de Paraguay no es que el mercado haya fracasado en reemplazar al Estado. Es que el Estado puede terminar funcionando como garante de un orden económico cuyos beneficios están concentrados y cuyos riesgos recaen sobre el conjunto de la sociedad.
Y esa es una de las discusiones centrales que también plantea el experimento económico de Javier Milei.
