El negocio en Venezuela parece tan sencillo como fácil. En la cúspide, Marco Rubio, secretario de Estado, habla, a través de intermediarios, con la presidenta interina Delcy Rodríguez para implementar una agenda política que soporte las “nuevas inversiones”. Después, en la Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, sanciona lo conversado en forma de leyes de hidrocarburos y minería. Finalmente, el Departamento del Tesoro, dirigido por Scott Bessent, termina de validar todo lo acordado con nuevas licencias para flexibilizar el bloqueo a Venezuela.

El esquema funciona, en la práctica, como el de un hombre con una soga al cuello al que se la aflojan a medida que concede beneficios a su verdugo. Todo está registrado en los informes presentados por estas compañías, bajo la Ley de Cabildeo, donde hablan sobre sus trabajos de lobby frente a los departamentos nodales de Estado y del Tesoro, a cargo de administrar la soga al cuello de Venezuela en forma de permisos y aprobaciones de palabra respecto a algunos negocios.En el segundo trimestre del año, por ejemplo, la petrolera estadounidense Chevron pagó, en concepto de lobby, 1 millón 670 mil dólares sobre varios temas, entre los que se incluyen las “sanciones a Venezuela” y “temas energéticos” del país. La gestión está a punto de rendirle dividendos ya que está por quedarse con dos nuevos proyectos petroleros bajo las nuevas reglas petroleras, según la información que circula en los diarios financieros estadounidenses.

Según la Casa Blanca;

• Chevron ha anunciado nuevos acuerdos para movilizar más de 7.000 millones de dólares en inversiones y aumentar significativamente la producción de petróleo en Venezuela.
  • Por medio de sus empresas conjuntas, Chevron invertirá más de 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años y duplicará con creces la producción de petróleo hasta alcanzar los 600.000 barriles diarios en comparación con 2026.
  • Chevron ampliará su presencia en el cinturón del Orinoco y desarrollará las áreas de Carabobo 1 y Carabobo 2 Sur-A por medio de su empresa conjunta Petroindependencia.
  • Con unos costes totales inferiores a 20 dólares por barril, la ampliación de las operaciones de Chevron aportará petróleo más asequible al mercado, ejercerá una presión a la baja sobre los precios mundiales de la energía y generará mayor prosperidad y oportunidades tanto para Estados Unidos como para Venezuela.

La corporación British Petroleum America (BP) también siguió el mismo camino empedrado de billetes. En el segundo trimestre del año, reportó gastos por cabildeo de más de un millón de dólares para temas variados como “cuestiones relacionadas con Venezuela y la concesión de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro”.

El pasado 14 de agosto, BP informó que un nuevo negocio le cayó del cielo cuando la Oficina de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) del Departamento del Tesoro aprobó la transferencia de las acciones de Petróleos de Venezuela del campo de gas Loran ubicado en la plataforma Deltana, cuyas reservas recuperables son de cuatro billones de pies cúbicos, a un conglomerado integrado por la empresa, XRG de Abu Dhabi y UCC Oil and Gas Holding de Qatar. BP America, en la misma jugada, firmó un memorándum de entendimiento para quedarse con la porción de PDVSA del Bloque Carúpano Este, ubicado en la rica plataforma gasífera Mariscal Sucre.

Otras grandes petroleras han seguido la misma ruta. La angloholandesa Shell destinó, en el segundo trimestre del año, un millón 450 mil dólares para varios temas, entre ellos, también, un cabildeo frente a la OFAC.

Shell tiene, desde hace un tiempo, una licencia para operar el Campo Dragón en aguas del oriente venezolano junto a la estatal de Trinidad y Tobago National Gas Company (NGC) y PDVSA. El Campo Dragón es uno de los principales proyectos gasíferos de América Latina que plantea exportar gas natural licuado a través de la planta Atlantic LNG, ubicada en Trinidad y Tobago. Toda su viabilidad depende de las licencias emitidas por el Tesoro estadounidense ya que se ubica en aguas venezolanas y trinitenses y una porción de sus acciones son de PDVSA, una entidad bajo sanciones estadounidenses.

En el caso de la francesa Maurel & Prom, antes del secuestro de Maduro, su licencia para operar en el país había sido revocada por la Administración Trump, por lo que destinó 720 mil dólares a la empresa Checkmate Government Relations para que sus lobbistas consiguieran un nuevo permiso. La tarea tuvo éxito. En febrero de este año, el permiso fue restablecido gracias a la tarea de lobby de dos exfuncionarios de la Casa Blanca y Chris LaCivita Jr., hijo de uno de los principales jefes de campaña de Trump para 2024. Todos, empleados registrados de la firma de lobby Checkmate Government Relations. En el segundo trimestre del año, la francesa destinó, al menos, 90 mil dólares para que la misma firma se centrase “en las sanciones y la política energética relacionadas con Venezuela”.

Otras compañías petroleras continúan sus tareas de lobby a través de firmas, cercanas a la Casa Blanca como Ballard, de Brian Ballard, uno de los primeros recaudadores de las campañas presidenciales de Trump. Es el caso, por ejemplo, de la tailandesa Tipco Asphalt Public Company Limited, que en el segundo trimestre del año gastó casi medio millón de dólares para gestionar autorizaciones para comprar crudo venezolano en los Departamentos de Estado y del Tesoro. Y el de la española Elo Atlantic, quien destinó a Ballard un número no determinado de dinero para “una asesoría estratégica para asuntos relacionados con potenciales iniciativas de exploración en Venezuela”.

Desde el secuestro de Nicolás Maduro, la tarea de Ballard ha sido tan prolífica que hasta fundó un grupo dirigido a Venezuela; entre las beneficiadas por sus gestiones está la firma de inversión sueca Maha Capital, que pagó 120 mil dólares para conseguir una autorización de compra del 24% de las acciones de PetroUrdaneta, una empresa a cargo de un proyecto petrolero en el Lago Maracaibo que en la actualidad produce 2.000 barriles diarios y tiene el potencial de multiplicarse hasta los 15 mil en el corto plazo. Entre los lobbistas contratados para esa gestión estuvieron Micah Ketchel y Thomas Boodry, exasesores de Trump relacionados con el secretario de Estado, Rubio.

Mientras que Continental Strategies, de Carlos Trujillo, antiguo embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, cercano también a Rubio, sigue con sus tareas de lobby a favor de empresas petroleras. Una de ellas es Integra Capital, propiedad del empresario argentino José Luis Manzano, exministro de Interior de Carlos Menem y accionista de varias empresas de energía argentinas como Edenor, MetroGas y empresas mineras como Integra Uranium y medios de comunicación como el canal América de Argentina.

Integra pagó un número no determinado de dinero para que la firma de Trujillo hiciera lobby sobre la “política de Estados Unidos para Venezuela, incluyendo asuntos que afectan la protección de la propiedad privada, las inversiones y los activos comerciales”.

El holding de Manzano es accionista en Venezuela, a través de su empresa Integra Oil & Gas, de la petrolera “Lagopetrol” en el Lago Maracaibo en conjunto con la Corporación Venezolana de Petróleo. Es posible que Manzano analice si es posible quedarse con una parte más grande de las acciones de la empresa estatal venezolana. Para tal tarea cuenta entre sus lobbistas a John Barsa, ex boina verde y administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional durante el primer gobierno de Trump, y Eric Farnsworth, vicepresidente del Council of the Americas, creado por el empresario petrolero David Rockefeller en 1963.

Manzano en una conferencia.

Otra de las compañías beneficiadas por el lobby de la firma de Trujillo es Helmerich & Payne, una empresa estadounidense de perforación de petróleo y gas. En lo que va del año, destinó 175 mil dólares para tareas de lobby relacionadas con “seguridad energética y compromiso/cumplimiento comercial de Estados Unidos en Venezuela”. Hace quince años, Hugo Chávez ordenó la expropiación de once taladros de la compañía por mantenerlos “ociosos” producto de una disputa de una deuda millonaria del Estado. Es posible que ahora busque algún tipo de resarcimiento por esa disputa.

Continental Strategies, de Carlos Trujillo, antiguo embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, cercano también a Rubio, sigue con sus tareas de lobby a favor de empresas petroleras

Continental Strategies es conocida por haber conseguido un importante negocio minero en Venezuela a las firmas Heeney Capital y la suiza Mercuria Energy después de que esta última le pagase 165 mil dólares para “temas relacionados a procesos de concesión de licencias, mercados energéticos y proyectos de desarrollo de petróleo y minerales”. Gracias a este “prestigio”, construido en base a la cercanía entre Trujillo y Rubio, la firma consiguió como nuevo cliente a la compañía energética Gran Tierra Energy, quien destinó, en el segundo trimestre, casi 300 mil dólares para conseguir “oportunidades de negocios en petróleo y gas en Venezuela”. La firma acaba de vender sus participaciones en proyectos energéticos en Ecuador y Colombia por 1.300 millones de dólares.

Todo este festival de lobby espurio de amigos de amigos de funcionarios de la Casa Blanca demuestra cómo a Venezuela se le administra la soga a su cuello, mientras se sacude sus bolsillos para que sus riquezas caigan en manos de unas pocas compañías petroleras, sin ningún tipo de decoro.

Malvinas o Vaca Muerta: la falsa opción de un gobierno que entrega soberanía

La cuestión Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en el discurso político argentino. Y no hay duda de que la reivindicación de la soberanía sobre las islas constituye una política de Estado que atraviesa generaciones. El problema aparece cuando esa bandera es utilizada como sustituto discursivo de una concepción integral de la soberanía.

Porque Malvinas y Vaca Muerta no son cuestiones separadas. Ambas remiten, en última instancia, a la capacidad efectiva de la Argentina para decidir sobre su territorio, sus recursos naturales y el destino de la renta que producen.

La paradoja del gobierno de Javier Milei es particularmente evidente: puede reivindicar Malvinas frente al Reino Unido mientras promueve una arquitectura económica y energética en la que empresas extranjeras adquieren posiciones privilegiadas sobre recursos estratégicos argentinos. En ese esquema, la soberanía corre el riesgo de quedar reducida a una consigna territorial mientras se resigna su dimensión económica.

¿De qué sirve reivindicar la soberanía sobre las Malvinas si se acepta que las decisiones fundamentales sobre el petróleo y el gas argentino se tomen crecientemente en función de intereses externos?

Vaca Muerta constituye, en este sentido, el verdadero laboratorio de la soberanía argentina del siglo XXI. No se trata solamente de producir hidrocarburos. Se trata de determinar quién controla la explotación, quién captura la renta, cuánto valor agregado queda en el país, qué papel tiene el Estado y qué capacidad conserva la Argentina para utilizar esa riqueza como instrumento de desarrollo.

La discusión, entonces, no debería plantearse como Malvinas versus Vaca Muerta. Esa es precisamente la falsa opción. Una concepción nacional de la soberanía exige ambas: recuperar la soberanía territorial sobre las islas y preservar la soberanía económica sobre los recursos continentales y marítimos.

El punto crítico es que la política exterior puede transformarse en una puesta en escena de nacionalismo territorial mientras la política económica produce una creciente extranjerización de activos estratégicos. La bandera de Malvinas no puede convertirse en la coartada simbólica para ocultar la pérdida de control sobre Vaca Muerta, el mar argentino o los recursos minerales.

La soberanía no se mide solamente por aquello que un gobierno proclama que Argentina reclama. También se mide por aquello que está dispuesto a defender frente al poder económico internacional.

Por eso, la verdadera pregunta no es Malvinas o Vaca Muerta. Es mucho más incómoda: ¿qué proyecto de país puede reivindicar Malvinas mientras resigna soberanía sobre la riqueza que tiene debajo de sus propios pies?

Malvinas sin soberanía económica es una consigna. Vaca Muerta sin soberanía nacional es una renta. La soberanía argentina exige ambas.