Tego jeszcze nie było:
Na szczycie strony Elona Muska i Javiera Milei naraz – czyli tzw. Bingo:) https://t.co/Fp5j9MLJ3T pic.twitter.com/NePsvZYCnN

— Krzysztof Szczawinski 🇵🇱 (@Kristof_Poland) September 5, 2026

El fantasma de Gramsci y la batalla por el sentido común

Hay algo profundamente gramsciano en la obsesión contemporánea de la nueva derecha con Antonio Gramsci: haber comprendido que el poder no se juega exclusivamente en el Estado, las elecciones o la coerción, sino también en el terreno de las ideas, los valores y el sentido común. La paradoja es evidente: quienes denuncian una supuesta “conspiración gramsciana” para conquistar Occidente están utilizando una lógica esencialmente gramsciana para disputar la hegemonía.

Porque hegemonía no significa simplemente control cultural.

Para Gramsci, una clase dirigente es hegemónica cuando consigue que su particular concepción del mundo sea asumida como una concepción general de la sociedad. Su poder no descansa solamente en la capacidad de imponer determinados intereses, sino en lograr que esos intereses aparezcan como naturales, razonables e inevitables incluso para quienes pueden resultar perjudicados por ellos.

La hegemonía consigue algo más profundo que la propaganda: hace que determinadas ideas dejen de parecer ideas y comiencen a parecer realidad.

Eso permite comprender mejor el fenómeno Milei.

El gobierno libertario no llegó al poder solamente con una propuesta económica. Llegó también con una interpretación de la sociedad argentina. En ella, “la casta”, el “Estado”, los sindicatos, el gasto público, los políticos profesionales y el “socialismo” aparecen como distintas expresiones de un mismo obstáculo frente a un individuo concebido como agente económico libre.

El propio discurso presidencial formula explícitamente esa construcción. Milei contrapone el “Partido del Estado” a quienes defienden “las ideas de la libertad”, presenta al Estado como una estructura parasitaria y ubica al socialismo como amenaza civilizatoria.

No se trata solamente de un vocabulario de campaña.

Es una operación de construcción de sentido común.

La cuestión central es lograr que determinadas relaciones sociales sean percibidas como naturales. Si el trabajador deja de ser visto prioritariamente como sujeto colectivo y pasa a ser concebido como individuo que “vende” libremente su fuerza de trabajo; si el empresario deja de aparecer como actor situado en una relación social desigual y pasa a ser definido como “benefactor social”; si la organización sindical aparece como privilegio corporativo y no como resultado histórico de la lucha de los trabajadores, se está produciendo una transformación hegemónica.

La economía necesita esa transformación cultural.

Una reforma laboral no es solamente una modificación jurídica. Requiere previamente que el trabajo sea pensado de otra manera.

Una reducción del Estado tampoco es solamente una decisión presupuestaria. Necesita construir la idea de que aquello que durante décadas fue considerado un derecho social puede ser redefinido como gasto, privilegio o interferencia.

Y una transferencia de recursos hacia determinados sectores económicos requiere que la desigualdad sea interpretada como resultado natural de la competencia y no como consecuencia de relaciones de poder.

La batalla cultural prepara el terreno de la batalla económica.

Ese es uno de los puntos donde la lectura gramsciana resulta especialmente fértil para analizar la Argentina.

Durante décadas, la sociedad argentina construyó consensos alrededor de determinadas instituciones: educación pública, universidad pública, salud pública, sistema previsional, negociación colectiva, sindicatos, movilidad social ascendente y un Estado con capacidad de intervenir en la distribución del ingreso. Esos consensos fueron siempre incompletos y contradictorios, pero constituían parte importante del sentido común nacional.

El mileísmo no intenta simplemente administrar esas instituciones de otra manera.

Intenta redefinir su significado.

La universidad pública deja de ser presentada fundamentalmente como mecanismo de movilidad social y pasa a ser cuestionada desde la lógica de eficiencia, gasto y privilegios. El sindicato deja de ser leído como una organización de trabajadores y pasa a ser identificado con “la casta”. La política social deja de ser concebida como mecanismo de integración y comienza a ser narrada como dependencia. El Estado deja de ser garante de derechos y pasa a ser presentado como amenaza a la libertad.

Ahí está la disputa hegemónica.

Y también allí adquiere sentido la insistencia en el llamado “marxismo cultural”.

La nueva derecha necesita un adversario cultural porque está intentando modificar un sentido común anterior. Por eso la etiqueta puede reunir fenómenos completamente diferentes: peronismo, feminismo, universidades, progresismo, organizaciones sociales, sindicatos, políticas de género, intelectuales, artistas o periodistas.

La diversidad de esos actores es precisamente lo que desaparece.
Todos pasan a formar parte de un mismo “ellos”.
Frente a ese “ellos” aparece un nuevo “nosotros”: los argentinos de bien, los trabajadores, los emprendedores, quienes “se levantan temprano”, quienes pagan impuestos, quienes no viven del Estado.
Es una operación clásica de construcción política: transformar una multiplicidad social en un sujeto colectivo.
En ese punto, la batalla cultural deja de ser retórica y se convierte en política de masas.

La nueva derecha argentina ha comprendido algo que buena parte del progresismo y del peronismo subestimaron durante años: las categorías con las que una sociedad interpreta su propia realidad son también un campo de poder.

No alcanza con administrar mejor una economía. Hay que disputar qué significa “trabajo”, qué significa “libertad”, qué significa “Estado”, qué significa “privilegio”, qué significa “mérito” y, fundamentalmente, quién es el pueblo.

La propia evolución discursiva de Milei muestra esa dimensión. El libertarismo argentino fue desplazándose desde un discurso principalmente económico hacia una ofensiva más amplia contra lo que identifica como hegemonía progresista. Analistas de la nueva derecha han señalado precisamente el uso deliberado de conceptos como “hegemonía” y “batalla cultural” por parte de autores y dirigentes libertarios, aunque puestos al servicio de una estrategia política opuesta a la tradición gramsciana.

En 2025, esa orientación llegó incluso al plano internacional. En Davos, Milei colocó buena parte de su discurso en el terreno de las guerras culturales y articuló su posición con figuras de la nueva derecha internacional como Donald Trump, Elon Musk, Giorgia Meloni y Viktor Orbán.

No es casual.

La disputa argentina forma parte de una batalla internacional por la definición del sentido común.

Pero existe aquí una cuestión decisiva: la hegemonía no se decreta desde el gobierno.

Puede construirse desde el poder, pero necesita arraigo social. Una concepción del mundo se vuelve hegemónica cuando logra conectar con experiencias materiales concretas.

Y allí aparece el límite del proyecto libertario.

Si la experiencia cotidiana de amplios sectores sociales contradice persistentemente el relato oficial, la hegemonía comienza a erosionarse. Si el trabajador escucha que el mercado lo libera pero experimenta precarización; si el jubilado escucha que el ajuste es inevitable pero pierde capacidad de consumo; si el estudiante escucha que la universidad pública es un privilegio pero percibe que allí reside una de sus pocas posibilidades de movilidad social, aparece una contradicción entre discurso y experiencia.

Es en esas grietas donde se juega la contrahegemonía.

Por eso la respuesta al mileísmo no puede consistir solamente en denunciar sus políticas económicas. Necesita disputar también las categorías mediante las cuales esas políticas son interpretadas.

No alcanza con decir que el Estado es necesario.

Hay que explicar para quién, para qué y frente a qué relaciones de poder.

No alcanza con defender la universidad pública.
Hay que reconstruir su vínculo con la movilidad social, el desarrollo científico, la soberanía económica y la igualdad de oportunidades.
No alcanza con defender los sindicatos.
Hay que recuperar la idea de que la negociación colectiva es una forma institucional de equilibrar una relación estructuralmente desigual entre capital y trabajo.
No alcanza con reivindicar al Estado.
Hay que mostrar qué intereses privados se benefician cuando determinadas funciones públicas desaparecen.
En otras palabras: hay que reconstruir una contrahegemonía.
Y aquí Gramsci vuelve a ser mucho más útil que el fantasma construido por la nueva derecha.

Porque su problema no era cómo “controlar” universidades o medios de comunicación. Su problema era cómo los sectores subalternos podían construir una concepción del mundo propia, organizarse políticamente y convertir demandas dispersas en una voluntad colectiva capaz de disputar la dirección intelectual y moral de la sociedad.

La Argentina atraviesa precisamente esa disputa.

El mileísmo intenta convertir la libertad de mercado, el individualismo y la reducción del Estado en nuevo sentido común. El peronismo y las fuerzas populares tienen por delante algo más complejo que resistir medidas: necesitan reconstruir una interpretación alternativa de la sociedad, capaz de articular derechos sociales, trabajo, producción, soberanía y movilidad social con una nueva mayoría.

Porque la hegemonía no se pierde únicamente cuando se pierde una elección.

Se pierde cuando las palabras con las que una sociedad comprendía su propia vida dejan de explicar esa vida.

Y también se recupera allí.

La verdadera batalla gramsciana de la Argentina no consiste, entonces, en combatir un inexistente “ejército gramsciano” escondido en las universidades.

Consiste en disputar quién consigue transformar su propia visión de la sociedad en sentido común.

Hoy esa disputa tiene nombre y apellido: Javier Milei intenta construir una nueva hegemonía alrededor de la libertad de mercado y el individualismo. La cuestión política decisiva es si las fuerzas populares serán capaces de construir una contrahegemonía que vuelva a convertir la igualdad, el trabajo, los derechos sociales y la comunidad política en sentido común mayoritario