El proyecto estratégico era -y es- sacar gobiernos democrático populares, progresistas

Daniel García Delgado* Director del Área Estado y Políticas Públicas de la FLACSO Argentina. Exposición realizada en el marco de la jornada de Apertura del Programa de formación integral en políticas de transparencia y acceso a la información pública con enfoque de derechos humanos (AAIP-FLACSO Argentina)

Introducción

En mi exposición quiero tomar algunos minutos para ver la innovación que significa el Programa de formación/capacitación para empleados/as y responsables del acceso a la Información pública, que se realiza en la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y la FLACSO (Área de Estado y Políticas Públicas) y enfatizar su valor para la construcción de un paradigma posneoliberal sobre la transparencia y el acceso a la información pública con enfoque de derechos humanos. Y esto cuando se produce un momento clave en la vida de nuestro país en que se define electoralmente la opción entre dos modelos de país y proyectos estratégicos contrapuestos.

Esto lo voy a desarrollar en dos puntos. En el primero pretendemos mostrar dos concepciones de la transparencia: la neoliberal y la posneoliberal o integral. En el segundo, nos proponemos debatir sobre perspectivas del acceso a la información pública con enfoque de derechos humanos: uno más individualista, institucionalista y privatista, y otro más asociada a una concepción amplia de los derechos humanos y de la comunidad y a una ética pública del bien común.

  1. La sociedad de la transparencia: dos enfoques.

En principio, debe remarcarse que hubo y hay un enfoque de la transparencia como aparato ideológico del neoliberalismo. Si bien estuvo muy en boga durante el “Gobierno abierto” de Macri, de la modernización informática que preconizaba, ese proyecto no ha sido abandonado sino se presupone va a profundizarse en el el caso de que Juntos por el Cambio capture nuevamente el Estado.  Precisamente, la transparencia conformaba entre 2015 y 2019, el logos del gobierno conservador, con la promesa de una sociedad mejor y la “revolución de la alegría”. Y esta crítica no es no reconocer la importancia del valor de la transparencia en la gestión pública, sino por el contrario, considerarlo un principio que debe ser garantizado y una responsabilidad del Estado y de los/as funcionarios/as que ejercen esas funciones. Pero es importante develar cómo se utiliza.

En ese gobierno anterior hubo en un enfoque una apelación y un uso intencionado de la transparencia como instrumento ideológico para cuestionar ciertas políticas públicas y ponderar otras que, en última instancia, expresaban una sospecha sobre el Estado como naturalmente corrupto y necesario de controlar, sobre un presunto accionar opaco de sus funcionarios y de esa forma condicionar capacidades estatales y fortalecer la judicialización de la política. Asimismo, y se afirmaba el valor absoluto y positivo del mercado en la asignación de los recursos. El que define el modelo de acumulación, la inserción internacional y el rumbo del país debía ser el capital concentrado y las elites y no el Estado o las mayorías. Este debía tener un único rol: en una metáfora futbolística ser el “canchero” que corta el pasto para que jueguen las multinacionales, es decir, quien genera condiciones adecuadas para el desempeño de los actores económicos.

La crítica a la sociedad transparente como una sociedad de control está fundamentada en uno de los renombrados libros de Byung-Chul Han (2015) “La sociedad de la Transparencia”, donde señala que la Transparencia es un dispositivo neoliberal que conforma un orden de dominación que busca transformar todo en información. Una sociedad de control, que intenta fortalecer el predominio corporativo sobre la política. También en nuestro texto “Elites y captura del estado: control y regulación en el neoliberalismo tardío” (2017), -donde Bea Anchorena también fuera autora-, y se explicitaban algunas críticas al ‘gobierno abierto’ y modernizante de entonces, por sus impactos sociales y económicos negativos, (aumento de la pobreza de la inflación, endeudamiento) y la difusión de mecanismos de opacidad y apropiación privada de la decisión pública como el habitual de “La puerta giratoria”, donde un empresario entraba por la puerta y se convertía en Ministro del Estado, y luego salía por la misma pero ya con el sombrero de CEO de la empresa que había beneficiado con sus disposiciones.

La transparencia en ese enfoque es una ideología, y como toda ideología tiene un dispositivo central que ha sido mistificado y absolutizado. El peligro de la transparencia descansa en esa ideologización. Veamos: i. En este enfoque, la sociedad de la transparencia se presenta, primero, de modo contrapuesto a la Sociedad del Estado de Bienestar donde había un rol activo y presente del Estado orientado a derechos sociales y de nueva generación, pero que en este enfoque neoliberal se suponía propenso a la corrupción particularmente en funcionarios y políticos de gobiernos “populistas”, a la ineficiencia y casi como sinónimo de corruptos y clientelares. Portando una opacidad que sería uno de los atributos ínsitos del adversario político que se enfrentaba con una perspectiva de antagonismo:  el peronismo y kirchnerismo. En esta sociedad de la transparencia paradojalmente la mentira, las fake news, la información maliciosa se transformaba en posverdad con ausencia de toda ética pública y profesional (‘periodismo de guerra’), del cual la causa de “los “Cuadernos Gloria” en esos materiales adulterados aportados como pruebas de la misma parecen ser el prototipo de hasta dónde se podía llegar para engañar y tratar de encarcelar opositores políticos.[1]

Segundo, la falta de transparencia era así asociada a la negatividad de los actores colectivos defensores de derechos como sindicatos gremios docentes, que demandaban por sus salarios como en la negación de valores como el interés general, el Estado activo en la defensa de la equidad, inclusión o la justicia social, ya que lo transparente estaría representado sólo por las empresas, las elites, las leyes del mercado y lo meritocrático, generando así un individuo, aislado, sujeto solo y responsable de su posible éxito o fracaso. De allí el debilitamiento inducido de las instituciones de control durante ese gobierno y la legitimación política e ideológica del Lawfare, de la partidización del Poder Judicial. Por eso, una característica de las democracias condicionadas.

Más aún, donde si bien en el Estado capitalista puede existir una autonomía relativa del capital, como señalan autores neo-marxistas como Poultanzas (1979), es decir, que el Estado no es el reflejo automático de los intereses de la clase capitalista, pero esa autonomía relativa hay que utilizarla o ganarla, no se da naturalmente, son posibilidades a aprovechar. Con capacidades de las agencias de gobierno, pero sobre todo por voluntad política y liderazgos de utilizarla, mediante leyes, decretos de necesidad y urgencia, apoyándose en la participación y movilización y tratar de maximizar la soberanía popular en el cumplimiento del gobierno por lo votado. Eso precisamente no fue utilizado durante gran parte del gobierno del Alberto Fernández particularmente sobre el impacto que tendría el endeudamiento externo contraído por el anterior gobierno.

Ahora bien, esto de la transparencia como núcleo estratégico del Estado de los CEOS se asocia una estrategia regional operada desde el 2014, de formación de jueces y fiscales en el lawfare en EEUU; para la persecución por medios jurídicos del adversario político, y convertir mediáticamente a éste en un delincuente. El proyecto estratégico era -y es- sacar gobiernos democrático populares, progresistas y de izquierda, interesados en incluir, en la defensa de la soberanía nacional o tener alianzas regionales o internacionales no convenientes para los intereses de ‘la Seguridad Nacional de los EEUU’, como sería criticar el bloqueo a Venezuela o Cuba o el vincularse con China o a las BRIC´s. Se puede ejemplificar con los casos de Lula da Silva en Brasil, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay, Castillo en Perú, y aquí CFK y dirigentes que sufrieron la persecución judicial y a veces parlamentaria en nombre de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

2.El enfoque de la transparencia desde una concepción posneoliberal

Este otro enfoque hace referencia a un abordaje integral de la misma, afirmando que ésta no puede quedar referida exclusivamente al sector público y a los comportamientos individuales, sino que señala que una parte significativa de los problemas de corrupción y opacidad provienen del sector privado y concentrado. Allí se produce una delincuencialidad económica en relación con el sistema impositivo mediante: la evasión, el lavado de dinero, en el contrabando y la triangulación de mercaderías, el endeudamiento y la fuga. En la especulación del precio de los alimentos y del dólar blue. Todas ellas acciones lesivas al interés nacional, contribuyendo al desfinanciamiento del Estado, a los bajos salarios de los trabajadores, a la precarización y favorables a la conformación de una sociedad de pobres y ricos y sin movilidad social ascendente. Asimismo, que tampoco es un instrumento de clarificación y de justicia un Poder Judicial partidizado, trabajando para la oposición y para la nueva doctrina con pretensión purificadora “de los populismos”.

Por el contrario la concepción posneoliberal, integral, nacional, popular y democrática muestra que, muchas veces son los empresarios más concentrados son los que echan toda la culpa de los problemas de Argentina (por ej., la inflación) a los políticos, y no se responsabilizan por sus prácticas, tanto de su apoyo a las privatizaciones, tratar de impedir que YPF o AA se mantengan como empresas públicas, o la especulación en los precios de los alimentos, luego pasaje de sus ganancias a dólar blue y seguir subiendo los precios y acumulando activos dolarizados en el exterior.

Asimismo, una ONG’s puede pedir información a la Agencia sobre por ej., ¿cuánto cobran los pilotos de AA? pero detrás de esa demanda de información pública no está un interés de un ciudadano común sino el de los que van a utilizar esos datos para condicionar la opinión pública, para desprestigiar la Aerolínea de bandera y tratar de legitimar su privatización. Otro ejemplo regional de lo mismo, lo muestra AMLO, el Pte. de México, que acaba de criticar que los EEUU financia ONG´s, que apoyan al partido de derecha, el PRI de la oposición, para cuestionar sus medidas de crear una empresa nacional del litio, lo mismo que del petróleo y fabricar su propia electricidad y no comprarla al país vecino.

Aquí nuevamente, Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, de una de las mayores fortunas del país y vive en Montevideo para no pagar impuestos, también es accionista del ‘fondo buitre’ Bulford que está litigando contra YPF por 17.000 millones de dólares. Con esto queremos invertir la carga de la prueba y que el problema principal de opacidad y de la falta de transparencia está ubicado en el sector concentrado del mercado, de las multinacionales o de las grandes empresas locales que lucran con el “estado bobo” o en la falta de voluntad política de conflictuar con estos intereses. Pero no son sólo actores empresariales sino en articulación con el Poder Judicial. De acuerdo a Ari Lijalad, el lawfare es económico más que judicial. Es más: “el lawfare no se reduce ni por asomo a las causas armadas contra CFK u otros ex funcionarios. El lawfare significa la imposición de políticas económicas y de decisiones sobre la vida cotidiana de millones de argentina por un medio que no son los votos. La táctica son las causas, las condenas, las proscripciones; la estrategia apunta a los balances de las corporaciones que controlan lo que cuestan los alimentos, los servicios, los medicamentos, el alquiler. En este neologismo que combina law (ley) y warfare (guerra), lo que es atacada es la democracia”. [2]

Es decir, tenemos una tarea más amplia, de hacer transparente el accionar del Estado, pero una mucho más fuerte que es de hacer transparentes los mercados y, asimismo, de mostrar cuán sesgados o partidizados son los fallos de la Justicia Penal o la Corte Suprema, tanto en grandes causas o en el negarse al acceso a la información presupuestaria del municipio de la Plata a una concejal de la oposición. [3]

Si desde el paradigma neoliberal se puede decir que una empresa privada energética es transparente porque cumple con códigos de integralidad, y compliance, de ética internos, pero también se puede decir que no se decía nada acerca de los precios de la electricidad a los usuarios estaban dolarizados y eran impagables y que tenían ocultos sus costos a boca de pozo lo que se demostraba en las audiencias públicas con los usuarios. Por eso, la visión amplia del enfoque de la transparencia y la protección de datos personales con enfoque en derechos humanos se debe asociar a una ética pública del bien común a garantizar por el Estado. El rol del Estado es clave, sus capacidades también pero no lo es menos el liderazgo y la voluntad política de acometer esta tarea en favor del interés público. Porque es claro que no hay control y regulación solo autorreferencial de los actores de la sociedad civil, como de poco sirven los códigos de ética y cuadernos de estilo de los medios de comunicación concentrados con vocación no informática ni de veracidad periodística sino debilitar al Estado y la acción colectiva. Ni tampoco considerar el Poder Judicial, como el poder neutral y mayestático que enjuicia lo corrupto cuando se muestra dentro de los círculos de poder que ligan jueces con el poder mediático, el funcionarial de la oposición y el corporativo trasnacional, como se revela en los chats del caso del ‘Lago Escondido’. O aún que el intento de magnicido de CFK donde se niegan a investigarlo en todas las vinculaciones económicas y políticas que lo impulsaron.

El concepto integral de transparencia señala que ésta debe operar tanto en lo estatal en sus tres poderes, como en lo privado y en lo social. Que debe haber una prevalencia del bien común por sobre un interés individual particular de algunas organizaciones (ONG´s, sociedad civil, Corporaciones económicas, finanzas) que busca impedir toda actividad de control público sobre la economía o hacer predominar los intereses de mercados oligopólicos y especulativos.

Esta perspectiva integral ha comenzado a expresarse en este Gobierno con una mayor actividad de las agencias de control sobre comportamientos privados opacos o delictuales económicamente, particularmente en la etapa que asume el Ministro de Economía Sergio Massa y su interés por controlar las canaletas donde se fugaban los dólares y poder preservar las reservas y evitar la especulación y devaluación. Se ha empezado a recuperar parte de esa autonomía relativa del Estado, en la negociación con el FMI, pagando con yuanes y negociando con más firmeza. Y en este accionar de los organismos encargados de controlar, auditar la evasión fiscal como la AFIP, luchando contra el contrabando, la triangulación, una economía ilegal, en negro; y de las grandes empresas con contabilidad paralela. El controlar más abusos en las importaciones ya que se han detectado situaciones de empresas mediante mecanismos de triangulación, con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Así, investigaciones que ha realizado la IGJ han demostrado las irregularidades del ‘Fideicomiso ciego’ del Pte. Macri, para ocultar el incremento de su patrimonio personal durante su gestión. También el “alquiler” de medidas cautelares facilitado por la Justicia Comercial para el acceso indebido al dólar oficial a otras empresas; o la creación de Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) para generar empresas truchas y del narcotráfico. Por último, el financiamiento partidario ilegal utilizando como pantalla a una Asociación Civil sin fines de Lucro. La Aduana, la UIF ahora ayudan a evitar la elusión, el lavado, la fuga de dinero que suele ser apalancado por bancos especializados y estudios jurídicos. Asimismo, el activismo de la AGN en la denuncia de lo fraudulento del endeudamiento contraído por Macri y el mayor trabajo de la SIGEN en la transparencia del Estado, y en el Observatorio de la Transparencia del Ministerio de Obras Públicas.[4]

  1. El acceso a la información pública con el enfoque de derechos humanos.

Aquí también existen dos enfoques posibles, partiendo de que la información es clave en la sociedad actual, es poder. Donde, por un lado, nos encontramos con la sobre información de determinados hechos y por otro con la sub-información de otros, generada por los medios hegemónicos, que afectan la información pública general. Generando, por un lado, un individuo que descree del Estado y la política, presto a tomar distancia de sectores postergados y a identificarse con los altos y a comprar cualquier información simplificadora de lo que pasa y apoyar opciones políticas contrarias a sus propios intereses. En segundo lugar noticias catastróficas como la aparición de vida extraterreste, el desprendimiento de un bloque de hielo de la Antártida del  tamaño de Argentina o como declaró la ONU que el planeta se encuentra en una nueva fase, denominada, “estado de ebullición” por el aumento de la temperatura, que en ocasiones son utilizadas para desviar la atención sobre otros problemas de la humanidad, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad y la crisis climática, y que los presupuestos de las potencias en vez de ir hacia esos objetivos de transición climática y pobreza van a la militarización y al fortalecimiento de sanciones sobre todos los países que no acatan su agenda desde una perspectiva imperial.

Así, hay una sobre información sobre lo que se quiere mostrar o es importante para los intereses dominantes y subinformación de lo que es importante o en favor de los sectores vulnerables, de los intereses nacionales, y de lo que se quiere ocultar o confundir o también generar “blindajes” sobre una forma de gestionar y tomar decisiones de un gobierno[5].

Y si bien es necesario favorecer el acceso a la información pública para conocer todo lo que financia el Estado, y lo que hace el sector público con la plata de los contribuyentes; y considera esto como un Derecho humano para garantizar la libertad de expresión, no hay que dejar de considerar que, muchas veces los motivos invocados para la demanda de información son falaces o provienen de ONG’s financiadas por intereses y potencias del exterior de modo que esa información pueda ser aprovechada maliciosamente por intereses privados externos y contrarios al bien común. Asimismo, considerar que en la sociedad digital y el capitalismo neoliberal los datos tienen un valor cada vez más grande sobre la vida de las personas, instituciones y el Estado. Los datos son una suerte de megaminería del capitalismo actual, en que si no se regulan por el sector público puede devenir en lo que Byung Chul Han convertida en Sociedad del control, consumos, información personal utilizable para estafas, carancheos sobre la información personal digital, la información necesaria para condicionamientos de consumos y electorales, (ej. Cambridge Analytica, en 2015).

De este modo, cobran verdadera importancia los desafíos y oportunidades que emergen en el contexto de las transformaciones tecnológicas y la economía digital y el capitalismo neoliberal, para elevar capacidades estatales, protección del ciudadano y mayor autonomía del Estado para preservar el bien común, como es el proyecto de actualización de la Ley de Protección de Datos Personales elaborado por la AAIP y elevado en julio de 2023 al Congreso de la Nación para su tratamiento.

Como Uds. ya saben el Convenio 108 del Consejo de Europa fue el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante adoptado en el ámbito de la protección de datos personales. Con el Protocolo que ha modificado el Convenio, conocido como Convenio 108+, se han perseguido aquí en la nueva ley de protección en Argentina dos objetivos principales: por una parte, hacer frente a los retos derivados de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y, por otro, reforzar la aplicación efectiva del Convenio. Representa una herramienta única y global para la armonización y convergencia regulatoria desde un enfoque de derechos humanos y establecer un estándar en la protección de datos personales en una era digital en constante expansión.

Sortear estas tensiones forma parte de la formación de funcionarios de la nueva ley sobre datos personales, de contar con un marco teórico contextual y regulatorio actualizado para poder garantizar esos derechos humanos y el bien común en un paradigma posneoliberal en una etapa de la sociedad digital y de nuevas tecnologías (por ejemplo, la inteligencia artificial) que introducen nuevos desafíos (y en algunos casos) para el trabajo como lo conocemos en la actualidad. Para eso es necesario superar el enfoque ortodoxo de la economía y de la existencia de una sociedad exclusivamente de mercado donde todo puede comprarse, sin ningún ordenamiento moral o ético (Sandel, 2023) y, sabiendo que los derechos humanos no son solo los individuales, y del utilitarismo, sino también sociales, como el derecho a la vivienda, al trabajo, al acceso a la tierra, a la salud y educación pública, y de los pueblos al desarrollo a un Estado que regule los mercados y no sean estos los que diseñen el modelo de sociedad desigualitaria y sin derechos ni sociales o individuales, una sociedad de elites (García Delgado, Ruiz del Ferrier y de Anchorena, 2018). A un Estado, por fin que ejercite su autonomía relativa con capacidades leyes y políticas públicas haciendo cumplir también el derecho al desarrollo y a la inclusión (Cao, Laguado Duca y Rey, 2015).

En esta construcción de un paradigma de la información pública, de la comunicación en un sentido amplio, también el país necesita de recuperar algunas cosas perdidas estos años y generar otras normativas: a) la Ley de comunicación que desmonopolizaba ésta, y que fuera anulada por una cautelar y la Corte Suprema durante el gobierno de Macri. b.) El Decreto de Necesidad y Urgencia, que declaraba el acceso a Internet como un derecho público, también derogado por el Poder Judicial por otra cautelar y además facilitando la fusión de grupos económicos. c). Por último, promover una reforma del Poder Judicial integral dado que es estamental, conservador, pero que se ha partidizado y no es democrático, problema además que padecen la mayoría de los países de la región.

Cierre

Por todo lo anterior, destacamos la importancia que tiene contribuir a la construcción de un paradigma posneoliberal sobre transparencia y acceso a la información pública desde una perspectiva integral y desde un enfoque de derechos, que tanto se requiere para un modelo de desarrollo con inclusión.

También destaco el valor del aporte que supone esta iniciativa para elevar la calidad de la gestión pública, y ello en un momento de cambio tan importante como el que estamos atravesado en estos momentos por tres aspectos: por la celebración de los 40 años de la democracia, no solo como una efeméride y de satisfacernos de su logro, sino también desde una perspectiva crítica, sobre ¿qué falta? ¿qué se ha distorsionado o condicionado en estos años?  en una sociedad que tiende a la pobreza y precarización?

Segundo, porque electoralmente se juga el destino del país de forma crucial, no es solo un cambio de gobierno sino de modelo de sociedad: uno que apuesta a derechos y otro que busca derogarlos; uno que apunta al derecho al futuro, otro que busca involucionar al pasado a una sociedad de mercado. Y tercero, por una transformación del poder mundial que nos afecta tanto en lo económico, tecnológico como en lo geopolítico (el conflicto unipolaridad vs. multipolaridad, el de occidente colectivo G-7, vs. Brics+, sur global y cooperación sur-sur), y en el que debemos participar activamente. Y es por todo ello que pretendemos realizar este Programa de formación que sea abierto y plural y contextualizado para que se fortalezcan capacidades públicas de nuestro Estado y con ello también la democracia, el derecho al acceso a la información y   los derechos humanos en sentido amplio.

Bibliografía

AAIP (2022). Plan Estratégico 2022-2026. Agencia de Acceso a la Información Pública. Jefatura de Gabinete de la Nación. Buenos Aires. Argentina.

Byung-Chul Han (2014). La sociedad de la transparencia. Buenos Aires: Herder.

Castellani, A. (2018). “Lobbies y puertas giratorias. Los riesgos de la captura de la decisión pública”. En: Nueva Sociedad. 276. Julio-Agosto 2018.

 Cao, H., Laguado Duca, A., y Rey, M. (2015). El Estado en cuestión. Ideas y política en la Administración Pública argentina. (1960 – 2015). Buenos Aires: Prometeo.

García Delgado, D., Ruiz del Ferrier M.C., de Anchorena, B (2018). Elites y captura del Estado. Buenos Aires: FLACSO.

García Delgado, D, y Casalis, Alejandro (2023). Democracias condicionadas. Riesgos y oportunidades en un cambio del poder mundial. Buenos Aires: FLACSO.

IlIades, E (2018). Fake News. La nueva realidad. Ciudad de México: Grijalbo.

Poulantzas, N. (1979). Estado, poder y socialismo. Madrid: Siglo XXI Editores.

Sandel, M. (2013). Lo que el dinero no puede comprar. Los limites morales del mercado. Barcelona: Debate.

Referencias

[1]  IlIades, E (2018). Fake News. La nueva realidad. Ciudad de México: Grijalbo.

[2] Ari Lijalad, “El bosque de Rosatti, gerente de una Corte imperial”. El Destape, 07-08-23.

[3] La Corte Suprema rechazó un pedido de Tolosa Paz para acceder a información pública sobre la economía del municipio de La Plata. Declaró “inoficioso” pronunciarse sobre un reclamo de una ex concejala de La Plata para que le habilitaran, tal como lo estableció una vieja normativa y una resolución dictada por la ex gobernadora María Eugenia Vidal en 2016 para garantizar la “transparencia”, un usuario y una clave para acceder a la documentación pública sobre la economía del Municipio. La ex concejala es la hoy ministra de Desarrollo Social y candidata a diputada nacional por Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz. Intentó por todos los medios, incluso los judiciales, acceder a ese usuario que le permitiera controlar los números de la gestión del intendente Julio Garro. Ver: Néstor Espósito “A favor del intendente Garro”, en: Tiempo Argentino, 07-08-23.

[4] Ver Observatorio de la Obra Pública, Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Informe de Gestión 2022 del Observatorio de la Obra Pública. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/observatorio_de_la_obra_publica_2022._construccion_colectiva_de_politicas_1.pdf

[5] Por ejemplo, de gobierno abierto y transparente, como así se denomina el de CABA, sin embargo, según se sabe; “En los 16 años que el PRO lleva gobernando la Ciudad, siempre ejecutó medidas que afectaban los intereses de las mayorías con el hermetismo cómplice de los grupos mediáticos. Salvo algunas excepciones como éste medio y otros, el resto, pautaba un sugestivo beneplácito con la administración macrista. Esta situación se profundizó en los últimos ocho años que gobernó Rodríguez Larreta, con un gasto escandaloso en pauta: En lo que va de 2023, destinó 33 millones de pesos por día en ese sectorSegún datos oficiales de la ejecución presupuestaria de la Ciudad, de los 8.605 millones de pesos presupuestados para éste año en Pauta, la Ciudad utilizó el 34% del total, alrededor de $3000 millones, es decir, casi 33 millones de pesos por día gastados en el primer trimestre del año.” BAleaks. 27-07-23

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