En este informe realizamos un detalle de los principales ejes que contiene este proyecto de Ley, dividido en tres partes. Primero, los beneficios al poder económico. Segunda parte, los ataques al empleo público, haberes jubilatorios y criminalización de la protesta. Tercero, se analiza una nueva tanda de propuestas desregulatorias - algunas alineadas con lo contenido en el DNU - y sus impactos sectoriales. Todo lo que se informa acá es hoy acompañado por un curioso “viva la libertad carajo”, que los analistas de derecha y e izquierda neoliberales seguramente nos explicaran su sentido histórico profundo, y obviamente al final del día, “la culpa la tendrá Cristina”. Pasen y vean este bonito paper del CEPA.

¿Va la Argentina camino a convertirse de modo acelerado en una nueva sociedad autoritaria y excluyente bajo el mandato del ultraderechista Javier Milei, recién asumido el 10 de diciembre de 2023?

La preocupación por el ajuste y la intención de saltearse el Congreso pegan en su imagen. El gran interrogante es si la conflictividad social tenderá a agudizarse en forma rápida o a un ritmo más lento.

El gobierno busca privatizar el fútbol. La guerra contra AFA. La trama legal. ¿Cual sería el negocio detrás de esto? El rol de los representantes. La Ley Bosman, el negocio global y los cambios culturales.

Esperamos uuna evolución ascendente de la carencia de ingresos familiares que, aun manteniendo el mismo nivel de actualización de salarios del lapso 2016-2023, al finalizar el primer semestre de 2024 se acercarán a los niveles registrados en la salida de la crisis neoliberal del año 2001: de 54% de pobreza y 27% de indigencia morigarados por las tranferencias vía planes de ingresos alternativos, con desempleo en alza, que seguramente ya alcanzará los dos dígitos.

La construcción de alianzas estratégicas entre elites económicas y diversos tipos de actores ha sido clave para el ejercicio de una violencia funcional a sus intereses, como así también para la obtención de la impunidad necesaria para seguir operando y reproduciendo sus modelos de acumulación y las desigualdades resultantes. Los casos de Argentina y Colombia, más allá de sus significativas diferencias, permiten visibilizar cómo la violencia política, la represión estatal y la impunidad han sido instrumentalizadas con frecuencia en beneficio de las elites económicas y en detrimento de derechos civiles, políticos y económicos de sus víctimas.

Nadie definió tan claramente en una frase el escenario del gobierno de la Libertad Avanza como el periodista Ernesto Tiffenberg: “La primera privatización del gobierno de Javier Milei no figura en el decretazo. Es ni más ni menos que la propia lapicera presidencial”. Ese es el origen de “La fiesta terminó, no hay plata”.

El intento de gobernar vía decreto es la aceptación implícita por parte del gobierno de que su proyecto no puede ser hegemónico, resulta imposible de ser consensuado y solo puede ser viable por la vía de la coerción, en este caso coerción jurídica.