Sánchez también ha anunciado que a partir de ahora abre “un punto y aparte para trabajar sin descanso y con firmeza y serenidad por la consolidación de los derechos y libertades”, en suma, por la “regeneración de la democracia”, apelando a “que la mayoría social se movilice en defensa de la dignidad”.

Siendo este el desenlace, es difícil no sospechar que detrás del paréntesis de 5 días, además de los motivos personales no hubiera un cálculo político por parte de Sánchez con vistas a  prevenir una probable crisis de gobernabilidad del régimen tras las próximas convocatorias electorales. En todo caso, la movilización de su partido y de las fuerzas políticas y sociales afines en estos días en torno a su figura ha venido a reforzar su liderazgo plebiscitario y su hegemonía respecto a las fuerzas a su izquierda en el gobierno, a su vez más debilitadas.

Además, esta decisión se produce en un contexto de policrisis global y de ascenso de la Internacional reaccionaria que sigue sin ser combatida desde las fuerzas del nuevo progresismo con propuestas alternativas y muchas de las cuales se han ido adaptando a la agenda de un neoliberalismo autoritario, xenófobo y militarista.

Por eso no sorprende que frente a la amenaza muy real contra las conquistas políticas y sociales logradas en los decenios pasados que supondría la posibilidad futura de un gobierno PP-Vox, la promesa de regeneración democrática hecha por Sánchez no haya ido acompañada de concreción alguna. Porque si el “punto y aparte” que ha anunciado para esta nueva etapa, en la que sin duda no va a cesar la ofensiva del bloque reaccionario -político, mediático y, sobre todo, judicial-, debiera significar algo, tendría que suponer un verdadero giro democratizador y a la izquierda.

Por tanto, hay razones de sobra para expresar un profundo escepticismo respecto a lo que se quiere presentar como una nueva etapa del gobierno de coalición que en el pasado reciente no se ha caracterizado precisamente por luchar contra los factores que están detrás del ascenso de las derechas y que, además, mantiene en su seno a un personaje como el ministro Grande-Marlaska, responsable principal de la tragedia de las vallas de Melilla.

Sin embargo, no faltan ejemplos de lo que debería significar una lucha consecuente contra el lawfare y por la consolidación de los derechos y libertades: la derogación de la Ley mordaza y de la legislación de extranjería, así como de la Ley de Secretos Oficiales, la depuración efectiva del poder judicial y del aparato policial, así como una amnistía para quienes, como los 6 de Zaragoza, han ingresado en la cárcel por el ejercicio de derechos fundamentales, serían sólo algunas de las que podrían demostrar una voluntad efectiva de radicalidad democrática.

También, si se es consciente de que, en el caso español, detrás de la radicalización de las derechas está, como hemos visto con su rechazo a la ley de amnistía, su beligerancia en la defensa de un nacionalismo español excluyente y criminalizador, debería entrar en la agenda de este gobierno asumir la necesidad de caminar hacia un reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad y una resolución democrática del conflicto catalán mediante un referéndum pactado sobre la independencia. A lo que habría que sumar la necesidad de acabar con otro de los grandes errores del consenso de la Transición, reconocido incluso por uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca, como fue y es un Senado que no tiene nada que ver con la representación territorial de nuestros pueblos y convertido ahora en bastión de la reacción. Y, en fin, last but not least, la obligación como antigua potencia colonial de restituir al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación.

Pero sabemos igualmente que entre las razones del malestar de las capas populares se encuentran el miedo y la inseguridad ante un futuro en el que las desigualdades de todo tipo se van a ir agravando dentro una Unión Europea que amenaza con el retorno del Pacto de Estabilidad y Crecimiento al servicio de una Europa potencia; una Europa más militarizada y racista, actualmente cómplice del genocidio que está sufriendo el pueblo palestino y que sigue aplazando la lucha consecuente contra la crisis climática. Mucho nos tememos que en ese marco sistémico, en la agenda del gobierno presidido por Sánchez siga sin estar presente la disposición a adoptar una reforma fiscal y una reforma laboral radicales, o a poner en pie una empresa energética pública.

Con todo, debemos ser conscientes de cuál es la actual correlación de fuerzas y, por tanto, de la necesidad de cambiarla radicalmente si queremos volver a poner en nuestro horizonte la necesidad de un programa de acción dispuesto a frenar no sólo a las derechas, sino también a cuestionar las bases mismas de un régimen que sigue mostrándose incapaz de asumir en su seno algunas de las moderadas reformas que el gobierno actual propone. Por eso, para avanzar por ese camino, ahora urge trabajar más allá de las instituciones para buscar una confluencia en torno a objetivos y movilizaciones comunes entre las organizaciones sociales más activas y alternativas, y todas aquellas que se esfuercen por expresar su sentimiento de indignación y voluntad de defensa de la democracia frente a lo que puede llegar a ser una amenaza real de retorno a los tiempos del tardofranquismo.