Extracto elaborado por Agustina Haimovich de informe del IPyPP

En Marzo se cumplió el primer año de implementación del Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI. Durante 2022, las principales metas acordadas fueron mayoritariamente cumplimentadas a raíz de la obediente adhesión del gobierno nacional al programa económico impuesto. Cabe enumerarlas:

1. En materia fiscal, el año pasado la meta consistió en una reducción del déficit primario desde el -3% de 2021 hasta un -2,5% en 2022. El objetivo resultó sobrecumplido por causa de un potente ajuste real que redujo el gasto público en 0,8 p.p. con especial impacto sobre prestaciones previsionales, subsidios económicos y transferencias a provincias.
2. La meta monetaria, que busca controlar el financiamiento monetario del BCRA al Tesoro nacional, se encuentra estrechamente relacionada con la posibilidad del Gobierno de refinanciar la deuda en pesos en el mercado. Así, la meta se cumplió en 2022 a costa de otorgar concesiones cada vez mayores al establishment financiero ante sus presiones por obtener mejores rendimientos y en plazos más cortos. Asimismo, el BCRA debió intervenir en sucesivas ocasiones en los mercados secundarios de títulos públicos para sostener su precio y garantizar de manera indirecta el financiamiento del Tesoro.
3. La meta de reservas internacionales para 2022 fue la acumulación US$5.036 millones en el Banco Central, nivel que se sobrecumplió al alcanzar los US$5.426 millones. Para llegar a este resultado, Massa otorgó un tipo de cambio especial a los exportadores de soja (programa conocido como Dólar Soja 1 y 2) por medio del cual logró que el sector libere parte de la cosecha que había mantenido retenida mientras presionaba por una devaluación. Por ambas ediciones del programa, en 2022, el Estado transfirió al sector privado recursos por más de $430.000 millones equivalentes al 0,5% del PBI.

Además, el Acuerdo contiene recomendaciones de política monetaria y cambiaria, que incluyen la fijación de tasas de interés reales altas y un ritmo de devaluación que evite el retraso del tipo de cambio. Ambas recomendaciones fueron adoptadas por el Gobierno con mayor o menor intensidad según la coyuntura, profundizando el impacto contractivo e inflacionario generado por el cumplimiento de las metas.

En un contexto de ajuste fiscal, aumento en las tasas de interés y crecientes restricciones a las importaciones, la economía argentina manifestó durante 2022 una notable desaceleración y ya hacia el cuarto trimestre registró una caída del PBI del 1,5%, impulsado por el deterioro del consumo de los hogares y la caída en la inversión. En 2023, la crisis amenaza con profundizarse a raíz de la sequía y de las tensiones cambiarias y financieras. Las últimas proyecciones publicadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA indican que para este año se espera, en promedio, una caída del 3% en el PBI. La fragilidad del contexto económico se caracteriza por la confluencia de la recesión con una aceleración de la inflación impulsada por el propio acuerdo con el FMI, en la medida que combina aceleración en la devaluación mensual del tipo de cambio y aumento de tarifas por recorte de subsidios. Asimismo, las sucesivas restricciones a las importaciones generaron que una creciente proporción de las compras externas deba adquirirse a través de los dólares paralelos, encareciendo el costo de las mismas y acentuando el alza de los precios. En este marco, la tasa de inflación casi se duplicó en el primer año del programa económico: pasó de un 55,1% interanual en Marzo 2022 a un 108,8% en Abril  2023. Los productos básicos incluso muestran un incremento superior al promedio de precios, impactando en el bolsillo de los sectores populares.

Los altos niveles de inflación fueron funcionales al cumplimiento de la meta fiscal vía licuación del gasto social. El ajuste operado en el gasto, que se sostiene en 2023, impactó en la protección social de la población más vulnerable. Las prestaciones actualizadas por movilidad (haberes jubilatorios, asignaciones familiares y pensiones no contributivas) tuvieron un deterioro real interanual del 13,9% en Abril. Por su parte, el poder de compra de los salarios se ubicaba en Marzo un 26,6% por debajo de Diciembre 2015. Para los no registrados, la pérdida respecto a 2015 ascendía al -47%. En este escenario, el 41% de pobreza constituye un piso que tenderá a agravarse frente al cuadro de recesión económica y aceleración inflacionaria inducido por el acuerdo con el Fondo.

A poco recorrer el trayecto aconsejado por el staff de expertos del organismo internacional, la Argentina se enfrentó al inicio de este año con su primer trimestre díscolo. Una combinación de factores exógenos y endógenos al programa diseñado por el FMI llevaron en 2023 al incumplimiento forzado de las metas:

• El gravísimo shock causado por la sequía no sólo perjudicó el cumplimiento de la meta de reservas, sino que generó una abrupta caída en la recaudación. Las estimaciones disponibles dan cuenta que no ingresarán al menos U$S 13.000 millones de dólares mientras el impacto en las retenciones será del orden de los US$3.700 millones. Estos efectos fueron notablemente subestimados por el Fondo, con acuerdo del Gobierno, en el último informe de revisión, donde sólo se concedió una leve e insuficiente reducción en la meta de reservas, pero se mantuvo la estricta meta fiscal pautada para este año. La subestimación de estos efectos puso a la Argentina en una situación de extrema vulnerabilidad que se manifiesta en los intentos desesperados de la gestión económica por conseguir las divisas necesarias para impedir un estallido económico previo a las elecciones.
• La reducción del déficit fiscal pautada en el acuerdo para 2023 implica un ajuste de tal magnitud que resulta inviable en términos sociales y políticos, por la fragilidad del cuadro social vigente y porque el ajuste previsto en subsidios tendrá fuertes efectos inflacionarios en un contexto donde el alza de los precios amenaza con espiralizarse. Asimismo, el ajuste monetario y fiscal contrae la actividad afectando los ingresos públicos y dificultando aún más el cumplimiento de la meta.
• La política de concesiones cambiarias otorgadas a los exportadores para que adelanten exportaciones, que permitió sobrecumplir las metas de 2022, premió y profundizó el comportamiento especulativo del sector exportador, que se manifestó en las tensiones por el “Dólar Soja 3” y la reticencia de los exportadores a liquidar ante las presiones devaluatorias en curso. Esta política no sólo consigue cada vez menos dólares comerciales, sino que alimenta importantes transferencias de recursos al agronegocio que alcanzaron el equivalente al 0,7 p.p. del PBI, un monto muy similar al recorte recomendado por el FMI en políticas sociales.
• La inconsistencia que implica no haber aliviado la meta fiscal en el escenario de la fuerte sequía, se traslada también a la exigencia monetaria, que se sostiene sobre un cada vez más abultado e insostenible proceso de endeudamiento en pesos. Ello ha llevado a otorgar instrumentos cada vez más convenientes al sector privado (como los títulos ajustados por CER o los bonos duales otorgados a los bancos privados en el canje de Marzo).

Los años que nos esperan como consecuencia de la deuda macrista y del acuerdo albertista

La sequía sólo adelantó un incumplimiento sistémico. Las características del acuerdo indican que éste consiste en un crédito destinado a cubrir los vencimientos del Stand-By (2018) que durante todo el año 2022 obtuvo un financiamiento neto positivo por USD 6.400 millones debido a que los vencimientos -intereses y capital-  resultaron inferiores desembolsos realizados. Sin embargo, luego del 2023 hasta el 2034, la diferencia entre los desembolsos y servicios de deuda resulta negativa lo que ocasiona pagos netos anuales por un total de USD 4.900 millones hasta el 2027 alcanzando un promedio de USD 8.100 millones entre 2028 y 2031. Es decir, que desde el 2023 al 2034 deberían girarse poco más de USD 59.000 millones al FMI, lo que equivale a afrontar nada menos que 4 sequías más en los próximos 10 años.

¿Qué hacer? o, mejor dicho, ¿Qué deshacer?

Desde su origen, el acuerdo con el FMI resulta inconsistente. El interés del programa por la obtención de divisas centrada principalmente en la profundización del carácter exportador y extractivo cuya liquidación está a cargo de grandes corporaciones oligopólicas en los principales sectores, genera una zona permanente de conflicto en torno al valor del dólar. Sin regulación sobre el comercio exterior, la tensión se traduce en sobreexigencias del nivel de reservas. El renunciamiento por parte del Gobierno a ejercer la política fiscal y monetaria como modo de impulsar la economía reproduce la situación de crisis. Una crisis que difícilmente pueda resolver el mercado porque el sector productivo enfrenta tasas de interés en ascenso y un marco especulativo habilitado por las necesidades de financiamiento del Estado con los privados. Es claro, entonces, que sin revertir la injusticia tributaria y que los ricos paguen lo que corresponde, el equilibrio fiscal resulta una utopía liberal que sólo sufre la población a través de la devaluación de la seguridad social y todo tipo de soporte público. Al respecto, sobresale la falta de ideas, aunque nada ingenua, del FMI para acotar las recomendaciones de ajuste fiscal al recorte en subsidios y planes sociales, omitiendo la posibilidad de incluir un conjunto de medidas que apunten a gravar a las mayores rentas, reducir la evasión impositiva del poder económico, eliminar exenciones regresivas y reducir el gasto tributario.

Para ponerlo en términos sencillos, el programa le exige al Estado dólares sin conmover a quienes están sentados sobre ellos (los grandes agentes del agronegocio, el oligopolio petrolero y algunos grandes industriales) y le exige pesos que puedan comprar esos dólares sin acentuar la recaudación sobre quienes los sobreacumulan. El resultado previsible es la inestabilidad económica. En definitiva, no hay estabilidad macroeconómica que valga sin alterar las relaciones de propiedad, tributación y poder establecidas.