Justicia de clase: Condenar a quienes resisten, proteger a quienes lucran con el genocidio

El caso Filton 25 que publica Monthly Review, expone una contradicción estructural del capitalismo contemporáneo: la fabricación y comercialización de armas que alimentan guerras puede desarrollarse dentro de la legalidad, mientras que quienes intentan detener esa maquinaria pueden terminar encarcelados.

No se trata de sostener que cualquier acción directa queda automáticamente justificada. Se trata de preguntar por qué el sistema jurídico es tan severo con quienes dañan bienes de una empresa armamentística y tan poco eficaz para establecer responsabilidades sobre las empresas, los gobiernos y los intereses económicos que sostienen la violencia.

Hay acá tres cuestiones fundamentales:
1. El capital armamentístico: la guerra no es solamente una tragedia humanitaria; también constituye un mercado, una fuente de acumulación y un negocio sostenido por contratos estatales.
2. El Estado y la justicia: la neutralidad jurídica se vuelve problemática cuando la protección de la propiedad empresarial recibe mayor eficacia que la protección de la vida humana.
3. La criminalización de la solidaridad: cuando la protesta contra el genocidio es tratada como una amenaza a la seguridad nacional, el problema deja de ser exclusivamente judicial y pasa a ser político.
La pregunta incómoda que deja el artículo es esta: ¿quién amenaza realmente a la sociedad: quienes intentan detener la producción de armas utilizadas contra la población civil o quienes convierten esa producción en una fuente legítima de ganancias?

La tesis más potente para desarrollar en una columna es que la legalidad no siempre coincide con la justicia: puede convertirse en el mecanismo institucional que protege los intereses económicos responsables de aquello que dice condenar.

Y allí aparece una dimensión que excede a Palestina: cuando el Estado utiliza el aparato judicial y las leyes antiterroristas para disciplinar la protesta, lo que está en juego es el derecho mismo a la disidencia.

La justicia no solo en el affaire Filton, está claro que mide con dos balanzas, en este caso, una para quienes desafían el negocio de la guerra y otra para quienes se benefician de él.

Protesta de solidaridad con Filton 4 en el Tribunal de la Corona de Woolwich, Londres, 12 de junio de 2016 (imagen vía Wikimedia)

El genocidio, los 25 de Filton y la balanza de la justicia

El genocidio en Gaza

La destrucción de Gaza por parte de Israel y el asesinato y mutilación masiva de palestinos se han prolongado durante tres años. Organizaciones internacionales y gobiernos han concluido que lo que ocurre allí se ajusta a la descripción de un genocidio: la eliminación deliberada de todo un pueblo de la tierra que ha ocupado y la destrucción de todo lo que conforma su sociedad e infraestructura vital. Estas organizaciones internacionales y gobiernos incluyen la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, el Comité Especial de la ONU, Amnistía Internacional, la Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio y un caso histórico presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por el cargo de genocidio. El derecho internacional se está aplicando a Israel y a sus líderes para fundamentar la acusación de genocidio, de acuerdo con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, adoptada en diciembre de 1948 y en vigor desde enero de 1951.

En Gaza, la acusación de genocidio se basa en el asesinato de al menos 73.000 palestinos, entre hombres, mujeres y niños, por parte del ejército israelí, y se estima que la cifra será mucho mayor si se desentierran más cuerpos bajo los escombros. Esto ha conllevado la destrucción de escuelas primarias y secundarias administradas por la ONU, así como de hospitales donde los heridos, incluidos niños, han permanecido tendidos en suelos ensangrentados debido a la falta de camas en hospitales gravemente saturados. También ha supuesto la destrucción masiva de viviendas, apartamentos, edificios públicos e instalaciones que albergaban al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (ONURP), a la Organización Mundial de la Salud (OMS), al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al Fondo de Población de las Naciones Unidas (PNUF) y a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

La acusación de genocidio señala la destrucción de plantas de tratamiento de agua y el vertido de aguas residuales a cielo abierto, depósitos de agua contaminada en las calles que provocan enfermedades transmitidas por el agua, infestaciones de roedores, y luego lluvias e inundaciones que anegan las comunidades de tiendas de campaña en invierno. Tiendas de campaña y casas bombardeadas, barrios enteros diezmados, la inmensa destrucción física de la ciudad de Gaza. Treinta y cuatro de los treinta y seis hospitales destruidos total o parcialmente. La distribución de alimentos, agua y medicinas se detuvo por completo o se redujo drásticamente en los cruces fronterizos, en Rafah, por parte de los israelíes. Muerte de bebés por inanición. Cientos de jóvenes secuestrados por el ejército israelí y encarcelados junto con miles de adultos, incluido personal médico y doctores. Se han recibido informes de condiciones carcelarias insalubres, abusos físicos y psicológicos, palizas y violaciones con objetos.

Un número sin precedentes de periodistas han sido asesinados por el ejército israelí con armas de fuego, drones o tanques. Conductores de ambulancias han muerto al apresurarse a socorrer a civiles heridos; los paramédicos fueron asesinados y enterrados junto con sus vehículos en una fosa por excavadoras para ocultar las pruebas del crimen . Personas comunes que presenciaron la explosión de una bomba y corrieron al rescate de los sobrevivientes fueron asesinadas en un segundo atentado, al que se le denomina eufemísticamente un «doble golpe». Las imágenes de los medios muestran a personas de pie alrededor de los cráteres de impacto tras una explosión; la explosión en sí, su onda expansiva, el sonido y la reverberación sísmica, inimaginables para la mayoría de nosotros.

En Cisjordania, jóvenes agresivos, colonos israelíes, siguen atacando a los agricultores palestinos en sus tierras. Les roban las ovejas, queman los olivos y los campos, incendian sus coches, atacan y prenden fuego a sus casas. Los han golpeado con la culata de un rifle, les han disparado y matado, y han golpeado y pateado a ancianas en el suelo.

Todos estos crímenes de lesa humanidad, la aniquilación de un pueblo, los ha sufrido el pueblo palestino.

Hemos visto las imágenes en Al Jazeera y en los principales medios de comunicación occidentales, en periódicos y en redes sociales. Las hemos visto a diario desde 2023. Y aunque seguimos con nuestra vida cotidiana, con nuestra rutina diaria, que la gente de Gaza y de Cisjordania no puede experimentar, nos hemos visto afectados. Algunos nos hemos vuelto insensibles e indiferentes ante estos terribles acontecimientos, muchos seguimos negando la realidad, muchos nos sentimos abrumados por las imágenes cuando las vemos. Pero lo que está ocurriendo ahora, en nuestra época, nos ha transformado profundamente a nivel psicológico, emocional y espiritual, seamos plenamente conscientes de ello o no.

Los Filton 25 como acusados

En este contexto general de terror y violencia desmedida contra los palestinos, un pequeño grupo de personas, profundamente afectadas por lo que reconocen como un genocidio, irrumpió en las instalaciones de la empresa Elbit Systems LTD UK, ubicada en Filton, en la ciudad de Bristol, Inglaterra. Su clara intención era dañar los sistemas de armamento que se fabricaban en dichas instalaciones, armas que se utilizarían para matar y mutilar a palestinos en Gaza. No ocultaron sus intenciones ante el tribunal.

Se trata de personas destacadas en la sociedad, estudiantes matriculados en prestigiosas universidades británicas, como Oxford, donde estudian historia, relaciones internacionales, ciencias políticas, economía e ingeniería. Otros han participado activamente en labores comunitarias, ayudando a inquilinos y trabajadores durante épocas de dificultades económicas. También hay ecologistas, artistas, músicos, podcasters, ávidos lectores e intelectuales. El abuelo de uno de los acusados ​​fue Julius Nyerere, el primer ministro de la Tanzania independiente. Otro acusado tiene familia en Gaza y un abuelo que participó en la lucha armada de liberación en Yemen del Sur contra el dominio colonial británico en la década de 1960.

Estos son los Filton 25, y mientras que ellos han actuado movidos por el sentido de la conciencia y una profunda empatía hacia otros miembros de nuestra familia humana, los propietarios y empleados de Elbit Systems han estado diseñando y ensamblando sistemas de armas utilizados contra civiles, pensando únicamente en las ganancias y la expansión de su negocio relacionado con la muerte.

Elbit Systems tiene presencia en el Reino Unido, además de Bristol, en varias ciudades y pueblos como Leicester, Kent, Sandwich, Tamworth, Oldham, Broadstairs y Shenstone, con su sede central en Londres. Su presencia global se manifiesta a través de filiales y empresas conjuntas, con oficinas en Estados Unidos, Brasil, Alemania, Suecia, Suiza, Australia, India y Emiratos Árabes Unidos, lo que demuestra la amplia expansión de su industria armamentística.

Sus acciones corporativas cotizan en las bolsas de valores NASDAQ y Tel Aviv, y suministra directamente al ejército del Reino Unido equipos y sistemas de armas. También provee a las fuerzas armadas de otros países europeos, incluyendo un contrato de defensa aérea con Alemania, y exporta armas y equipo militar a India, Filipinas, Estados Unidos y países africanos como Marruecos, Ghana, Zambia y otros.

En 1961, el entonces presidente estadounidense Dwight Eisenhower predijo la creciente influencia del «complejo militar-industrial», que en el caso de Israel, al igual que en Estados Unidos, se organiza a través de la colaboración entre fabricantes de armas y equipos militares y el sector de alta tecnología, por ejemplo, con empresas y corporaciones de Silicon Valley en California. Elbit Systems produce equipos militares de diversos tipos: gafas de visión nocturna, sensores de puntería, radares de vigilancia terrestre, misiles aire-superficie guiados, torretas y cañones de tanques de 120 mm y municiones, entre otros equipos y armamento militar. Israel, con grandes fabricantes de armas como Elbit Systems, Israel Aerospace Industries y Rafael, es uno de los diez principales exportadores de armas del mundo. Esto le otorga influencia política y diplomática sobre los países a los que exporta sus productos militares.

Lo más importante en el caso de los manifestantes que entraron en las instalaciones de Elbit Systems en Filton, Reino Unido, era la producción de drones en ese lugar.

Varios tipos de drones resultaron dañados, entre ellos cuadricópteros, el dron Kestrel, el Magni X, el Thor Helios y el Thor Legion, todos ellos utilizados individualmente o integrados en otros sistemas con el propósito final de vigilar, localizar objetivos y eliminarlos.

Se fabrican cuadricópteros armados que disparan munición real contra casas y apartamentos, mientras que enjambres de drones guiados por IA localizan objetivos. Los operadores pueden conectar los drones en red para atacar de forma conjunta. El ejército israelí considera rutinario el asesinato de civiles en su búsqueda de insurgentes palestinos, incluyendo el de camarógrafos y periodistas palestinos, personas que esperaban la distribución de harina y personas que vivían en tiendas de campaña. Los civiles forman parte del cálculo de contrainsurgencia del ejército israelí y se les considera como un «umbral de daño colateral». Gaza es donde los fabricantes de armas israelíes prueban sus sistemas de armas más recientes, sus productos. La gente es utilizada como blanco de práctica.

Una joven manifestante escribió una carta desde prisión detallando los motivos de sus acciones en el sitio de Filton, describiendo cómo conoció los horrores del genocidio, cómo niños y bebés fueron desmembrados por armas de drones y cómo esto afectó a sus familiares. Había intentado otras formas de protesta, pero las había encontrado ineficaces para detener la fabricación de estas armas en Bristol.

El grupo Filton 25 llevó a cabo esta protesta para salvar vidas palestinas.

Los casos judiciales y la justicia parcial

El allanamiento en Elbit Systems, en Filton, Bristol, tuvo lugar el 6 de agosto de 2024. De los veinticinco manifestantes (los «Filton 25»), seis lograron entrar en las instalaciones y fueron arrestados en el lugar. Los otros diecinueve manifestantes fueron detenidos por las fuerzas policiales antiterroristas, una red nacional que colabora con los servicios de inteligencia. En muchos casos, las unidades policiales irrumpieron en domicilios particulares en redadas al amanecer, en el marco de la Operación Recomply.

Todos los manifestantes cumplieron inicialmente condenas de prisión, algunos hasta dieciocho meses. En el Reino Unido y Estados Unidos, las personas pueden permanecer en prisión y se les puede denegar la libertad bajo fianza sin haber sido condenadas por ningún delito, mientras esperan su juicio inicial, por ejemplo, en casos de delitos graves , cuya definición queda a discreción del juez. Por el contrario, en el caso reciente de cinco hombres arrestados bajo sospecha de portar explosivos en la base aérea de la RAF Fairford, que posteriormente se confirmó que eran gasolina, y en el que intervinieron unidades de desactivación de explosivos y de la policía antiterrorista, los cinco fueron puestos en libertad bajo fianza la tarde siguiente a su detención .

Ha habido inconsistencias en el caso en general. La exministra del Interior, Yvette Cooper, escribió un artículo para el Observer en agosto de 2025, que prejuzgó el resultado del caso en lo que la defensa argumentó que debería considerarse un delito de desacato al tribunal. Además, aún existen dudas sobre en qué se basó el juez Johnson para detener a los 25 manifestantes de Filton hasta un año y medio sin celebrar un juicio.

El caso de los manifestantes de Filton Elbit Systems se dividió en cuatro juicios colectivos. Tras cumplir condenas de entre nueve y dieciocho meses, el juicio del primer grupo de seis acusados ​​comenzó finalmente en noviembre de 2025 en el Tribunal de la Corona de Woolwich, presidido por el juez Jeremy Johnson. El jurado emitió su veredicto en febrero de 2026, absolviendo a los seis acusados ​​de los cargos de robo con agravantes y alteración del orden público. Sin embargo, no logró llegar a un veredicto sobre el cargo de daños a la propiedad. En febrero de 2026, se fijó la libertad bajo fianza para doce de los acusados, mientras que otros once ya habían sido puestos en libertad bajo fianza ese mismo mes por el juez Johnson.

Cabe señalar que en los sistemas jurídicos del Reino Unido y Estados Unidos se permite la repetición del juicio cuando no se alcanza un veredicto mayoritario en el juicio inicial. La excepción de doble enjuiciamiento, según la cual una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo cargo, se aplica únicamente cuando un jurado mayoritario emite un veredicto de absolución.

Pero en el nuevo juicio de este primer grupo en mayo de 2026, cuatro de los seis acusados ​​(los Filton 4) fueron declarados culpables de daños criminales, y otro de causar lesiones corporales graves sin intención, por veredicto unánime del jurado. Los acusados ​​fueron sentenciados a penas de prisión que oscilaban entre 5,5 y 8 años, además del tiempo que ya habían cumplido.

Algunos manifestantes habían iniciado huelgas de hambre, con una duración que osciló entre los 28 y los 73 días, en protesta por las condiciones carcelarias y la continua presencia de filiales de Elbit Systems operando en el Reino Unido. Las huelgas de hambre finalizaron cuando el gobierno británico decidió no adjudicar un contrato de 2.000 millones de libras a las filiales de Elbit Systems, una de las demandas de los huelguistas.

Ocho acusados ​​formaron parte del segundo grupo de los juicios de Filton 25, presididos por el juez Patrick Field, en junio de 2026 en el Old Bailey de Londres. El jurado emitió su veredicto dos meses después, en agosto. La acusación de robo con agravantes presentada por la Fiscalía fue desestimada por falta de pruebas contra todos los acusados. Sin embargo, al igual que en el primer grupo de juicios, el jurado no logró un veredicto mayoritario sobre los cargos restantes de daños a la propiedad y alteración del orden público/lesiones corporales graves, salvo una condena por daños a la propiedad y una absolución por alteración del orden público.

El juicio inicial contra el tercer grupo de acusados ​​comenzó en septiembre de 2026, presidido por el juez Lees, y actualmente está en curso; se prevé que dure varias semanas. El juicio inicial contra el cuarto grupo de acusados ​​está programado para febrero de 2027. Aún no se ha anunciado la fecha del nuevo juicio para el segundo grupo.

El contexto jurídico más amplio

Existe la posibilidad, dependiendo de si los jueces de los demás juicios colectivos son tan severos en sus decisiones como el juez Johnson, de que los demás acusados ​​del caso Filton 25 también puedan enfrentar condenas adicionales de larga duración, tras largas demoras en los juicios iniciales y los posteriores. El factor determinante en este caso es la aplicación del criterio de conexión terrorista.

En la imagen de la balanza de la justicia, donde la Dama de la Justicia sostiene los dos platillos, como todos estamos acostumbrados a ver, ambos están equilibrados y colocados uno al lado del otro. Una interpretación común de este símbolo de justicia es que el resultado deseado es un juicio equitativo.

El juez británico en este caso permitió que la acusación de daños criminales contra el primer grupo, los Filton 4, se enmarcara en el contexto más amplio de la Ley Antiterrorista de 2000. Sin embargo, los abogados defensores de los Filton 4 no pudieron contextualizar su caso de la misma manera, argumentando que los bienes dañados eran drones militares que iban a ser ensamblados y enviados a Israel para ser utilizados para matar y mutilar a palestinos en Gaza. Los acusados ​​actuaron para salvar vidas, en la medida de lo posible, a miles de kilómetros de Gaza.

¿Cómo se denomina entonces en el sistema jurídico del Reino Unido, o en cualquier sistema jurídico, la situación en la que solo se permite un principio contextual en un caso judicial, pero se niega otro principio contextual, inclinando gravemente la balanza de la justicia hacia un lado?

En primer lugar, está el problema de la definición y aplicación del término terrorismo, como en la Ley Antiterrorista del Reino Unido de 2000 o en la Ley Patriota de Estados Unidos de 2001, que abordan el terrorismo centrándose principalmente en actores o grupos individuales, o estados enemigos, que cometen actos terroristas contra la nación occidental. Sin embargo, el término se remonta al menos a Pierre-Louis Roederer, político y economista, a finales del siglo XVIII, quien utilizaba las palabras terrorismoe o terroristases para referirse también al terrorismo cometido por estados y gobiernos, en su caso, la nación de Francia.

Sin embargo, el uso moderno del término terrorismo de Estado no ha logrado integrarse en la doctrina jurídica occidental. La violencia estatal, por ejemplo, la violencia estadounidense contra civiles en las numerosas guerras que su gobierno ha librado en el mundo, o el genocidio sin precedentes de Israel contra los palestinos en el siglo XXI, no se tiene en cuenta en el marco legal. Así, la acusación de terrorismo se aplica unilateralmente, eximiendo al Estado de ser acusado, mientras que los individuos, como ciudadanos del Estado, están sujetos a su aplicación en los tribunales del Reino Unido y Estados Unidos.

El juez Johnson, que presidió el primer juicio colectivo, aplicó la agravante por terrorismo a la acusación de daños a la propiedad contra los acusados ​​tanto en el juicio inicial como en el segundo. Esta aplicación de la agravante por terrorismo se mantuvo en secreto para el jurado al momento de emitir sus veredictos. El juez Johnson falló a favor de que la Fiscalía aplicara el artículo 69 de la Ley de Sentencias de 2020, según el cual la conexión con el terrorismo se considera un factor agravante, lo que implica que la conducta de los infractores se considera más grave y requiere una sentencia más severa.

Además, respaldaría la aplicación por parte de la Fiscalía de una conexión terrorista para argumentar que las acciones de los manifestantes al dañar la propiedad de Elbit System, en relación con el artículo 69 de la Ley de Sentencias de 2020, se realizaron como un medio para influir en el gobierno de Israel con fines ideológicos o políticos. En este caso, por supuesto, la propiedad en cuestión incluía drones cuadricópteros que lanzan granadas contra civiles. Permitiría que la Fiscalía vinculara la Ley de Sentencias de 2020 con la Ley Antiterrorista de 2000 y su sección relativa a los daños criminales. Desde el principio, las estrategias de este juez al permitir que la Fiscalía utilizara las Leyes de Sentencias y Antiterrorista en el caso, se pueden ver claramente alineadas con la continua aceptación por parte del gobierno del Reino Unido de la presencia de fabricantes de armas israelíes en el país, armas que ahora se utilizan en el genocidio que continúa perpetrando contra el pueblo palestino.

Además, el juez Johnson continuó con su estrategia de impedir cualquier mención de las razones de los manifestantes para recurrir a la acción directa e impedir el uso de armas de Elbit Systems en Gaza: «La naturaleza del caso puede suscitar fuertes emociones… Pero deben mantener la calma. Su decisión debe ser imparcial, libre de prejuicios, emociones, simpatía, opiniones políticas y cuestiones similares».

En este caso, se puede observar que el concepto jurídico de equidad del jurado, según el cual los actos basados ​​en la conciencia o la moral son considerados por un jurado, incluso cuando los acusados ​​han infringido técnicamente la ley, ha sido negado a los jurados en el caso Filton 25.

Por el contrario, el juez Johnson no consideraría que la aplicación del criterio de conexión terrorista fuera emocional o perjudicial, dado que se impusieron sentencias severas a los acusados ​​que fácilmente pueden interpretarse como rencorosas e irracionalmente parciales. No puede haber imparcialidad cuando la aplicación del criterio de conexión terrorista es un cargo tan amplio que puede aplicarse tanto a acciones no violentas, como manifestantes que derriban estatuas o dañan propiedades, como a las acciones de terroristas suicidas. Esto constituye una violación del principio de legalidad, donde la definición de los delitos debe ser clara y predecible.

La defensa ha argumentado que esta es la primera vez en la historia legal del Reino Unido que un cargo relacionado con el terrorismo se vincula con daños a la propiedad. En casos anteriores en los que activistas pacifistas británicos entraron en bases militares o en lugares donde se almacenaban armas destinadas a la guerra, estos cargos no se aplicaron. En la década de 1980, activistas pacifistas irrumpieron en las bases aéreas estadounidenses de Greenham Common y Molesworth, ubicadas en el Reino Unido, bases que albergaban misiles Cruise estadounidenses con capacidad nuclear que podrían usarse en una guerra nuclear global. Los manifestantes cortaron las vallas y pintaron símbolos de paz con aerosol en los edificios. Fueron condenados a penas de prisión que oscilaron entre unas pocas semanas y varios meses por daños a la propiedad, allanamiento de morada y delitos contra el orden público. Pero esos activistas pacifistas no fueron acusados ​​de terrorismo. El jurado aceptó la premisa de prevenir crímenes de guerra mayores, minimizar las bajas civiles y proteger a la población.

En 1996 se produjo el sabotaje de los aviones Hawk en el Reino Unido, que causó daños a material militar; en 1999 y 2000 se registraron numerosos casos de daños a submarinos Trident y equipos relacionados; en 2003, el caso de los Cinco de Fairford y la base aérea de Fairford; y en 2003, una multitud de casos relacionados con el movimiento Plowshares que tuvieron lugar durante décadas. Se utilizaron martillos para abollar las ojivas nucleares y se produjeron daños a otros equipos militares en bases navales, astilleros de submarinos y complejos nucleares en Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda. Sin embargo, en ninguno de estos casos se imputó a los acusados ​​ningún cargo de terrorismo ni ninguna cláusula relacionada.

Recientemente, en los robos a Brize Norton en 2025 y a Elbit Systems en 2024, ambos relacionados con Palestine Action, se han presentado por primera vez cargos vinculados al terrorismo en relación con daños a la propiedad.

El caso Filton 25 es importante en términos de historia jurídica, no solo porque se ha argumentado que los manifestantes de acción directa actuaron por conciencia o principios morales, dado que otros manifestantes de acción directa en el pasado actuaron por las mismas razones, sino porque por primera vez se han aplicado cargos relacionados con el terrorismo, una conexión terrorista, a daños a la propiedad. Por lo tanto, si se aplican cargos relacionados con el terrorismo a este tipo de casos por primera vez, entonces, en igualdad de condiciones, según la balanza de la justicia, el argumento de actuar por conciencia o principios morales debería permitirse y ser elevado nuevamente como argumento por la defensa. Existe un historial de que este argumento ha sido aceptado en casos judiciales anteriores por jurados al emitir sus veredictos.

En su sentencia del 15 de junio de 2026, dictada durante el nuevo juicio de los seis acusados ​​del primer grupo de juicios, el juez Johnson reconoció que los acusados ​​podrían haber actuado movidos por la conciencia y principios morales: «Les horrorizaba lo que sucedía en Oriente Medio… Estaban convencidos de que Israel estaba cometiendo actos de violencia ilegales, incluso genocidio, contra civiles inocentes que vivían en Gaza, incluidos niños… Estaban insatisfechos y desilusionados ante la posibilidad de que algo cambiara por medios democráticos legítimos». Sin embargo, a pesar de mencionar factores importantes que motivaron sus acciones, el juez Johnson concluyó respaldando la aplicación draconiana de la conexión terrorista, recurriendo al inflexible adagio legal de que «decidieron tomarse la justicia por su mano».

Todos los factores intervinientes en el caso, así como las motivaciones morales o de conciencia, se descartarían por no tener relevancia alguna: «No corresponde al tribunal emitir juicios políticos, legales o fácticos sobre los acontecimientos en Oriente Medio ni sobre el papel o la conducta de Elbit en dichos acontecimientos. La función del tribunal en la imposición de penas está definida y limitada por la legislación aprobada por el Parlamento… No implica juzgar la conducta de terceros que no son acusados ​​ante el tribunal y cuyas acciones no son objeto de este procedimiento».

Ante un juez así, la defensa haría todo lo posible por argumentar que los hechos del caso no se ajustaban en modo alguno a las acusaciones de la Fiscalía sobre una conexión terrorista o daños criminales. Era un intento de la defensa de refutar cualquier argumento de conexión terrorista presentado por la Fiscalía. Al final, el juez Johnson hizo sus propios esfuerzos, según su perspectiva, para reajustar la balanza de la justicia y parecer imparcial en sus decisiones y razonamientos. Falló en contra del argumento de la Fiscalía de que las acciones del acusado, según el artículo 69 de la Ley de Sentencias de 2020, constituían un intento de influir en el gobierno (de Israel), afirmando que «limitar la capacidad militar» no es lo mismo que influir en un gobierno, y que los manifestantes no tenían intención de herir a ninguna persona en las instalaciones de Elbit Systems.

En cambio, afirmó que los cuatro de Filton habían cometido daños criminales con el fin de “influir en el gobierno británico” e “intimidar a un sector de la población”, lo que en este sentido se referiría a los empleados de Elbit Systems. Sustituyó el argumento de la Fiscalía por el suyo propio, al tiempo que logró mantener viva la posibilidad de una conexión terrorista.

El juez Johnson haría todo lo posible por respaldar la estrategia de la Fiscalía de vincular el cargo de daños a la propiedad con la existencia de una conexión terrorista, cuya definición proviene del artículo 1 de la Ley Antiterrorista de 2000. En sus comentarios sobre la sentencia de los cuatro acusados ​​(los Filton 4), abogó por que se aplicara una prueba legal a cada uno de ellos individualmente para determinar si existía una conexión terrorista, pero también añadió: «No hay ninguna distinción sustancial entre ustedes», lo que significa que, en última instancia, aprobó los argumentos de la Fiscalía sobre los daños a la propiedad y la conexión terrorista aplicables a todos y cada uno de los acusados ​​de los Filton 4. Esto también podría abrir la puerta a la posibilidad de nuevas condenas y sentencias severas para los otros 25 acusados ​​de los Filton en juicios futuros.

Lo que una mano da, la otra quiere quitar.

La línea argumental inflexible y persistente de este juez respaldó consistentemente la vinculación de la Fiscalía entre los daños a la propiedad y el terrorismo. Lo que en un principio pareció ser una concesión a la defensa en su sentencia del 15 de junio de 2026, fue fácilmente revocado y reemplazado por sus propios argumentos, ligeramente modificados. No obstante, mantuvo la conclusión fundamental de la conexión terrorista. El juez, en esencia, apoyó los argumentos de la Fiscalía en todo momento.

Los tiempos han cambiado para peor. Fue el Parlamento quien aprobó tanto la Ley Antiterrorista de 2000 como la Ley de Sentencias de 2020. Y los jueces, especialmente aquellos cuyas opiniones parecen coincidir con la política exterior de su gobierno en tiempos de guerra, pueden utilizar estas leyes draconianas para castigar a los disidentes pacifistas y a aquellos cuya conciencia les impulsa a actuar para prevenir el asesinato de civiles en un genocidio.

Mientras que en el pasado, incluso en el pasado reciente, existía tolerancia por parte de jueces y jurados al reconocer el sentimiento antibélico expresado a través de actos de desobediencia civil o acciones directas centradas en armas de guerra, se observa un retroceso de esa tolerancia en el caso de los Filton 25. Se han establecido marcos legales draconianos que limitan a los jurados cuando no se les informa que se ha aplicado una conexión terrorista al decidir sus veredictos, o cuando no se les permite considerar a personas que actúan por conciencia o principios morales para prevenir la muerte de civiles por armas producidas en su propio país.

El armamento letal producido y utilizado de las maneras más horribles contra civiles en un genocidio se considera simplemente propiedad. Se infligieron daños menores al armamento militar producido por una empresa que obtiene miles de millones en ganancias, pero no a personas, mientras que el armamento mismo pronto se usaría en forma de violencia extrema contra muchas personas. Actuar movido por la conciencia y los principios morales en defensa de los indefensos debería considerarse un valor empático que una democracia proclamada debería reconocer. Llámelo como quiera: un estándar legal asimétrico, una falta de reciprocidad, un abuso de discreción, un error de derecho, un conflicto de principios, la necesidad de equidad del jurado: existe un claro desequilibrio en el proceso judicial.

Desde la época de los «derechos divinos de los reyes», se han establecido sistemas legales donde los acusados ​​de delitos tienen derecho a un abogado y a defenderse. Hablamos de ciudadanos que no transitan por los pasillos del poder, quienes son prácticamente impotentes salvo por ciertos derechos que les han sido otorgados por una constitución o una combinación de leyes históricas. Otro aspecto de esta evolución de los principios legales es la existencia de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Estos órganos jurídicos internacionales toman decisiones sobre la legalidad de las acciones de los líderes y los gobiernos, tal como se concibieron las Convenciones para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio tras la Segunda Guerra Mundial.

El caso de los Filton 25 plantea interrogantes sobre el poder estatal y el lugar que ocupan los individuos dentro de una democracia declarada. Abre la cuestión del derecho de los individuos a actuar en contra de las leyes o los actos cuando se está cometiendo un delito de mayor envergadura. Los casos de violencia doméstica son frecuentes en nuestras sociedades actuales; casos en los que las personas defienden físicamente a alguien que está siendo amenazado o atacado por otra persona, el agresor. Estas personas han sido absueltas de cualquier cargo en su contra porque sus actos se realizaron en defensa de otra persona, aplicándose los principios de la defensa de terceros o la defensa por necesidad en el derecho penal interno. Es hora de que este principio se amplíe para incluir a quienes defienden a personas que se enfrentan a la violencia extrema de un genocidio.

Los 25 de Filton actuaron como lo hicieron, conscientes de que se enfrentarían al poder del sistema legal y del Estado, movidos por su conciencia y principios morales. Su intención era, en la medida de lo posible, salvar las vidas de hombres, mujeres y niños palestinos atrapados en los horrores de un genocidio. Si el sistema legal de una democracia declarada no considera seriamente este contexto, entonces el problema reside en un sistema legal que ignora los principios humanitarios . En cambio, cuando el Parlamento legisla sobre terrorismo y leyes de condena, y cuando los tribunales aplican cargos relacionados con el terrorismo a este tipo de casos, se erosiona aún más el derecho de las personas a actuar cuando presencian graves injusticias.

Esto plantea la cuestión fundamental de qué se supone que debe ser una democracia.

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