• Che, 11 mil palos de mínima, porque no van a alcanzar para levantar el cepo, nos quedamos cortos.
•  Yo en el paper que le presenté a Giorgieva me estiro hasta 15 mil.
• No, es 11: 11 palos y medio los votaron, tienen que ser 11.
•  (Risas) Javier, hay negocios más importantes que la batalla cultural y el ajuste de cuentas.
• De los ajustes de cuentas (públicas) me encargo yo y va a ser un 30% superior que el del año pasado, y la batalla cultural es irrenunciable. A ver si lo entienden.

Dicho esto, vayamos a la responsabilidad social empresaria. Porque la formalización de trabajadores informales, la conversión de trabajo indigno por trabajo digno o decente, hoy es casi un gesto de humanidad individual o corporativo empresario, como la reparación del daño ambiental o algún subsidio para promover artistas; después de la reglamentación de los 17 puntos de la Ley de Bases, el Estado ya no tiene mucho que ver con el asunto.

Ayer, hoy y siempre: blanco sobre negro

Según cifras del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), en los dos primeros meses de vigencia del Programa de Promoción de Empleo Registrado (reglamentado en septiembre de 2024 y contemplado en la Ley de Bases), los empleadores registraron a un total de 13.218 trabajadores que estaban completamente “en negro”, que trabajaban más horas de las que les pagaban y figuraban en los contratos, o tenían arreglos particulares o por empresa para percibir una parte de sus salarios en efectivo y sin declarar, para eludir cargas impositivas.

Todo esto está tipificado por las leyes laborales argentinas aún vigentes (lo que aún queda en pie pese a la Ley de Bases y el decreto 70/2023) como delitos contra los presupuestos públicos, contra la posibilidad de los gobiernos de contar con recursos para invertir en servicios universales (es decir, para los 47 millones de argentines) y que justifican inspecciones y sanciones por parte del Estado.

Este impulso bimestral implica que se blanquearon solo el 0,2% del total de los trabajos privados registrados actualmente existentes o el 0,24% de los trabajadores informales, que según estimaciones del INDEC para el tercer trimestre de 2024, alcanzaban a unos 5.5 millones de personas.

Pero veamos la cuantificación y distribución más actualizada que existe –con estadísticas consolidadas y oficiales– del universo laboral argentino.

Como puede verse con una suma simple, el total de los trabajadores declarados por sus empleadores ante la seguridad social argentina es de 13.033.400. Aproximadamente el 47,9% son asalariados privados y el 26,8% empleados estatales. Luego el segmento que más se ha incrementado en los últimos 10 años, el de los monotributistas e independientes (16,6% del total) y finalmente los dos segmentos menores (trabajadores de casas particulares y monotributistas sociales implican un 8,5%).

Nota: Entre los años 2014 y 2024, sólo 1 de cada 20 empleos fue registrado por empleadores privados, 15 de cada 20 fueron informales o tomaron la forma del cuentapropismo y sólo 4 de cada 20 se produjeron en el sector público. Con Constitución Nacional, Ley de Contrato de Trabajo, convenios colectivos y justicia laboral ajustada a estas normativas y pactos internacionales, la informalidad es la norma y el registro la excepción.

Importante es decir que, sin estadísticas fiables, es imposible diseñar políticas públicas eficaces, capaces de modificar (para mejor o peor) la calidad de trabajo y de vida en general de la población. Pero estas estadísticas casi siempre están subregistradas, por las limitaciones inspectoras y de relevamiento estadístico estatal, porque la ética y la moral del capital impone la máxima rentabilidad al menor costo (muchas veces laboral) por sobre otras consideraciones y porque algunas fórmulas de cálculo de las agencias públicas ya se tornan obsoletas para las complejidades y transformaciones del complejo laboral.

Consultados por AIRE para ésta nota, dos analistas económicos de distintas orientaciones ideológicas, pero respetuosos de los datos, dan sus opiniones sobre éstos niveles de registración.

Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, asegura que “nadie puede ignorar que, para los más de 13 mil trabajadores y trabajadoras registradas, acceder a descuentos jubilatorios, obra social, aguinaldo o cobertura de riesgos laborales no es algo que les cambie el panorama o la vida, pero en términos reales es insignificante”.

Y arriesga un escenario inminente y probable al decir que “hoy las reformas laborales impulsadas por el gobierno y avaladas por muchas representaciones parlamentarias que responden a gobernadores no libertarios, eliminan los incentivos para registrar trabajadores, el costo de las infracciones casi desaparece, y se promueve un sistema de despidos a cargo de los mismos trabajadores o fondeos que no complican a los infractores, así las cosas el impacto de éstos programas es casi nulo hoy mismo y puede serlo más aún en el futuro”.

La titular de la Fundación Mediterránea (IERAL) para la zona Litoral, Ángeles Dichino, sostiene que “es prematuro establecer si poco o mucho en lo que es un arranque del plan, pero no muestra aún un cambio de actitud ni tampoco confianza en el modelo del presidente Milei, por parte del empresariado local”.

Al hilo de lo que vienen sosteniendo públicamente la UIA o la UART, dos de las asociaciones empresarias de composición patronal con mayor peso, Dichino cree que “los mismos analistas jurídicos que avalan las reformas introducidas por Milei y las que aún consideran pendientes, saben que éste es un esquema que depende de un cambio cultural que aún está en proceso y que puede tener altos costos aún para ellos”.

Con un dato agregado, pues los informes oficiales no especifican cuáles son los casos que explican ese blanqueo del 0,2%: cuántos de los 13 mil y pico de registros fueron sólo correcciones en las fechas de ingreso o sinceramiento de salarios ilegales? Restando esas dos posibilidades la cifra sería aún más insignificante respecto de una situación en la que los trabajadores no registrados van camino de empardar a los puestos registrados privados (hoy son apenas 747.300 menos) y representan el 42,1% del total que goza de los beneficios de la seguridad social.

Se estanca el empleo formal, se dispara el precario

Es estadísticamente cierto que el empleo privado registrado registra un bajo crecimiento en los últimos 10 años, apenas 179.000 que implican una situación de estancamiento. Pero lo es también que no creció del mismo modo en el período 2003-2015 (+3.9 millones de empleos registrados) y 2016-2016 (+669.000 de los cuales el 90% fueron no registrados, autónomos y monotributistas).

El Frente de Todos Conducido por Nadie fracasó, quiso pero no pudo o lo que ustedes prefieran en su afán de “cambiar planes sociales por empleo de calidad”. Inclusive ofreciendo una baja del 100% de los aportes patronales por un año, ya durante la gestión preelectoral de Sergio Massa y a través del programa Puente al Empleo.

Podríamos decir entonces que el Puente fue al Empleo Formal, lo “puentearon” encubriéndolo con formas más precarias y que reducen el remanido costo laboral argentino, que para las patronales empresariales es alto más del 40% de la fuerza laboral en negro y el 57% de los nuevos empleos (jóvenes entre 18 y 24 años) que cobran sin aportes patronales.Aun así, produjo 1,2 millones de nuevos empleos registrados, de los cuales el 52,2% se explican por las diversas modalidades del monotributismo, que en una inmensa cantidad de casos encubre fraude laboral estatal y privado, pues son relaciones de larga data que deberían haber sido regularizadas, sin los beneficios como el aguinaldo (ya hay propuestas libertarias y radicales para transformarlo, fondearlo o eliminarlo) y en las que buena parte de la seguridad social (cobertura de salud, riesgos laborales) corre por cuenta del empleado.

La mano de obra argentina es –sin considerar costos extralaborales– la más barata de la región medida en dólares, el 30% de los trabajadores registrados está por debajo de la línea de pobreza y el 75% de los no registrados también. ¿Cuál sería el nivel de explotación laboral que necesita el complejo empresarial para empezar a ganar dinero y registrar trabajadores a una tasa significativa?

Consideración final enlazando los dos temas abordados en la nota: deuda y mercado laboral. Cualquier arreglo con el FMI (descontado por la misión técnica en el comunicado que cerró la primera etapa de negociaciones) implicará una devaluación. Lo que aún no está escrito, pero se baraja como probable, es una depreciación del peso contra el dólar de entre un 20% y un 30%, lo que bajará aún más los costos laborales empresarios en pesos y aumentará sus ganancias en pesos y dólares.

Y como la inflación es ayer, hoy y en todo momento una consecuencia de la disputa por el ingreso y en todo momento y lugar un problema de los pobres, de los asalariados que cobran en pesos, lo más probable es que “por fin se dispare el índice de registración o dignificación laboral”, algo que ayer, hoy y en todo momento nunca pasó.