Una noche en el museo

La verdad es que el pleno de los partidos que conformaban la multipartidaria que negoció la salida democrática post Malvinas (y que fue transformándose del pluripartidismo al bifrentismo actual) cumplieron con su parte: alternarse en la gobernanza por un capitalismo de acumulación de riquezas y derrame espontáneo o inducido por gobiernos populistas, pero sin tocar el proyecto de enriquecimiento permanente de las clases y grupos económicos que impulsaron y sostuvieron a la última dictadura.

Parte de ese acuerdo consiste en la mantención de un corpus legal que legitima éstos privilegios para conformar lo que realmente es una sociedad de castas: una clase alta cerrada, imperturbable, una clase media estratificada con una cierta dinámica de ascenso y descenso hacia otra que está en la base menos favorecida, variable en el número pero estructural y sostenidamente pobre.
Los que no cumplieron su parte son los ganadores de semejante pacto, cómplices civiles reciclados en democracia sin necesidad de borrar su pasado o alterar sus apellidos, incluso sin autocrítica alguna. Dos sucesos relacionados y espectaculares denotan que se bajaron de cualquier acuerdo razonable: el 1 de setiembre de 2022 un grupo de hijos naturales del odio ideológico atentaron contra la vida de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; a principios de marzo de 2024 (en el mes del 48 aniversario del Golpe de 1976) una integrante de la agrupación HIJOS, fue abordada en su domicilio, amenazada, robada, golpeada y abusda por dos individuos que le aclararon que no venían a matarla (ni a raptarla, ya no existe ese circuito, se sienten vencedores además) sino a hacerle precisamente lo que hicieron a cientos de militantes y víctimas entre 1976 y 1982: a hacerle saber que sus ideas la convertían en sujeto de abuso y muerte, automáticamente.Cuando se habla de la ruptura del pacto democrático de 1983, si no se aclaran algunas cosas, no se sabe bien de qué o cuáles Nunca Más se está hablando. Porque aquello de “no matarás a quien piense diferente” tuvo como contrapartida el “no tocarás las bases reales del Proceso de Reorganización Nacional, el programa que le da sentido”, y de esto vamos a hablar en ésta nota. De los términos de la democracia sujetada, de los límites estrictos de cualquier gobierno popular inclusivo y de reparto o finalmente de la democracia de la derrota.

Por kukas, por zurdos, por hijo o hija de “guerrilleros”, es que les pasa lo que les pasa, es que sus vidas no valen casi nada, porque fueron deshumanizados primero y porque si el discurso dominante, si la bajada de línea es “zurdos de mierda” o “zurdos van a correr”, siempre aparecen quienes ejecutan, quienes operacionalizan esa violencia verbal.

Por eso decimos que a 48 años sigue teniendo sentido identificar las rémoras legales, culturales y políticas de una dictadura que resiste el museo, repleta de vestigios presentes y operativos que -si se mira bien, si se indaga apenas- conforman un museo viviente a cielo abierto y traman la cotidianeidad de las y los argentinos, muchísimos de los cuales no tienen ni experiencias ni recuerdos vívidos de la última dictadura o lo mucho que costó recuperar una democracia al menos formal (hoy desprestigiada por no poder honrar su promesa fundacional alfonsinista: la de comer, educarse y curarse sólo por adherir a éste sistema). La dictadura aún es, entre otras cosas, en la persistencia de sus cómplices civiles y el cuerpo legal que les garantiza privilegios e impunidad.

A falta de Congreso, la CAL de Videla

Las juntas militares fueron notificadas desde el principio por los estudios de abogados y juristas de la burguesía productiva y financiera del país que era muy importante producir leyes que le dieran cobertura y estabilidad, que el Plan Sistemático de persecución política era una de las dimensiones pero no la más importante.

Pero cómo producir leyes durante un régimen ilegal y que suspendía las garantías de la ley fundamental? Cómo redactarlas y tramitarlas sin un parlamento? La solución fue la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) compuesta por integrantes de las tres armas y especialistas civiles cómplices de la mascarada.

Facsimilar de la edición de Clarín del jueves 15 de abril de 1976, anunciado la creación y puesta en marcha de la Comisión de Asesoramiento Legislativo de la dictadura.

Este órgano -que nos hace acordar a la Junta Consultiva Nacional de la Revolución Libertadora, integrada por todos los partidos no peronistas del 55- produjo 1.700 leyes nacionales y 18.000 decretos, 417 de las cuales aún están vigentes en 2024, 48 años después, cuando tanto nos gusta creer que la dictadura es algo a evocar, un mal recuerdo de un pasado juzgado, asumido y pisado.

Ninguna de ésas leyes y decretos fueron derogados hasta hoy y el cuadro de persistencias legales nos enfrenta con una pasmosa realidad, la única dictadura de la que no quedan leyes vigentes es la de José Uriburu (1930-1932), pero de la Revolución del 43 quedan 60, de la Libertadora 86, de la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970) quedan 170 y de las de Livingston y Lanusse (1966-1973) quedan 265, además de las mencionadas de la saga Videla, Viola, Bignone.
Pero cuáles son las razones de semejante resiliencia legal durante 8 gobiernos democráticamente electos y con mayorías parlamentarias circunstanciales pero capaces de reemplazarlas por otras surgidas de consensos democráticos? Olvido difícilmente, son leyes que regulan el día a día de las interacciones entre ciudadanos e instituciones del poder público o privado; descuido o distracciones tampoco, quién se distrae 48 años seguidos? Vemos algunas de las leyes de las que hablamos para entenderlo mejor.

Ley 21.526/77 o de Entidades Financieras, que desreguló la actividad bancaria, descentralizó depósitos y liberó las tasas de interés, acorde a un programa económico que promovía negocios especulativos para hacer “plata con plata”, resguardar la fuga de divisas y desatender la actividad productiva; entre los años 76 y 82 cerraron 20.000 establecimientos industriales y el PBI cayó un 20%.Decreto 21.382/76 que elimina controles sobre los movimientos y modalidades de estancia de capitales extranjeros, que incluye una cláusula que iguala beneficios para capitales locales o foráneos y se eliminan restricciones para que ésos capitales adquieran empresas vitales o inviertan en áreas o recursos estratégicos para el país. Se eliminaban también requisitos de protección ambiental, toma de empleo argentino y transferencia de tecnologías.

Ley 22.278/80 que establece el Régimen Penal de Minoridad y la aplicación del Código Penal a menores de edad en conflicto con la ley, que determina la edad punible (16 años) y le confiere a los jueces la posibilidad de definir tutelas y dictar penas equivalentes a los adultos, a contramano del derecho internacionales y los acuerdos protectores de los derechos de niños y niñas suscritos por nuestro país. Ninguna de las enmiendas que se le hicieron en democracia mejoró ninguna de las condiciones que empeora la ley dictactorial y empeoraron las condiciones de tutelaje arbitrario, hacinamiento y violencia en hogares y otros espacios institucionales.

Ley 21.965/79 para el Personal de la Policía Federal, firmada por Jorge Rafael Videla y (¡!) su por entonces ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz. Se concatena con el Decreto 333/58 de Pedro Eugenio Aramburu, con garantías para definir criterios arbitrarios para detenciones y la manipulación de pruebas sin trazabilidad posible. Sufrió algunas modificaciones en éstos 48 años pero lo esencial de su sus articulados sigue vigente.

Y a poco de conmemorarse la semana de la Salud y la Seguridad en el trabajo, citamos al Decreto 351/79 que reglamenta otra ley surgida en plena dictadura, la 19.587/72 que regula las condiciones de Higiene y Seguridad laboral. Si bien ésta ley y su principal decreto reglamentario ponen por primera vez el acento en la prevención más que en la reparación de accidentes y enfermedades, fueron diseñadas sin el concurso de sindicatos ni organizaciones representativas de los trabajadores, sin tripartismo ni diálogo social alguno, a la medida de empresas productivas y de servicios y para un mercado laboral que -con la incorporación de las tecnologías y nuevas especialidades productivas y de intermediación- que prácticamente no existe, que apenas retiene la configuración básica en las prácticas y relaciones laborales de hace 50 años atrás. Y ya que estamos, porqué no una Ley nueva, pero no de higiene y seguridad sino de prevención de accidentes y enfermedades laborales, redactada, debatida y promulgada en democracia, incluso en una de baja calidad y mayorías que bien suscribirían muchas normativas de la dictadura.

Para decirlo en palabras de Carl Schmitt (Teoría Política, 1921), “soberano es aquel que decide sobre el Estado de excepción”, un Estado en donde las garantías constitucionales y los derechos humanos se suspenden para “garantizar el bien común” y que en nuestro país se transforma en técnica de gobierno, no excepcional sino permanente. Soberanos son quienes tienen el poder de imponer las condiciones jurídicas, políticas y económicas de vida, no las sociedades gobernadas y bajo regulación, no el pueblo. No lo decimos nosotros ni ningún “garantista cómplice de los delincuentes”, otra fórmula que se pronuncia con odio y sed de ajusticiamiento (porque justicia es otra cosa) sino un intelectual orgánico de la ultraderecha, un colaborador indisimulado del nazismo alemán.

La imperiosa necesidad de revisar y derogar la juridicidad heredada de las dictaduras militares debería ser consigna de todos los 24 de marzo, junto a la dolorosa pelea por el número de desaparecides y la continuidad de las 643 causas en trámite que involucran a 3.640 personas; la abrumadora mayoría de ellas militares e integrantes de fuerzas de seguridad. Los juicios y las condenas a la complicidad civil, individual e institucional, siguen siendo un grave y peligrosísimo pendiente, la auténtica pistola en la sien de nuestra imperfecta democracia.