Cada agresión sexual tiene que ser leída como acción política conservadora de un orden en el que el Poder somete para intentar perpetuar una forma de ver el mundo a través de la cual los privilegios de los poderosos deben permanecer intactos, a cualquier precio.

En los mismos días, en otra localidad, los vecinos y vecinas se congregaron en una encendida protesta frente a la casa de una niña de 13 años que había consultado al hospital público por dolor abdominal. Allí se detectó que se trataba de un embarazo de 8 meses producto de un abuso reiterado con violación por parte del padrastro, con encubrimiento y falso testimonio por parte de la progenitora. Los vecinos y vecinas se sentían convocados/as a expresar públicamente la condena social a quienes pisotean los derechos de nuestras infancias.

En muchos lugares de nuestro país, progenitores, fiscales, defensores y jueces/zas obligan a niños o niñas a tener vinculaciones forzadas con sus agresores sexuales a quienes no quieren ver, mientras intentan simular que se trata de falsas denuncias de abuso sexual.

Cada agresión sexual (abusos, femicidios, transfemicidios), es un ataque a toda la sociedad, no sólo a las víctimas directas. Es una advertencia que intenta que se conserven las relaciones de poder vigentes.

Cada agresión sexual tiene que ser leída como acción política conservadora de un orden en el que el Poder somete para intentar perpetuar una forma de ver el mundo a través de la cual los privilegios de los poderosos deben permanecer intactos, a cualquier precio.

Cada agresión sexual merece una respuesta política que construya otro poder, el de una comunidad que no se deje ultrajar ni forzar a disciplinamientos.

Las violencias sexuales contra infancias y adolescencias son crímenes de poder que usan la sexualidad como medio para el dominio de las y los más vulnerables que tienen a su alcance.

Hoy estamos transitando por un marco social totalmente explícito de impunidad para abusos de poder, al servicio de una concentración económica en pocas manos con efectos devastadores para las mayorías populares.

Las violencias sexuales contra infancias y adolescencias son crímenes de poder que usan la sexualidad como medio para el dominio de las y los más vulnerables que tienen a su alcance.

En la sociedad argentina se ha avanzado muchísimo. Leyes que surgieron por acciones políticas de colectivos que salieron a la calle a repudiar las agresiones y lograron protección y prevención a través de la ESI en escuelas y espacios educativos, producción de conocimientos muy precisos para la detección de traumatismos psíquicos causados por la violencia sexual y los modos de abordaje para su procesamiento en hospitales y otros espacios de salud mental.

Estemos atentos y atentas a la capacidad que tenemos como colectivo social para no dejar pasar los retrocesos que intentan imponernos. ◼

Susana Toporosi, Psicoanalista de niños, niñas y adolescentes
susana.toporosi@topia.com.ar(link sends e-mail)
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