Hace dos años, a miles y miles de kilómetros del escritorio reflexivo de Lazzarato, para generar conciencia sobre la problemática, difundí la obra a través del programa radial Volver a las Fuentes. Fue a partir de la vandalización de un monumento a Osvaldo Bayer, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Decidí inscribir los hechos en el ascenso de los neofascismos locales, que podían haber concluido su gobierno (2019), pero no dejaban de desplegar su poder (2020), por lo que era necesario no confundir un resultado electoral, circunstancial, con una realidad compleja, no sólo local, sino mundial.

Con preocupación, señalé que “las expresiones de odio no están siendo lo suficientemente rechazadas en la Argentina, no sólo las expresiones, sino el ataque a los símbolos, las identidades, la Historia” (16 de julio de 2020, El odio de los neofascismos permanentes https://ar.radiocut.fm/audiocut/odio-neofascismos-permanentes/ ).

Esa editorial fue seguida de otras sobre el mismo tema, durante todo el año, incluida la del 26 de mayo de 2021, cuando le pusieron un bombazo al local de La Cámpora, en Bahía Blanca y no sólo el silencio caracterizó a buena parte del arco político, sino que corrían las horas y se diluía la posibilidad de esclarecer el atentado (Programa Volver a las Fuentes, AM 990 https://ar.radiocut.fm/audiocut/editorial-cynthia-ottaviano- 2705/?fbclid=IwAR0PrKquODUnY09dtnXzo7GvFHetbA-iCb6hdtRwsXS4ThQS-Py8DXZE3E0 ).

Los hechos se multiplicaron, en ascenso de gravedad, pasaron de lo material, a lo simbólico y de lo simbólico a lo físico. Porque un busto, un monumento, se sabe, son apenas un símbolo, una representación, nunca son el verdadero objeto de la vandalización.

No se trata del objeto, sino del sujeto y sus circunstancias.

El objetivo son las acciones, las ideas que llevaron a entronizar a quien las realizó. Se vandaliza el monumento, pero se busca agredir al escritor, al militante, a la madre de la Patria, a un pañuelo, una fuerza política o, más aún, sus ideas, acciones y pedagogías.

Y como contracara, vandaliza quien busca erradicar esas prácticas porque le resultan adversas a sus intereses o porque reproduce las necesidades de la hegemonía reinante. La servidumbre voluntaria existe, incluso desde antes que La Boétie lo publicara en 1574.

Por eso no puede sorprendernos hoy que en la Argentina, el epicentro de los discursos de odio se encuentre donde se cruzan la comunicación concentrada con un sector del poder económico, del poder político y del poder judicial que no duda en apelar a prácticas neofascistas para volver a gobernar.

Las llamamos Lawfare cuando son desplegadas en el marco de un proceso judicial, pero aún no tienen nombre cuando la plataforma básica es la mediática, a pesar de que Julio Blanck la

llamó “periodismo de guerra”.

En otros ámbitos, se describe más bien un fenómeno o problemática puntual, comunicación concentrada, Fake News, Infodemia, discursos de odio, como partes integrantes de un capitalismo de plataformas y financiarización

El punto es cuál es o son los antídotos. Por tratarse de una realidad poliédrica, deben tomarse múltiples medidas a la vez, desde diversos ámbitos de la vida institucional, política, comunicacional y educativa del país.

En el caso particular de los discursos de odio, primero debe quedar claro que son aquéllos destinados a “intimidar, oprimir, incitar al odio o la violencia contra una persona o grupo en base a su raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, discapacidad u otra característica grupal, no conoce fronteras de tiempo ni espacio. De la Alemania nazi y el ku

Klux Klan en Estados Unidos, a Bosnia en los noventa y el genocidio de Ruanda en 1994, se han empleado expresiones de odio para acosar, perseguir o justificar privaciones de los derechos humanos y, en su máximo extremo, para racionalizar el asesinato” (Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión OEA 2004).

En el caso de la Argentina deberíamos incorporar el genocidio a los pueblos indígenas, la proscripción al peronismo, con fusilamientos, atentados y la comisión de lo que debería considerarse como delito de lesa humanidad como lo es asesinar a cientos de personas con un bombardeo a la Plaza de mayo, realizado por Fuerzas Armadas, en la búsqueda del magnicidio del presidente Juan Domingo Perón, la última dictadura cívico militar, empresaria, clerical, judicial y mediática y los actuales discursos de odio, intrínsecos a las acciones históricas mencionadas.

Otra italiana, pero que desarrolló su vida en la Argentina, Vera Vigevani de Jarach, madre de plaza de Mayo Línea Fundadora, suele enseñar que el “Nunca más” al terrorismo de Estado, debe complementarse con un Nunca Más al silencio y un Nunca Más al odio (11 de octubre de 2019, encuentro en FOETRA https://www.cynthiagarcia.com.ar/vera-jarach-y-como-sobrevivir- dos-genocidios-sin-perder-la-rebeldia/ ).

Es en la vida democrática, con la toma de la palabra, la participación y la acción que se erradican las violencias. Con la política del encuentro y la solidaridad, materializada en políticas públicas concretas y legislación pertinente encuadrada en parámetros claros, ya acordados por el sistema interamericano (ver Las expresiones de odio y la Convención Americana sobre Derechos Humanos http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/odio/Expreisones%20de%20odio%20Inf orme%20Anual%202004-2.pdf ).

Tiempo antes de la que llamamos dictadura cívico militar, eclesiástica, mediática, empresaria y judicial; el dictador Pedro Eugenio Aramburu cometió crímenes y vejámenes que consideró equiparables al disciplinamiento que quiso impartir.

Es cierto. Pero también cambió los nombres de cientos de calles, equiparables a los símbolos que quería impedir: rechazó “Abanderada de los humildes”, “de los Obreros”, “CGT”, “Justicia Social” y “Sufragio femenino”. “17 de octubre” dejó de existir para ser reemplazada por Teniente General Julio Roca. Por eso es necesario pensar en las micro y macro violencias.

Decidir el vallado físico-político de la casa de la actual vicepresidenta, con ella adentro, ordenar a la policía local que empuje a su hijo (con fueros parlamentarios) para impedirle el acceso al departamento; rodear a un gobernador con el mismo fin, justificando la represión en que es “un manifestante más” de los miles que buscaban saludar a su líder política, pueden leerse como la continuidad de otras prácticas antidemocráticas de los últimos años, que hoy vuelvo a señalar, no son lo suficientemente rechazadas con todas las herramientas existentes.

Tal como ocurrió con el atentado con explosivos mencionado al local de La Cámpora de Bahía Blanca. No sólo no se escucharan los debidos repudios de todo el arco político nacional, provincial y local, sino que aún no se sabe quiénes fueron los responsables y menos aún cómo ocurrieron los hechos.

¿Quién se atreve a señalar entonces, con seriedad, que lo ocurrido el fin de semana no se trata de uno de los cientos de hechos que se acumulan en la antesala neofascista que describen Lazzarato o Jarach?

Hace poco más de dos meses, el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, sostuvo que “el odio está aumentando en todo el mundo con discursos que incitan a la violencia, socavan la cohesión social y la tolerancia, y causan daños psicológicos, emocionales y físicos a las personas afectadas (…) y a las sociedades en general”.

Después de describir que “su efecto devastador no es nada nuevo, pero su escala e impacto son mayores que nunca a causa de las nuevas tecnologías”, volvió a convocar a los Estados a tener “iniciativas que promuevan estrategias para identificar, abordar y contrarrestar el discurso de odio”.

En el mundo entero existen leyes, resoluciones y distintas herramientas para erradicar esas violencias. En el ámbito regional, el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 2004 mencionado sostiene que “las expresiones de odio quedan al margen de la protección del artículo 13” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho a la libertad de pensamiento y de expresión).

El párrafo 5 del artículo 13 de la Convención establece que “estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, origen u origen nacional”.

¿Qué esperamos en la Argentina para cumplir con la exhortación que se realiza desde Naciones Unidas o la OEA, en la actualidad, en el marco de la pos pandemia? ¿Y para tomar la decisión política que dinamice la propia legislación vigente?

#COMUNICADO | Repudiamos enérgicamente el atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación @CFKArgentina. pic.twitter.com/QAfEJWgPkN

— Diputados UP (@Diputados_UxP) September 2, 2022

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, artículo 70, ordena que en la radio y la televisión se “deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas”. Y agrega: “el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento el aspecto físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana”.

Sin embargo, basta recorrer un segundo el dial o hacer zapping medio segundo más para escuchar descalificaciones, agravios, estigmatizaciones y sueños necrófilos de un país sin kirchneristas, haciendo efectivo el Cohete a la Luna de Mauricio Macri, aunque no tan elitista.

La ley de medios, a pesar de que ya no se mencione, incluye un capítulo de Sanciones (VI) que van desde el llamado de atención y el apercibimiento, a la multa para el licenciatario sobre la facturación de la publicidad y la caducidad de la licencia.

En el artículo 108 ordena que “se aplicará la sanción de caducidad” en caso de “realización de actos atentatorios contra el orden constitucional de la Nación o utilización de los Servicios de Comunicación Audiovisual para proclamar e incentivar la realización de tales actos”.

El decreto reglamentario pone en cabeza de la autoridad de aplicación (actual Enacom) la producción de pruebas administrativas e incluso aquellas que no sean propias de esa vía, la faculta para “solicitar al poder Judicial de la Nación que ordene su producción”. La ruta para determinar a qué se refiere con actos atentatorios de la Constitución Nacional se encuentra en el artículo 36.

Más allá de precisiones sobre legislación vigente, lo cierto es que por caminos posibles en la Argentina, como por aquéllos por construir no puede demorarse más la identificación, abordaje y erradicación de los discursos de odio y las violencias políticas, físicas, mediáticas y simbólicas.

Porque la acumulación del capital es un hecho, la financiarización del capitalismo también y los neofascismos se estructuran para lograrlo, a través de discursos de odio. En Italia, en toda Europa, y en Argentina también.

*La autora es doctora en Comunicación y docente de la UNLP.