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Tom Douglas Homan, nombrado como “el zar de las fronteras” de la Casa Blanca, recibió una cantidad de dinero no revelada de la empresa Geo Group, una de las dos compañías más beneficiadas con las políticas de deportación. Homan de 63 años ocupa el segundo puesto como como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y es considerado una de las figuras claves de la administración trumpista.
La relación de Homan con una empresa beneficiada por estas políticas no es la única en el gobierno estadounidense; a principio de año, se conoció que Stephen Miller, vicejefe de gabinete y arquitecto de las deportaciones, tenía un número importante de acciones de Parlantir, otro gigante corporativo que ha aumentado sus ingresos gracias a sus nuevos contratos con el ICE.
Según Washington Post, “antes de unirse a la administración, el zar fronterizo Tom Homan percibió una cantidad no revelada en honorarios por consultoría para una división de Geo Group, una de las dos empresas que opera la gran mayoría de los centros de detención de inmigrantes del país, según una declaración pública. La compañía le pagó más de 5.000 dólares durante los dos años previos a su nombramiento en el gobierno, sin precisar cuáles fueron sus tareas”. El dinero, según el medio, incluso podría ser mayor al informado.
El caso de Homan no es un caso aislado, sino que forma parte de una política sistemática de negocios y cooptación
Homan no es cualquier funcionario: como miembro de la fundación Heritage, por ejemplo, fue uno de los responsables de escribir un capítulo sobre las políticas migratorias para el famoso Proyecto 2025, considerada una hoja de ruta de la administración trumpista.
El padre intelectual de las separaciones familiares y el auge de las detenciones en cárceles privadas
Homan comenzó su carrera policial como agente de policía en West Carthage, Nueva York, en 1983, y después se incorporó al Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, precursor del ICE, hasta convertirse en agente de patrulla fronteriza. Dentro de la institución, escaló posiciones hasta ser ejecutivo de operaciones de cumplimiento y deportación en 2013 durante la presidencia de Obama, un periodo en el que aumentaron las expulsiones a un total de 2,8 millones. En la gestión de Homan, las deportaciones promediaron entre las 300 y 450 mil por año.
En la primera Administración Trump, fue nombrado Director Interino del ICE desde el 30 de enero de 2017 hasta el 28 de junio de 2018. Durante este periodo, los arrestos aumentaron aproximadamente 40%, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. Las detenciones pasaron las 143,470 en el año fiscal 2017, un incremento del 30% respecto al año anterior. También eliminó todas las categorías de inmigrantes exentos de deportación y estableció que el ICE “ya no eximiría ninguna clase de individuos” de los procedimientos de remoción si se probaba que estaban en el país “ilegalmente”.
Fue considerado, además, el creador de la política de separación familiar , dirigida a encarcelar menores para disuadir a sus padres de migrar. Esta política separó más de 5,500 niños de sus padres en 2018. Las edades de los niños llegaron hasta los 10 meses, y algunos permanecieron en custodia hasta 25 días – muy por encima del límite legal de 72 horas. Para abril de 2024, todavía habían 1401 que no habían sido reunidos, de nuevo, con sus familias, según el propio Departamento de Seguridad Nacional. Esta política estableció un nuevo paradigma de crueldad sistemática como herramienta de disuasión.
Este periodo de Homan coincidió con uno de los periodos más lucrativos en la historia de las empresas de prisiones privadas. En su gestión, el ICE pagó, por ejemplo, $807 millones a 19 centros privados solo en el año fiscal 2018 para que albergaran a 18,000 personas – 41% del total de 44,000 detenidos, según el diario The Daily Beast. Las dos principales compañías, Geo Group y CoreCivic, operaban, por ese entonces, más de 16 instalaciones del ICE. Los costos por detenido variaron significativamente: $133.99 por día en promedio, pero las camas familiares costaron $319 diarios y las camas para niños separados llegaron a $775 por noche. En la práctica, se beneficiaron de las detenciones prolongadas y masivas de migrantes.
Según Washington Post, “antes de unirse a la administración, el zar fronterizo Tom Homan percibió una cantidad no revelada en honorarios por consultoría para una división de Geo Group
GEO Group y CoreCivic lideran el sector de prisiones privadas: la primera tiene un valor de 4.000 millones de dólares y la segunda de 2.200 millones. Los contratos con el ICE representaron el 43% de ingresos para GEO Group en 2023. Para CoreCivic, esta cifra fue del 30%. Por eso, las dos compañías hicieron importantes donaciones a las campañas republicanas estatales y al propio Donald Trump en las últimas presidenciales.
La etapa de Homan como consultor post Donald Trump y sus primeros días en el nuevo gobierno
Me metieron en la lista Clinton, no tengo visa, me tratan como narcotraficante. Me preguntan cómo estoy y respondo “mal, pero acostumbrado”. Es perverso lo que Estados Unidos hizo contra mí hoy. pic.twitter.com/uJPMsFcixS
— Armando Benedetti (@AABenedetti) October 25, 2025
Después de su paso por la primera administración trumpista, Homan fundó la consultora Homeland Strategic Consulting, dedicada a asesorar empresas para que accedieran a contratos “federales”. En persona, el exfuncionario prometió a sus clientes que accederían a personas claves durante la segunda Administración Trump para concretar lucrativos negocios, según una investigación de la Oficina Federal de Investigación (FBI). Agentes encubiertos del buro, incluso, se hicieron pasar por potenciales clientes, y lo grabaron mientras prometía favores en el nuevo gobierno trumpista a cambio de que realizara un pago de 50 mil dólares a su consultora.
La investigación derivó en una presentación judicial en el Distrito Oeste de Texas por parte del Departamento de Justicia y el FBI. Sin embargo, en los últimos días, el fiscal adjunto, Todd Blanche, exabogado personal de Trump, y el nuevo jefe del FBI, Kash Patel, anunciaron su cierre bajo el argumento de que no habían “pruebas creíbles” contra Homan.
Esto, por supuesto, despierta serias dudas sobre si el contrato firmado con Geo Group, previo a su ingreso al gobierno, no fue dado a cambio de lucrativos negocios con la nueva Administración. La Casa Blanca niega, sin embargo, que esté involucrado en la adjudicación de contratos.
Durante la nueva gestión del ICE, liderado por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y el propio “zar de las fronteras”, se han elaborado planes para aumentar la capacidad de detención de 41,500 a 100,000 camas gracias a la proyección de que el presupuesto del ICE aumentará hasta los $45 mil millones. Para las empresas de cárcel privadas esto representa nuevas oportunidades de negocio; GEO, por ejemplo, ya ha recibido contratos este año para reabrir instalaciones en Nueva Jersey y Michigan con ingresos anuales proyectados de 130 millones de dólares. Además, uno de los acuerdos firmados para el establecimiento de un centro de detención Delaney Hall, Nueva Jersey, le generará a la empresa un ingreso estimado de mil millones en un total de 15 años.
“El zar de las fronteras” de la Casa Blanca, recibió una cantidad de dinero no revelada de la empresa Geo Group, una de las dos compañías más beneficiadas con las políticas de deportación
El caso de Homan no es un caso aislado, sino que forma parte de una política sistemática de negocios y cooptación. Los empleados de GEO Group y sus comités de acción política aportaron $3,7 millones durante el ciclo electoral de 2024. Destinaron la mayor parte a republicanos y grupos conservadores. La compañía entregó, por ejemplo, un millón de dólares al supercomité Make America Great Again de Trump, $775,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso Republicano y $500,000 a su Fondo de Liderazgo del Senado. Una de sus filiales, GEO Acquisition II, Inc., contribuyó con un millón de dólares adicionales a Make America Great Again.
La campaña, incluso, armó un Comité de Acción Política, dedicado a donaciones para la campaña, que destinó todos sus fondos a la campaña presidencial de Trump en febrero de 2024, según el grupo Citizens for Responsibility and Ethics, una organización de monitoreo gubernamental sin fines de lucro. Sus empleados también participaron con donaciones. George Zoley y Brian Evans, ejecutivos de GEO Group, aportaron $11,600 cada uno al comité Save America de Trump.
Pam Bondi, ahora Fiscal General, hizo lobby por 390 mil dólares para GEO Group como empleada del grupo Ballard Partners. Se estima que la mayoría de los lobbystas de estas empresas tuvieron cargos gubernamentales antes de convertirse en cabilderos. La junta directiva de GEO Group incluye exfuncionarios judiciales o migratorios. Lindsay Koren, directora de la empresa, trabajó como abogada litigante en el Departamento de Justicia y como asesora legal de un juez principal de inmigración. Julie Wood, integrante de su junta ejecutiva, fue directora del ICE entre 2006 y 2008. Mientras que Matthew Albence ocupó diversos cargos en ICE antes de unirse a GEO Group en 2022. Daniel Bible se convirtió en vicepresidente ejecutivo de la compañía después de abandonar su cargo también en el mismo organismo. Lo mismo hizo Daniel Ragsdale en 2017.
Por eso no es casual tampoco que, en este momento, el 90% de los migrantes detenidos lo estén en cárceles privadas.
