— Los estadounidenses celebrarán este 8 de noviembre unas elecciones de “medio término” que, básicamente, someterán a examen los dos años de la Administración Biden. Los republicanos apuestan a recuperar el control del Senado y de la Cámara de Representantes, lo que dejaría al presidente con menos margen de maniobra político en lo que resta de mandato y a su antecesor, Donald J. Trump, en posición de liderar definitivamente el partido y volver a postularse a la Casa Blanca en 2024.
Estos comicios también suponen una apuesta del expresidente Donald J. Trump (2017-2021), quien en las primarias republicanas ha impuesto varias candidaturas radicales en estados clave y muy disputados como Georgia, Pensilvania y Ohio, cuyas victorias confirmarían su liderazgo personal en el Grand Old Party (GOP) y ampliarían sus posibilidades de volver a competir por la Casa Blanca en 2024.
A su vez, los demócratas se abrazan a la larga lista de medidas, decretos y leyes económicas y sociales con las que la Administración Biden hizo frente a las consecuencias de la pandemia, primero, y la invasión de Rusia a Ucrania, después, en un intento coordinado con el Congreso -con resistencia republicana- por dar respuestas a la coyuntura pero también a deudas históricas, como las de infraestructura y las deudas contraídas para estudiar en la universidad contraída por millones de estadounidenses.
Según estudios de opinión previos, los dos asuntos que más preocupan a la opinión pública estadounidense son la economía y la inflación, en ese orden y en los estados donde más hay en juego, pero también las restricciones al derecho al voto (19 estados endurecieron en 2021 el registro de votantes y restringieron o eliminaron el voto por correo o a distancia) y la portación de armas, seguidos de la cuestión del aborto, la inmigración y el cambio climático.
Las midterm elections expresan tradicionalmente el nivel de disconformidad con el Ejecutivo, pero esta vez algunas decisiones conservadoras de la Corte Suprema puede agrupar con fuerza el voto progresista que sostiene a los demócratas en el poder.
En el Senado, hay en juego 35 de los 100 escaños (uno de ellos por el retiro del senador James Inhofe (republicai de Oklahoma) que se reparten 50-50 demócratas y republicanos, y que ha llevado al oficialismo a recurrir al desempate de la vicepresidenta Kamala Harris en 26 votaciones, más que cualquier vice desde John Calhoun (1825-1832).
Según los analistas, además del tradicional bloqueo opositor a designaciones del Ejecutivo y del Poder Judicial, con un triunfo en el Senado el Partido Republicano podría avanzar decididamente -apoyado en el reciente fallo de la Corte Suprema- en una limitación total del derecho al aborto a nivel federal, extender aún más las restricciones para ejercer el voto y controlar futuras designaciones clave de la Administración Biden. Los demócratas ponen en juego 14 bancas de senadores y los republicanos, 21.
En la Cámara de Representantes, donde cada estado obtiene representación en la Cámara de Representantes en proporción al tamaño de su población pero tiene derecho a por lo menos a un legislador, hay ahora 221 demócratas, 212 republicanos y dos bancas vacantes (por la muerte de la republicana Jackie Walorski y la dimisión del demócrata Charlie Crist, por su candidatura a gobernador de Florida). El 8 de noviembre, la disputa por una treintena de distritos donde el resultado es incierto definirá la mayoría de la nueva cámara.
Un sondeo del New York Times/Siena College atribuye un valor determinante a la situación económica, en especial a la persistente inflación, la más alta en 40 años debido principalmente a la crisis energética: el 44% lo considera el problema número uno del país ahora mismo. Así, atribuye 49% de probabilidad al voto republicano sobre 43% del demócrata, una reversión de las estimaciones de hace sólo un mes.
La misma encuestadora, confirma una predilección del votante latino por los demócratas, en especial las mujeres y la clase trabajadora, que coinciden con el oficialismo en asuntos como inmigración, portación de armas, y cambio climático, y en su mayoría siguen viendo a los republicanos como un partido de la élites y posturas extremas. Según New York Times/Siena College, 56% de latinos piensa votar por los demócratas y sólo 32% por los republicanos, aunque en estados como Florida esa estadística puede revertirse.
Los latinos (59 millones en todo el país, según el censo nacional de 2020) representan hasta el 20% de los votantes en algunos distritos, como en dos de los estados que más probabilidades tienen de decidir el control del Senado: Arizona y Nevada. También suponen más del 20% de electores registrados en más de una decena de distritos muy reñidos y claves para la Cámara de Representantes en California, Colorado, Florida y Texas.
La mayoría de las miradas estarán sentadas en Georgia, donde en 2020 los demócratas dieron el golpe ganando las dos bancas en segunda vuelta (así se define en ese estado), por primera vez en dos décadas, y dejaron el Senado en 50-50. Ahora, se define si el demócrata Raphael Warnock renueva por otros seis años (ahora completa el mandato del republicano Johnny Isakson, quien renunció en 2019) y se reafirma el respaldo de los georgianos a Biden, o si la elección vuelca otra vez el poder en la cámara alta.
También serán claves los estados de Arizona (que los demócratas ganaron en 2020 por primera vez desde 1996), Michigan (también recuperado por los demócratas por estrecho margen), Ohio, Pensilvania, Wisconsin y Nevada, donde Trump enfrentó resistencia política y financiera de los sectores republicanos menos radicalizados con candidatos polémicos que terminaron ganando entre las bases y con los que hace su apuesta más fuerte en su estrategia por controlar definitivamente el antiguo partido.
“La economía sigue siendo el principal problema del país. Eso supone una presión adicional sobre los demócratas y Biden” en estos comicios, opinó Mallory Newall, ejecutiva de la consultora Ipsos. «Si las cosas empeoran, la gente los va a hacer responsables«, añadió.
Un mes antes de los comicios, la aprobación de la gestión de Biden era de sólo 42%, si bien había subido casi cinco puntos respecto de su baja marca de julio pasado.
Además, este 8 de noviembre se ponen en juego 36 gobernaciones: 16 de los 22 gobernadores demócratas y 20 de los 28 republicanos.
El aumento del costo de vida tuvo como respuesta del gobierno demócrata la Ley de Reducción de la Inflación, un paquete legislativo de U$S 739.000 millones que incluye una inversión sin precedentes de U$S 375.000 millones para hacerle frente al cambio climático sin dañar la máquina económica norteamericana.
Las elecciones de medio término se celebrarán mientras, sólo en septiembre, el mercado laboral incorporó 263.000 empleos y la desocupación bajó al 3,5%, el nivel más bajo en medio siglo, con los ingresos creciendo 5% respecto de 2021, si bien la inflación roza el 8%, un nivel desconocido para las generaciones más jóvenes de estadounidenses.
El panorama luce sombrío a nivel global, con pronósticos de estanflación y hasta recesión. En octubre, el Fondo Monetario Internacional volvió a rebajar sus previsiones de crecimiento económico para Estados Unidos, hasta el 1,6 % en 2022, siete décimas menos que lo calculado en julio, si bien mantiene en el 1 % la estimación para 2023.
Para contener uno de los aumentos de precios más sensibles, el de las naftas, la última medida de Biden consistió en liberar 15 millones de barriles de la reserva estratégica de Estados Unidos y considerar otras más en el próximo invierno. Los precios (a U$S 3,85 el galón, contra U$S 2,40 de inicio de su mandato) “no están bajando lo suficientemente rápido”, reconoció el presidente antes de los comicios, cuando ya retrocedían.
Ya a principios de 2021, pese a la cerrada resistencia de los republicanos en el Senado, los demócratas impulsaron y lograron en el Congreso la aprobación de un ambicioso plan de rescate y estímulo económico de U$S 1,9 billones para mitigar los impactos económicos de la pandemia. El paquete supuso pagos directos de U$S 1.400 a millones de familias estadounidenses (85% del total, según Biden), ayudas semanales de U$S 300 a desempleados y fondos para vacunas y equipo médico.
Otro asunto sobre el que logró avanzar la Casa Blanca fue una promesa de campaña de Biden, una condonación de las deudas contraídas por millones de estadounidenses para pagar sus estudios universitarios, de hasta 20.000 dólares para los beneficiarios de las becas Pell y de hasta 10.000 dólares para los que no las reciben. El plan también incluye la reducción de los pagos mensuales de los préstamos universitarios y la lucha contra el aumento del coste de la educación universitaria.
Fuera de la agenda inmediata, los demócratas lograron aprobar -esta vez con apoyo republicano- la Ley de Infraestructura, un asunto del que habló continuamente Trump durante su campaña para llegar a la Casa Blanca en 2016. Ahora, la Administración Biden sí logró destinar U$S 1,2 billones a transporte público, ferrocarriles y vehículos eléctricos, a garantizar acceso a Internet y a la construcción de carreteras para los próximos años.
Finalmente, Biden jugó fuerte a las puertas de las elecciones y, decidido a concentrar al máximo el voto progresista que completa el arco demócrata, prometió que el primer proyecto que enviaría al Capitolio en 2023 si el oficialismo mantiene el control del Congreso sería una ley que consagrara el derecho al aborto (durante décadas restringido, ampliado y al final dejado sin garantía federal en junio pasado por la Corte Suprema). Los republicanos quieren prohibir a nivel nacional el aborto después de las 15 semanas de embarazo, una ofensiva que ya iniciaron con leyes locales en numerosos estados antes de esta elección.
Según el detalle publicado por el Washington Post, la mayoría de los candidatos republicanos a las legislativas del 8 de noviembre niega abiertamente la validez del resultado de los comicios presidenciales en los que Biden derrotó a Trump. El mismo análisis estima que de esos 299 postulantes, parte del movimiento MAGA (Make America Great Again) es probable que 174 lleguen al Congreso y que otros 51 disputen con posibilidades una banca a los demócratas.
Al final de la jornada electoral, los propios republicanos tendrán más claro si las urnas reconfirman el liderazgo construido por Trump entre las bases, y eventualmente en el Congreso, y emerge así como candidato indiscutible a la Casa Blanca en 2024, o si bien sus puestas estaduales y distritales se revelan un fiasco y reabren la puerta a una reconstrucción del ala moderada del GOP, igual de conservadora en lo social y liberal en lo económico, pero menos intransigente en lo político y menos aislacionista en política exterior.
En plena campaña electoral, tras su citación por el Congreso a declarar, Trump denunció una «cacería de brujas». Antes, agentes del FBI habían registrado por orden judicial su residencia en Florida, donde hallaron 11.000 documentos oficiales de su presidencia, entre ellos un centenar clasificados que según las normas debían estar en Washington.
Este panorama, y la carrera electoral polarizada por controlar el Congreso, decidieron al presidente Biden a afirmar sin tapujos que “Trump y los republicanos MAGA representan un extremismo que amenaza las mismas fundaciones de nuestra república”.
Los demócratas confían, precisamente, en que la radicalización de algunos candidatos en estados disputados que cambian tradicionalmente de manos (swing states) terminen por polarizar más la elección y acaben favoreciendo al oficialismo. «La mayoría de la Cámara de Representantes se ganará distrito por distrito, y presentarse con los candidatos más débiles y extremos en los distritos indecisos le va a costar al Partido Republicano”, aventuró Tommy García, portavoz del Comité Demócrata de la Campaña del Congreso.
El Departamento de Estado mantiene la calificación de genocidio para represión de los musulmanes uigures en Xinjiang (denunciada ahora por la ONU), el Pentágono sigue activo en el estrecho de Taiwán frente a la escalada de ejercicios militares de China en el área y Washington mantiene la guerra de aranceles con Beijing abierta por Trump, sin animarse tampoco a reactivar el acuerdo comercial transpacífico TPP, impulsado por Obama que que Trump dejó en 2017 con el argumento que dañaría al sector manufacturero local.
Por lo demás, desde el principio de la actual administración, los demócratas dieron los pasos necesarios para desandar progresivamente el camino del “America First” de Trump y devolver a Estados Unidos un papel principal en el sistema multilateral, desde la ONU a la Unesco, pasando por la OMC, aunque con matices.
Uno de los cambios más sensibles ha sido la disposición de Washington de reanudar el Acuerdo Nuclear internacional de 2015 para controlar el desarrollo nuclear iraní, que con apoyo de varias potencias -incluidas Rusia y China, además de las principales de Europa- siguen negociando desde hace dos años tras la salida intempestiva ordenada por Trump en 2018, que decidió a Teherán a retomar su carrera atómica (aunque Biden se mantiene firme en la decisión de considerar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica).
Sin embargo, en otros aspectos también hubo continuidad. Se comprueba en la dinámica de las relaciones con un aliado histórico como Israel y con Arabia Saudita, en el marco de los Acuerdos de Abraham impulsados por Trump en Medio Oriente. La reciente publicación actualizada de la Estrategia de Seguridad del Departamento de Estado confirma en líneas generales esa continuidad, en particular cuando se trata de China y, ahora, de Rusia.
La invasión de Ucrania terminó de diferenciar las políticas del Departamento de Estado en esta nueva etapa, frente a Europa, frente a Rusia y frente al resto del mundo. Lo mismo puede decirse de la decisión de retirar a las tropas estadounidenses de Afganistán y otros antiguos escenarios de intervención militar, una decisión que se ha expresado a los votantes desde Barack Obama en adelante.
Es que los demócratas deberían explicar lo de Ucrania, Burisma, Hunter Biden y el Maidan …