GAZA: Salvar a quienes aún no se han perdido para siempre
Este informe se basa en la definición jurídica de genocidio recogida en la Convención de las Naciones Unidas, pero adopta un marco analítico más amplio, inspirándose en la concepción original de Raphael Lemkin, así como en investigaciones históricas y sociológicas, al examinar el proceso que condujo al genocidio en Gaza y los actos genocidas de Israel en la Franja. El informe analiza las condiciones que precedieron a octubre de 2023 y sentaron las bases para la ejecución del genocidio tras el ataque de Hamás el 7 de octubre; las razones por las que este ataque se convirtió en un catalizador en el camino hacia el genocidio; y la gama de prácticas que Israel ha aplicado en Gaza desde el 7 de octubre. En conjunto, estas prácticas constituyen un ataque coordinado contra los fundamentos esenciales de la sociedad palestina en Gaza, con la intención de destruir a los palestinos de Gaza como grupo. El informe también examina como estas prácticas genocidas se están extendiendo gradualmente a otras zonas controladas por Israel y advierte del peligro que suponen para los palestinos de esas zonas, tanto a título individual como colectivo.
Informe “B’Tselem, julio 2025”[1]
Índice
- INTRODUCCIÓN
- ¿QUÉ ES EL GENOCIDIO?
- METODOLOGÍA
- EL GENOCIDIO ISRAELÍ CONTRA EL PUEBLO PALESTINO
- Matar y causar daños graves a la integridad física y psíquica
Matar y causar daños físicos y mentales graves en la Franja de Gaza
Ataques aéreos y desplazamiento de la población
Normas sobre el uso de la fuerza y zonas de muerte
Personas heridas y falta de atención médica
Muertes indirectas
Trauma psicológico
Asesinato y lesiones graves físicas y mentales en Cisjordania
Ataques aéreos
Política de fuego abierto
Milicias judías en Cisjordania
Angustia psicológica severa
Asesinato y lesiones y mentales dentro de Israel
- Destrucción de las condiciones de vida
Destrucción de las condiciones de vida en la Franja de Gaza
Hambre y destrucción de la infraestructura alimentaria
Uso del hambre como método de guerra
Asesinatos rutinarios en los «centros de distribución de ayuda»
Destrucción de la infraestructura eléctrica y de agua
Ataques al sistema sanitario
Domicidio (destrucción de viviendas)
Destrucción económica
Destrucción de las condiciones de vida en Cisjordania
Domicidio (destrucción de viviendas) y restricciones a la libertad de movimiento.
Destrucción económica
Destrucción de infraestructuras hidráulicas y agrícolas
Ataque al sistema sanitario
2. Desplazamiento forzoso
Desplazamiento forzado en la Franja de Gaza
Desplazamiento forzado en Cisjordania
Desplazamiento forzado dentro de Israel
- Destrucción social, política y cultural
Destrucción social, política y cultural en la Franja de Gaza
La propagación del desorden
Ataque a la unidad familiar
Ataque a la educación
Interferencia en la cobertura periodística
Ataque al patrimonio histórico y religioso
Destrucción social, política y cultural en Cisjordania
Ataque contra la educación
Ataques contra el patrimonio histórico y a los ritos religiosos
Destrucción social, política y cultural dentro de Israel
Censura y silenciamiento
Delitos
- El sistema penitenciario como red de campos de tortura
- Ataque al estatuto de las personas refugiadas palestinas
- Incitación al genocidio y deshumanización desde octubre de 2023
- El genocidio como proceso
- Fundamentos del régimen (1948-2023)
El régimen de apartheid israelí: ingeniería demográfica, limpieza étnica y separación
Separación
Ingeniería demográfica y limpieza étnica
Mecanismos de deshumanización y presentación de los y las palestinas como una amenaza existencial
Cultura de la impunidad
- El ataque del 7 de octubre de 2023: un acontecimiento desencadenante
- Aprovechamiento de la oportunidad por parte de un gobierno de extrema derecha
- CONCLUSIÓN
Financiado principalmente con fondos procedentes de Estados extranjeros. Los nombres de los Estados extranjeros que han realizado donaciones figuran en el sitio web de Registrarts.
No ha habido orden de evacuación en esta área de nuestro barrio. Estamos bien gracias a Dios. Sigamos orando por la Paz. pic.twitter.com/1C44yhE7yf
— P. Gabriel Romanelli (@PGabRomanelli) August 19, 2025
- INTRODUCCIÓN
Desde octubre de 2023, Israel ha cambiado radicalmente su política hacia los y las palestinas. Tras el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel lanzó una intensa campaña militar en la Franja de Gaza, que sigue en curso más de 20 meses después. La ofensiva israelí contra Gaza incluye asesinatos en masa, tanto en ataques directos como mediante la creación de condiciones de vida catastróficas que siguen aumentando el número de víctimas mortales; daños físicos o mentales graves a toda la población de la Franja; la destrucción a gran escala de infraestructuras; la destrucción del tejido social, incluidas las instituciones educativas y los lugares culturales palestinos; las detenciones masivas y los abusos a los detenidos en las prisiones israelíes, que se han convertido en auténticos campos de tortura para miles de palestinos y palestinas recluidos sin juicio; los desplazamientos forzados masivos, incluidos los intentos de limpieza étnica y la conversión de esta en un objetivo oficial de la guerra; y el ataque a la identidad palestina mediante la destrucción deliberada de campos de refugiados y los intentos de socavar la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA). El resultado de este ataque generalizado contra la Franja de Gaza es grave y, al menos en parte, irreparable, ya que ha causado daños a más de dos millones de personas que viven en la Franja de Gaza y que forman parte del pueblo palestino.
Un examen de la política de Israel en la Franja de Gaza y sus terribles consecuencias, junto con las declaraciones de altos cargos políticos y militares israelíes sobre los objetivos del ataque, lleva a la conclusión inequívoca de que Israel está llevando a cabo una acción coordinada para destruir intencionadamente la sociedad palestina en la Franja. En otras palabras: Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.
El término genocidio hace referencia a un fenómeno socio-histórico y político que se ha producido a lo largo de la historia de la humanidad. Desde que se firmó la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en 1948 (que entró en vigor en 1951), el genocidio también se ha reconocido como uno de los delitos más graves del derecho internacional, que comprende los actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Tanto desde el punto de vista moral como jurídico, el genocidio no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera como acto de legítima defensa.
El genocidio se lleva a cabo mediante múltiples prácticas paralelas a lo largo del tiempo, siendo el asesinato físico masivo solo una de ellas. La destrucción de las condiciones de vida, a veces en zonas de concentración o campos, los intentos sistemáticos de impedir la reproducción, la violencia sexual generalizada contra los miembros de un grupo o su expulsión masiva, pueden ser —y han sido a lo largo de la historia— algunos de los medios utilizados por los Estados o las autoridades gobernantes para destruir grupos étnicos, nacionales, raciales, religiosos y de otro tipo. En consecuencia, los actos genocidas son diversas acciones destinadas a provocar la destrucción de un grupo diferenciado, como parte de un esfuerzo deliberado y coordinado por parte de una autoridad gobernante.
El genocidio siempre se produce en un contexto: hay condiciones que lo hacen posible, acontecimientos catalizadores y una ideología rectora. La actual agresión contra el pueblo palestino, incluida la Franja de Gaza, debe entenderse en el contexto de más de setenta años en los que Israel ha impuesto un régimen violento y discriminatorio contra los y las palestinas, que ha alcanzado su forma más extrema contra los que viven en la Franja de Gaza.
Como todos los regímenes, el israelí es un sistema que sigue una lógica larvada y que utiliza los mecanismos del Estado para alcanzar sus objetivos. Como parte de patrones más amplios del colonialismo de asentamiento que han caracterizado las relaciones entre judíos y palestinos desde las primeras etapas del asentamiento sionista, el régimen israelí opera para garantizar la supremacía judía sobre los palestinos, tanto en lo económico como en lo político, lo social y lo cultural. Con ese fin, el régimen de apartheid y ocupación ha institucionalizado mecanismos de control violento, ingeniería demográfica, discriminación y fragmentación del colectivo palestino. Estos cimientos, establecidos por el régimen, son los que hicieron posible lanzar un ataque genocida contra los palestinos inmediatamente después del ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023. B’Tselem destaca tres elementos fundamentales en particular: la vida bajo un régimen de apartheid que impone la separación, la ingeniería demográfica y la limpieza étnica; el uso sistémico e institucionalizado de la violencia contra las y los palestinos, mientras los perpetradores gozan de impunidad; y los mecanismos institucionalizados de deshumanización y de presentación de las y los palestinos como una amenaza existencial.
Estas condiciones pueden existir durante mucho tiempo sin que se conviertan en un ataque genocida. A menudo, un acontecimiento violento que crea una sensación de amenaza existencial entre el grupo perpetrador es el catalizador que impulsa al sistema gobernante a llevar a cabo el genocidio. El ataque perpetrado por Hamás y otros grupos armados palestinos el 7 de octubre de 2023 fue un catalizador de este tipo.
El terrible ataque, dirigido principalmente contra civiles, incluyó numerosos crímenes de guerra y probablemente también crímenes contra la humanidad. Se cobró la vida de 1.218 israelíes y extranjeros, 882 de ellos civiles, y se caracterizó por actos de violencia graves y generalizados, incluida la violencia sexual, que dejaron decenas de miles de heridos y 252 personas secuestradas en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles, entre ellos mujeres, ancianos y niños. El niño más pequeño secuestrado fue un bebé de nueve meses que fue asesinado, junto con su hermano de tres años y su madre, mientras estaban retenidos en Gaza. Para los israelíes, el mero hecho del ataque, su alcance y sus consecuencias generaron un grado de ansiedad y una sensación de amenaza existencial que provocaron profundos cambios sociales y políticos en la sociedad israelí. Estos cambios provocaron un giro en la política israelí hacia los palestinos de la Franja de Gaza: de la represión y el control a la destrucción y la aniquilación.
El genocidio israelí se está llevando a cabo en la Franja de Gaza, donde la violencia del régimen contra los y las palestinas se está aplicando en su forma más extrema y letal. Sin embargo, el asalto a Gaza no puede separarse de la escalada de violencia que se está infligiendo, en distintos niveles y de diferentes formas, a las y los palestinos de Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y en el interior de Israel.
En este contexto, es importante señalar las similitudes entre estas zonas: en última instancia, las mismas tropas están operando en Gaza y en las demás zonas, bajo el mando de los mismos comandantes y la misma dirección política. Las prácticas que Israel está empleando en otras zonas a menudo reflejan la lógica que rige en Gaza: desprecio total por la vida humana, daños graves a personas inocentes, destrucción generalizada de zonas residenciales y condiciones de vida, limpieza étnica y violación flagrante de las obligaciones morales y del derecho internacional. Al mismo tiempo, muchas figuras militares y políticas de alto rango amenazan con aplicar el nivel de fuerza que se está utilizando actualmente en Gaza contra las y los palestinos en otras zonas.
En estas zonas, al igual que en Gaza, se están cometiendo crímenes letales contra personas palestinas sin que los autores rindan cuentas. La violencia y la destrucción en estas áreas se están intensificando con el tiempo, sin que exista ningún mecanismo nacional o internacional eficaz que actúe para detenerlas. Como resultado, estos crímenes se están normalizando a los ojos de los soldados, los comandantes, los políticos, las figuras mediáticas y los israelíes en general.
Mientras lleva a cabo el genocidio en la Franja de Gaza, el régimen israelí sigue controlando las vidas de las y los palestinos en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y dentro de Israel. Dada la clara escalada de violencia israelí contra las y los palestinos en todas estas zonas, que incluye delitos muy graves, debemos pedir el fin inmediato del genocidio israelí contra las y los palestinos de la Franja de Gaza y advertir del peligro claro e inminente de que el genocidio no se limite a Gaza.
Defender los derechos humanos frente al genocidio
B’Tselem es una organización israelí de derechos humanos que documenta e investiga los daños causados a las y los palestinos bajo el régimen de apartheid y ocupación israelí. En nombre del deber de proteger a los seres humanos, sus vidas, su dignidad y sus derechos individuales y colectivos, B’Tselem lleva más de 35 años trabajando para denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los palestinos por parte de Israel.
El nombre B’Tselem significa «a imagen [de Dios]» en hebreo y proviene del versículo bíblico «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó» (Génesis 1:27). Refleja el principio del valor inherente de toda vida humana. Este fundamento moral ha guiado el trabajo de la organización desde sus inicios.
A lo largo de décadas hemos adquirido experiencia en el ámbito de los derechos humanos, hemos desarrollado un profundo conocimiento de los mecanismos de opresión israelí contra el pueblo palestino y hemos publicado cientos de informes y documentos de posición. B’Tselem documenta los incidentes sobre el terreno, denuncia las acciones y los crímenes de Israel, analiza las políticas que los guían e identifica los mecanismos políticos, sociales y estatales que los hacen posibles. Basándonos en la información que recopilamos y en las conclusiones a las que llegamos, nos comprometemos a presentar posiciones y demandas inequívocas sobre la situación de las violaciones de los derechos humanos y las medidas necesarias para protegerlos.
En 2021 B’Tselem se unió a muchos otros, en primer lugar a organizaciones y activistas palestinas, que durante décadas habían identificado al régimen israelí como un régimen de apartheid. Entonces escribimos:
En toda la zona comprendida entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, el régimen israelí aplica leyes, prácticas y violencia estatal destinadas a consolidar la supremacía de un grupo —los judíos— sobre otro —los palestinos—. Un método clave para alcanzar este objetivo es diseñar el espacio de forma diferente para cada grupo.
Los cimientos formales de este régimen se establecieron cuando se fundó el Estado de Israel sobre la base de fundamentos ideológicos preexistentes. Desde el principio ha tenido un objetivo claro: consolidar la supremacía del grupo judío en todo el territorio bajo control israelí. La principal herramienta para hacer realidad este principio rector ha sido el establecimiento de un régimen de apartheid (que, a diferencia de la situación histórica y política de Sudáfrica, nunca ha sido declarado formalmente como tal y, de hecho, ha sido negado sistemáticamente por los gobiernos israelíes). Este régimen está diseñado para consolidar la supremacía de un grupo mediante la ingeniería demográfica, la separación, la configuración del discurso público, el adoctrinamiento, el militarismo y, por supuesto, el uso de la fuerza y la violencia.
El régimen ha implementado sus prácticas de manera diferente en cada zona bajo su control, con muchos cambios y ajustes a lo largo de los años. Sin embargo, el objetivo fundamental sigue siendo el mismo. Todo el sistema israelí —político, militar, público y jurídico— está estructurado para mantener la supremacía judía, basándose en una falsa pretensión de Estado de derecho, mientras que, en realidad, los derechos de los sujetos palestinos quedan desprotegidos.
Como organización de derechos humanos que trabaja para detener y prevenir la violencia estatal sistémica y generalizada contra los palestinos, es nuestro deber analizar las violaciones de los derechos humanos sobre el terreno en su contexto, teniendo en cuenta el régimen que las comete y la lógica política que lo guía.
Como se ha señalado, desde octubre de 2023 se ha producido un cambio importante en las prácticas de opresión y daño de Israel hacia las y los palestinos, tanto a título individual como colectivo. Hemos recopilado testimonios de testigos presenciales y documentado cientos de incidentes que implican una violencia extrema y sin precedentes contra civiles palestinos en todo el territorio controlado por Israel, mientras que políticos y mandos militares clave han declarado abiertamente las políticas que se están aplicando sobre el terreno. Las innumerables pruebas de las consecuencias de estas políticas reflejan la aterradora transformación de todo el sistema israelí en su trato a las y los palestinos.
En B’Tselem, judíos israelíes y palestinos de la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este e Israel trabajan codo con codo, guiados por la convicción de que defender los derechos humanos es una obligación moral y humana fundamental. Todos vivimos bajo un régimen discriminatorio de apartheid que clasifica a algunos de nosotros como sujetos privilegiados simplemente por ser judíos, y a otros como indignos de cualquier protección simplemente por ser palestinos. Juntos luchamos por el derecho que todos tenemos a vivir entre el mar Mediterráneo y el río Jordán sin discriminación, represión violenta ni aniquilamiento.
Mientras escribimos estas líneas, Israel está intensificando su brutal y despiadado ataque contra las y los palestinos. Como habitantes de esta tierra y como activistas de derechos humanos, es nuestro deber dar testimonio de la situación que nosotros y muchos otros hemos documentado e investigado. Es nuestro deber nombrar la realidad que estamos presenciando y viviendo, relatarla y apoyar a las víctimas.
Hacemos un llamamiento al pueblo israelí y a la comunidad internacional para que actúen con urgencia con el fin de poner fin de inmediato a los ataques de Israel contra las y los palestinos en la Franja de Gaza y en todas las zonas bajo control israelí, utilizando todos los medios disponibles en virtud del derecho internacional.
- ¿QUÉ ES GENOCIDIO?
El término genocidio se refiere a un fenómeno sociopolítico que se ha producido a lo largo de la historia de la humanidad. Se han propuesto diversas definiciones, pero en su forma más básica, el genocidio es la destrucción deliberada y violenta de un grupo étnico, nacional, religioso o racial, o la tentativa de hacerlo, que inflige un daño grave e irreparable al grupo como tal. Según la definición de Raphael Lemkin, jurista judío-polaco que acuñó el término, el genocidio es un «ataque coordinado» contra diversos aspectos de la vida de un grupo nacional, étnico, religioso o racial diferenciado, mediante diversas acciones destinadas a destruir los fundamentos esenciales de la vida del grupo, con el objetivo de aniquilarlo.
Desde la adopción de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, el genocidio también ha sido reconocido como uno de los delitos más graves en virtud del derecho internacional. Incluye los actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Desde el punto de vista moral y jurídico, el genocidio no puede justificarse nunca bajo ninguna circunstancia, ni siquiera como acto de legítima defensa. En 1950, el Estado de Israel promulgó la Ley sobre el delito de genocidio (prevención y castigo) 5710-1950.
En la mayoría de los casos, el genocidio implica una serie de patrones de conducta y prácticas a largo plazo, siendo el asesinato físico directo y masivo solo uno de ellos. Infligir daños físicos o mentales graves a los miembros del grupo, destruir sus zonas de vida y crear condiciones que pongan en peligro su vida, a menudo en zonas de concentración o campos, intentar impedir los nacimientos dentro del grupo, la violencia sexual generalizada contra los miembros del grupo o la expulsión masiva de los miembros del grupo pueden ser, y han sido, históricamente algunos de los métodos utilizados por los Estados o las autoridades gobernantes para destruir grupos étnicos, nacionales, raciales, religiosos o de otro tipo.
Tal y como establece la Convención de las Naciones Unidas y como ilustran diversos casos históricos, el genocidio no implica necesariamente un intento de matar físicamente a todos los miembros de un grupo. Se define en la convención como «la destrucción, total o parcial», del grupo, y puede centrarse en un subgrupo específico del mismo o en una zona geográfica concreta en la que residen (aunque se pueda aplicar una política diferente a otros miembros del mismo grupo bajo el control del mismo régimen). Aun así, el genocidio contra una parte del grupo aumenta el peligro de que los actos genocidas se extiendan a otras partes del grupo, ya que el cambio de un régimen hacia la comisión de genocidio suele reflejar una percepción de todos los miembros del grupo como una amenaza, una devaluación de sus vidas y la privación de sus protecciones legales. También refleja la opinión de que la violencia extrema, incluida la aniquilación, se considera una solución viable, eficaz e incluso necesaria a la amenaza que supuestamente representa el grupo. Una vez que los órganos estatales comienzan a llevar a cabo un genocidio en una zona, tienden a normalizar el uso de dicha violencia y a gozar de impunidad, tanto a nivel nacional como internacional, lo que facilita su aplicación en otras zonas.
El genocidio rara vez puede llevarse a cabo sin el consentimiento, el apoyo y la legitimación del grupo perpetrador. Sin embargo, es importante señalar que las sociedades que cometen genocidio a menudo no se reconocen a sí mismas como tales. Por lo general, la campaña genocida es percibida por sus perpetradores directos, y entendida por el público en general, como un acto legítimo de autodefensa en respuesta a un enemigo que representa una amenaza existencial. La legitimidad social que se otorga a la violencia extrema en un ámbito sienta las bases para su aceptación en otros, lo que aumenta el riesgo de violencia del régimen contra todo el grupo. Por lo tanto, reconocer que se está produciendo un genocidio contra una parte de un grupo o en un lugar específico es también una grave advertencia: señala la posible expansión de patrones similares de violencia a otros segmentos del grupo o a otras zonas.
Sobre la Convención de las Naciones Unidas y el debate jurídico sobre la cuestión del genocidio
La Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 (que entró en vigor en 1951) define varios actos que se consideran genocidas si se cometen con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso: matar a miembros del grupo; causar lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo; someter deliberadamente al grupo a condiciones de existencia que haya por objeto la destrucción física, total o parcial; someter al grupo a medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; y transferir por medios ilícitos el niño del grupo a otro grupo. Los tribunales internacionales que juzgaron los casos de Ruanda y la antigua Yugoslavia también incluyeron actos de violencia sexual y de género generalizada. Así, la Convención y su interpretación jurídica aclaran que la destrucción intencional de un grupo puede, y de hecho tiende a producirse, a través de múltiples formas de acción, siendo el asesinato directo solo una de ellas.
La definición de la Convención hace hincapié en la importancia de la intención de destruir un grupo como tal. En términos jurídicos, esta intención se suele enmarcar en los conceptos de mens rea —el elemento mental, es decir, la intención de destruir el grupo en su totalidad o en parte— y actus reus —los actos físicos realizados para llevar a cabo esa intención, tal y como se enumeran en la Convención. El genocidio requiere una intención específica (dolus specialis) de destruir el grupo en su totalidad o en parte, y cada uno de los actos definidos en la Convención solo se considera genocida si se comete con esa intención. Los tribunales internacionales que se ocupan de casos de genocidio o presunto genocidio han dictaminado que la intención puede inferirse no solo de los documentos oficiales y las declaraciones de los dirigentes políticos o militares, sino también del patrón de conducta del Estado o de las fuerzas que cometen los crímenes, si esa intención es la única inferencia que puede razonablemente deducirse de esa conducta.
Existe una brecha inherente entre el análisis jurídico y el análisis histórico del genocidio. La definición jurídica es restrictiva, ya que ha sido moldeada en gran medida por los intereses políticos de los Estados cuyos representantes la redactaron. Desde una perspectiva histórica, la destrucción violenta de grupos, tanto en el pasado remoto como en el reciente, se ha producido de muy diversas formas, muchas de las cuales no se ajustan a la estricta definición jurídica. El alto umbral establecido por la norma jurídica y las interpretaciones dominantes adoptadas por los tribunales internacionales han dado lugar a una situación paradójica en la que el genocidio solo se reconoce normalmente después de que una parte significativa del grupo objetivo haya sido destruida y el grupo como tal haya sufrido un daño irreparable.
El caso de Israel y Gaza ilustra este problema: aunque el debate jurídico sobre si Israel está cometiendo genocidio en la Franja de Gaza es importante y necesario, existe una brecha crítica entre el tiempo que tardarán las instituciones jurídicas formales que deliberan sobre la cuestión, principalmente la Corte Internacional de Justicia, en emitir decisiones vinculantes, y la realidad de la sociedad de Gaza, que está siendo destruida ante nuestros ojos. Las consecuencias de las acciones deliberadas de Israel son cada vez más graves a medida que pasa el tiempo, mientras que la comunidad internacional permanece pasiva o apoya activamente los crímenes de Israel.
- METODOLOGÍA
El presente informe tiene por objeto describir la naturaleza general de la agresión que Israel ha estado llevando a cabo desde octubre de 2023 contra la población palestina en todas las zonas bajo su control, con especial atención al genocidio en la Franja de Gaza.
Durante los últimos 20 meses, B’Tselem ha recopilado datos, información y documentación sobre miles de casos de asesinatos, lesiones, desplazamientos forzados, torturas, destrucción de viviendas, estructuras e infraestructuras, y una amplia gama de otras violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen israelí contra los palestinos en la Franja de Gaza, Cisjordania (incluido Jerusalén Este) y dentro del territorio del Estado de Israel. Con el fin de ofrecer una imagen lo más completa posible del alcance de los daños causados a los palestinos, este informe incluye información y datos recopilados de fuentes externas. La decisión de utilizar esta información se debe, entre otras razones, a la enorme dificultad que entraña documentar las acciones de Israel en la Franja de Gaza. Desde el inicio de la actual ofensiva, Israel ha impuesto restricciones sin precedentes al acceso de organizaciones y medios de comunicación a Gaza, lo que ha profundizado su aislamiento del mundo. Los investigadores de campo de B’Tselem en la Franja de Gaza, que lograron escapar con sus familias tras meses de desplazamiento, sufrimiento y peligro constante, continuaron recopilando testimonios de cientos de residentes a través de llamadas telefónicas y mensajes de voz, a pesar de la dificultad de mantener el contacto.
Dado nuestro compromiso con el mantenimiento de los más altos estándares de credibilidad y fiabilidad, cualquier dato incluido en este documento que no haya sido investigado y verificado directamente por B’Tselem ha sido extraído de las siguientes fuentes: publicaciones e informes de organizaciones de derechos humanos, agencias humanitarias, oficinas y organismos de las Naciones Unidas, investigaciones e informes de medios de comunicación de prestigio comprometidos con la ética periodística y los estándares de verificación de datos, opiniones de expertos redactadas por profesionales reconocidos internacionalmente y fuentes primarias, como testimonios y documentación verificada sobre el terreno. Además, nos hemos basado en una amplia bibliografía académica que ha examinado casos de genocidio cometidos a lo largo de la historia en diversas partes del mundo, así como en el trabajo de investigadores que han documentado prácticas generalizadas que se desarrollan en la sombra de la guerra en curso en Gaza y han publicado sus conclusiones en revistas académicas reconocidas. El análisis de toda la información recopilada ha sido realizado por B’Tselem, basándose en sus muchos años de experiencia en la recopilación y verificación de información, y en la investigación de violaciones de los derechos humanos.
En lo que respecta al número de palestinos muertos y heridos en la Franja de Gaza, el presente informe se basa en las cifras publicadas por el Ministerio de Salud palestino en Gaza. Estas cifras se consideran ampliamente fiables y han sido adoptadas por numerosas organizaciones e investigadores. Además, se consideran en general conservadoras en comparación con el número real de víctimas causadas por el ataque. Esto se debe a la metodología que utiliza el Ministerio para calcular el número de víctimas: en lo que respecta a los fallecidos, el Ministerio solo registra los cadáveres que llegan a los depósitos de cadáveres de los hospitales o las muertes notificadas a las autoridades por los familiares. Como resultado, las listas del Ministerio excluyen a los fallecidos cuyos cadáveres aún no han sido recuperados de los escombros de los edificios destruidos, los restos que no pueden ser identificados, los cadáveres enterrados en fosas improvisadas sin notificarlo a las autoridades o familias enteras asesinadas sin que quede nadie para notificar su muerte. Lo mismo ocurre con el número de heridos, que solo incluye a aquellos que pudieron llegar a los centros médicos oficiales para recibir tratamiento. La destrucción sistemática del sistema sanitario de Gaza ha dejado a muchos heridos sin poder o sin querer acceder a los pocos hospitales que quedan en la Franja, que están desbordados por el número de muertos, enfermos y heridos.
Debido a las limitaciones descritas anteriormente y al volumen sin precedentes de los acontecimientos, esta sección solo refleja una imagen parcial de la magnitud de los daños causados a cada dimensión de la vida palestina en las distintas zonas bajo control israelí. Estimamos que se necesitarán años de documentación e investigación para evaluar plenamente el alcance de la destrucción que continúa en el momento de redactar este informe, así como las consecuencias a largo plazo, tanto personales como culturales, sociales y políticas, a las que se prevé que se enfrentarán en el futuro los palestinos que viven en estas regiones.
- EL GENOCIDIO ISRAELÍ CONTRA EL PUEBLO PALESTINO
Casi dos años de implacables ataques israelíes han dejado la mayor parte de la Franja de Gaza en ruinas. A mediados de julio de 2025, las cifras estimadas hablan de aproximadamente 58.026 muertos, la inmensa mayoría de ellos civiles que no participaban en las hostilidades. El número de heridos se estima en aproximadamente 138.520. Todos los hospitales han sido destruidos o solo funcionan parcialmente, al igual que la gran mayoría de las infraestructuras civiles. Es razonable suponer que toda la población de la Franja de Gaza, especialmente los niños, que constituyen aproximadamente la mitad de la misma, está sufriendo actualmente traumas físicos y psicológicos de diversa gravedad. Se prevé que muchas más personas mueran o sufran daños físicos y mentales graves y duraderos debido a las hostilidades en curso y a las consecuencias del hambre deliberada impuesta por Israel a la población y a la obstrucción de la ayuda humanitaria. Desde que Israel rompió el alto el fuego a principios de marzo de 2025, cientos de personas han muerto o resultado heridas cada día en la Franja de Gaza: a causa de los ataques aéreos, los disparos y los bombardeos alrededor de los «centros de distribución de ayuda», y de la malnutrición o una combinación letal de hambre, enfermedades que se propagan en Gaza, agua contaminada y un sistema sanitario devastado.
Esta realidad es consecuencia directa de la política israelí en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, que no puede justificarse ni explicarse como un intento de destruir el régimen de Hamás o su capacidad militar en Gaza. Las declaraciones de altos responsables israelíes sobre la naturaleza del ataque contra Gaza han expresado en todo momento una intención genocida. La intención genocida también se ha expresado en numerosas declaraciones de oficiales militares israelíes de todos los rangos, de soldados sobre el terreno, de expertos militares y de seguridad, y de figuras de los medios de comunicación y la cultura israelíes. Estas voces han articulado una visión del mundo compartida por los responsables de la toma de decisiones y una parte significativa de la sociedad judía israelí, según la cual todos o la mayoría de los residentes de Gaza son directamente responsables de los crímenes del 7 de octubre o, como mínimo, los apoyan. En consecuencia, para muchos responsables políticos, así como para los soldados y mandos sobre el terreno, la aspiración de destruir el régimen de Hamás y su capacidad militar y de impedir futuros ataques como el del 7 de octubre se tradujo en atacar a toda la población de la Franja de Gaza. La deshumanización total de los habitantes de Gaza ha llevado a la percepción, aún muy extendida entre los judíos israelíes, de que sus vidas tienen un valor insignificante en comparación con los objetivos nacionales de Israel, si no es que carecen por completo de valor.
Esta percepción se manifiesta en la forma en que Israel lleva a cabo la guerra en la Franja de Gaza, que ha incluido, entre otras cosas, bombardeos masivos e indiscriminados de centros poblados; el hambre de más de dos millones de personas como método de guerra; intentos de limpieza étnica y la inclusión formal de la limpieza étnica de los residentes de Gaza en los objetivos de la guerra; la destrucción sistemática de hospitales y otras instalaciones médicas, que gozan de protección especial en virtud del derecho internacional, junto con la gran mayoría de las infraestructuras civiles de la zona; y el asesinato sin precedentes de personal médico, trabajadores humanitarios, personas encargadas de mantener el orden público y periodistas. Las afirmaciones de Israel de que combatientes de Hamás o miembros de otros grupos armados palestinos estaban presentes en instalaciones médicas o civiles, a menudo sin aportar pruebas, no pueden justificar ni explicar una destrucción tan generalizada y sistemática.
La imagen clara que se desprende de este patrón de conducta es la de una ofensiva amplia y coordinada contra los palestinos en la Franja de Gaza, con la intención de destruir la sociedad palestina allí como grupo. Desde que comenzó en octubre de 2023, esta política ha sido apoyada, legitimada y normalizada por la mayoría de los judíos israelíes y sus instituciones, incluido el sistema jurídico israelí.
El elemento de intención, un componente clave en la definición de genocidio, surge de manera inequívoca a la luz de varios factores: el conocimiento por parte de los líderes israelíes de las consecuencias previsibles de sus políticas de fuego abierto y hambruna; la destrucción sistemática de la infraestructura civil que permite la vida; la decisión de continuar, e incluso intensificar, el ataque a pesar de las innumerables advertencias y pruebas sobre su impacto en la población civil de la Franja de Gaza; y las numerosas declaraciones de los responsables políticos que indican explícitamente que Israel tiene como objetivo a toda la población de la Franja.
En el informe de Amnistía Internacional de diciembre de 2024 titulado «Te sientes como un ser inferior: El genocidio de Israel contra los palestinos en Gaza»; en el trabajo de Médicos por los Derechos Humanos, que se está publicando actualmente; en las alegaciones del equipo jurídico de Sudáfrica, cuyos principales argumentos se esbozaron en la demanda (y en los complementos probatorios añadidos a lo largo del asalto) presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ); y en los informes de expertos de las Naciones Unidas.
Mientras el genocidio israelí contra las y los palestinos se desarrolla con toda su fuerza en la Franja de Gaza, no puede separarse de la fuerte escalada de violencia israelí contra los y las palestinas bajo su control en Cisjordania, Jerusalén Este y dentro del propio Israel. El régimen y el ejército que perpetran el genocidio en Gaza son los mismos que bombardean campos de refugiados, matan a cientos de civiles y llevan a cabo políticas de traslado forzoso y despojo a una escala sin precedentes en toda Cisjordania, incluida Jerusalén Este. Es el mismo régimen que aplica políticas similares de expulsión, despojo y abandono en el Negev (Naqab), y una política de intimidación y silenciamiento de los ciudadanos palestinos de Israel que intentan protestar contra las acciones israelíes en Gaza o simplemente expresar su solidaridad con los palestinos que allí se encuentran. Este mismo régimen está firmemente comprometido con negar a los palestinos el derecho a la autodeterminación nacional y con suprimir cualquier expresión de identidad palestina. Todo ello indica que la escalada de violencia israelí en Gaza se está extendiendo gradualmente a otras zonas bajo su control; que las fuerzas de seguridad que ejercen una violencia extrema en un espacio se están acostumbrando a utilizarla en otros lugares, y con menos restricciones; y que una sociedad que legitima el genocidio en Gaza — mediante la participación, el apoyo, la negación o la indiferencia— legitima naturalmente el aumento de la violencia contra los palestinos en su conjunto.
Las secciones siguientes describen el amplio ataque contra los palestinos como grupo, principalmente documentando las prácticas genocidas de Israel en Gaza, así como rastreando la escalada de violencia contra los palestinos en todas las zonas bajo control israelí. Nos centramos en cuatro ámbitos principales: asesinatos, destrucción física, desplazamiento forzoso y destrucción de la vida política, cultural y social. En las secciones siguientes se aborda cómo el genocidio israelí también se dirige contra la identidad palestina, en particular mediante ataques contra los refugiados y contra el estatuto de refugiado palestino. Por último, analizamos las principales expresiones de deshumanización e incitación contra los palestinos en la Franja de Gaza.
- Asesinato y lesiones graves a la integridad física y psíquica
Asesinatos y lesiones graves a la integridad física y psíquica en la Franja de Gaza
Según el Ministerio de Salud de Gaza, hasta julio de 2025, más de 58.000 personas han muerto como consecuencia directa del ataque militar israelí contra la Franja de Gaza. Un desglose publicado por el Ministerio en julio de 2025 muestra que el 15 % de las víctimas mortales son mujeres, el 29 % menores y el 7 % personas mayores. Un estudio publicado en febrero de 2025 estimaba que, durante los primeros 12 meses de la ofensiva israelí, la esperanza de vida de los hombres en Gaza se redujo en un 51,6 %, hasta los 40,5 años, lo que supone una pérdida de 34,9 años en comparación con la esperanza de vida antes de la guerra. En el caso de las mujeres, la esperanza de vida se redujo en un 38,6 %, hasta los 47,5 años, lo que supone una pérdida de 29,9 años.
Diversos estudios publicados durante el último año sugieren que estas cifras representan una infravaloración del número de muertos y que el número real de víctimas mortales como consecuencia de la ofensiva israelí es probablemente mucho mayor. La duración del ataque, la inmensa magnitud de la destrucción de las infraestructuras y la restricción del acceso de las organizaciones humanitarias y de rescate a Gaza son solo algunos de los factores que contribuyen a esta infravaloración, que no refleja el alcance total de los crímenes cometidos por Israel en Gaza desde octubre de 2023.
Ataques aéreos y desplazamiento de la población
Estas cifras son el resultado directo de la política de fuego abierto elegida por Israel, que viola sistemáticamente principios fundamentales del derecho internacional, como la distinción y la proporcionalidad. Israel ha adoptado una política que permite causar daños sin precedentes a civiles no implicados cuando ataca lo que considera objetivos militares. En la actual ofensiva, Israel ha utilizado ampliamente dispositivos tecnológicos para generar y criminalizar objetivos y ha permitido que se lleven a cabo ataques basados en la discreción de soldados y comandantes de bajo rango sobre el terreno. Estas prácticas permiten al ejército aumentar la frecuencia de los ataques y reducir el riesgo para los soldados a expensas de las precauciones destinadas a reducir las lesiones a personas inocentes.
Las órdenes de evacuación que Israel emitió a la población civil de Gaza, aparentemente para avisar con antelación de los bombardeos o las incursiones militares, de conformidad con el derecho humanitario internacional, a menudo eran poco claras o engañosas y no dejaban a los residentes tiempo suficiente para evacuar. Además, tras ordenar a los residentes que abandonaran sus hogares, Israel bombardeó repetidamente los «corredores seguros» que los desplazados internos debían utilizar para desplazarse a las «zonas humanitarias». Los testimonios prestados a B’Tselem por residentes de Gaza, junto con los vídeos publicados en los medios de comunicación internacionales, revelaron la presencia de cadáveres en las cunetas de las carreteras, probablemente de desplazados internos que habían intentado evacuar sus hogares en el norte de la Franja de Gaza hacia las «zonas humanitarias» del sur.
Las «zonas humanitarias», que debían proporcionar seguridad a los desplazados internos, ofrecían condiciones inhabitables y fueron bombardeadas sistemáticamente. Un análisis de la BBC reveló que los ataques israelíes contra la «zona humanitaria» de al-Mawasi solo aumentaron en frecuencia después de mayo de 2024, mes en el que se ordenó a los residentes de Gaza que se trasladaran allí. Entre mayo de 2024 y enero de 2025, la zona fue bombardeada 97 veces.
Muhammad Ghrab, residente de la ciudad de Gaza que fue desplazado a Al Mawasi, al este de Jan Yunis, describió un ataque aéreo del que fue testigo el 13 de julio de 2024 en un testimonio que prestó a B’Tselem. El ataque, que según Israel tenía como objetivo a dos altos mandos del ala militar de Hamás, entre ellos su líder, Muhammad Deif, y que consistió en dos bombardeos sucesivos, fue el más mortífero perpetrado contra la «zona humanitaria» de Al Mawasi durante esos meses. Muchas personas murieron y resultaron heridas en el primer ataque y, cuando los equipos de rescate y los civiles llegaron para intentar evacuar a los heridos, la fuerza aérea volvió a bombardear el lugar. Un total de 90 personas murieron y 300 resultaron heridas en los dos ataques.
[…]De repente, se formó un anillo de fuego […] el cielo quedó completamente cubierto de nubes, polvo y suciedad. La gente empezó a correr en todas direcciones. […] Cuando entramos en las tiendas que aún seguían en pie, vimos que estaban llenas de cadáveres, en su mayoría de mujeres y niños. Lo que vimos ese día, a esa hora, era como la encarnación de la locura. Algo incomprensible. Era como si trozos del infierno estuvieran cayendo sobre la tierra. Es imposible describirlo con palabras. El lenguaje no alcanza. No puede contener los horrores que presenciamos. Lo que describo es solo una pequeña parte del horror que tuvo lugar. […] Desde ese día, vivo con miedo. Sigo esperando que bombardeen las tiendas y que mi familia y yo muramos en un ataque similar.
Según los informes, varios incendios se iniciaron en campamentos de tiendas de campaña para desplazados internos como consecuencia de los intensos bombardeos. En muchos de los incidentes registrados, varias personas murieron quemadas. Ahmad a-Dalu, de la ciudad de Gaza, describió un ataque de la fuerza aérea israelí contra un campamento de desplazados internos donde él y su familia se refugiaron en octubre de 2024. Su hijo Shatban, de 20 años, murió quemado delante de él en el incendio que se declaró en la tienda:
[…] Cuando regresaba del baño a nuestra tienda, oí el fuerte zumbido de un dron que volaba sobre nuestras cabezas. Su ruido me asustó mucho y me puse muy nervioso. Le pedí a Dios que nos protegiera y recé para que no pasara nada malo, pero también me preguntaba quién de nosotros moriría esa noche. De repente, una bola de fuego cayó sobre la tienda y golpeó a mis hijos. Los miré y vi que no se movían, y en un instante decidí entrar y salvarlos. Creo que mi instinto paterno me empujó a hacerlo. Me lancé al fuego y conseguí sacar de la tienda a ‘Abd a-Rahman, Rahaf, Farah y a mi esposa, que dormía a su lado. Vi cómo el fuego quemaba el cuerpo de Sha’ban. Estaba durmiendo en una silla de madera justo al lado de donde cayó la bomba. Vi cómo las llamas le derretían la cara, fue una visión horrible. En esos momentos alcancé el colmo de la derrota y el desamor. Le dije: «Lo siento, mi querido hijo, pero no puedo ayudarte».
Tras romper el alto el fuego en marzo de 2025, Israel reanudó su patrón de ataques agresivos e indiscriminados en toda la Franja de Gaza, incluidas las zonas humanitarias designadas y otras zonas densamente pobladas por decenas de miles de desplazados internos indigentes. A fecha de 14 de julio de 2025, el Ministerio de Salud de Gaza había informado de más de 7.450 muertos y más de 26.000 heridos desde que se violó el alto el fuego.
Normas sobre el uso de la fuerza y zonas de muerte
La matanza masiva de civiles en Gaza no solo se ha llevado a cabo mediante ataques aéreos con bombas pesadas lanzadas desde lejos, sino también mediante el uso permisivo y, en ocasiones deliberado, de fuego real por parte de soldados israelíes sobre el terreno. Los testimonios de los soldados revelan que, durante los meses de combate, las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza definieron «zonas de muerte»: áreas con límites arbitrarios, a veces poco claros incluso para los propios soldados, en las que se daba permiso para abrir fuego contra cualquier persona que se encontrara dentro de ellas. Los soldados y oficiales que prestaron servicio durante toda la ofensiva y en diversas zonas de la Franja denunciaron la ausencia de normas de combate o que dichas normas se determinaban a discreción de los comandantes sobre el terreno o en función de criterios arbitrarios. Incidentes aislados, como el asesinato de 15 paramédicos en abril de 2025 o el tiroteo de tres rehenes israelíes en diciembre de 2023 que habían escapado del cautiverio y ondeaban una bandera blanca, ilustran que las normas sobre el uso de la fuerza no solo se relajaron, sino que se descartaron por completo. Estas prácticas se vieron reforzadas por declaraciones de los comandantes sobre asesinatos indiscriminados y por testimonios de médicos voluntarios en Gaza, incluidas pruebas visuales de disparos deliberados de francotiradores contra niños.
Personas heridas y falta de atención médica
Desde octubre de 2023, el ataque de Israel contra la Franja de Gaza ha dejado a cientos de miles de personas con graves lesiones físicas y psicológicas, cuyos efectos padecerán durante muchos años, si no durante el resto de sus vidas. Hasta el 14 de julio de 2025, un total de 138.520 personas resultaron heridas como consecuencia de la campaña militar israelí. Aproximadamente el 25 % de ellas sufrieron lesiones que les cambiarán la vida y que requieren atención rehabilitadora inmediata y a largo plazo, entre ellas amputaciones de extremidades, lesiones medulares, traumatismos craneoencefálicos y quemaduras graves. Las cifras se basan en los registros del Ministerio de Salud de Gaza y se refieren únicamente a las personas que solicitaron tratamiento en un centro médico oficial. Dada la extrema carga de trabajo del sistema sanitario de Gaza y las condiciones precarias de los hospitales, muchas personas heridas evitan acudir a los centros médicos en casos que no son urgentes. Al igual que con el número de muertos, parece que las cifras oficiales sobre los heridos también subestiman el número real.
Según datos proporcionados por el Ministerio de Salud de Gaza a Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHRI), más de 4.700 personas han sufrido amputaciones desde octubre de 2023, entre ellas más de 940 niños y niñas y aproximadamente 370 mujeres. Las conversaciones mantenidas por el personal de PHRI con médicos de Gaza, así como la información publicada por Médicos Sin Fronteras (MSF), revelan que los médicos denunciaron una grave escasez de analgésicos, lo que provocó que se realizaran amputaciones sin anestesia, incluso a niños. Los médicos también describieron amputaciones realizadas en condiciones insalubres sin equipo quirúrgico adecuado y, en algunos casos, fuera de las instalaciones hospitalarias. En los casos en que no se disponía de medicamentos básicos, como antibióticos, los médicos se vieron obligados a amputar las extremidades de los pacientes para salvarles la vida, aunque en circunstancias normales las amputaciones no habrían sido necesarias.
Las cifras facilitadas a B’Tselem por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en mayo de 2025 indicaban que decenas de miles de heridos y amputados se encontraban sin atención médica adecuada. Muchos fueron dados de alta en condiciones inhabitable: tiendas de campaña, edificios destruidos o refugios improvisados, sin acceso adecuado a agua potable, electricidad o medicamentos y, en muchos casos, sin apoyo familiar. Esto ha empeorado su estado de salud y ha provocado complicaciones irreversibles. En mayo de 2024, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas advirtió que las personas con discapacidad en Gaza corren «un mayor riesgo de morir, sufrir lesiones y adquirir nuevas discapacidades» como consecuencia de la ofensiva israelí en curso.
Ahmad al-Ghalban, un joven de 16 años de Beit Lahiya, habló en un testimonio que prestó a B’Tselem, sobre la pérdida de su hermano gemelo y su tío, así como de ambas piernas y cuatro dedos, en un bombardeo israelí el 22 de marzo de 2025:
[…] Antes de mi lesión, era gimnasta profesional. Muhammad y yo competíamos en competiciones y eventos. Estábamos entre los mejores del norte de Gaza. Pero la ocupación me lo robó todo: mi hermano gemelo, mis piernas, mi capacidad para hacer cualquier cosa. Tengo el alma destrozada. […] Sigo recibiendo tratamiento en el hospital Patient’s Friends, en el barrio de a- Rimal. Es muy difícil llegar allí debido a los escombros y los restos que hay en las calles. Mi padre intenta conseguirme analgésicos en la farmacia, pero son muy caros. El hospital no tiene pomadas ni vendajes. Lo compramos todo nosotros. Sufro mucho dolor y estoy muy mal emocionalmente. He perdido mucho peso por el hambre. No hay carne, ni verduras, ni fruta, solo lentejas y garbanzos.
Muertes indirectas
A lo largo de los meses de combate, se han publicado diversas estimaciones sobre la tasa de «muertes indirectas» que ya se han producido o que se prevé que se produzcan y que no pueden evitarse. Estas estimaciones oscilan entre miles y decenas de miles de muertes, además de las víctimas mortales directas causadas por el ataque israelí. A pesar de las diferencias entre los distintos estudios, derivadas de la dificultad de evaluar el alcance total en medio de las hostilidades en curso, los investigadores coinciden en general en que las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Salud de Gaza subestiman considerablemente el número de víctimas.
Las principales causas de las muertes indirectas son las lesiones, las enfermedades infecciosas, la malnutrición, la mortalidad materna y neonatal y las complicaciones derivadas de enfermedades crónicas no tratadas. Todas ellas son consecuencia directa de la destrucción de las condiciones de vida en la Franja de Gaza, las restricciones impuestas por Israel a la entrada de ayuda humanitaria y el ataque israelí al sistema sanitario, que lo ha dejado incapacitado para hacer frente al continuo flujo de víctimas. Los expertos alertan de que, si la ofensiva israelí continúa, junto con la hambruna de los habitantes de Gaza, el número de muertes indirectas aumentará aún más.
A principios de octubre de 2024, alrededor de 100 profesionales médicos estadounidenses que habían trabajado como voluntarios en la Franja de Gaza publicaron una carta en la que afirmaban que casi todas las personas con las que se habían encontrado allí estaban enfermas o heridas, y que casi todos los niños menores de cinco años padecían tos y diarrea. Informaron de que muchas de las operaciones quirúrgicas que realizaron provocaron infecciones debido a una combinación de malnutrición, malas condiciones sanitarias y falta de medicamentos. También afirmaron que la desnutrición y la grave escasez de agua potable habían provocado casos generalizados de bajo peso al nacer y de mujeres posparto incapaces de amamantar, lo que a menudo provocaba la muerte de los bebés. La carta describía además cómo mujeres embarazadas y fetos que, en otras circunstancias, podrían haber sobrevivido, habían muerto como consecuencia del colapso del sistema sanitario. Un médico que trabajaba como voluntario en el Hospital Nasser mencionó la escasez de leche maternizada como otra causa de mortalidad infantil. En julio de 2024, expertos en salud materno-infantul informaron de un aumento de al menos un 300 % en las tasas de abortos espontáneos en la Franja de Gaza desde octubre de 2023. Una estimación de mayo de 2025 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) reveló que uno de cada tres embarazos en Gaza se consideraba de alto riesgo y que uno de cada cinco bebés nacía prematuro o con bajo peso, en un momento en que la atención médica necesaria para estos casos era prácticamente inexistente en toda la Franja.
Trauma psicológico
Además de hacer frente a las lesiones y discapacidades físicas, los residentes de Gaza han soportado innumerables acontecimientos traumáticos durante los meses de agresiones, con consecuencias psicológicas a largo plazo que no se pueden cuantificar. Los testimonios recopilados por B’Tselem indican que, en una realidad de muerte omnipresente, desplazamientos incesantes y hambre y enfermedades continuas, muchos sufren trastornos psicológicos tras presenciar acontecimientos horribles, como la muerte violenta de sus seres queridos.
Rajaa al Harbiti, de 35 años, describió el incidente en el que su marido Akram y sus hijos Muhammad y Ahmad fueron atropellados por un tanque israelí en el campo de desplazados internos donde se alojaban en Rafah, después de que el campo fuera bombardeado desde el aire esa misma noche.
[…] Durante la noche mis hijos estaban muy asustados. Le pregunté a mi hijo Ahmad si tenía miedo y me dijo que no, pero vi que temblaba de miedo. Le prometí que escaparíamos y preparamos banderas blancas para el camino. […] De repente, vi un tanque que se acercaba a toda velocidad hacia nosotros, aplastando la tienda de mis vecinos por el camino. […] Mi marido se lanzó sobre nuestros hijos Muhammad, Ahmad e Ibrahim para protegerlos, mientras yo agarraba a mi hija Sanaa por el hombro, la levantaba y huía de la tienda. Conseguimos alejarnos un metro y medio de mi marido y mis hijos antes de que el tanque los atropellara ante nuestros ojos. Agarré a mi hija de la mano, la levanté y supliqué a los militares que no nos atropellaran también, pero el tanque nos golpeó y caímos al suelo. Levanté la cabeza y la mano, y estaba segura de que iba a morir. No podía oír a Muhammad, pero vi a Ahmad, con la espalda cubierta de sangre, y a mi marido, que sangraba por todas partes excepto por la cara. Tenía la mano izquierda amputada. Me dijo: «Rajaa, mi amor, perdóname». Le respondí: «Te perdono, Akram».
Desde octubre de 2023, la incidencia de problemas de salud mental ha aumentado significativamente, en particular los trastornos relacionados con el trauma, la depresión y la ansiedad, en una población que ya presentaba altas tasas de enfermedades mentales debido a la exposición prolongada a la ocupación, el bloqueo y la violencia militar recurrente. Según un estudio publicado por MSF en diciembre de 2024, casi todos los 1,2 millones de niños de Gaza necesitaban apoyo psicosocial y de salud mental debido a síntomas de depresión, ansiedad, ideas suicidas y otros. Otro estudio publicado ese mismo mes reveló que el 96 % de los niños de Gaza sentían que la muerte era inminente y casi la mitad expresaba su deseo de morir como consecuencia del trauma que habían sufrido.
Tras varias semanas en el hospital, Rajaa al Harbiti se mudó con sus dos hijos supervivientes, Sanaa e Ibrahim, a una tienda de campaña en el campamento para desplazados internos de al- Mawasi. En su testimonio, describió las dificultades de vivir con el trauma y la pérdida que habían sufrido.
[…] Sanaa tiene dificultades para caminar y yo uso muletas. No sé nada de lo que les pasó a mi marido y a mis hijos. Solo sé que nadie pudo llegar hasta ellos ni hasta sus cuerpos, ni siquiera para enterrarlos. […] Estoy agotada, y mi alma también. No puedo comprender que los tanques atropellaran a mi familia delante de mis ojos. Ibrahim sigue reviviendo el momento en que el tanque atropelló a su padre y a sus hermanos. No deja de describir cómo le cortaron la cabeza a Muhammad y cómo Ahmad sangraba mucho. Se ha vuelto agresivo y golpea a los otros niños que lo rodean. Grita mucho, tiene pesadillas por la noche y se moja los pantalones. Cada vez que Sanaa oye un ruido fuerte, se asusta mucho, se tapa los oídos y dice: «Tanque». También sufre de incontinencia urinaria. Siento que estamos viviendo en una película de terror.
Asesinatos y lesiones graves físicas y mentales en Cisjordania
Ataques aéreos
Mientras continúa el asalto a Gaza, los ataques aéreos también se han vuelto frecuentes en los campos de refugiados del norte de Cisjordania, una de las zonas más densamente pobladas del territorio. Según el seguimiento y la documentación de B’Tselem, entre octubre de 2023 y mediados de julio de 2025, 263 personas murieron en ataques aéreos israelíes, entre ellas al menos 44 menores. En comparación, en un periodo de más de 18 años, desde 2005 hasta principios de octubre de 2023, solo 14 personas murieron en ataques aéreos en Cisjordania.
Las consecuencias letales de estos ataques quedaron patentes en enero de 2025, durante una incursión en Tammun, en el norte de Cisjordania. Un avión israelí disparó un misil que mató a tres primos, dos de ellos niños, cerca de sus casas: Adam Bsharat, de 23 años, Hamzah Bsharat, de 10, y Rida Bsharat, de 8. En una investigación militar publicada posteriormente, el ejército afirmó que el hombre y los dos niños habían sido identificados como personas que habían colocado artefactos explosivos, basándose en información de inteligencia, pero finalmente no se encontraron artefactos explosivos en la zona.
Fidaa Bsharat, de 41 años y madre de cinco hijos, entre ellos Rida, de ocho años, que fue asesinada, declaró en su testimonio:
[…] Seguí abrazando a mi hijo, pero sabía que estaba muerto. Poco después, los soldados trajeron mantas de la casa de Abla y cubrieron los tres cadáveres. No intentaron reanimarlos ni siquiera los revisaron. Estaba claro que estaban muertos. Se los llevaron en camillas. […] Rida era nuestro único hijo varón. Nació después de cuatro hijas. Era el príncipe de su clase y nuestro niño mimado. Siempre quería que fuéramos a Jerusalén, pero no podíamos debido a la situación. Me solía decir: «Compraré un coche y te llevaré a Jerusalén y te compraré todo lo que quieras». Estaba muy unido a mí y siempre me besaba las manos y la cabeza. Aunque era muy joven, su forma de pensar era mucho más madura que la de sus amigos. Sentía que era mi amigo. Cada día siento que se aleja más y más de mí.
Política de fuego abierto
Además de los ataques aéreos, el ejército israelí ha aplicado en Cisjordania una política de uso de la fuerza letal más letal que nunca. Según una investigación de B’Tselem, en las tres primeras semanas del asalto a la Franja de Gaza, 118 personas fueron asesinadas en Cisjordania por disparos del ejército israelí, 81 de las cuales no representaban ninguna amenaza para nadie. Hasta el 12 de julio de 2025, las fuerzas israelíes habían matado a 926 palestinos, 195 de los cuales eran menores. Otros cinco menores fueron asesinados por un agente israelí no identificado.
En febrero de 2025, una investigación de Haaretz reveló que durante la Operación Muro de Hierro, lanzada por el ejército israelí en el norte de Cisjordania en enero de 2024, el general de división Avi Bluth, comandante del Mando Central, autorizó a sus tropas a disparar a matar a cualquier persona que «alterara el terreno», ya que esto levantaba sospechas de un intento de colocar un artefacto explosivo. Los testimonios de los soldados indican que desde octubre de 2023 existe una directiva similar en la Franja de Gaza. Esta política permisiva de uso de la fuerza condujo, entre otras cosas, al asesinato de Sundus Shalabi, una mujer de 20 años que estaba embarazada de ocho meses. Las zonas de muerte también se importaron a Cisjordania como parte de la «gazificación» más amplia de los métodos de guerra israelíes. Los soldados entrevistados para la investigación de Haaretz afirmaron que el comandante de la División de Judea y Samaria, el general de brigada Yaki Dolf, autorizó el uso de fuego real contra cualquier vehículo que se acercara a un puesto de control del ejército desde una «zona de combate», con el fin de detener al conductor antes de que llegara al punto de inspección.
Milicias judías en Cisjordania
La escalada de violencia israelí en Cisjordania no se limita a operaciones militares, sino que también incluye ataques por parte de colonos. En muchos casos, la línea entre ambos es difusa: como parte de los preparativos para las ofensivas en Gaza y Cisjordania, el ejército israelí reclutó y armó a miles de colonos para formar batallones de defensa regional estacionados en toda Cisjordania y encargados de proteger los asentamientos israelíes. El número de colonos que prestan servicio en estas unidades se ha quintuplicado y, desde entonces, han surgido numerosos testimonios de colonos-soldados que amenazan y atacan a palestinos. Miles de colonos más fueron reclutados en escuadrones de seguridad de los asentamientos y participaron en ataques contra residentes palestinos. Además, inmediatamente después del 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la dirección del ministro Itamar Ben Gvir, distribuyó miles de armas de fuego a los colonos de toda Cisjordania. Los consejos regionales compraron y distribuyeron cientos de armas más, incluidos rifles de francotirador. Además de todo ello, los acuerdos de coalición asignaron decenas de millones de shekels para la compra de equipos de observación, patrulla y defensa para los asentamientos de Cisjordania.
La proliferación de armas entre los colonos y el apoyo que estos reciben del Gobierno israelí y de las fuerzas del orden; la creciente deshumanización de las y los palestinos y la indiferencia ante el daño que se les inflige; el desplazamiento de la atención internacional de Cisjordania a Gaza… Todo ello ha provocado un aumento sin precedentes de los ataques diarios de colonos, a menudo armados y equipados con material militar completo, contra palestinos en Cisjordania. Estos ataques incluyen incendios provocados, robos, allanamientos y ocupaciones de viviendas, amenazas armadas, palizas y otros. La OCHA [Oficina de las Naciones Unidas para a Coordinación de Asuntos Humanitarios] registra 2.617 ataques de colonos que causaron daños a personas palestinas y/o a sus propiedades entre el 7 de octubre de 2023 y finales de junio de 2025. Según las estadísticas de B’Tselem, entre el 7 de octubre de 2023 y el 12 de julio de 2025, 26 palestinos fueron asesinados por colonos israelíes o «partes israelíes desconocidas» y decenas más resultaron heridos.
Grave angustia psicológica
Los ataques aéreos y las redadas en el norte de Cisjordania, la intensa actividad militar que a menudo implica el uso de fuego real y la amenaza constante de violencia por parte de los colonos y los soldados, especialmente en la Zona C y en las comunidades rurales palestinas, han hecho que la vida sea extremadamente inestable para los residentes. En marzo de 2025, MSF informó de una creciente crisis de salud mental entre decenas de miles de personas desplazadas internas del norte de Cisjordania, muchas de las cuales sufren estrés, ansiedad y depresión debido a lo que la organización describió como «una situación extremadamente precaria»: refugios inadecuados, falta de servicios esenciales y falta de acceso a atención médica. En otra publicación, la organización describió un aumento del 91 % en la demanda de primeros auxilios psicológicos entre los residentes de la Zona C en el mes siguiente al 7 de octubre de 2023, en comparación con el mes anterior, debido en gran parte al fuerte aumento de la violencia de los colonos y el ejército. Esta violencia se vio posteriormente agravada por los esfuerzos de los colonos por sembrar el miedo entre los palestinos de Cisjordania, entre otras cosas colocando una valla publicitaria en el corazón del territorio con el lema «No hay futuro en Palestina» y publicando mensajes amenazantes en grupos palestinos en Internet.
El 31 de julio de 2024, soldados israelíes irrumpieron en la casa de Hala Rajabi, de 50 años y madre de nueve hijos, en el centro de Hebrón. Los soldados agredieron a Hala y a sus hijos, y su hijo Muhammad, de 14 años, perdió el conocimiento. En su testimonio a B’Tselem, describió las secuelas emocionales que el incidente dejó en su familia:
[…] Mi hija intentó alejar a los dos soldados de sus hermanos, y ellos comenzaron a golpearnos a ambos con sus armas, nos empujaron fuera de la habitación y la cerraron con llave desde dentro. A través de la puerta, oí cómo los soldados seguían atacándolos. Llamé a la puerta, llorando y gritando. […] Mi hijo mayor empujó a los soldados y consiguió llegar a la habitación en la que yo estaba. Consiguió coger a Muhammad y salió corriendo de la casa, a pesar de que los soldados intentaron detenerlo. Mi otro hijo, que estaba en la habitación con Muhammad, intentó seguirlo, pero se desmayó y se cayó por las escaleras que daban a la calle. Unos jóvenes lo recogieron y lo llevaron al coche en el que mi hijo mayor había metido a Muhammad, y se dirigieron al hospital. […] Intenté seguirlos, pero los soldados no me dejaron. Lanzaron una granada aturdidora a la puerta principal. […] Muhammad sigue sufriendo dolor en los testículos y ansiedad. Desde el ataque tiene problemas para dormir. Dice que tiene pesadillas en las que los soldados lo persiguen y lo golpean. […] Yo no me he recuperado del todo desde entonces. Es muy difícil estar allí de pie, impotente, escuchando cómo los soldados golpean a tus hijos dentro de tu propia casa.
Asesinato y lesiones graves a la integridad física y psíquica dentro de Israel
Delitos
La agresión de Israel contra los y las palestinas ha intensificado la incitación y acelerado la deshumanización del colectivo palestino. Estos acontecimientos, que se desarrollan en un contexto de discriminación institucional de larga data, han profundizado aún más el abandono de la minoría palestina en Israel, incluida la incapacidad del Estado para hacer frente a la proliferación de armas de fuego ilegales y al afianzamiento de las organizaciones delictivas en algunas comunidades árabes. En los últimos dos años, el número de ciudadanos palestinos de Israel asesinados en incidentes relacionados con la delincuencia alcanzó un nivel récord, casi duplicándose entre 2021 y 2024. Solo en 2024, 230 personas fueron asesinadas, la mayoría de ellas víctimas de la delincuencia rampante y de la amplia disponibilidad de armas de fuego ilegales.
Esta negligencia deliberada se ha convertido en política desde que Itamar Ben Gvir asumió el cargo de ministro de Seguridad Nacional. Según un estudio realizado en 2024 por el Cuartel General de Emergencias contra la Delincuencia y la Violencia, el 87 % de los ciudadanos palestinos de Israel conocen personalmente a alguien que ha sido víctima de actos violentos o delictivos, y el 82 % afirman sentirse inseguros en sus propias comunidades. Además, el 80 % afirmó tener miedo de ponerse en contacto con la policía israelí o de presentar denuncias contra miembros de organizaciones criminales activas en sus comunidades. Este miedo tiene su origen en el fracaso sistemático de la policía israelí a la hora de hacer frente al crimen organizado. En 2024, solo alrededor del 15 % de los casos de asesinato en localidades árabes fueron resueltos por la policía. Como resume el informe, el mensaje que transmite la policía israelí es que «la sangre de los ciudadanos árabes no vale nada y el establishment no les proporciona la protección que merecen todos los ciudadanos del país».
- Destrucción de las condiciones de vida
Destrucción de las condiciones de vida en la Franja de Gaza
Hambre y destrucción de la infraestructura alimentaria
Incluso antes de la actual ofensiva israelí, aproximadamente el 64 % de la población de la Franja de Gaza se encontraba en situación de inseguridad alimentaria, y alrededor del 80 % dependía de algún tipo de ayuda humanitaria. Inmediatamente después de lanzar su ataque contra Gaza, Israel declaró un bloqueo total de la Franja, lo que rápidamente provocó una creciente escasez de suministros alimentarios. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), entre octubre de 2023 y el 10 de agosto de 2024, entraron en la Franja una media de 118 camiones con ayuda humanitaria y 37 con mercancías comerciales al día. Esta cifra es muy inferior al número de camiones que el PMA y otras organizaciones estiman necesarios para satisfacer las necesidades básicas de los habitantes de Gaza. En septiembre de 2024, 15 organizaciones humanitarias publicaron un análisis que revelaba que Israel había bloqueado el 83 % de la ayuda alimentaria destinada a la Franja. Los informes también indicaban que Israel había atacado convoyes encargados de distribuir ayuda humanitaria, así como a los agentes de policía palestinos encargados, entre otras cosas, de garantizar su seguridad. La escasez de alimentos accesibles provocó fuertes subidas de precios en toda Gaza, lo que limitó aún más el acceso a los alimentos para la mayor parte de la población.
Además de bloquear la ayuda humanitaria, Israel ha destruido sistemáticamente gran parte de la infraestructura que permite la producción local de alimentos en Gaza. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Israel bombardeó el único molino de trigo en funcionamiento en toda la Franja. En enero de 2024, solo 15 panaderías seguían funcionando de las aproximadamente 130 que operaban antes de la guerra. En abril de 2025, el PMA anunció que la última panadería a la que prestaba apoyo había cerrado debido a la escasez de harina y combustible. La situación se mantuvo prácticamente igual hasta principios de julio de 2025. En diciembre de 2024, el 95 % del ganado vacuno y más de la mitad de los rebaños de ovejas y cabras de Gaza habían sido destruidos. La ofensiva israelí también ha arrasado casi por completo la industria pesquera, que durante mucho tiempo ha sido una fuente fundamental de seguridad alimentaria para los habitantes de Gaza. Del mismo modo, se han infligido daños enormes a las tierras agrícolas: en abril de 2025, más del 80 % de las tierras de cultivo, alrededor del 70 % de los invernaderos y aproximadamente el 80 % de los pozos agrícolas de Gaza habían resultado dañados. Antes de octubre de 2023, entre el 20 % y el 30 % de los alimentos que se consumían en Gaza se producían localmente. La ofensiva israelí no solo ha diezmado las fuentes de alimentos existentes en la Franja, sino que también ha causado graves daños a largo plazo que mermarán la capacidad de la población para producir alimentos en el futuro.
El uso del hambre como método de guerra
En enero de 2024, expertos de la ONU afirmaron que no había precedentes en cuanto a la velocidad y la magnitud de la hambruna infligida a la población civil en Gaza, y añadieron que «Israel está destruyendo el sistema alimentario de Gaza y utilizando los alimentos como arma contra el pueblo palestino». A lo largo de los meses que duró el asalto, Israel negó que existiera escasez de alimentos o déficit de ayuda humanitaria en la Franja, alegando que, si había escasez en determinadas zonas, la culpa era de Hamás por robar la ayuda traída por la ONU. Esta afirmación fue desmentida por las agencias de ayuda humanitaria implicadas. Dos agencias gubernamentales estadounidenses responsables de coordinar la ayuda humanitaria concluyeron que Israel había retrasado y obstaculizado deliberadamente la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y que era el principal responsable del hambre que se padecía allí.
Contrariamente a las afirmaciones de Israel, numerosos informes y declaraciones de responsables políticos indican que una de las principales razones para restringir la entrada de ayuda era ejercer presión sobre Hamás para que aceptara un acuerdo más favorable para la liberación de los rehenes israelíes, incluso fomentando el malestar interno contra Hamás entre la población de Gaza.
Desde que Israel rompió el alto el fuego en marzo de 2025, el hambre de la población de Gaza se ha convertido en una política oficial y abiertamente declarada, lo que ha socavado gravemente la seguridad alimentaria en Gaza. Según una evaluación de mayo de 2025, aproximadamente 1,95 millones de personas, el 93 % de la población de Gaza, sufrían una grave inseguridad alimentaria. De ellas, 244 000 vivían en condiciones de «hambre catastrófica», la clasificación más extrema utilizada por la iniciativa de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC). En comparación, en octubre de 2024, el IPC estimaba que el número de personas que padecían hambre catastrófica ascendía a 133 000. Se preveía que, si no se modificaba la política, el número alcanzaría los 470 000, alrededor del 22 % de la población de Gaza, en septiembre de 2025.
Hala Sha’sha’ah, una mujer de 40 años y madre de cinco hijos que vivía en la ciudad de Gaza antes de que comenzara la guerra actual, habló con B’Tselem sobre cómo ella y sus hijos habían estado lidiando con muchos meses de hambre severa:
[…] Era especialmente difícil encontrar verduras y carne. También había escasez de harina y, a veces, no había nada. Mi hijo menor, ‘Az a-Din, lloraba mucho y no paraba de decir: «Tengo hambre». Me partía el corazón oírlo. Y lloré por su situación, pero esa era la situación de todos. Le expliqué que todos tenían hambre y que no podía hacer nada. […] Dos de mis hijos, Layan (20) y Mahmoud (17), contrajeron hepatitis viral y no había tratamiento disponible. No podía proporcionarles la alimentación saludable que necesitaban para combatir la enfermedad. Nos aconsejaron que les diéramos alimentos ricos en azúcar, así que les dimos lo que pudimos conseguir: halva y mermelada. Tenían fiebre alta, vómitos y diarrea. Mahmoud lloraba de dolor y pensaba que se iba a morir. Lo llevamos al hospital. Layan también lo pasó muy mal y no pudo ponerse de pie durante dos semanas. […] Iz a-Din nos sugirió que compráramos carne de caballo, y yo le dije: «No puedes comer eso». Pero hemos llegado a un punto en el que la gente come cualquier tipo de carne que encuentra, sin importar su procedencia. Mis hijos se acuestan con hambre, con el estómago vacío. Layan y Banan (18) hablan de cómo echan de menos los aperitivos y el chocolate, cosas que han desaparecido y ya no existen aquí, al menos para nosotros.
Asesinatos rutinarios en los «centros de distribución de ayuda»
A finales de mayo de 2025, el ejército israelí y la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), una organización privada vinculada a los gobiernos israelí y estadounidense, comenzaron a operar cuatro «centros de distribución segura» donde, en teoría, los residentes de Gaza reciben ayuda alimentaria. Apenas unos días después de que los centros entraran en funcionamiento, representantes de la ONU los describieron como «trampas mortales» donde multitudes de personas hambrientas y exhaustas se veían obligadas a permanecer de pie en condiciones de hacinamiento extremo, luchando por los paquetes de ayuda. Casi todos los días que funcionaron los centros, decenas de personas fueron tiroteadas mientras esperaban a que abrieran o cuando se agotaban los paquetes y el ejército israelí intentaba dispersar a la multitud que aún esperaba recibir algo de comida. Según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, entre el 27 de mayo y julio de 2025, 758 personas murieron y más de 5000 resultaron heridas al intentar conseguir comida en los centros de distribución de ayuda.
En un informe de investigación publicado por Haaretz a finales de junio de 2025, oficiales y soldados describieron cómo se les ordenó abrir fuego contra la multitud para alejarla de los puntos de distribución de alimentos o para «dispersar las concentraciones» alrededor de los centros de ayuda. Se describió que disparar proyectiles, incluso contra personas que intentaban huir, se había «convertido en una práctica habitual» en estas zonas. En relación con uno de los incidentes con disparos, un oficial superior de la reserva declaró:
«Cuando preguntamos por qué habían abierto fuego, nos dijeron que era una orden de sus superiores y que los civiles habían supuesto una amenaza para las tropas. Puedo afirmar con certeza que la gente no estaba cerca de las fuerzas armadas y no suponía ningún peligro para ellas. Fue inútil: simplemente los mataron sin motivo alguno. Esto de matar a personas inocentes se ha normalizado. Nos repetían constantemente que en Gaza no hay civiles, y al parecer ese mensaje caló entre las tropas».
En mayo de 2025, incluso antes de que los «centros de ayuda» comenzaran a funcionar, la OCHA y el director ejecutivo de GHF, que dimitió antes de la puesta en marcha, advirtieron de que los suministros utilizados por los centros provocarían una reducción significativa de la entrega de ayuda humanitaria en un momento en que las necesidades eran cada vez mayores. La ONU y otras organizaciones de ayuda se negaron a participar en el funcionamiento de los centros, argumentando que la creación de un pequeño número de puntos de distribución masiva, la mayoría de ellos concentrados en el sur de Gaza, obligaría a los residentes hambrientos a trasladarse con sus familias hacia la zona cercana a la frontera con Egipto, lo que podría sugerir una política deliberada de desplazamiento forzoso de la zona. Un funcionario israelí involucrado en la planificación declaró que el objetivo del proyecto era «montar una especie de espectáculo de distribución de ayuda para el mundo con el único fin de repeler la presión internacional». Todo ello respalda la conclusión de que los centros fueron diseñados para servir al traslado forzoso de la población de Gaza, en el espíritu del Plan Trump, y no para facilitar el acceso a la ayuda. En otras palabras, parece que los llamados centros de ayuda constituyen, en realidad, otro medio más utilizado por Israel para llevar a cabo el hambre y la limpieza étnica.
Destrucción de la infraestructura eléctrica y de agua
El bloqueo total impuesto por Israel sobre Gaza al inicio del asalto incluyó la desconexión de la red eléctrica israelí, que, dada la restricción impuesta por Israel a la producción independiente de energía en Gaza, suministraba una parte significativa del consumo eléctrico de Gaza y era sufragada por la Autoridad Palestina. La única central eléctrica de Gaza, que ya de por sí solo suministraba una pequeña parte de la energía de Gaza, se vio obligada a cesar sus operaciones el 11 de octubre de 2023. La escasez de electricidad tuvo consecuencias generalizadas, devastadoras y que perturbaron gravemente casi todos los sistemas esenciales de la Franja, como el sistema sanitario, el suministro de agua, la producción y distribución de alimentos, las comunicaciones y los servicios municipales, entre otros. Los proveedores de estos servicios se vieron obligados a recurrir a generadores para seguir funcionando con una capacidad limitada, pero, al mismo tiempo, la entrada de combustible en la Franja
Se bloqueó el suministro y las reservas de combustible se agotaron rápidamente. En noviembre de 2023, Israel comenzó a permitir la entrada limitada de combustible, al tiempo que mantenía el control sobre quién podía utilizarlo.
Se infligieron daños extensos a la infraestructura de energía solar de Gaza, que se había desarrollado en los últimos años para intentar hacer frente a la escasez crónica de electricidad en la Franja. Además, en marzo de 2024, más del 60 % de la red de distribución eléctrica de Gaza había sido dañada o destruida como consecuencia de los bombardeos israelíes. La única instalación que se había reconectado a la red eléctrica israelí desde octubre de 2023 era la planta central de desalinización de agua de la ciudad de Gaza, pero en marzo de 2025, Israel anunció que también se había cortado el suministro eléctrico a esa instalación.
El suministro de agua a la Franja fue cortado por Israel el 9 de octubre de 2023 y posteriormente se restableció de forma limitada. A medida que continuaba el asalto, el ejército israelí destruyó el 84 % de las instalaciones de agua de Gaza, incluidas las destinadas al agua potable y otras para la higiene, el tratamiento de aguas residuales, el riego y necesidades similares. Tras los ataques aéreos contra estas instalaciones, el ejército israelí impidió los esfuerzos para repararlas. Israel también bloqueó sistemáticamente la entrada de ayuda relacionada con los sistemas de abastecimiento de agua y el suministro de agua a los residentes, incluidos los sistemas de filtración, los tanques y los materiales necesarios para la reparación de las infraestructuras de guerra. Esta política, junto con la destrucción generalizada del sistema de alcantarillado, de Gaza provocó el uso de agua contaminada y la propagación de enfermedades, lo que, según las evaluaciones de los expertos, causó miles de muertes.
Los epidemiólogos y expertos en salud estiman que las pésimas condiciones sanitarias, junto con la destrucción de la infraestructura sanitaria de Gaza y el traslado a centros de tratamiento improvisados, han creado un entorno ideal para la aparición y propagación de infecciones bacterianas resistentes a los antibióticos. Algunos han sugerido que, desde octubre de 2023, Gaza se ha convertido en el centro de una guerra biológica «transparente» que supone un riesgo no solo para la población local, sino también, potencialmente, para la salud pública mundial.
Ataque al sistema sanitario
Desde octubre de 2023, Israel ha llevado a cabo un ataque generalizado y sistemático contra toda la infraestructura médica de la Franja de Gaza, causando daños graves y selectivos a los hospitales y al personal médico. Como resultado, en las primeras semanas del asalto, la mayoría de los hospitales y clínicas de Gaza ya no podían proporcionar ni siquiera la atención médica básica. En junio de 2025, solo 17 de 36 los hospitales de la Franja seguían funcionando parcialmente, mientras se enfrentaban a una grave escasez de personal, combustible y equipos médicos. En mayo de 2025, la Organización Mundial de la Salud informó de que solo quedaban disponibles alrededor de 2000 camas de hospital en toda la Franja para una población de más de 2 millones de personas, constantemente bajo ataque y que padecían hambre y condiciones sanitarias extremadamente precarias. Además, durante los meses que duró el asalto, Israel bloqueó, restringió o retrasó la entrada de suministros médicos esenciales, como medicamentos, analgésicos, respiradores y otros. Algunos de los suministros y medicamentos que se permitió entrar en la Franja fueron objeto de saqueo antes de llegar a su destino.
Durante los meses que duró el asalto, el ejército israelí impuso un bloqueo y realizó redadas en hospitales, alegando que estaban siendo utilizados con fines militares por Hamás, una afirmación que, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), no estaba fundamentada en la mayoría de los casos y, en algunos, contradecía las pruebas existentes. Un informe de MSF siguió el caso del Hospital Nasser de Jan Yunis, el segundo más grande de la Franja, como estudio de caso del ataque israelí más genealizado contra los hospitales. En enero de 2024, el ejército impuso un bloqueo total al Hospital Nasser y muchos pacientes atrapados en su interior murieron por enfermedades que podían tratarse. Al mes siguiente, el ejército irrumpió en el hospital, causó una destrucción generalizada de sus instalaciones y equipos, y detuvo a decenas de miembros del personal, pacientes y familiares. Desde entonces, han continuado las agresiones militares selectivas contra el hospital y sus alrededores, y en junio de 2025, el ejército emitió una orden de evacuación del recinto hospitalario. En respuesta, la Organización Mundial de la Salud advirtió del colapso inminente de toda la actividad del hospital, lo que dejaría sin servicios médicos a los millones de personas que viven en el sur de Gaza.
Como parte del ataque contra hospitales y centros médicos, muchos miembros del personal médico y de los servicios de emergencia han resultado heridos. En enero de 2025, aproximadamente el 2,5% del personal médico de Gaza había sido asesinado. Además, varios profesionales médicos han sido detenidos y sometidos a graves abusos que, en varios casos, han provocado su muerte bajo custodia israelí. El Dr. Husam Abu Safiyah, director del Hospital Kamal Adwan, en el norte de la Franja de Gaza, fue detenido en diciembre de 2024 durante una incursión militar israelí en el hospital, que finalmente provocó el cierre del último centro médico en funcionamiento en el norte de Gaza. Durante la incursión, Abu Safiyah se negó a evacuar el hospital y abandonar a sus pacientes. A mediados de julio de 2025, su abogado informó de que Abu Safiyah había perdido aproximadamente un tercio de su peso corporal y sufría hambre, privación de tratamiento médico y abusos por parte de los guardias de la prisión de Ofer.
En un testimonio que prestó a B’Tselem, el paramédico Mu’in Abu al ‘Eish describió el asedio, las redadas y los ataques militares contra el hospital Al Awda de Yabalya, donde trabajaba. En octubre de 2024, se le pidió que acompañara a una mujer y un bebé en una caravana de ambulancias llena de pacientes, enfermos y heridos, que se dirigía al hospital Kamal Adwan. Cuando se acercaban al hospital, el ejército disparó un proyectil que impactó en la parte trasera de la ambulancia.
[…] Todos en la ambulancia gritaban. Salí para ver cómo estaban las personas que transportaba. Encontré a una de las mujeres moribunda, literalmente dando sus últimos respiros. No pude hacer nada por ella. […] Entonces empezaron a dispararnos intensamente, así que huí con el niño herido, su padre y una de las mujeres y su hija. Nos escondimos en un almacén. La otra mujer y su hija corrieron hacia el hospital Kamal Adwan. Las otras dos mujeres y el recién nacido se quedaron dentro de la ambulancia.
Desde su escondite, Mu’in logró contactar con los conductores de las ambulancias y conseguir que dos acudieran al lugar. Tan pronto como llegaron, los militares les dispararon un proyectil.
[…] Gracias a Dios, sobrevivieron. Una de las ambulancias se marchó y yo metí a los heridos en la otra ambulancia junto con el paramédico que estaba conmigo. Pero no tuvimos tiempo de trasladar a todo el mundo y tuvimos que huir. Las mujeres y el bebé se quedaron dentro de la ambulancia dañada. […] Más tarde, un hombre que pasaba por la zona donde la ambulancia había sido bombardeada llegó al hospital. Nos dijo que había oído llorar a un bebé dentro de la ambulancia. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en el bebé, en que tenía que llegar hasta él y salvarlo, pero temía por mí y por mis compañeros.
Mu’in regresó al mismo lugar durante la noche para recoger más muertos y heridos en otro ataque israelí:
[E]n el camino de vuelta, nos detuvimos cerca de la ambulancia. Encontré al bebé recién nacido llorando dentro de la ambulancia. El cuerpo de una de las mujeres estaba allí estaba el cuerpo de la otra mujer, y los perros las habían destrozado a ambas, pero el bebé había sobrevivido de alguna manera. Cogimos al bebé y los cadáveres y nos dirigimos al hospital Kamal Adwan. El bebé fue ingresado en la UCI neonatal y se encontraba en buen estado de salud. Por la gracia de Dios, los perros no pudieron alcanzarlo.
Como consecuencia de los continuos ataques al sistema sanitario, muchos residentes de la Franja que padecen enfermedades crónicas y diversas discapacidades no están recibiendo el tratamiento médico esencial. Los profesionales médicos estadounidenses que trabajaron como voluntarios en Gaza estimaron, de forma conservadora, que 5000 personas con enfermedades crónicas murieron en la Franja durante el primer año de los ataques. Algunos de estos pacientes podrían haber sobrevivido si se les hubiera permitido acceder a tratamiento en otros lugares, pero Israel les impidió salir de la Franja.
En un testimonio que prestó a B’Tselem, Aya Kahil, una mujer de 28 años de la ciudad de Gaza que fue desplazada junto con su familia, habló de su hijo Nabil, de cinco años, al que le diagnosticaron leucemia:
[…] Después de aproximadamente un mes en la tienda, sentí que algo andaba mal con Nabil. […] Por esa época, comenzó a despertarse por las noches gritando. Venía y se acurrucaba junto a mí para dormir. Tampoco quería comer. Tenía diarrea y pensé que podría ser otra infección del sistema digestivo […] pero Nabil no mejoraba.
Tras su diagnóstico, Nabil fue incluido en la lista de pacientes autorizados a cruzar el paso fronterizo de Rafah para recibir atención médica en Egipto, pero al día siguiente se informó a la familia de que el paso había sido cerrado debido a la actividad militar israelí:
[…] Pensé que el paso fronterizo se abriría en un par de días. […] Mientras tanto, el estado de Nabil empeoró. Ya no podía caminar y no dejaba de quejarse de dolor de estómago. Tenía todo el cuerpo hinchado. […] Nunca recibió quimioterapia.
La familia tardó tres semanas más en llevar a Nabil a Cisjordania para recibir tratamiento:
[…] Nabil fue ingresado inmediatamente en la UCI. Lloraba mucho porque quería que me quedara con él, pero debido a su débil sistema inmunológico, al principio no me dejaron sentarme a su lado. […] A primera hora de la tarde, estaba de pie a su lado y me pidió que me acercara. De repente, empezó a tener convulsiones y a temblar y a tener espasmos. Me agarró de la mano y le castañeteaban los dientes. Cuando me soltó, me caí al suelo. Empecé a gritar, a llorar y a darme bofetadas. Me dijeron que no tuviera miedo, que quizá solo fueran convulsiones. Entró el director del hospital. Nabil se estaba muriendo. Intentaron reanimarlo. Su corazón volvió a latir durante unos segundos y luego se detuvo de nuevo. No pudieron salvarlo. Murió. […] No pude ir con él al cementerio porque mi permiso no me permitía salir del hospital. Nabil fue enterrado en Ramallah. Un pariente nuestro que estaba allí fue con él. Tomó una foto de la tumba y nos la envió.
Domicidio (destrucción de las viviendas)
Según estimaciones recientes, aproximadamente el 92 % de todos los edificios residenciales y alrededor del 69 % de todas las estructuras de la Franja de Gaza han sido destruidos o gravemente dañados. Barrios enteros, e incluso ciudades enteras, han quedado prácticamente borrados del mapa.
Aya Hasunah a-Susi, una mujer de 31 años del norte de la ciudad de Gaza, vio cómo su marido y sus hijos pequeños morían en un bombardeo en su campamento de desplazados internos en Al Mawasi en agosto de 2024. Aún de luto por sus seres queridos, decidió regresar sola a Gaza. Describió la magnitud de la destrucción que encontró en un testimonio que prestó a B’Tselem:
[…] Caminaba por la carretera costera y veía a la gente volver a casa con sus hijos. Me dolía el corazón. Regresaba a Gaza sin mi marido ni mis hijos. Deberían estar conmigo y su pérdida me abrumaba. Un dolor terrible. […] Mi hermano Ibrahim me esperaba junto a la carretera, en la plaza a-Nabulsi. Me preguntó: «¿Qué ves que destaque?», para poder encontrarme, pero yo no conocía los lugares y no los reconocía entre las ruinas. No reconocía las calles de Gaza porque estaban completamente destruidas. No sabía dónde empezaba y dónde terminaba la ciudad. […] La zona en la que vivíamos, al norte de la ciudad de Gaza, estaba completamente destruida. No queda ningún rastro de vida allí.
Se prevé que la destrucción del espacio urbano de Gaza continúe mientras persista la ofensiva israelí. Soldados que han prestado servicio en la Franja han testificado que la demolición sistemática de viviendas, edificios públicos, infraestructuras y tierras de cultivo no se lleva a cabo únicamente con fines operativos, sino que se ha convertido en un objetivo en sí mismo. En este contexto, también se ha generalizado el incendio de viviendas por parte de los soldado , ya sea por orden o por iniciativa propia, con el apoyo de la mentalidad militar imperante.
En junio de 2025, aproximadamente el 85 % de la Franja de Gaza se encuentra bajo control militar israelí y/o ha sido designada como zona de evacuación por el ejército. Además de esta amplia ocupación territorial, la gran mayoría de los habitantes de Gaza se han visto obligados a trasladarse a «zonas humanitarias» cada vez más superpobladas, que también han sido objeto de bombardeos sistemáticos.
Destrucción económica
En los primeros días del asalto, gran parte del barrio de A-Rimal, en la ciudad de Gaza, quedó destruido bajo los intensos bombardeos israelíes. A-Rimal se consideraba el centro económico y administrativo de la Franja, ya que albergaba una gran concentración de empresas, bancos, escuelas, universidades, empresas de telecomunicaciones, centros de salud y organizaciones internacionales y locales, incluida la sede local de la UNRWA.
Desde los intensos ataques contra A-Rimal, Israel ha seguido atacando sistemáticamente la infraestructura comercial y económica de Gaza durante todos los meses de combate. Según un informe conjunto del Banco Mundial y las Naciones Unidas de abril de 2024, casi cuatro de cada cinco empresas públicas, comerciales e industriales sufrieron daños o quedaron destruidas como consecuencia del ataque israelí, lo que provocó el colapso casi total de la actividad económica en Gaza. Entre principios de octubre de 2023 y finales de septiembre de 2024, la tasa de desempleo en Gaza fue del 79,7 % de media. Durante este periodo, la gran mayoría de la población de Gaza vivía en la pobreza. En octubre de 2024, el ataque israelí había hecho retroceder el nivel de desarrollo económico de Gaza aproximadamente 70 años, hasta niveles comparables a los de 1955.
Destrucción de las condiciones de vida en Cisjordania
En Cisjordania, Israel controla directamente casi todos los aspectos de la vida palestina, incluidos los permisos de trabajo en Israel y en los asentamientos, los ingresos fiscales palestinos, la circulación y el acceso, los permisos de construcción y desarrollo, las demoliciones de viviendas bajo el pretexto de las leyes de construcción, y mucho más. Este control sirve para intensificar la opresión y el despojo que sufren los palestinos desde la ocupación de Cisjordania en 1967 y permite a Israel implementar cambios de gran alcance «bajo el radar», sin llamar la atención que podría impedir al régimen israelí avanzar en sus objetivos.
Domicidio (destrucción de viviendas) y restricciones a la libertad de circulación
Desde que comenzó la ofensiva israelí en octubre de 2023 y hasta finales de junio de 2025, Israel demolió 1.572 estructuras en Cisjordania y 397 en Jerusalén Este, con el pretexto de que se habían construido sin permiso. De todas las estructuras demolidas, 729 eran viviendas. Como resultado, 2.598 personas perdieron sus hogares, entre ellas 1.304 menores. Solo en 2024, el número de estructuras demolidas por Israel alcanzó su nivel más alto en dos décadas, y se prevé que 2025 sea aún peor si las demoliciones continúan al ritmo actual. Al mismo tiempo, el asalto militar al norte de Cisjordania incluyó operaciones de demoliciones generalizadas dede edificios e infraestructuras con explosivos y excavadoras, causando daños extensos a viviendas en ciudades y campos de refugiados con el pretexto de la necesidad militar. Según estimaciones del municipio de Yenin, en febrero y marzo de 2025, aproximadamente 600 viviendas fueron demolidas o quedaron inhabitables solo en el campo de refugiados de Yenin. En mayo de 2025, el ejército israelí anunció su intención de demoler alrededor de 100 viviendas en los campos de refugiados de Tulkarm y Nur Shams, además de las aproximadamente 300 viviendas ya demolidas o gravemente dañadas según las estimaciones de la UNRWA en abril de 2025.
Al mismo tiempo, Israel impuso severas restricciones a la libertad de movimiento de los palestinos en toda Cisjordania. La red de obstáculos a la circulación mantenida por Israel se amplió considerablemente y, en mayo de 2025, incluía 849 puestos de control y barricadas. Los residentes de Cisjordania describen una realidad cotidiana en la que viven en una «gran prisión», donde incluso un simple desplazamiento fuera de casa puede suponer horas de atascos, a menudo causados por largos tiempos de espera debido a la intensificación de los controles en los puestos militares, que suelen ir acompañados de acoso arbitrario.
Destrucción económica
Desde octubre de 2023, Israel ha atacado deliberadamente los dos pilares centrales de la economía de Cisjordania: el acceso al trabajo en Israel y la financiación de la Autoridad Palestina. En 2022, el 22,5% de todos los palestinos empleados en Cisjordania trabajaban en Israel y en los asentamientos, y alrededor del 20% estaban empleados en el sector público y recibían sus salarios de la Autoridad Palestina. Inmediatamente después del 7 de octubre, Israel revocó los permisos de entrada de unos 150.000 residentes de Cisjordania que trabajaban en Israel, y la gran mayoría de esos permisos no han sido restablecidos. En los tres primeros meses del asalto, aproximadamente 306.000 personas en toda Cisjordania perdieron su empleo, y en 2024 la tasa de desempleo en Cisjordania alcanzó alrededor del 31%, frente al 18% en 2023.
Además, en el primer semestre de 2024, el ministro de Finanzas Smotrich bloqueó la transferencia de los ingresos fiscales palestinos que Israel recauda en nombre de la Autoridad Palestina. Estos ingresos constituyen alrededor del 60 % de los ingresos anuales de la Autoridad Palestina. La medida sumió a la Autoridad Palestina en un déficit fiscal sin precedentes, lo que puso en peligro su capacidad para pagar los salarios del sector público y prestar servicios básicos como la sanidad y la educación.
Todos estos acontecimientos, junto con la congelación del comercio entre Cisjordania y Gaza, las crecientes dificultades para acceder a las tierras agrícolas, especialmente durante la cosecha del olivo, y el fuerte aumento de las restricciones a la circulación en toda Cisjordania, que han obstaculizado gravemente la capacidad de los residentes para llegar a sus lugares de trabajo, han provocado la recesión económica más profunda registrada en Cisjordania en más de tres décadas. A finales de 2024, el Banco Mundial describió el colapso de la economía de Cisjordania como una «caída libre». En 2024, el 87,2% de los trabajadores de Cisjordania declararon una disminución de los ingresos familiares; las tasas de pobreza a corto plazo se duplicaron con creces pasando del 12% en 2023 al 28% a mediados de 2024, y la inseguridad alimentaria de los hogares aumentó considerablemente. Según el PMA, al menos 700 000 residentes de Cisjordania necesitaron ayuda alimentaria en 2024, lo que supone un aumento de casi el 100 % en comparación con el periodo anterior a octubre de 2023.
Destrucción de la infraestructura hídrica y agrícola
Las restricciones al acceso a las tierras agrícolas y la escalada de violencia por parte de los colonos han hecho que el trabajo agrícola, especialmente la recolección de aceitunas, sea casi imposible desde octubre de 2023. Al mismo tiempo, los casos de asesinatos, envenenamiento y robo de ganado por parte de los colonos han ido en aumento al alza, mientras que las tierras de pastoreo disponibles para los pastores palestinos se han reducido debido a la dramática expansión de los asentamientos agrícolas, que han ocupado vastas extensiones de tierra. Estas condiciones han acelerado el ritmo al que los palestinos están abandonando la agricultura y el pastoreo, medios de vida que han sustentado a las comunidades palestinas durante generaciones, lo que a su vez ha agravado las dificultades económicas que sufren los palestinos.
En las ciudades y los campos de refugiados del norte de Cisjordania, la actividad militar causó graves daños a las infraestructuras hidráulicas e interrumpió el acceso al agua potable de decenas de miles de personas. Nawaf Shahin, de 64 años y padre de nueve hijos, describió la creciente escasez de agua en el campo de refugiados de Al Fartah, junto con la grave falta de alimentos y otros suministros esenciales que afectaba a su comunidad en las semanas previas a que el ejército obligara a su familia a marcharse en febrero de 2025:
[…] El ejército asaltó el campamento decenas de veces; mataron a muchos jóvenes y la gente vivía sumida en el sufrimiento y el terror. Pero la redada de esta semana fue diferente a las anteriores. Fue el momento más duro y cruel que han vivido los habitantes del campamento y mi familia. Hace ocho días, muchos soldados irrumpieron en el campamento y lo cerraron por todos lados. Destruyeron carreteras y tuberías de agua. Rodearon las casas y se apoderaron de muchos tejados. La gente tenía que vivir como si estuviera en una prisión, mientras se agotaban los alimentos en sus hogares. La gente se quedó sin comida, agua y medicamentos.
Desde octubre de 2023, también se ha producido un aumento drástico del número de incidentes en los que colonos han vandalizado y tomado el control de fuentes de agua y tuberías, así como de generadores y otras infraestructuras eléctricas pertenecientes a comunidades palestinas. La destrucción llevada a cabo por los colonos se ve agravada por la destrucción «formal» de las infraestructuras de agua y electricidad que lleva a cabo habitualmente la Administración Civil, lo que también impide a muchas comunidades conectarse al sistema de suministro de agua.
Hay muchos otros casos de acceso deficiente al agua o al suministro de agua por parte de comunidades enteras. En el valle del Jordán, según informes, el ejército redujo el horario de funcionamiento del puesto de control por el que los residentes de las comunidades ganaderas, que no están conectadas a la red de agua, transportan agua a sus aldeas. La Autoridad Palestina del Agua informó de que la empresa israelí de agua Mekorot redujo la ya mínima cantidad de agua asignada a diversas zonas de Cisjordania. El Estado de Israel también ha negado su responsabilidad de suministrar agua a Kafr tAqab, un barrio situado dentro de los límites municipales de Jerusalén con una población de más de 100.000 habitantes, que se encuentra sumido en una grave crisis hídrica desde octubre de 2023.
Ataque al sistema sanitario
La ya limitada capacidad del sistema sanitario de Cisjordania se ha visto aún más reducida desde el inicio de la ofensiva. La crisis financiera que atravesaba el sistema sanitario palestino se agravó considerablemente, especialmente durante los meses en que Israel retuvo los ingresos fiscales que debía a la Autoridad Palestina. La situación se vio agravada por la campaña del Gobierno israelí contra la UNRWA, que gestiona 43 centros de atención primaria y un hospital, y proporciona cobertura sanitaria gratuita a aproximadamente 895.000 refugiados, alrededor de un tercio de la población palestina de Cisjordania (para más información, véase «Ataque al estatuto de persona refugiada palestina» en este informe).
En el norte de Cisjordania, la rutina de asesinatos y destrucción del ejército israelí incluyó frecuentes ataques a hospitales y centros médicos, en ocasiones con redadas y tomas de control, interrupciones de las operaciones habituales o bloqueo del acceso y denegación de atención a pacientes que la necesitaban. Además, según la OrganizaciónMundial de la Salud, entre abril y diciembre de 2024 fueron detenidos al menos 172 miembros del personal médico en servicio, y 25 pacientes fueron detenidos mientras recibían atención. Debido a todo ello, un informe de MSF afirmaba en febrero de 2025 que, desde el 7 de octubre de 2023, el sistema sanitario de Cisjordania se encontraba en «un estado de emergencia perpetua».
- Desplazamientos forzados
Desplazamientos forzados en la Franja de Gaza
Aproximadamente 1,9 millones de palestinos, alrededor del 90 % de la población de Gaza, han sido desplazados a la fuerza al menos una vez desde octubre de 2023. La mayoría de los desplazados son refugiados o descendientes de refugiados que fueron expulsados de sus hogares durante la Nakba de 1948. En el transcurso del asalto, se convirtieron en refugiados por segunda, tercera o incluso cuarta vez. El trauma colectivo e individual que ha marcado a la sociedad palestina durante casi ochenta años se convirtió, una vez más, en una realidad vivida.
Así lo describió Olfat al Kurd, investigadora de campo de B’Tselem:
[…] Hace setenta y cinco años, mis abuelos se vieron obligados a abandonar su pueblo, Majdal, situado en la orilla occidental del lago Kinneret. Se convirtieron en refugiados en la Franja de Gaza, y mi abuela solía contarme el dolor que supuso abandonar el pueblo y el duro invierno que pasaron ese año en la Franja, en una tienda que compartía con mi abuelo y sus hermanas. Me hablaba de su añoranza por Majdal, por la vida que tenía y que ya no existía. Ahora, viviendo con mi familia en una tienda de plástico y tela en el sur de la Franja de Gaza, no dejo de pensar en ella. Estoy segura de que nunca imaginó que su nieta también tendría que vivir en un campo de refugiados.
El 13 de octubre de 2023, el ejército emitió las primeras órdenes de evacuación masiva a los residentes de Gaza. Las órdenes instruían a los residentes de la parte norte de la Franja a abandonar inmediatamente sus hogares y huir hacia el sur. Cientos de miles de personas se vieron obligadas a decidir hacia dónde huir, sin saber si podrían regresar ni cuándo. A finales de 2023, el ejército comenzó a establecer el corredor de Netzarim, una zona de amortiguación que atraviesa la Franja de este a oeste a lo largo del extremo sur de la ciudad de Gaza, separando efectivamente el norte del sur. Durante el asalto israelí, la zona de amortiguación se amplió hasta alcanzar una anchura máxima de siete kilómetros. Esta zona fue designada zona de muerte, lo que significaba que cualquier palestino que se encontrara en ella sería disparado y asesinado. El objetivo de esta división era, entre otras cosas, controlar los movimientos de los residentes hacia el sur de Gaza e impedir su regreso hacia el norte. Con el tiempo, Israel ordenó repetidamente a los residentes evacuar, y a fecha de junio de 2025, el 85 % de la Franja de Gaza está incluida en órdenes de evacuación militar o bajo el control del ejército israelí.
A partir de octubre de 2024, Israel intensificó su campaña para destruir el entorno urbano y agrícola del norte de Gaza y aplicó una política de hambre deliberada y especialmente extrema con el objetivo de despoblar permanentemente la zona, tal y como declararon explícitamente los responsables militares israelíes. Estas operaciones se llevaron a cabo de acuerdo con un plan elaborado por antiguos altos mandos militares, conocido como el Plan de los Generales. Aunque nunca fue adoptado oficialmente por el ejército israelí, el plan sí sirvió de base para su actuación sobre el terreno. Las acciones de Israel en el norte de Gaza fueron descritas por muchos expertos, incluido el secretario general de la ONU, como un intento de llevar a cabo una limpieza étnica. En la práctica, en noviembre de 2024, unas 100.000 personas palestinas que vivían en el norte de Gaza habían sido desplazadas de sus hogares.
Diversos informes que evalúan la magnitud de la destrucción causada por Israel en toda la Franja de Gaza sugieren que, dada la ausencia de objetivos militares claros, es probable que el objetivo de Israel sea transformar el desplazamiento «temporal» de la población de Gaza en uno permanente. La reorganización del espacio físico en Gaza también se considera indicativa de un plan israelí para permanecer en la Franja a largo plazo y sentar las bases para el establecimiento de asentamientos israelíes en el futuro. La existencia de tales planes fue afirmada explícitamente a través de numerosas declaraciones públicas de funcionarios israelíes durante el asalto, así como por las medidas adoptadas por el ejército para afianzar su control sobre el territorio capturado.
A principios de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump anunció su intención de promover la «absorción» de los habitantes desplazados de Gaza en los países vecinos. Según diversas informaciones, entre ellas declaraciones del ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich, este plan se basaba, de hecho, en una propuesta formulada por el Gobierno israelí varios meses antes. El amplio apoyo público en Israel a esta iniciativa dejó claro que la práctica del desplazamiento forzoso, o expulsión, se percibe ahora como una solución legítima y deseable al «problema palestino», es decir, la propia presencia de los palestinos en las zonas bajo control israelí.
Este amplio apoyo político y público a la política no era meramente una aspiración. Durante muchos meses, el Gobierno israelí intentó promover activamente el traslado de personas desplazadas de Gaza a diversos países de Oriente Medio, África, Europa y Sudamérica. En marzo de 2025, el gabinete israelí aprobó la creación de una Administración de Salida Voluntaria encargada de ejecutar la salida de cientos de miles de palestinos de la Franja. A partir de mayo de 2025, altos funcionarios israelíes declararon explícitamente que la limpieza étnica de Gaza era un objetivo central de la guerra, afirmando que la destrucción de la Franja y el control de Israel sobre la ayuda humanitaria eran medios para alcanzar este objetivo. En el marco de un procedimiento judicial en curso (julio de 2025), el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, negó que el traslado forzoso fuera uno de los objetivos de la operación. Sin embargo, las declaraciones de los responsables políticos israelíes cuentan una historia completamente diferente. El primer ministro Benjamin Netanyahu fue citado en una reunión del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa a principios de mayo diciendo: «Estamos destruyendo cada vez más hogares y los habitantes de Gaza no tienen adónde volver». El único resultado inevitable será el deseo de los habitantes de Gaza de emigrar fuera de la Franja de Gaza». El «problema principal», añadió, «es con los países a los que emigrarían». Netanyahu también dijo, refiriéndose al plan de distribución de ayuda humanitaria en Gaza, que el acceso a los «complejos de ayuda» estaría condicionado a que los habitantes de Gaza no regresaran a las zonas de donde habían venido. Días antes, el ministro Smotrich explicó: «Creo que podremos declarar la victoria en unos meses. Gaza quedará completamente destruida, sus civiles se concentrarán en el corredor de Morag [que atraviesa la Franja de este a oeste entre Jan Yunis y Rafah] hacia el sur, y desde allí partirán en masa hacia terceros países».
Convertir la limpieza étnica de Gaza en uno de los «objetivos oficiales de la guerra» y utilizar el hambre y la destrucción de infraestructuras y viviendas para lograrlo no solo son delitos graves y actos genocidas en sí mismos, sino que también revelan la mentalidad y las intenciones de los altos responsables de la toma de decisiones a lo largo de la guerra.
Desplazamiento forzoso en Cisjordania
Desde octubre de 2023, los ataques militares y la violencia de los colonos y el ejército en Cisjordania han desplazado a comunidades palestinas a una escala nunca vista desde que Israel ocupó Cisjordania en 1967. Desde entonces, 38 comunidades palestinas, que comprenden 67 complejos residenciales, han sido trasladadas por la fuerza debido a la violencia, y otras ocho, que comprenden nueve complejos residenciales, han sido parcialmente desplazadas. Un total de 2.409 personas, entre ellas al menos 1.056 menores han sido desalojados de sus hogares. A fecha de junio de 2025, miles de personas más que viven en otras muchas comunidades palestinas corren un riesgo real de expulsión debido a los continuos ataques diarios de los colonos.
Las comunidades palestinas de la Zona C llevan años sometidas a la presión de las autoridades israelíes, una campaña que se intensificó considerablemente después de octubre de 2023. Con el apoyo del Estado, se han establecido decenas de puestos avanzados de colonos alrededor de estas comunidades con el objetivo principal de expulsar a los palestinos y apoderarse de la mayor cantidad de tierra posible. La violencia perpetrada por los colonos de estos puestos avanzados se ha intensificado, alcanzando un nivel sin precedentes durante el asalto israelí a Gaza. Esta violencia, que se ha convertido en una aterradora realidad cotidiana para los palestinos, incluye agresiones físicas graves, incursiones de colonos en comunidades y hogares durante el día y la noche, incendios provocados, expulsión de pastores de las zonas de pastoreo y de agricultores de sus campos, asesinato y robo de ganado, destrucción de cultivos, robo de equipos y pertenencias personales, y bloqueos de carreteras.
La operación militar «Muro de Hierro», lanzada en enero de 2025 y concentrada principalmente en los campos de refugiados del norte de Cisjordania, provocó el desplazamiento de más de 40.000 personas palestinas. Aunque el ejército afirmó que no tenía una política oficial de evacuación de estas zonas, los testimonios recogidos por B’Tselem y el periódico Haaretz describieron cómo los soldados obligaron a los residentes a marcharse bajo amenazas y, en ocasiones, a punta de pistola. Muchas familias desplazadas se vieron obligadas a dormir en condiciones de hacinamiento en centros comunitarios o salas de actos, dependiendo de los residentes locales y de las organizaciones de ayuda para obtener alimentos, agua y otras necesidades básicas. Al igual que los residentes de Gaza, la mayoría de las personas que viven en los campos de refugiados del norte de Cisjordania son refugiados expulsados durante la Nakba de 1948 o sus descendientes. Muchos describieron esta nueva experiencia de desplazamiento como un renacer de su propio trauma o el de sus familias.
En febrero de 2025, el ministro de Defensa, Israel Katz, anunció que el ejército tenía la intención de permanecer en los campos de refugiados durante todo el año siguiente y que no se permitiría a los residentes regresar durante ese tiempo. Desde enero de 2025, las ciudades y los campos de refugiados del norte de Cisjordania se han convertido en pueblos fantasma, ahora ocupados únicamente por fuerzas militares. En mayo de 2025, el campo de refugiados de Yenin, completamente despoblado, fue descrito como «un gran puesto militar avanzado», y los informes indicaban que el ejército seguía demoliendo edificios en el campo para crear rutas para los vehículos militares.
Este desplazamiento violento en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, también cuenta con el apoyo oficial del Estado de Israel a través de medios legales y burocráticos. En 2024, la cantidad de tierra declarada «terreno estatal», los presupuestos asignados a los asentamientos, el número de permisos de construcción emitidos para viviendas en los asentamientos y el ritmo de construcción de nuevos asentamientos ilegales alcanzaron máximos históricos en varias décadas. Entre octubre de 2023 y marzo de 2025, se establecieron al menos 14 nuevos asentamientos en las ruinas de comunidades pastorales evacuadas o en sus inmediaciones. Desde estos asentamientos, los colonos han continuado sus esfuerzos por expulsar a las comunidades que quedan y llevar a cabo una limpieza étnica de la población palestina de la zona.
Por ejemplo, en mayo de 2025, la comunidad de Maghayer a-Deir, integrada por 150 personas, fue expulsada pocos días después de que se estableciera un nuevo asentamiento ilegal dentro de un redil perteneciente a uno de los residentes. Los miembros de la comunidad, cuyas familias habían sido desplazadas originalmente del desierto del Negev en la década de 1950, se vieron obligados a marcharse y dispersarse por varias aldeas cercanas.
En julio de 2025, la comunidad de al Mu’arrajat, donde vivían unas 36 familias y cientos de personas, fue desplazada por la fuerza. Fue una de las comunidades más grandes expulsadas desde octubre de 2023. La comunidad, que había soportado años de violencia y acoso incesantes por parte de los colonos, fue desarraigada bajo amenaza después de que los colonos establecieran un asentamiento ilegal dentro de la aldea. Hoy en día, en esta parte del valle del Jordán, una zona que abarca unos 150 000 dunams (1 dunam equivale a 0,1 hectáreas), solo queda una comunidad: Ras ‘Ein al ‘Auja Jahalin, que ahora se encuentra completamente expuesta a la violencia de los colonos.
Desplazamiento forzoso dentro de Israel
En abril de 2024, el Gobierno israelí transfirió la Autoridad para la Aplicación de las Leyes sobre la Tierra del Ministerio de Finanzas al Ministerio de Seguridad Nacional de Israel, dirigido por el ministro Itamar Ben Gvir. En los meses siguientes, el ministerio anunció que, de conformidad con la política del ministro, se había producido un aumento del 400 % en las órdenes de demolición dictadas contra viviendas en el Negev. Según datos de la policía, en 2024 se demolieron 3.746 dunams (1 dunam e= e a 0,1 hectáreas) de superficie construida, la mayor parte en el Negev. Esta cifra representa un aumento del 274 % en comparación con 2023. Dos pueblos, Wadi al-Khalil y Umm al-Hiran, quedaron casi completamente arrasados, y otros tres barrios fueron destruidos fuera del mapa. Como resultado, más de 1.000 personas se quedaron sin hogar.
En mayo de 2025, Israel comenzó a demoler las 300 viviendas de la aldea no reconocida de a-Sar, donde vivían aproximadamente 3.000 personas. Según los informes, algunos residentes demolieron sus propias casas para evitar las multas que Israel impone por la demolición, y decenas de personas fueron desplazadas a un centro comunitario y una escuela que se han convertido, en la práctica, en campamentos improvisados para desplazados. Israel tiene previsto construir varias comunidades judías o ampliar las ya existentes sobre las ruinas de estas aldeas no reconocidas, cuyos habitantes han sido trasladados por la fuerza, y en terrenos pertenecientes a aldeas del Negev que están previstas para su demolición en el futuro.
- Destrucción social, política y cultural
Destrucción social, política y cultural en la Franja de Gaza
Propagar el desorden
Con el pretexto de su guerra contra el régimen de Hamás, Israel ha lanzado un ataque sin precedentes contra el orden civil y social de la Franja de Gaza. Todas las fuerzas del orden público de Gaza, incluidos los agentes de policía y los mandos, así como las unidades de defensa civil, han sido blanco sistemático de las fuerzas israelíes durante los meses de combate. Como resultado, y en medio de una grave escasez de productos básicos para la supervivencia, el ACNUDH declaró en julio de 2024 que «la anarquía se está extendiendo» por toda la Franja, lo que está provocando «la desintegración del tejido social en Gaza, enfrentando a las personas entre sí en una lucha por la supervivencia y desgarrando las comunidades».
A lo largo de la ofensiva, se han denunciado casos generalizados de justicia popular, así como violentos enfrentamientos por el territorio y los recursos. Además, el vacío de poder creado en Gaza ha sido llenado por bandas criminales armadas que operan en toda la Franja. Israel no solo ha permitido que estas bandas ganen poder, sino que también ha sugerido que podría confiarles la responsabilidad futura de mantener el orden público. Funcionarios israelíes han llegado a afirmar que Israel les ha proporcionado armas.
Como resultado de todo ello, mientras la mayoría de la población se ve obligada a compartir campamentos de desplazados cada vez más superpoblados, las relaciones comunitarias en Gaza se han ido deteriorando progresivamente. Los residentes denuncian violentos altercados entre familias hambrientas y agotadas por la ubicación de una tienda de campaña en un campamento, «el comportamiento salvaje de los niños» o «los celos que se desatan cuando alguien consigue hacerse con un paquete de comida».
Shadi al Kurd, residente del campo de refugiados de Yabalya y padre de cinco hijos, fue desplazado de su hogar y ahora vive con su familia en una tienda de campaña que instaló en el barrio de a-Rimal, en la ciudad de Gaza. Contó a B’Tselem la anarquía que reina en los centros de distribución de ayuda humanitaria:
[…] Hay bandas armadas que llegan en vehículos. Llegan a los camiones antes que nadie, empiezan a disparar al aire, asustan a la gente y se apoderan de grandes cantidades de sacos de harina. […] Es un caos total, la gente se pelea, todos intentan proteger sus paquetes para que no se los roben. […] Cuando consigo un saco de harina, lo llevo a pie durante al menos cinco kilómetros. Cuando me canso, me siento en algún sitio a descansar unos 10 minutos, sin soltar el cuchillo, por miedo a que alguno de los matones intente robarme el saco de harina. Eso le ha pasado a mucha gente al volver de los centros de distribución de ayuda […] La mayoría de las veces voy al centro de distribución con un amigo y, a veces, me llevo a mi hijo Ahmad para que me proteja mientras llevo el saco de harina al hombro.
Ataque contra la unidad familiar
El ataque israelí ha tenido un impacto devastador en la unidad familiar en la Franja de Gaza. Entre el inicio de la ofensiva y marzo de 2025, aproximadamente 14.000 mujeres de la Franja quedaron viudas y ahora son las únicas responsables de sus familias. Alrededor de 40.000 niños y niñas han perdido a uno o ambos padres, en lo que parece ser la mayor crisis de huérfanos de la historia moderna. Una encuesta de UNICEF de abril de 2024 reveló que el 41 % de las familias de Gaza están cuidando a niños que no son suyos.
Hanaa al Qreinawi, del campo de refugiados de al Bureij, describió cómo llegó a criar a su sobrino huérfano después de que sus padres fueran asesinados en un testimonio que prestó a B’Tselem. La hermana de Hanaat, Amani, se encontraba en las últimas etapas del embarazo cuando comenzó la ofensiva israelí, tras casi 16 años intentando concebir. Dio a luz a su hijo Ousamah, en diciembre de 2023 bajo un intenso bombardeo. Aproximadamente dos semanas después de su nacimiento, su marido murió en un ataque aéreo contra su casa en el campo de refugiados de Al Bureij. Unos seis meses más tarde, la propia Amani murió en un ataque aéreo contra la escuela de Deir al Balah donde trabajaba. Hanaa contó a B’Tselem:
[…] Perder a mi hermana es insoportable, pero acepto este destino que me ha tocado vivir. Ousamah tiene ahora nueve meses. Amani siempre me pidió que lo cuidara y lo protegiera, como si supiera de antemano que iba a morir. Siempre me decía: «Tú serás quien cuide de él, porque eres como yo». Él lo era todo para Amani, y después de que mataran a su padre, ella intentó compensarlo. […] Antes de que la mataran, mi hermana solía enseñarle a Ousamah una foto de su padre en su teléfono y le decía: «Mira, este es tu papá», para que lo reconociera. Ahora le enseño fotos de su madre y su padre en el móvil para que sepa quiénes eran, y por la mañana le digo: «Mira, aquí están tus padres. Diles buenos días». No sé qué hizo Ousamah para merecer crecer sin madre ni padre. No hay explicación para ello. Fueron asesinados a sangre fría y su hijo quedó huérfano. Estoy destrozada por él y por mi hermana y su marido, que esperaron 16 años para tener un hijo y, cuando por fin tuvieron a Ousamah, fueron asesinados y lo dejaron solo para siempre.
Durante los meses que duró la ofensiva, las familias desplazadas se vieron a menudo obligadas a abandonar a sus familiares ancianos o enfermos, incapaces de soportar las duras condiciones del desplazamiento. Muchas familias han permanecido separadas de sus seres queridos durante largos periodos de tiempo, y algunas desconocen su paradero. Según las autoridades sanitarias de Gaza, más de 11.000 residentes de la Franja siguen desaparecidos, y se presume que la mayoría han fallecido y han quedado sepultados bajo los escombros. Además, miles de hombres y niños fueron separados de sus familias y desaparecieron durante las detenciones llevadas a cabo por el ejército israelí a lo largo de la ofensiva. En la mayoría de los casos, sus familias no han tenido forma de averiguar qué les ha ocurrido, ni siquiera si están vivos o muertos, y mucho menos de ponerse en contacto con ellos.
Los testimonios recogidos por los investigadores de campo de B’Tselem a lo largo de la ofensiva indican que las familias de Gaza se están desmoronando bajo el peso de saber que no pueden proteger a sus hijos e hijas, ni satisfacer sus necesidades más básicas. Mujeres y hombres describieron la impotencia que sintieron al ver morir a sus hijos e hijas como consecuencia de los disparos, los ataques aéreos, los atropellos, el hambre, el frío o las enfermedades. En marzo de 2025, un médico estadounidense que trabajaba como voluntario en Gaza testificó la existencia de una zona habilitada en la sala de urgencias del Hospital Nasser de Jan Yunis, donde se coloca a los niños que no pueden salvarse, ya sea por su estado o por la sobrecarga de trabajo y los escasos recursos de los hospitales. Según el médico, los familiares de estos niños moribundos esperan a su lado hasta que fallecen.
Adnan al Qassas, de 36 años, de Bani Suheila, al este de Jan Yunis, habló sobre su recién nacida, Taisa, que murió congelada a los 23 días de vida cuando su familia vivía en una tienda de campaña en el campamento de desplazados internos de Al Mawasi:
[…] El viernes 20 de diciembre de 202, llovió mucho y hacía frío, con fuertes vientos. Durante la noche la tienda se inundó. Rana y yo mantuvimos a los niños cerca de nosotros. Me quedé despierto hasta las 4:00 a. m. para asegurarme de que la tienda no se hundiera en el agua, y luego me fui a dormir. Justo antes de quedarme dormido […] Nos despertamos a las 6:00 a. m. Cogí a Aishah en brazos y estaba como un bloque de hielo, fría, rígida y azul, con los ojos abiertos. La sostuve en mis brazos, completamente en estado de shock. No respiraba. Corrí con ella al centro de primeros auxilios de la Media Luna Roja, a 500 metros de distancia. Intentaron reanimarla pero no pudieron, así que nos llevaron a los dos en ambulancia al hospital Naser de Jan Yunis, donde intentaron reanimarla de nuevo, pero no pudieron. Dijeron que el frío le había dañado el corazón y el sistema circulatorio. Enterramos a Aisha inmediatamente.
Rana y yo estamos destrozados. La muerte de ‘Aishah, nuestra única hija entre cinco hijos, nos ha golpeado como un rayo. Rana tiene el corazón roto […] Temo por la vida de nuestros hijos que quedan en esta tienda, que no nos ofrece ninguna protección. Sobrevivimos gracias a la ayuda alimentaria y solo comemos comida enlatada y lentejas. No es suficiente y temo perder a otro hijo por el frío y el hambre. Ayer volvió a llover a cántaros y nuestra tienda se inundó. Me siento impotente. He perdido a mi bebé y no quiero perder a otro hijo.
La ofensiva israelí también impidió a los residentes celebrar los rituales funerarios. Debido a la magnitud de la mortandad, se convirtió en algo habitual cavar tumbas, incluidas fosas comunes, cerca de los hospitales y en espacios públicos. En abril de 2024, Euro-Med Human Rights Monitor publicó un mapa en el que se señalaban más de 120 fosas comunes en toda la Franja, situadas en patios de hogares y hospitales, cruces de carreteras, salones de banquetes, campos deportivos, escuelas y mezquitas. Las imágenes desgarradoras de restos humanos desmembrados o en descomposición abandonados en zonas públicas y de perros callejeros alimentándose de cadáveres sin enterrar fueron ampliamente difundidas en los medios de comunicación internacionales y en innumerables testimonios recopilados por el personal investigador de campo de B’Tselem.
En muchos casos, los soldados impidieron a las familias recuperar los cadáveres de sus seres queridos y darles sepultura. En otros, los soldados se grabaron profanando cadáveres palestinos, incluso aplastándolos con bulldózeres y tanques, una práctica también documentada durante las operaciones israelíes en el norte de Cisjordania. Se informó de que las fuerzas israelíes habían trasladado a Israel decenas de cadáveres palestinos y los habían devuelto en bolsas para cadáveres, tan descompuestos que ya no eran identificables. Las familias que buscaban los restos de sus seres queridos entre los escombros o en las calles se vieron obligadas a identificarlos por los dientes y los huesos, o por los restos de ropa y joyas que aún quedaban adheridos a los miembros amputados. Muchos de los cadáveres enterrados no tenían lápidas, y sus nombres estaban escritos a mano en sudarios blancos o en las bolsas para cadáveres. Las oraciones fúnebres se recitaban apresuradamente, si es que se recitaban, en los pasillos de los hospitales o fuera de los depósitos de cadáveres.
Todo esto, junto con el desplazamiento prolongado, la destrucción de mezquitas e iglesias y los daños causados a los cementerios, que dificultaron la celebración de oraciones, funerales y reuniones de duelo, socavó aún más la capacidad de las familias para superar sus pérdidas.
Azizah Qishtah, de 67 años, de Rafah, relató cómo ella y su marido Ibrahim, de 70 años y ciego, se quedaron solos después de que su familia fuera desplazada por los bombardeos israelíes, y cómo, tras la muerte de Ibrahim a causa de la metralla, tuvo que enterrarlo ella misma en una tumba improvisada:
[…] Cogí a mi marido y lo cargué a la espalda. Su cuerpo estaba flácido por la herida y pesaba mucho. No había nadie que me ayudara y tuve que cargarlo yo sola. Caminé un rato, descansé y luego continué […] De repente, noté que le temblaba mucho la mano izquierda. Le pregunté si quería que le diera un masaje, pero entonces vi que estaba muerto. Lo comprobé de nuevo: no me había equivocado. Había muerto allí mismo, en mis brazos. No había nadie alrededor. Miré a mi alrededor y vi un pequeño hoyo cerca de un olivo en el patio de mi tío. No tenía ningún paño para envolverlo. Cogí una cortina de la ventana y una bolsa de plástico, lo envolví yo sola y lo dejé caer lentamente en el hoyo. Me llevó dos horas, yo sola. Fue muy duro, pero Dios me dio fuerzas. Lo enterré yo misma. Coloqué unas láminas de hojalata y una tabla de madera sobre él y lo cubrí con tierra. Recité algunas oraciones y lloré. Lloré en silencio, con dolor. […] Me quedé así, sola en la casa, durante dos semanas después de la muerte de Ibrahim, hasta que el 24 de mayo de 2025, casi me quedé sin agua y sin comida. Ese día, oí disparos fuera. Salí y vi que la chapa con la que había cubierto la tumba de mi marido estaba acribillada y que su cabeza sobresalía del suelo. No pude soportarlo… Lo volví a meter en la fosa, la cubrí con nuevas láminas de hojalata y madera, y lo volví a enterrar. Ya no tenía miedo. Solo pensaba en el dolor, la pérdida, el sufrimiento.
Ataque contra la educación
En abril de 2025, aproximadamente el 90 % de todas las escuelas de Gaza habían sufrido daños debido a los bombardeos aéreos, los bombardeos con artillería e incluso los incendios provocados y la destrucción deliberada llevados a cabo por las fuerzas israelíes. Muchos de los edificios que quedaron en pie se convirtieron en refugios para desplazados internos, que a su vez se convirtieron en objetivos repetidos de los ataques. Como resultado, en junio de 2025, ninguno de los niños en edad escolar de Gaza, aproximadamente 658.000, había asistido a la escuela durante más de 18 meses.
Varias organizaciones advirtieron que esta devastación tendría consecuencias graves y duraderas para el desarrollo emocional, intelectual y social de los niños de Gaza, que se han visto privados de cualquier tipo de rutina, de las redes de apoyo que suelen proporcionar los educadores y de los espacios para interactuar, recrearse y jugar con sus compañeros. Los informes estiman además que estas privaciones tendrán un profundo impacto en la salud mental de los niños y aumentarán su vulnerabilidad al abandono, la violencia y los abusos.
Se prevé que la destrucción del sistema educativo de Gaza deje profundas huellas en la sociedad palestina durante generaciones. Los estudios indican que cuando los niños permanecen fuera de la escuela durante largos periodos de tiempo, no solo se detiene el aprendizaje, sino que también se produce un retroceso. Los expertos predicen que este dramático retroceso tendrá repercusiones a largo plazo en las perspectivas de empleo de los niños de Gaza y, por extensión, en el desarrollo humano y económico de la comunidad en su conjunto.
Interferencia en la cobertura de la prensa
Durante el actual asalto, Israel ha prohibido prácticamente a los periodistas entrar en la Franja de Gaza para informar sobre la situación. En las pocas ocasiones en que se ha permitido el acceso a periodistas extranjeros, solo se les ha permitido entrar en zonas restringidas, bajo la supervisión y escolta del personal militar israelí, y el material recopilado ha sido sometido a revisión y aprobación por parte de los censores militares israelíes.
Al mismo tiempo, Israel llevó a cabo una campaña contra la prensa local en Gaza. Según datos publicados por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), aproximadamente 160 periodistas fueron asesinados en Gaza entre octubre de 2023 y enero de 2025, la mayoría de ellos mientras estaban de servicio y llevaban chalecos identificativos claramente visibles. Esto convierte el ataque de Israel contra Gaza en el más mortífero para los periodistas documentado por el CPJ en las últimas tres décadas.
Numerosas investigaciones publicadas durante el transcurso del asalto revelaron que Israel atacó de forma deliberada y sistemática a periodistas, en algunos casos amenazándolos, deteniéndolos y encarcelándolos. Según el informe anual de 2024 publicado por Reporteros sin Fronteras (RSF), «Gaza se convirtió en la región más peligrosa del mundo para los periodistas, un lugar donde el periodismo mismo está amenazado de extinción».
Ataque contra el patrimonio histórico y religioso
En junio de 2024, Israel había destruido aproximadamente 206 yacimientos arqueológicos e históricos en la Franja de Gaza, incluidos mercados públicos y barrios antiguos, algunos con más de mil años de antigüedad. En varios casos, los informes indicaban que las fuerzas militares israelíes saquearon antigüedades de yacimientos arqueológicos y museos de toda la Franja.
También fueron destruidas bibliotecas, museos, archivos, teatros y otras instituciones culturales, incluido el archivo central de la ciudad de Gaza. Los registros históricos que allí se conservaban, algunos de ellos con 150 años de antigüedad, quedaron destruidos en un incendio. Una comisión de investigación de las Naciones Unidas determinó que era probable que el interior del edificio hubiera sido incendiado durante el periodo en que las fuerzas israelíes operaban en la zona.
Los ataques aéreos israelíes también causaron daños importantes en mezquitas e iglesias antiguas de la Franja de Gaza, en ocasiones mientras se celebraban servicios religiosos en su interior. En dos ataques investigados por la comisión de investigación de la ONU, murieron aproximadamente 200 fieles. Se informó de daños importantes en la mezquita más antigua de Gaza, al-Tumari, y en una iglesia ortodoxa griega del siglo V considerada una de las más antiguas del mundo. En un vídeo de agosto de 2024, se veía a soldados quemando ejemplares del Corán en una mezquita que habían asaltado.
Destrucción social, política y cultural en Cisjordania
Ataque contra la educación
En los últimos dos años, el derecho a la educación de los y las niñas y jóvenes de Cisjordania, incluida Jerusalén Este, ha sufrido graves perjuicios. En el norte de Cisjordania, casi 12.000 niños y niñas desplazados por los ataques militares israelíes se encuentran actualmente refugiados en centros para desplazados internos, la mayoría sin acceso a espacios ni recursos educativos. Las escuelas de toda Cisjordania han reducido la enseñanza presencial debido a las restricciones de movimiento y las dificultades económicas, lo que ha provocado que los alumnos pierdan hasta la mitad del año escolar 2024.
Los residentes dijeron a B’Tselem que, debido a la falta de equipos tecnológicos necesarios, muchos niños no pueden estudiar los días destinados a la enseñanza a distancia. En esos días, muchos padres se ven obligados a quedarse en casa para cuidar de sus hijos e hijas, lo que afecta aún más a sus medios de subsistencia. A esto se suma la violencia de los colonos y el ejército, que incluye ataques violentos y actos de vandalismo por parte de los colonos contra escuelas de la Zona C, lo que hace que muchos padres teman enviar a sus hijos e hijas a la escuela. Además, en abril de 2025, tras la aprobación de leyes contra la UNRWA, agentes de policía entraron en seis escuelas gestionadas por la UNRWA en Jerusalén Este durante el horario escolar y entregaron órdenes de cierre (para más información, véase «Ataque contra el estatuto de persona refugiada palestin» en este informe).
Ataque contra el patrimonio histórico y a los ritos religiosos
La amplia ofensiva que Israel está llevando a cabo contra la identidad y la cultura palestinas también incluye ataques contra la práctica religiosa y los lugares de culto en Cisjordania y Jerusalén Este. Durante los meses de Ramadán de 2024 y 2025, se impusieron restricciones colectivas sobre la entrada de palestinos procedentes de Israel y Jerusalén Este a la mezquita de Al Aqsa. En el Ramadán de 2024, se documentó que la policía israelí utilizó violencia extrema contra jóvenes palestinos que intentaban acceder a la mezquita para rezar. Los informes también describieron amenazas de las autoridades israelíes contra clérigos musulmanes, incluidas detenciones y prohibiciones de acceso al recinto. Mientras tanto, se permitió de manera rutinaria que figuras públicas judías entrasen en el recinto, rezar e incitar, a pesar de la propia prohibición de Israel de rezar en el recinto (excepto en el Muro Occidental).
La interferencia en los rituales funerarios y de duelo también es una parte habitual de la vida cotidiana con una presencia militar violenta. Durante años, las fuerzas israelíes en Cisjordania han impuesto restricciones que retrasan el traslado de los cadáveres para su entierro, limitan el número de participantes en los funerales y atacan a civiles durante los mismos. El ejército también ha sustraído los cadáveres de palestinos, a veces para utilizarlos como moneda de cambio. Desde octubre de 2023, B’Tselem ha investigado y documentado numerosos incidentes en los que soldados israelíes impidieron la retirada de cadáveres para su entierro, se incautaron de los cadáveres de palestinos, incluidos de niños y niñas, y negaron a las familias el acceso a los restos de sus seres queridos. Estos incidentes formaban a menudo parte de las frecuentes redadas militares en campos de refugiados y ciudades del norte de Cisjordania. Otros incidentes incluyen restricciones a la asistencia a los funerales e incluso disparos contra reuniones de condolencia. Según datos proporcionados a B’Tselem por el Centro de Asistencia Jurídica y Derechos Humanos de Jerusalén (JLAC), a mediados de julio de 2025, Israel retiene los cadáveres de 316 palestinos de la Franja de Gaza, Cisjordania, incluido Jerusalén Este, e Israel, entre ellos 28 menores.
Destrucción social, política y cultural dentro de Israel
Censura y silenciamiento
Durante los meses que duró el asalto israelí a Gaza, cualquier expresión de solidaridad con los residentes de Gaza o crítica a la política mortal de Israel fue calificada de traición y tuvo duras consecuencias o, en ocasiones, fue prohibida directamente. Por ejemplo, la policía impuso una prohibición general de las protestas y manifestaciones palestinas, tanto si se celebraban en oposición a las acciones de Israel en Gaza como si tenían objetivos no relacionados pero implicaban muestras de identidad palestina. Una ola de detenciones que comenzó en octubre de 2023 se extendió por todos los ámbitos de la vida pública. Personalidades culturales, educadores, académicas y activistas palestinas fueron detenidas e interrogadas en su mayoría por expresar su solidaridad con Gaza, exhibir símbolos palestinos o publicar contenidos religiosos, incluso en las redes sociales.
Bajo el liderazgo del ministro responsable de la policía, Itamar Ben Gvir, se han intensificado la violencia y la represión policial, incluso contra ciudadanos judíos israelíes que piden el fin de la guerra e incluso contra las familias de los rehenes israelíes retenidos en Gaza que abogan por un acuerdo para su liberación. En las instituciones de educación superior de Israel, la libertad de expresión y la seguridad personal de los profesores y estudiantes palestinos se han visto gravemente restringidas, ya que han sido objeto de acoso, suspensiones y despidos a una escala sin precedentes por expresar sus opiniones. También se han recrudecido los ataques contra la cultura palestina dentro de la Línea Verde, con la detención de figuras culturales palestinas y la prohibición del arte palestino, a menudo por orden directa del ministro de Cultura.
En el ámbito legislativo, las enmiendas propuestas a la Ley Anti-terrorista, que superaron su primera lectura en la Knesset durante 2024, pretendían consolidar el delito de incitación como herramienta del Gobierno israelí para silenciar las voces críticas. Un proyecto de ley que superó una lectura preliminar en octubre de 2024 tenía por objeto reducir, hasta su eliminación, la representación de los ciudadanos palestinos de Israel en la Knesset.
El proceso de destitución del diputado Ayman Odeh en junio de 2025 supuso una nueva escalada en la deslegitimación y el silenciamiento de la población palestina en Israel y de sus representantes. El intento de destitución se produjo en respuesta a las declaraciones de Odeh en apoyo de un acuerdo entre Israel y Hamás que incluía la liberación tanto de los rehenes israelíes como de los presos palestinos. Aunque el acuerdo había sido aprobado por el propio Gobierno, los diputados de la coalición y de la oposición aprovecharon el apoyo de Odeh a la liberación de los presos palestinos para presentarlo como simpatizante del terrorismo y justificar su destitución.
Delitos
Los intentos de fragmentar y debilitar la sociedad palestina dentro de Israel también incluyen el abandono sistemático y deliberado de las iniciativas para combatir el crimen organizado, que está erosionando la comunidad desde dentro. En una encuesta realizada en 2024 por el Instituto para la Democracia de Israel, alrededor de dos tercios de los palestinos encuestados manifestaron tener una baja sensación de seguridad personal. Esta precariedad ha creado un clima de miedo y sospecha mutua, lo que ha socavado gravemente la cohesión de la comunidad.
Abandonar a las y los ciudadanos palestinos de Israel a las bandas criminales es el resultado de una larga discriminación y negligencia por parte del Estado israelí. Desde que Itamar Ben Gvir asumió el cargo de ministro de Seguridad Nacional, esta negligencia se ha convertido en política oficial y se ha cobrado muchas vidas (para más información, véase «Asesinatos y severos daños físicos y mentales dentro de Israel» en este informe). Incluso antes de octubre de 2023, Ben Gvir suspendió una campaña destinada a combatir la delincuencia en las comunidades árabes y detuvo la financiación del plan nacional para hacer frente a la delincuencia y la violencia. Los informes también indican que, durante su mandato, se interrumpió la cooperación entre diversos departamentos gubernamentales en materia de prevención de la delincuencia en las comunidades árabes.
Estos acontecimientos se vieron agravados por el hecho de que los fondos público destinados al desarrollo de ciudades palestinas en Israel, diseñados, en parte, para ayudar a hacer frente a la crisis de la delincuencia, fueron de los primeros en ser cancelados o recortados para ayudar a financiar la ofensiva israelí contra Gaza después del 7 de octubre. Estos recortes fueron tres veces superiores a los recortes realizados en otras partidas presupuestarias del Gobierno.
Los niños y niñas y los y las jóvenes han sido uno de los grupos más afectados por esta negligencia. Según la Oficina Central contra la Violencia y la Delincuencia de la Sociedad Árabe, cientos de niños y niñas han quedado huérfanos en los últimos dos años como consecuencia de la violencia relacionada con la delincuencia. Se ha informado de que estos menores sufren altos índices de ansiedad, traumas y trastornos funcionales. Debido a la escasa disponibilidad de servicios para la sociedad árabe, tienen dificultades para recibir una atención psicosocial adecuada y corren un mayor riesgo de involucrarse en actividades delictivas.
Además, el informe de 2024 de la Sociedad Árabe describía cómo todos los y las niñas y adolescentes de las comunidades árabes-palestinas están ahora más expuestos a la actividad delictiva en su entorno inmediato. En otra publicación, se señalaba que los delincuentes ejercen una importante presión sobre los jóvenes para reclutarlos. Los padres manifestaban su temor a dejar a sus hijos e hijas en la calle, incluso durante el día, y los y las niñas decían que tenían miedo de ir al colegio, un espacio que se ha visto profundamente afectado por la realidad omnipresente de la delincuencia.
- El sistema penitenciario como red de campos de tortura
Durante décadas, Israel ha encarcelado a cientos de miles de palestinos y palestinas, entre ellos muchos miembros de la comunidad y líderes políticos de diversas regiones. El proyecto de encarcelamiento fue diseñado para disuadir cualquier participación política y enviar un mensaje claro a los activistas de que cualquier intento de resistir la opresión israelí puede ser castigado con el encarcelamiento sin juicio, la represión violenta e incluso torturas severas.
La transformación del sistema penitenciario israelí en un mecanismo destinado, en gran medida, al abuso sistemático de los detenidos palestinos comenzó antes del 7 de octubre, a raíz de las políticas racistas y violentas del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien se jactó abiertamente de empeorar las condiciones de los presos palestinos. La escalada de la deshumanización de los palestinos en el discurso público israelí desde octubre de 2023, junto con la complicidad del sistema judicial, que se supone que debe salvaguardar los derechos de los detenidos, ha permitido la plena aplicación de las políticas del ministro.
Al amparo del asalto a Gaza, las prisiones israelíes se han convertido en espacios donde la violencia estatal alcanza su máxima expresión y brutalidad. Desde octubre de 2023, miles de palestinos de Gaza, Cisjordania y el interior de Israel han sido detenidos y recluidos en prisiones israelíes, sumándose a los miles que ya se encontraban encarcelados. Mientras tanto, el sistema penitenciario israelí ha experimentado un cambio fundamental, convirtiendo de facto sus prisiones y centros de detención en una red de campos de tortura para los detenidos palestinos. La violencia habitual, grave y arbitraria; los abusos sexuales; la humillación y la degradación; el hambre deliberada; las condiciones insalubres forzadas; la privación del sueño; y la denegación de tratamiento médico se han convertido en prácticas sistémicas e institucionalizadas. Como resultado, más de 73 presos han muerto bajo custodia israelí hasta la fecha, incluidos menores. Según las cifras de que dispone B’Tselem, unos 48 eran residentes de la Franja de Gaza, 22 eran de Cisjordania y Jerusalén Este, y tres eran ciudadanos de Israel.
Esta transformación no solo ha afectado al Servicio Penitenciario de Israel, que depende de la autoridad de Ben Gvirt, sino también a los centros de detención militares establecidos al inicio de la guerra para las personas detenidas durante el asalto a Gaza. Los detenidos en estas instalaciones, la mayoría de los cuales fueron arrestados arbitrariamente sin el debido proceso, incluidos muchos que estaban heridos y necesitaban atención médica urgente, fueron sometidos a condiciones inhumanas sin apenas supervisión.
«Vi llegar al centro a personas heridas procedentes de la Franja de Gaza, que luego pasaron semanas sin comer y sin recibir atención médica», declaró un soldado israelí que prestó servicio en el campo de tortura de Sde Teiman. «Los vi orinarse y defecarse encima porque no les dejaban usar el baño. Todavía puedo olerlo. Muchos de ellos ni siquiera eran miembros de la Nujba (la fuerza de comando de Hamás que lideró el ataque del 7 de octubre), sino simples civiles palestinos de Gaza detenidos para ser investigados y, tras sufrir brutales abusos, liberados cuando se descubrió que eran inocentes. No es de extrañar que muriera gente allí. Lo sorprendente es que alguien sobreviviera».
Durante el asalto israelí, varios informes de investigación revelaron graves abusos cometidos por soldados israelíes contra los detenidos en estos campos de detención militar. Uno de los casos más espantosos fue la violación de un detenido esposado por varios soldados. A pesar de la gravedad de estos actos, los soldados sospechosos de haber cometido la agresión recibieron un amplio apoyo público, incluso de miembros del Knesset.
En octubre de 2024, Adham Abu Naser, un hombre de 33 años y padre de tres hijos, fue detenido en un puesto de control militar en Yabalya, mientras él y su familia buscaban refugio, tras haber sido desplazados por quinta vez:
[…] Los soldados me llamaron y me ordenaron que me desnudara delante de mi mujer y mis hijos. Fue un momento profundamente humillante. Mi hija Ahlam corrió hacia mí mientras me desnudaba y se aferró a mí. Un soldado me dijo que llamara a mi mujer para que se la llevara o nos arrestarían a los dos. Mi esposa vino y se llevó a Ahlam, que lloraba: «¡Quiero a mi papá! ¡Quiero a mi papá!». Todos a nuestro alrededor estaban llorando. […] [En una habitación del puesto de control de Yabalya] los soldados nos atacaron a todos con porras. Gritaba de dolor por los golpes y las esposas apretadas. Cada vez que levantaba las manos para protegerme, las bridas me cortaban aún más. Nos echaron agua fría, nos insultaron y nos llamaron de todo: «Maricón, nujba, mierda, escoria… te mandaremos al infierno».
Durante semanas, Abu Naser fue gravemente maltratado por soldados, incluso mientras estaba recluido en el centro de detención de Sde Teiman, donde fue interrogado repetidamente sobre la ubicación de los rehenes israelíes:
[…] El primer día [en Sde Teiman], me sorprendió descubrir que tenían una unidad llamada Qam’ah [«represión»]. Venían y lanzaban botes de gas lacrimógeno dentro de la tienda. Algunos detenidos perdieron el conocimiento, otros sangraban por la nariz y la boca por respirar el gas. […] Las unidades de «represión» venían más de una vez al día. Los soldados de ocupación irrumpían en la tienda y empezaban a golpearnos con porras por todo el cuerpo. Luego nos registraban uno por uno, nos tiraban al suelo, nos pisoteaban con sus botas militares y nos golpeaban con los cascos.
La experiencia del encarcelamiento deja profundas secuelas físicas y psicológicas en los detenidos y detenidas palestinas, incluso después de su liberación. Muchos han denunciado sufrir angustia física y mental como consecuencia de los abusos que padecieron durante su detención, y describen cómo estos trastornaron sus vidas, interrumpiendo los estudios de los y las detenidas más jóvenes y perjudicando la vida laboral y familiar de los adultos.
El ciclo de sufrimiento y su impacto psicológico se extienden más allá de los propios presos y presas. Los familiares, que a menudo no podían ponerse en contacto ni saber nada del destino de sus seres queridos durante los largos meses de encarcelamiento, también pagaron un alto precio. Muchos niños y niñas quedaron sin madre o sin padre. Mujeres y hombres se vieron obligados a criar a sus hijos solos. Se separó a los niños de sus padres. Las familias tuvieron que gastar sus ahorros y endeudarse para cubrir los gastos legales, mientras que los adolescentes perdieron a amigos cercanos de forma repentina y sin explicación.
- Ataque contra el estatuto de persona refugiada palestina
Durante muchas décadas de desplazamiento y vida en campos de refugiados desde la Nakba de 1948, el estatuto de persona refugiada palestina se ha convertido en un ethos fundacional de la sociedad palestina y en un elemento central que aglutina su identidad colectiva en las zonas bajo control israelí y más allá de ellas. Desde su creación, Israel ha invertido importantes esfuerzos en negar la condición de personas refugiadas a los y las palestinas y en rechazar los derechos y protecciones que el derecho internacional otorga a las poblaciones refugiadas, entre los que destaca el derecho al retorno.
Este contexto añade otra capa a la comprensión del profundo significado del mortífero asalto a la Franja de Gaza, donde aproximadamente dos tercios de la población y sus descendientes son personas refugiadas de la Nakba, así como la destrucción de los campos de refugiados en el norte de Cisjordania. El intento de atacar lo que Israel describe como «nidos de avispas» y percibe como núcleos de amenaza para el Estado es, en la práctica, un amplio ataque contra las instituciones que preservan la condición de persona refugiada como elemento central de la identidad y la cultura palestinas.
El ejemplo más evidente del ataque de Israel contra los refugiados palestinos y su condición de refugiados es el esfuerzo sostenido por perturbar las operaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA). La agencia, establecida por una resolución de la ONU en 1950, fue creada para proporcionar ayuda, educación, atención sanitaria, formación profesional y otros servicios, y durante décadas ha sido el principal organismo de apoyo a los refugiados palestinos. Antes de la agresión israelí, la agencia gestionaba 284 escuelas en la Franja de Gaza, a las que asistían alrededor de 290.000 alumnos, y 96 escuelas en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, a las que asistían aproximadamente 46.000 alumnos. La UNRWA también gestionaba 22 clínicas médicas en la Franja de Gaza y 44 centros de salud en Cisjordania, incluido un hospital. En total, la agencia prestaba servicios a alrededor de 1,7 millones de personas en la Franja de Gaza (aproximadamente el 80 % de la población) y a unas 900.000 personas en Cisjordania. También empleaba a unos 30.000 miembros del personal en ambas zonas.
Como parte de su determinación, Israel también ha atacado las operaciones de la UNRWA, que ha proporcionado estatuo oficial y apoyo institucional a las y los refugiados palestinos desde 1950. Apelando a supuestos vínculos entre el personal de la agencia y Hamás, el Gobierno israelí ha emprendido una feroz campaña contra la Agencia desde octubre de 2023, que culminó con la aprobación de una ley en enero de 2025 que prohíbe sus operaciones en territorio israelí.
Desde el inicio del ataque israelí contra la Franja de Gaza, las escuelas de la UNRWA en la Franja han servido de refugio a cientos de miles de personas palestinas desplazadas internas, mientras que las clínicas de la agencia han prestado atención médica inicial a innumerables heridos, contribuyendo a aliviar la inmensa carga que soporta el colapsado sistema sanitario. El personal de la UNRWA también ha desempeñado un papel fundamental en la facilitación y distribución de la ayuda humanitaria, el suministro de agua potable a la población asediada y la prestación de apoyo psicosocial a cientos de miles de personas residentes de Gaza, entre otras cosas.
El Gobierno israelí aprovechó el momento para lanzar un feroz ataque contra las operaciones de la UNRWA, justificándolo con acusaciones de colaboración entre la agencia y Hamás durante el ataque del 7 de octubre. El director de la agencia negó cualquier colaboración y calificó cualquier vínculo con Hamás como «mínimo y técnico, derivado del hecho de que la organización controla Gaza». Nueve empleados de la UNRWA (de una plantilla de aproximadamente 30.000 personas) fueron despedidos tras una investigación de la ONU que concluyó que podrían haber participado en el ataque del 7 de octubre.
Se prevé que el ataque contra la UNRWA tenga un impacto devastador en muchos aspectos de la vida palestina, y aún es demasiado pronto para evaluar todas sus consecuencias humanitarias. Sin embargo, más allá del daño práctico causado a las operaciones de la agencia y al apoyo material que presta a los refugiados palestinos, también es importante reconocer el daño causado a la visibilidad y la representación de los refugiados palestinos ante los ojos de la comunidad internacional y, en términos más generales, a la condición de refugiado en sí misma, un componente fundamental de la identidad colectiva palestina.
- Incitación al genocidio y deshumanización desde octubre de 2023
La deshumanización y la incitación son componentes inherentes al giro de un régimen hacia la comisión de genocidio. Son herramientas clave en el proceso mediante el cual las víctimas quedan excluidas de lo que la socióloga Helen Fein denominó el «universo de obligación» de los perpetradores. En todos los casos conocidos de genocidio moderno, los regímenes perpetradores emplearon sistemáticamente ambos mecanismos para generar la motivación para la acción violenta y para proporcionarle una justificación moral, social y política.
La deshumanización es el proceso por el cual se despoja e sus características humanas a los miembros del grupo víctima, se les retrata como inherentemente inmorales o peligrosos y se les considera responsables colectivos de todos los actos negativos cometidos por individuos u organizaciones específicos dentro de su grupo. De este modo, las víctimas pasan a ser consideradas personas a las que no se aplican las normas morales, o personas que «se han buscado su propio sufrimiento». Esta percepción permite a una sociedad infligirles violencia sin alterar su propia imagen de moralidad.
La deshumanización suele coincidir con la incitación, que tiene por objeto movilizar al público para que cometa o consienta pasivamente la violencia contra un grupo determinado. La incitación a menudo se lleva a cabo mediante la difusión de información falsa, la distorsión de los hechos o la manipulación emocional, como la propagación del miedo.
En términos de derecho internacional, «la incitación directa y pública a cometer genocidio» constituye un delito en sí mismo en virtud de la Convención sobre el Genocidio (1948, artículo 3, letra c)). El derecho penal israelí también aborda esta cuestión, incluyendo la prohibición de «la publicación con intención de incitar al racismo» (artículo 144B(a) de la Ley Penal) y la prohibición de «la incitación a la violencia o al terrorismo contra un grupo o parte de un grupo» (artículo 144D2(a) de la Ley Penal), así como el artículo 3(2) de la Ley sobre el delito de genocidio (Prevención y Castigo) Ley 5710-1950.
En Israel, el proceso de deshumanización de los palestinos, en particular los de la Franja de Gaza, y su calificación como «amenaza para la seguridad», se remonta a décadas atrás y se ha visto favorecido por el mantenimiento de una separación casi total entre las comunidades judía y palestina en todas las zonas bajo control israelí. En este contexto, el ataque del 7 de octubre y el efecto que tuvo en los israelíes crearon un terreno fértil para la intensificación de un discurso que niega la humanidad de los palestinos en Gaza, al tiempo que descarta e ignora cualquier obligación moral o legal hacia ellos.
Desde octubre de 2023, ha sido el liderazgo político israelí el que ha liderado el proceso de deshumanización e incitación al genocidio. Una lista parcial de declaraciones genocidas de altos funcionarios israelíes, periodistas y otras figuras públicas aparece en decenas de páginas en la presentación de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) e ilustra el horrible alcance de este fenómeno. Los máximos responsables de la toma de decisiones en Israel han participado en el discurso que despoja a los palestinos de su humanidad y los presenta como «animales» que no deben ser tratados como seres humanos.
Por ejemplo, el 9 de octubre de 2023, el ministro de Defensa Yoav Gallant declaró: «Un asedio total de la ciudad de Gaza. Sin electricidad, sin comida, sin agua, sin combustible. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia».
Cuando Israel lanzó su invasión terrestre de la Franja de Gaza, el primer ministro Benjamin Netanyahu se dirigió a los soldados israelíes utilizando la frase «Recordad lo que Amalek os hizo», en referencia a la historia bíblica en la que Dios ordena a los israelitas aniquilar al pueblo amalecita. En el contexto cultural israelí, esta declaración se entiende claramente como un llamamiento a la destrucción total de los palestinos.
El general de división Ghassan Alian, jefe de la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT por sus siglas en inglés), se dirigió a los residentes de la Franja de Gaza en árabe: «Los animales humanos deben ser tratados como tales. […] Queríais el infierno, tendréis el infierno».
Esta retórica no se limita a los políticos y figuras públicas afiliadas a la derecha israelí. A lo largo de los meses que duró la ofensiva, muchas figuras públicas del centro y del centroizquierda también participaron en la incitación. Benny Gantz [ex minsitro de Defensa] expresó su apoyo a la expulsión de los residentes de Gaza, y otros se hicieron eco de la idea de que «no hay civiles no implicados en la Franja de Gaza», al tiempo que pedían un endurecimiento del bloqueo y restricciones a la ayuda humanitaria.
Los medios de comunicación israelíes desempeñaron un papel importante en el proceso de deshumanización, en parte al presentar a toda la población de la Franja de Gaza como cómplice de las atrocidades cometidas contra civiles israelíes el 7 de octubre, o como partidaria de ellas. Durante muchas semanas y meses después del 7 de octubre, se mostraron repetidamente a los israelíes imágenes de civiles gazatíes participando en el ataque y en el secuestro de civiles israelíes, o expresando su apoyo a Hamás. Los medios de comunicación israelíes publicaron con frecuencia encuestas que indicaban un alto nivel de apoyo de la opinión pública palestina al ataque de Hamás del 7 de octubre, a menudo sin señalar que la inmensa mayoría de los palestinos no había tenido acceso a documentación visual de las atrocidades cometidas durante el ataque o no creía que Hamás las hubiera cometido realmente.
Todo ello contribuyó a intensificar la imagen de los palestinos de Gaza como bárbaros, «animales humanos», sanguinarios y «nazis», un proceso que se fue afianzando hasta convertirse en una postura normativa y generalizada en el discurso político, mediático y público israelí.
La deshumanización y la estigmatización de toda la población de Gaza como responsable o cómplice de los crímenes cometidos el 7 de octubre proporcionaron una justificación moral y una legitimidad social para atentar contra la vida de civiles en la Franja de Gaza. En los principales medios de comunicación, la cultura popular y las conversaciones cotidianas se impuso la idea de que casi cualquier forma de daño contra los habitantes de Gaza era aceptable como parte del esfuerzo por derrotar a Hamás y garantizar la liberación de los rehenes israelíes. Las encuestas publicadas a lo largo de los meses en que se ha mantendio el asalto ilustraron la plena normalización de esta opinión en la sociedad israelí. Por ejemplo, las encuestas revelaron que la mayoría de la población israelí estaba de acuerdo con la afirmación de que «no hay inocentes en Gaza», se opuso al traslado de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y apoyó la idea de trasladar por la fuerza a sus residentes.
Además, la retórica genocida y los llamamientos al asesinato en masa, al desplazamiento y a la limpieza étnica se han expresado y siguen expresándose a diario en todos los medios de comunicación israelíes. A la cabeza se encuentra el Canal 14, junto con periodistas populares como Amit Segal, que pidió «borrar la memoria de Amalek», o Almog Boker, que declaró que «no hay [personas] ajenas a lo que ocurre en Gaza».
Con la excepción de Haaretz, ningún medio de comunicación israelí importante informó regularmente sobre la magnitud de las muertes de civiles en la Franja de Gaza. Cuando se mencionaban las cifras de muertos, solían estar basadas en la información proporcionada por el ejército israelí, que clasifica sistemáticamente a la mayoría de las víctimas palestinas como «terroristas». Por ejemplo, el 18 de marzo de 2025, el día en que Israel rompió el acuerdo de alto el fuego con Hamás y mató a 404 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, Channel 12 News informó: «Alrededor de 400 militantes muertos».
En muchos aspectos, los medios de comunicación israelíes contribuyeron a la ceguera del público israelí ante los crímenes que se estaban cometiendo en la Franja de Gaza. A lo largo de los meses que duró el asalto, solo se informó de una pequeña parte de sus terribles consecuencias, y apenas se cubrió la violencia contra los palestinos en otras zonas. En lugar de informar sobre lo que estaba ocurriendo sobre el terreno, los medios de comunicación israelíes, a menudo sin ningún atisbo de crítica, amplificaron la propaganda del Gobierno y del ejército sobre la supuesta moralidad y legalidad de los combates, y el supuesto bajo índice de víctimas civiles en comparación con otros conflictos armados. Estas afirmaciones han sido desmentidas repetidamente por expertos internacionales, instituciones de las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos.
Del mismo modo, los medios de comunicación han negado de forma destacada las informaciones y testimonios sobre la propagación del hambre en Gaza y la responsabilidad de Israel al respecto. Una afirmación habitual en el discurso público es que Israel ha permitido la entrada de ayuda humanitaria suficiente en Gaza y que cualquier escasez es únicamente consecuencia del robo sistemático de la ayuda por parte de Hamás. Esta afirmación también ha sido refutada a lo largo del asalto, incluso por el jefe de la OCHA. En un escalofriante bucle de retroalimentación, gran parte de la opinión pública judía israelí expresó su deseo de evitar ver o escuchar noticias sobre los daños causados a los palestinos, y los medios de comunicación respondieron en consecuencia, reforzando las justificaciones para tal evasión. Por ejemplo, una encuesta realizada por el Chord Center reveló que el 64 % de la opinión pública israelí consideraba que la cobertura mediática de la situación de los civiles en Gaza era adecuada y que no era necesario informar más al respecto.
Las pruebas de cómo la deshumanización y la incitación han moldeado de manera tangible la conducta militar pueden encontrarse en las palabras de numerosos comandantes, incluidos los de más alto rango, y en las declaraciones de los soldados sobre el terreno. El general de brigada Yehuda Vach, comandante de la División 252 que opera en el Corredor de Netzarim, convirtió la idea de que «no hay inocentes en Gaza» en una doctrina operativa. Bajo su mando, el corredor fue designado como una vasta zona de muerte, y cualquiera que lo cruzara, incluidos los niños, era disparado. Los civiles muertos en esta zona eran sistemáticamente clasificados como «terroristas». El general de brigada Dado Bar Kalifa, comandante de la División 36, escribió en una carta a sus tropas a finales de octubre de 2023: «La naturaleza bárbara y asesina del enemigo ha quedado al descubierto ante todos, en Israel y en todo el mundo. Se ha revelado su verdadero rostro. […] Aplastaremos todos los lugares malditos de donde proviene. Lo aniquilaremos y borraremos su memoria. Lo perseguiremos en sus hogares, en las calles y en los túneles, y no volveremos hasta haberlo destruido».
Las redes sociales se inundaron de declaraciones genocidas, tal y como se documenta en la presentación sudafricana ante la Corte Internacional de Justicia y en publicaciones de periodistas y diversas organizaciones. Circularon innumerables vídeos en los que se veía a soldados israelíes documentando con orgullo la destrucción que infligían a Gaza o humillando a sus habitantes de diversas formas.
Aunque las campañas de deshumanización e incitación se dirigen principalmente contra los y las residentes de la Franja de Gaza, los y las palestinas de Cisjordania y del interior de Israel también han sido frecuentemente retratados en el discurso público y por los responsables políticos como una población enemiga sedienta de sangre. En las primeras semanas tras el 7 de octubre, los funcionarios públicos dejaron claro que la guerra que Israel estaba librando no se limitaba a la Franja de Gaza, sino que estaba dirigida contra todos los palestinos que vivían bajo el dominio israelí. A finales de noviembre de 2023, en respuesta a una encuesta que indicaba el apoyo de los palestinos de Cisjordania al ataque de Hamás, el ministro Bezalel Smotrich declaró: «Hay dos millones de nazis en Cisjordania», y añadió posteriormente que «Funduq, Nablus y Yenin deben parecerse a Yabalya». El ministro de Defensa, Israel Katz, dejó claro igualmente que Israel actuaría si fuera necesario en Cisjordania como lo estaba haciendo en la Franja de Gaza. En una encuesta realizada entre israelíes, el 82 % de los encuestados se mostró a favor del traslado forzoso de los residentes de Gaza, y el 56 % apoyó también el traslado forzoso de los ciudadanos palestinos de Israel.
La misma incitación salvaje se ha dirigido también contra los miles de palestinos recluidos en centros de detención israelíes desde octubre de 2023, la gran mayoría sin cargos ni juicio. Estos detenidos, incluidos los arrestados en redadas masivas en Gaza, sin sospechas concretas, han sido reiteradamente descritos en el discurso público israelí como miembros de Nujba. Como reflejo tanto del sentimiento público predominante como de las políticas racistas y violentas del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, cuya oficina también es responsable del sistema penitenciario israelí, estos detenidos han sido considerados, y siguen siendo tratados, como «escoria» que no merece condiciones básicas.
La magnitud de los crímenes cometidos durante los últimos 20 meses por el régimen israelí contra los palestinos en la Franja de Gaza ha sido posible, en parte, gracias a la profunda distorsión moral y cognitiva que se ha arraigado en la sociedad israelí. La privación sistemática de la humanidad de los palestinos —ya sean residentes de Gaza, habitantes de Cisjordania, prisioneros palestinos o ciudadanos palestinos de Israel— ha dado lugar a una realidad en la que el genocidio y la destrucción de la sociedad palestina se presentan no solo como legítimos, sino como un imperativo moral y de seguridad.
- EL GENOCIDIO COMO PROCESO
El genocidio suele ser el resultado de un desarrollo gradual, a veces a lo largo de muchos años, de condiciones que sientan las bases para que un régimen represivo y discriminatorio se convierta en genocida: actuar con la intención deliberada de destruir un grupo distinto. Este proceso suele avanzar en etapas que incluyen la privación de derechos al grupo objetivo, la deshumanización que presenta al grupo como una amenaza que debe ser eliminada, la normalización de la violencia contra el grupo en el discurso público, político y jurídico, y el uso de la violencia física directa. Sin embargo, estas condiciones pueden persistir durante muchos años sin culminar en atrocidades masivas, incluido el genocidio. Más a menudo, es un acontecimiento desencadenante o una serie de acontecimientos, lo que impulsa al régimen a transformar su violencia contra el grupo en una política de destrucción sistemática y a gran escala. Uno de estos catalizadores puede ser un ataque violento que genere o refuerce una sensación de amenaza existencial en el grupo que se convertirá en el perpetrador. En muchos casos, la política de destrucción y aniquilación se presenta como necesaria para mantener o restablecer la seguridad del grupo perpetrador.
Esta sección examina los procesos políticos y sociales a largo plazo que generaron las condiciones previas para el genocidio israelí en la Franja de Gaza; los acontecimientos del 7 de octubre de 2023 como catalizador que transformó profundamente la sociedad y la formulación de políticas israelíes; y el clima público y político en Israel que impulsó la implementación del genocidio. Es importante señalar que las condiciones y circunstancias descritas en esta sección existen en otras zonas donde los palestinos viven bajo control israelí, lo que hace muy real el peligro de que el régimen derive en la comisión de genocidio más allá de Gaza.
- Fundamentos del régimen (1948-2023)
A lo largo de su existencia, el régimen israelí ha sentado las bases legales, sociales y políticas que la historia y los estudios reconocen como condiciones previas que permiten el genocidio (cuando se combinan con otras circunstancias que se analizan más adelante). Esta sección se centra en tres características del régimen israelí que sentaron las bases para un cambio hacia una política de destrucción de la sociedad palestina y de genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza: el régimen de apartheid, que incluye la separación, la ingeniería demográfica y la limpieza étnica; la deshumanización y la conceptualización de los palestinos como una amenaza existencial para los israelíes; y el uso sistémico e institucionalizado de la violencia contra los palestinos, llevado a cabo con impunidad de facto para los perpetradores.
El régimen de apartheid israelí: ingeniería demográfica, limpieza étnica y separación
Desde las primeras etapas de la creación del Estado de Israel, la relación entre judíos y palestinos se ha caracterizado por patrones coloniales, incluyendo asentamientos generalizados que implicaban desplazamientos y expropiaciones, ingeniería demográfica, limpieza étnica y la imposición de un régimen militar sobre los palestinos. Es importante señalar que las prácticas coloniales no contradicen las características nacionales del movimiento sionista, como la conexión histórica del pueblo judío con la Tierra de Israel, la presencia continua de comunidades judías en la región durante miles de años y la persecución antisemita y el genocidio de los judíos en Europa. La expresión «colonialismo de asentamiento» se refiere a un proyecto colonial en el que una población inmigrante organizada se establece en tierras ya habitadas por una población indígena y aspira a desplazarla y sustituirla. La presencia de los pueblos indígenas se percibe como un problema nacional y demográfico que debe resolverse, en ocasiones por medios violentos, especialmente cuando el grupo indígena se resiste al desalojo. En muchos casos, esto conduce a matanzas generalizadas y sistemáticas hasta el punto de la aniquilación total o parcial del grupo indígena. Dado que la lucha por la tierra tiende a resultar en la destrucción total del grupo indígena, muchos estudiosos creen que el colonialismo de asentamiento corre un riesgo especial de convertirse en genocida. Entre los casos conocidos de colonialismo de asentamiento se encuentran Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Namibia y Sudáfrica.
El régimen que se instauró tras la creación del Estado de Israel institucionalizó la supremacía judía y aplicó de manera sistemática patrones de control violento, discriminación y separación contra los y las palestinas. Esta conducta sistémica equivale al apartheid, un término que denota un régimen institucionalizado en el que se emplean leyes, estructuras y prácticas con el fin de mantener el dominio de un grupo sobre otro en todos los territorios bajo su control, presentando generalmente esta supremacía como un imperativo moral y existencial. Bajo el régimen de apartheid israelí, la violencia mortal infligida en la Franja de Gaza, el régimen militar violento impuesto a millones de civiles en Cisjordania y la discriminación institucionalizada contra los y las ciudadanas palestinas de Israel han llegado a ser considerados por muchos israelíes como algo natural o, como mínimo, inevitable.
Separación
A lo largo de los años, Israel ha establecido un sistema de separación legal y física entre los espacios judíos y palestinos, así como entre las comunidades palestinas en diversas zonas. Jerusalén Este ha sido anexionada a Israel y separada de Cisjordania; las comunidades palestinas de Cisjordania han quedado aisladas entre sí por las duras restricciones israelíes a la circulación entre ellas; y el cierre de la Franja de Gaza por todos los lados se ha vuelto más extremo. Con el ascenso al poder de Hamás en 2007, el aislamiento físico, económico y jurídico de Gaza se hizo casi total, debido principalmente al bloqueo impuesto por Israel.
El aislamiento de Gaza tiene sus raíces en la percepción israelí de la Franja como un espacio singularmente amenazador, en parte porque alrededor de dos tercios de su población son personas refugiadas expulsadas durante la Nakba de 1948 y sus descendientes. Los campos de refugiados palestinos, en Gaza y en otros lugares, son conocidos en la jerga israelí como «nidos de avispas», lugares de terrorismo y de resistencia palestina a la propia existencia de Israel. Desde los primeros días de la ocupación en 1967, Israel trató de desmantelar los campos de refugiados y perpetuar así el legado de expulsión, despojo y opresión de los palestinos en la Franja de Gaza. Esto quedó patente, por ejemplo, en los esfuerzos de Israel por despoblar Gaza en los años inmediatamente posteriores a su ocupación en 1967, y en las campañas de asesinatos y destrucción masiva concentradas en los campos de refugiados de Gaza durante la década de 1970, lideradas por Ariel Sharon. No es casualidad que el primer levantamiento palestino contra la ocupación israelí tuviera lugar en Gaza, con el estallido de la Primera Intifada en diciembre de 1987.
En las últimas décadas, y especialmente desde 2007, Gaza ha servido como «laboratorio» de Israel para poner a prueba prácticas militares y administrativas extremas, con niveles crecientes de violencia. Los ataques armados de Hamás y otras facciones palestinas en la Franja de Gaza, incluidos los ataques contra civiles israelíes, que continuaron tras la retirada de los asentamientos israelíes en 2005, sirvieron a los sucesivos gobiernos israelíes como justificación para imponer un bloqueo asfixiante sobre Gaza y afianzar aún más su aislamiento de Cisjordania. Gaza se ha convertido efectivamente en una enorme prisión, con sus habitantes perpetuamente al borde de una crisis humanitaria y sometidos a una violencia extrema, en gran parte fuera de la vista de la opinión pública israelí. Por ejemplo, en 2008, Israel calculó la ingesta calórica mínima que se podía permitir en Gaza sin provocar una catástrofe humanitaria. El daño generalizado infligido a la población civil en Gaza se ha normalizado a lo largo de los años, como reflejan las operaciones militares israelíes llevadas a cabo allí en 2008, 2012, 2014 y 2021, los disparos mortales contra manifestantes durante las protestas de la Gran Marcha del Retorno de 2018-2019 y la ausencia de cualquier tipo de responsabilidad pública o jurídica por estas acciones.
Ingeniería demográfica y limpieza étnica
El término «ingeniería demográfica» se refiere a la intervención estatal en los procesos demográficos, tanto sociales como espaciales. En el marco del apartheid, la ingeniería demográfica es fundamental para garantizar que el grupo gobernante sea mayoritario en las zonas elegidas. Los métodos de aplicación incluyen el traslado de población de una zona a otra, la dispersión de un grupo por diferentes regiones, las políticas discriminatorias de inmigración y ciudadanía, y la restricción de las zonas de residencia de determinados grupos.
La limpieza étnica es una forma extrema de ingeniería demográfica y consiste en la expulsión violenta de un grupo étnico, nacional, racial o religioso de un territorio específico. Sus objetivos pueden incluir la creación de una zona geográfica étnicamente homogénea, la eliminación de una población considerada una amenaza demográfica o para la seguridad, o la apropiación de tierras consideradas estratégicas, religiosas o de valor nacional. La limpieza étnica suele ir acompañada de la destrucción de las estructuras físicas pertenecientes al grupo objetivo.
Para establecer una mayoría judía y maximizar el control judío sobre la tierra, los gobiernos israelíes han empleado diversas herramientas de ingeniería espacial, entre ellas la limpieza étnica y leyes descaradamente discriminatorias en materia de ciudadanía, residencia e inmigración. Al igual que en el apartheid sudafricano, esto se ha llevado a cabo preservando una narrativa de «Estado democrático» entre el grupo dominante, garantizando que los miembros de ese grupo constituyan la mayoría entre los definidos como «ciudadanos» dentro del territorio definido como «Estado».
El objetivo del sionismo político era establecer la mayoría judía necesaria para fundar un Estado judío y encontrar una solución a largo plazo a la resistencia palestina al asentamiento judío y al proyecto nacional sionista. La limpieza étnica de los palestinos en los primeros años tras el establecimiento de Israel fue el resultado combinado de consideraciones de seguridad, destinadas a proteger el asentamiento judío, y planes de ingeniería demográfica. Implicó la expulsión de aproximadamente 750.000 palestinos y palestinas y la imposición de medidas para impedir su regreso; la apropiación de la mayor parte de sus tierras y propiedades; y la destrucción y borrado total de ciudades, pueblos y sitios culturales palestinos. En los primeros años de la creación del Estado se aprobaron leyes destinadas a consolidar los resultados de esta limpieza étnica, entre las que destacan la Ley de Propiedad de los Ausentes de 1950 y la Ley del Retorno, de 1950, que consagraron el principio discriminatorio fundamental de que los judíos de cualquier parte del mundo tienen derecho a emigrar a Israel, mientras que nunca se ha reconocido el derecho de los refugiados palestinos a regresar a su patria.
Diversas prácticas de ingeniería demográfica y limpieza étnica continuaron configurando la política israelí hacia los palestinos en el país durante las décadas siguientes y se aplicaron rápidamente a los palestinos en los territorios ocupados por Israel en junio de 1967. En ese momento, Israel trasladó por la fuerza a cientos de miles de personas de sus hogares y borró por completo algunas de las aldeas de las que fueron expulsadas, entre ellas las de la zona de Latrun, los campos de refugiados alrededor de Jericó, el barrio Mughrabi de Jerusalén y la Franja de Gaza. La gran mayoría de los residentes sirios de los Altos del Golán, aproximadamente 130.000 personas, también fueron trasladados por la fuerza. En una operación encubierta llevada a cabo en enero de 1972, Israel expulsó entre 6.000 y 20.000 palestinos y palestinas de sus tierras en la zona de Rafah, en la península del Sinaí, y demolió sus hogares. Durante la última década, la idea de organizar el espacio mediante la violencia se ha convertido en parte legítima del discurso público y político israelí, en parte debido a la visión de políticos como Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, que ahora desempeñan un papel central en el Gobierno.
Mecanismos de deshumanización y caracterización de los palestinos como una amenaza existencial
La deshumanización y la demonización, que legitiman la violencia extrema contra un grupo distinto, son una condición necesaria para la perpetración del genocidio.
Desde los primeros días de la colonización sionista, los palestinos fueron deshumanizados de diversas maneras para permitir la limpieza étnica, el despojo y el establecimiento de un régimen de supremacía judía. En la narrativa sionista-israelí dominante, el territorio definido bajo el Mandato Británico como Palestina fue descrito como un «páramo» e interiorizado en la psique de la opinión pública como «una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra». La identidad nacional palestina se negaba a menudo por completo o se describía como arraigada únicamente en la oposición al asentamiento judío. A los palestinos se les describía con frecuencia como migrantes recientes procedentes de países árabes vecinos. Hasta el día de hoy, sigue habiendo un debate público en Israel sobre si existe siquiera el «pueblo palestino».
Los estereotipos negativos y las generalizaciones racistas sobre los musulmanes, los árabes y los palestinos han sido durante mucho tiempo una característica del discurso público israelí. Las metáforas populares, como describir a Israel como «una villa en la selva» de Oriente Próximo, retratan a Israel como una isla de civilización y brillantez en una extensión por lo demás primitiva. La cultura palestina, y la cultura árabe-musulmana en general, se describen a menudo como glorificadoras de la muerte y enseñadoras del odio.
Mientras tanto, las tasas de natalidad palestinas y la presencia física en cualquier lugar entre el río Jordán y el mar Mediterráneo se describen comúnmente como una «amenaza demográfica», una «bomba de relojería» y una «amenaza existencial» en el discurso israelí entre de las fueras de seguridad, los principales medios de comunicación, los institutos de investigación más importantes y los políticos de todo el espectro político.
Otra forma central de deshumanización es presentar a todos los palestinos como inherentemente «bárbaros» o comprometidos con una ideología fanática e intransigente. La historia demuestra que presentar a todo un grupo étnico, nacional, religioso o racial como una grave amenaza para la seguridad o un peligro existencial, basándose normalmente en las acciones de individuos u organizaciones que lo integran, ha sido siempre una condición propicia para cometer atrocidades masivas, incluido el genocidio.
Los palestinos son percibidos por los israelíes como una amenaza permanente y existencial para su seguridad. El largo y sangriento conflicto entre el movimiento sionista y el Estado de Israel, por un lado, y el movimiento nacional palestino, por otro, ha incluido numerosos ataques de palestinos contra las fuerzas armadas israelíes, así como contra civiles, a lo largo de los años, causando la muerte de miles de personas. Este hecho, junto con las declaraciones y los documentos oficiales de los dirigentes palestinos que apoyaron o participaron en la resistencia armada, incluidos los ataques deliberados contra civiles, guía la descripción que hace el régimen de toda la población palestina como una amenaza constante para la seguridad del Estado y sus ciudadanos.
Desde finales de la década de 1980, cuando comenzó la Primera Intifada, el contacto directo entre civiles judíos israelíes y civiles palestinos de los territorios ocupados ha disminuido de forma constante, lo que ha hecho que el conocimiento personal entre ambas poblaciones sea cada vez más raro. La segunda intifada, que incluyó ataques contra civiles israelíes, exacerbó la sensación de amenaza que sentían muchos judíos israelíes. Dado que la Segunda Intifada estalló poco después de varios años de negociaciones que incluyeron concesiones sin precedentes, desde la perspectiva israelí, esto reforzó la percepción de que los palestinos no están interesados en una solución política sino en la destrucción del Estado de Israel.
La «desconexión» de la Franja de Gaza en 2005, seguida rápidamente por el ascenso al poder de Hamás y los continuos ataques contra Israel desde Gaza, consolidó aún más la opinión israelí de que «ceder» territorio a los palestinos da lugar al terrorismo.
Mientras tanto, las autoridades israelíes han tratado sistemáticamente cualquier intento palestino de resistencia no violenta, incluidos los esfuerzos diplomáticos, la defensa de los derechos humanos y los llamamientos al boicot, como actos de terrorismo o amenazas existenciales. En efecto, los palestinos no tienen ninguna vía para resistir la opresión a la que están sometidos sin ser tachados de «terroristas» por el Estado israelí.
Por ejemplo, la solicitud palestina de un dictamen consultivo de la CPI fue percibida en Israel como una amenaza estratégica. El movimiento BDS ha sido repetidamente retratado como un actor terrorista hostil. Las campañas de protesta no violenta en las aldeas de los bancos, incluida Jerusalén Este, han sido reprimidas violentamente, a menudo con resultados mortales. La designación por parte del ministro de Defensa Benny Gantz, en octubre de 2021, de seis organizaciones palestinas de derechos humanos como entidades terroristas, a pesar del rechazo generalizado de numerosos Estados, incluidos países europeos y Estados Unidos, expresa la misma lógica.
La percepción israelí de la presencia palestina como una amenaza constante alimenta una visión del mundo militarista y centrada en el poder, profundamente arraigada en el tejido cultural y la identidad israelíes. Esta perspectiva es ampliamente reconocida como un elemento definitorio de los regímenes basados en la supremacía étnica, incluido el apartheid sudafricano.
En Israel, el servicio militar obligatorio para los judíos está en vigor desde 1949, con tasas de alistamiento entre los hombres judíos oscilantes históricamente entre el 70 % y el 90 %. El ejército israelí no solo se percibe como una fuerza de defensa, sino también como un pilar de la cohesión social, y el servicio militar se considera un acto de principio moral que demuestra compromiso con la sociedad, el Estado y el régimen. El elevado estatus del ejército israelí y la caracterización del colectivo palestino como una amenaza para la seguridad, junto con años de deshumanización, han dado lugar con el tiempo a una jerarquía clara en la que las vidas de los soldados israelíes están por encima de las de los civiles palestinos.
Esta priorización es evidente en las políticas militares de larga data relativas a diversos escenarios de combate, como el uso de civiles como escudos humanos, las normas permisivas sobre el uso de la fuerza que exceden los límites del derecho internacional y los bombardeos generalizados e imprecisos de zonas civiles para proteger a los soldados sobre el terreno. Estas prácticas han sido especialmente destacadas en las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza durante las últimas dos décadas, pero también se aplican en otras zonas bajo control israelí.
La visión de los palestinos como una amenaza existencial permanente para Israel también debe entenderse a la luz del sentimiento de victimismo arraigado en la identidad, el discurso y el espíritu judío-israelí. A pesar de que Israel se ha convertido en una potencia militar regional; a pesar de una larga historia de expulsiones, despojos y la imposición de un régimen militar violento; y a pesar del enorme desequilibrio de poder entre ambas partes, la mayoría de los judíos israelíes siguen viéndose a sí mismos como las únicas víctimas, que no tienen más remedio que matar y morir para sobrevivir rodeados de enemigos que buscan constantemente su destrucción. Este victimismo tiene sus raíces en una historia de antisemitismo, persecución y pogromos contra el pueblo judío que culminó en el Holocausto. A lo largo de los años, el sistema israelí ha explotado esta historia para justificar, entre otras cosas, su control violento sobre los y las palestinas.
Cultura de la impunidad
Una cultura institucional, política, social y jurídica de impunidad, en la que los autores quedan protegidos de la responsabilidad por los delitos cometidos contra miembros de un grupo distinto, es un factor facilitador bien documentado de delitos extremos, incluido, en determinadas condiciones, el genocidio.
En la gran mayoría de los casos en los que los palestinos han sido víctimas de Israel a lo largo de los años, el Estado, sus responsables políticos, soldados, mandos, agentes de policía o civiles no se les ha exigido rendir cuentas. El apoyo que Israel ha recibido durante mucho tiempo de los países occidentales, en particular de los Estados Unidos, le ha otorgado una inmunidad de facto frente a los mecanismos políticos, jurídicos y económicos de que dispone la comunidad internacional para prevenir las violaciones del derecho internacional. Los miembros de las fuerzas armadas israelíes rara vez han sido juzgados por causar daños a palestinos, y lo mismo ocurre con los civiles israelíes, especialmente los colonos.
Por ejemplo, según la organización israelí de derechos humanos Yesh Din, en los cinco años anteriores a la guerra actual, el sistema militar israelí recibió 862 denuncias por delitos cometidos por soldados israelíes contra palestinos en Cisjordania (una cifra significativamente inferior al número real de incidentes). De ellas, solo 258 dieron lugar a investigaciones penales y solo 13 a acusaciones formales. De las 219 denuncias presentadas por el asesinato de palestinos, solo se abrió una investigación (según el seguimiento de B’Tselem, durante este mismo periodo, 950 palestinos fueron asesinados por las fuerzas israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y en la Franja de Gaza).
Una revisión más amplia de las investigaciones militares sobre denuncias de daños causados a palestinos por soldados desde el año 2000 revela que las investigaciones rara vez dan lugar a acusaciones y, con mayor infrecuencia aún, a condenas. De manera similar, aproximadamente el 94 % de los casos de violencia de colonos contra palestinos en Cisjordania abiertos por la policía israelí en las últimas dos décadas se cerraron sin acusaciones. De las investigaciones que se abrieron, solo el 3 % dio lugar a condenas totales o parciales.
Esta impunidad generalizada y sistémica fue especialmente evidente durante las operaciones militares israelíes contra Gaza en las últimas dos décadas, así como en las protestas de la Gran Marcha del Retorno en 2018. En la Operación Plomo Fundido (de diciembre de 2008 a enero de 2009), las fuerzas israelíes mataron a aproximadamente 1.391 palestinos. Al menos 759 de ellos no participaron en las hostilidades, entre ellos 344 menores. Más de 5.000 resultaron heridos. De los más de 400 incidentes examinados por la Fiscalía General Militar (MAGts), solo tres investigaciones dieron lugar a autos de procesamiento. La sentencia más severa se dictó en un caso relacionado con el robo de una tarjeta de crédito.
Durante la Operación Pilar Defensivo, llevada a cabo en noviembre de 2012, las fuerzas israelíes asesinaron a 167 palestinos. Al menos 87 de ellos no habían participado en hostilidades, entre ellos 32 menores. Una comisión militar interna examinó más de 80 incidentes de presuntas violaciones de la ley. De ellos, 65 se remitieron al Fiscal Militar General, quien determinó que ninguno justificaba una investigación penal.
En la Operación Margen Protector, en el verano de 2014, las fuerzas israelíes asesinaron a aproximadamente 2.200 palestinos, cientos de ellos en sus hogares, incluidos unos 526 menores. Alrededor del 63 % de los fallecidos no participaron en las hostilidades. Sin embargo, solo se abrieron unas pocas investigaciones, y hasta la fecha solo una ha dado lugar a una acusación, por saqueo.
Durante las protestas de la Gran Marcha del Retorno, celebradas entre marzo de 2018 y julio de 2019, las fuerzas israelíes asesinaron a 223 palestinos, 46 de ellos menores, con fuego real, balas de metal recubiertas de goma, botes de gas lacrimógeno y otros medios. Más de 13.000 palestinos resultaron heridos. De las investigaciones abiertas, solo una dio lugar a una acusación.
En la Operación Guardián de los Muros, llevada a cabo en mayo de 2021, se bombardearon cientos de lugares en toda la Franja de Gaza, entre ellos infraestructuras civiles, barrios, torres residenciales, escuelas y hospitales. Según cifras de B’Tselemt, 233 palestinos fueron asesinados en la operación, 137 de los cuales eran civiles que no participaban en las hostilidades, entre ellos 54 menores. Según datos de la ONU, más de 2.000 palestinos resultaron heridos. De los 84 incidentes remitidos al mecanismo de investigación de los hechos del ejército israelí, solo uno dio lugar a una investigación penal y a una acusación.
Cuando el sistema militar israelí actúa, si es que lo hace, se centra en incidentes aislados en los que se sospecha que soldados o mandos de rango relativamente bajo han incumplido órdenes. Rara vez se investiga a los mandos superiores, y el sistema carece de autoridad para examinar las órdenes en sí mismas o las políticas militares que las rigen. Las investigaciones suelen llevarse a cabo de forma negligente y se basan casi exclusivamente en los testimonios de los soldados, en lugar de en un examen independiente de las pruebas pertinentes. Estos testimonios se recogen con frecuencia mucho tiempo después del incidente, lo que permite a los sospechosos coordinar sus versiones y dificulta considerablemente la eficacia de la investigación. Se da sistemáticamente prioridad a los relatos de los soldados frente a los de los palestinos, cuyos testimonios a menudo ni siquiera se recogen. En esencia, el sistema militar encargado de hacer cumplir la ley sirve principalmente para encubrir las políticas militares ante la opinión pública israelí y la comunidad internacional y sus instituciones.
El Tribunal Supremo de Israel, por su parte, ofrece una fachada de supervisión jurídica sobre las medidas adoptadas por las autoridades estatales en relación con los y las palestinas. De hecho, durante años, el Tribunal ha sancionado la gran mayoría de estas medidas o se ha abstenido de intervenir, incluso cuando violaban claramente el derecho internacional. El prestigio del Tribunal, reforzado por su reputación internacional como institución independiente y liberal encargada de defender los derechos humanos, ha reforzado la impunidad de Israel en la escena internacional. Hasta el año pasado, esta percepción errónea contribuyó a proteger a los dirigentes israelíes de ser procesados ante la CPI, en parte debido al principio de complementariedad, según el cual la CPI no interviene cuando un país cuenta con mecanismos nacionales eficaces de investigación y enjuiciamiento.
Esta impunidad continuada dio a los responsables políticos israelíes motivos razonables para suponer que incluso una respuesta desmedida, desproporcionada e indiscriminada al ataque del 7 de octubre de 2023 contaría con el apoyo de los aliados occidentales, o al menos con su aprobación tácita, junto con declaraciones simbólicas sobre el daño causado a los palestinos. Del mismo modo, los mandos, soldados y fuerzas israelíes en general, así como los colonos de Cisjordania, podían dar por sentado que seguirían gozando de una inmunidad casi total por los daños causados a la población civil palestina.
- El ataque del 7 de octubre de 2023: un acontecimiento desencadenante
El 7 de octubre de 2023, Hamás y otras facciones armadas palestinas llevaron a cabo el ataque más mortífero jamás perpetrado contra civiles israelíes, en el que murieron un total de 1.218 personas en el sur de Israel o tras ser secuestradas y trasladadas a Gaza. De ellas, 882 eran civiles y miembros de equipos de respuesta a emergencias de la comunidad, entre ellos 280 mujeres y 40 niños. Un pequeño número de civiles murieron por disparos del ejército israelí durante los combates o mientras intentaban impedir su secuestro por palestinos armados. Decenas de miles de personas resultaron heridas y 252 fueron secuestradas, vivas o muertas, y trasladadas a Gaza. La gran mayoría de los rehenes secuestrados eran civiles israelíes, entre ellos mujeres, ancianos y niños, el más pequeño de los cuales era un bebé de nueve meses.
A mediados de julio de 2025, 205 rehenes han sido devueltos a Israel, 148 vivos y 57 muertos. Algunos rehenes fueron asesinados por sus captores o por bombardeos israelíes, y algunos siguen cautivos, en condiciones insoportables y sin acceso a atención médica esencial.
El ataque perpetrado por Hamás y otras facciones armadas palestinas incluyó graves actos de violencia, entre ellos violencia sexual, algunos de los cuales terminaron en muerte. El deber de evitar en la medida de lo posible causar daños a la población civil y la prohibición absoluta de tomar rehenes civiles son principios fundamentales del derecho internacional humanitario y imperativos morales vinculantes. Estos actos constituyen crímenes de guerra y probablemente también crímenes contra la humanidad. B’Tselem condena enérgicamente estos crímenes.
El ataque genocida contra los residentes de Gaza y contra todos los palestinos como colectivo no puede entenderse sin reconocer el impacto que tuvo el atentado del 7 de octubre en la sociedad israelí. La conmoción, el miedo y la humillación que provocó el atentado, así como la agitación social que desencadenó, sirvieron de motor para un cambio en la política del Gobierno hacia los palestinos, pasando de la opresión y el control a la destrucción y la aniquilación.
Muchos israelíes percibieron el ataque del 7 de octubre como un acontecimiento que se produjo fuera del tiempo y del espacio, desprovisto de contexto o antecedentes. En el discurso dominante local, las referencias al contexto más amplio, es decir, los años de control violento, ocupación y bloqueo de la Franja de Gaza, se tachan erróneamente de intento de negar o justificar las acciones de Hamás. Al denunciar cualquier debate sobre el contexto y, posteriormente, sobre los crímenes que se están cometiendo en Gaza, la opinión pública israelí pone de manifiesto la persistencia de sus puntos ciegos.
Desde su creación, el régimen de apartheid israelí ha trabajado para separar física y mentalmente a los judíos israelíes de los palestinos. Durante décadas de ocupación militar violenta, se ha minimizado la exposición de los israelíes a la violencia infligida a los palestinos. El hecho de que los palestinos vivan bajo un régimen de apartheid discriminatorio, racista y violento ha sido borrado de manera efectiva de la psique israelí. Esta percepción distorsionada de la realidad, combinada con la sensación de seguridad que proporciona el aparato de seguridad israelí, ha llevado a la mayoría de los judíos israelíes a no imaginar nunca que la violencia ejercida a diario, durante décadas, contra millones de personas, conduciría algún día a una contra-violencia letal a una escala antes inconcebible.
El ataque del 7 de octubre fue tan traumático para los israelíes no solo por sus consecuencias o por el fracaso del ejército a la hora de proteger a la población civil. En cuestión de horas, destrozó los paradigmas básicos con los que habían crecido generaciones de israelíes, incluida la creencia de que la violencia y la opresión podían confinarse a un lado de la valla, mientras que la paz y la seguridad prevalecerían en el otro.
Apenas hay hogares o familias en Israel que no se hayan visto afectados por el ataque liderado por Hamás y sus consecuencias. La magnitud del ataque y el número sin precedentes de víctimas israelíes hicieron que muchos sufrieran pérdidas, ya fuera a nivel personal o en su entorno social o familiar. Desde aquella mañana, los israelíes se han visto inundados de imágenes del ataque, así como de testimonios de supervivientes y miembros de los equipos de rescate y las fuerzas armadas que estuvieron presentes. Estos han dejado una huella indeleble en la sociedad israelí. El ataque liderado por Hamás evocó de forma vívida, más tangible que nunca, escenas de judíos indefensos siendo masacrados que quedaron grabadas en la memoria colectiva, sacudiendo hasta lo más profundo el sentido de seguridad individual y colectivo del público judío en Israel.
El estado de miedo, rabia y deseo de venganza, que prevaleció entre muchos israelíes inmediatamente después del 7 de octubre y se reflejó de manera prominente en el discurso público, sirvió de caldo de cultivo para la incitación contra los palestinos en general y los habitantes de Gaza en particular. Este ambiente, amplificado por figuras públicas, altos cargos políticos, mandos militares y personalidades de los medios de comunicación, fue un factor clave en el cambio de rumbo del régimen israelí, que pasó de una política de control y disuasión mediante repetidas ofensivas militares (mortíferas en sí mismas) y un bloqueo, a una política que busca la «victoria total» mediante la destrucción sistemática, indiscriminada y total de la sociedad palestina en la Franja de Gaza.
La opinión pública israelí se unió rápidamente en torno a la ideología de la «victoria total», un concepto que alimenta la ilusión de que el poderío militar restaurará la sensación de seguridad perdida. Cuando Benny Gantz anunció que volvería al Gobierno el 8 de octubre, declaró: «Juntos ganaremos y convertiremos el Sábado Sangriento en el momento que forjará la fuerza de Israel y su superioridad militar en la región durante los próximos años». Su declaración reflejaba la mentalidad de la opinión pública que, en los meses siguientes, permitiría la destrucción de la sociedad palestina en Gaza con una fuerza militar desenfrenada.
El ataque del 7 de octubre también ha servido, y sigue sirviendo, como una justificación aparentemente moral para todas las acciones emprendidas por el ejército israelí en Gaza y más allá, incluido Irán. Desde el principio y a lo largo de todo el conflicto, la ofensiva israelí contra Gaza se ha presentado como un acto de legítima defensa, una respuesta necesaria al ataque de Hamás. El hecho de que, para muchos judíos israelíes, esta sea la justificación absoluta de todas las acciones emprendidas por Israel en la Franja, ha permitido al régimen israelí eludir cualquier obligación legal o restricción moral sin apenas críticas públicas. Un claro ejemplo del cambio en el discurso público se puede encontrar comparando las reacciones a la retórica genocida antes y después del 7 de octubre. Por ejemplo, cuando Bezalel Smotrich pidió en marzo de 2023 «arrasar» la localidad palestina de Huwarah, al sur de Nablus, tras un ataque contra israelíes por parte de un residente local, sus declaraciones fueron ampliamente condenadas, incluso por personas vinculadas al centro político israelí. Después del 7 de octubre, llamamientos similares sobre Gaza y Cisjordania se hicieron habituales, fueron aceptados e incluso recibieron un amplio apoyo por parte de la opinión pública.
La realidad desde octubre de 2023 revela hasta qué punto una sociedad gobernada por un régimen de apartheid, que incluye segregación, negación y violencia, puede deslizarse hacia una política de genocidio, como extensión directa de patrones arraigados de dominación y negación. La destrucción causada en Gaza no es solo el producto del miedo existencial, sino una elección consciente de imaginar un futuro en el que no hay lugar para la vida palestina. En este contexto, el ataque de Hamás, por brutal que haya sido, no es solo una terrible catástrofe que ha caído sobre la sociedad israelí, sino también un espejo que refleja el coste humano de mantener un régimen de opresión que dura décadas, un espejo al que Israel se niega a mirar con indignación y fuego.
- Aprovechar la oportunidad por parte de un gobierno de extrema derecha
El actual ataque contra los palestinos en la Franja de Gaza también debe entenderse a la luz de la composición y el carácter del actual Gobierno israelí. En diciembre de 2022, diez meses antes del ataque de Hamás, Israel formó el gobierno de extrema derecha más radical de su historia. Desde el principio, las acciones del gobierno se guiaron por el principio de mantener y afianzar la supremacía judía, tal y como se expresó públicamente en documentos oficiales, como los acuerdos de coalición y los principios rectores, del gobierno que enfatizan que «el pueblo judío tiene un derecho exclusivo e indiscutible a todas las partes de la Tierra de Israel».
Este Gobierno está liderado por ministros de alto rango que han defendido con orgullo y públicamente ideologías violentas y genocidas. Por ejemplo, en octubre de 2021, el ministro Bezalel Smotrich dijo a los miembros palestinos del Knesset que estaban «aquí por error, es un error que Ben-Gurión no terminara el trabajo y no los expulsara en 1948». La retórica que borra la narrativa palestina y, en algunos casos, niega la propia existencia del pueblo palestino, también es habitual entre estas figuras. En marzo de 2023, por ejemplo, Smotrich declaró: «No existe tal cosa como un pueblo palestino». Durante muchos años, mientras ocupaban diversos cargos públicos, estos funcionarios han dejado claro que pretenden traducir su visión del mundo en acciones, afirmando que promoverían un supuesto traslado voluntario de los palestinos, la anexión de Cisjordania al territorio israelí y crear las condiciones necesarias para el asentamiento judío en la Franja de Gaza, todo ello mientras rechaza abiertamente las normas del derecho internacional y las instituciones que lo defienden.
En 2017, Smotrich dio a conocer su plan para resolver el conflicto palestino-israelí. Denominado «Plan decisivo», ofrecía a los palestinos la posibilidad de elegir entre renunciar a sus derechos o enfrentarse a la expulsión y el exterminio. El mero nombramiento de un hombre que concibió esto como ministro de Defensa, responsable de la Administración Civil, envía un mensaje claro de que el Gobierno israelí respalda el uso de la violencia (incluida la violencia de los colonos) para apoderarse de tierras y llevar a cabo una limpieza étnica de la zona de los palestinos. En consecuencia, el número de ataques de colonos contra palestinos entre enero y septiembre de 2023 casi se duplicó en comparación con el mismo período del año anterior. Desde que el actual Gobierno tomó posesión, estos ataques han adquirido un nuevo carácter: pogromos masivos, que comenzaron con el pogromo de Huwarah en febrero de 2023 y han continuado desde entonces con periodicidad semanal. En los días previos al 7 de octubre de 2023, se intensificaron los esfuerzos de los miembros de la extrema derecha para impulsar la expulsión de los palestinos de sus hogares en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, lo que se tradujo en incitación a la violencia y participación directa en provocaciones y actos violentos de los colonos. Como es habitual en Cisjordania, esta violencia fue posible en muchos casos gracias a la presencia del ejército israelí y, en ocasiones, con su participación activa.
Para comprender plenamente las circunstancias en las que Israel lanzó su ataque genocida contra los palestinos en la Franja de Gaza, hay que tener en cuenta que, para un segmento importante y central de los responsables políticos y ministros del Gobierno israelí, este momento era una oportunidad para poner en práctica planes de gran alcance destinados a ampliar el control territorial israelí mediante la expulsión y el despojo de los palestinos. Como ha dicho la ministra de Asentamientos y Misiones Nacionales, Orit Strock, para ellos, este es «un momento de milagros». Si bien el genocidio está siendo perpetrado por el aparato israelí en su conjunto, el hecho de que muchos de sus principales artífices y responsables políticos sean abiertos y explícitos en su extremismo y sus intenciones genocidas es un factor importante que impulsa y permite su ejecución.
- CONCLUSIÓN
Desde que Israel lanzó su ofensiva contra la Franja de Gaza, hemos sido testigos de un sufrimiento humano implacable y de una pérdida de vidas a una escala inimaginable solo unos meses antes. Ciudades enteras bombardeadas y arrasadas, sin apenas una casa en pie; cientos de miles de personas arrancadas de sus vidas, vagando por carreteras polvorientas como sombras humanas, con lo poco que pudieron llevar a cuestas, en busca de un refugio temporal; adultos y niños empujándose en colas interminables para conseguir un poco de comida, arriesgando la vida y la integridad física por la oportunidad de alimentar a sus familias hambrientas; y, sobre todo, la muerte acechando por todas partes. Se trata de una catástrofe humana retransmitida en directo desde el infierno.
El genocidio va más allá del daño terrible que causa a sus víctimas directas. Es un ataque contra la humanidad misma: contra la creencia fundamental de que toda vida es preciosa y contra el principio básico de que todo ser humano tiene derecho a derechos básicos que le protejan de la violencia arbitraria. La historia demuestra que intentar erradicar a un grupo de seres humanos es un crimen con consecuencias catastróficas, un crimen que toda persona tiene el deber de combatir y de actuar para detenerlo de inmediato. Se trata de un imperativo moral, jurídico y humano: reconocer los hechos, llamarlos por su nombre, apoyar a las víctimas y exigir el fin de la destrucción y el exterminio mientras se producen.
El análisis presentado en este informe no deja lugar a dudas: desde octubre de 2023, el régimen israelí es responsable de cometer genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza. El asesinato de decenas de miles de personas; los daños físicos y mentales causados a cientos de miles más; la destrucción masiva de viviendas e infraestructuras civiles; el hambre, el desplazamiento y la denegación de ayuda humanitaria: todo ello se está perpetrando de forma sistemática, como parte de un ataque coordinado destinado a aniquilar todas las facetas de la vida en la Franja de Gaza. Además, la decisión de Israel de continuar con este asalto a pesar de las innumerables advertencias y las amplias pruebas de sus consecuencias mortales, junto con las repetidas aclaraciones públicas de los responsables políticos israelíes de que el objetivo es toda la población de Gaza, demuestran la intención de los dirigentes políticos y militares israelíes de destruir irreversiblemente la vida palestina en la Franja de Gaza.
Mientras se está produciendo un genocidio en la Franja de Gaza, el régimen israelí está liderando un ataque contra la población palestina en Cisjordania y una política de violaciones atroces de los derechos de los ciudadanos palestinos de Israel. La forma y el alcance de estas acciones pueden variar en las diferentes zonas bajo control israelí, pero todas ellas tienen su origen en la misma lógica subyacente: la negación de la humanidad de los palestinos. En un proceso que comenzó con la creación del Estado de Israel en 1948 y se aceleró tras el ataque criminal de Hamás el 7 de octubre de 2023, la mayoría de los judíos israelíes han llegado a considerar que la vida y la dignidad de los palestinos son prescindibles, y la violencia contra ellos se ha normalizado.
Los asesinatos y la destrucción sistemáticos en la Franja de Gaza y el desplazamiento forzoso de decenas de miles de personas en Cisjordania no habrían sido posibles sin la inacción internacional ante la magnitud y la gravedad inconmensurables de estos crímenes. La mayoría de estos crímenes han sido ampliamente documentados y hechos públicos a lo largo de casi dos años de guerra. Sin embargo, muchos líderes estatales, especialmente en Europa y Estados Unidos, no solo se han abstenido de tomar medidas efectivas para detener el genocidio, sino que lo han propiciado, mediante declaraciones en las que afirman el «derecho a la autodefensa» de Israel o mediante un apoyo activo, que incluye el envío de armas y municiones. Incluso después de que la Corte Internacional de Justicia dictaminara que existe un riesgo plausible de que las acciones de Israel constituyan actos genocidas, e incluso después de que la Corte Penal Internacional emitiera órdenes de detención contra el primer ministro Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Gallant por sospecha de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, la comunidad internacional no logró detener inmediatamente estas acciones ni exigir responsabilidades a los responsables.
La naturaleza genocida de las acciones de Israel en la Franja de Gaza y el fracaso de la comunidad internacional para impedirlas no solo afectarán a la conducta futura de Israel hacia el pueblo palestino. También es probable que re-modelen las normas de conducta en las relaciones internacionales y la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Pisotear los principios fundamentales del derecho internacional y ignorar descaradamente las normas morales que dieron forma al orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial puede convertir el uso indiscriminado de la fuerza letal y los ataques deliberados contra civiles en el punto de partida de futuros conflictos violentos.
Hacer frente a la inmensa destrucción y desintegración moral requiere no solo reconocer los crímenes, sino también comprometerse a actuar y rendir cuentas, tanto a nivel internacional como nacional. Reconocemos que la reconstrucción tras tal devastación será una tarea larga y ardua que exigirá un cambio fundamental en los cimientos del régimen israelí. Este cambio es esencial también porque el régimen israelí, que ha despojado de todo significado a los valores morales y las obligaciones, es un peligro para todas las personas que se encuentran bajo su dominio. Por lo tanto, hay que hacer todo lo posible para evitar que se cobre más víctimas.
En el corto plazo, el reconocimiento de que el régimen israelí está cometiendo genocidio en la Franja de Gaza y la profunda preocupación de que pueda extenderse a otras zonas donde los y las palestinas viven bajo el dominio israelí exigen una acción urgente e inequívoca tanto de la sociedad israelí como de la comunidad internacional.
Es hora de actuar. Es hora de salvar a quienes aún no se han perdido para siempre y de utilizar todos los medios disponibles en virtud del derecho internacional para detener el genocidio de los y las palestinas por parte de Israel.
[1] Este informe ha sido traducido con IA y revisado y editado por Loles Oliván Hijós para Viento Sur. Original: https://www.btselem.org/publications/202507_our_genocide
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