El nivel de recursos estratégicos en el territorio nacional permite pensar en un salto exportador energético gracias a Vaca Muerta y la posibilidad de ser parte en la cadena global del litio. Es la primera vez en décadas que hay tres “cosechas” de divisas relativamente complementarias —agro, energía y minería— que podrían, bien gestionadas, amortiguar estacionalidades y financiar una industrialización de envergadura.

Pero la política pública actual combina dos riesgos: apostar por un esquema liberal que abre el mercado y atrae capitales sin condiciones productivas (RIGI) y, simultáneamente, renunciar a instrumentos de política económica que permitan retener y direccionar parte de la renta hacia cadenas de valor locales. El resultado podría ser un elevado dinamismo exportador pero con escaso anclaje industrial, generando enclaves disfuncionales para el futuro.

Litio y Vaca Muerta

Para 2025, la producción argentina de litio se proyectó inicialmente en torno a 130,8 mil toneladas de carbonato equivalente (un incremento cercano al 75% respecto de 2024), consolidando al país como actor de primer orden en el “triángulo” con Chile y Bolivia. Sin embargo, según datos oficiales, para octubre la Argentina produjo 81,2 mil toneladas de carbonato de litio, lo que significa un aumento de 60% sobre 2024, y se pueden apuntar a las 100 mil toneladas producidas para el total del año.

Paralelamente, Vaca Muerta empujó un superávit energético histórico: en los primeros once meses de 2025 la balanza energética acumuló unos 7.000 millones de dólares y noviembre 2025 registró un mes récord en exportaciones energéticas. Estas divisas existen; la pregunta es qué se hace con ellas, cómo se tracciona la producción industrial y salario gracias a ello, con qué planificación y plazos.

RIGI

El instrumento central del Gobierno para “concretar inversiones” es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), consagrado en la Ley de Bases. En abstracto, atraer capitales puede ser legítimo. En la práctica, el diseño del RIGI exhibe dos ejes problemáticos.

Primero, le concede estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años a proyectos de gran tamaño y —según el texto y su reglamentación— habilita excepciones cambiarias relevantes que, mediante el artículo 198 y sus desarrollos administrativos, permiten una disponibilidad creciente de divisas generadas por los proyectos.

Esa ventaja reduce la obligación de liquidar íntegramente los dólares en el mercado doméstico durante los primeros años del proyecto. El efecto es evidente: parte de la renta puede quedar fuera del circuito de acumulación de reservas y del impulso a la demanda en mercados locales.

Segundo, el RIGI no obliga —con la fuerza suficiente— metas de contenido local, transferencia tecnológica o etapas de industrialización asociadas a la extracción. Así, proyectos de litio y energía pueden entrar con beneficios y salir como proveedores de materias primas sin generar cadenas productivas robustas. Varias iniciativas mineras y energéticas ya se presentaron al régimen; EXAR, por ejemplo, solicitó incluir la ampliación de Cauchari-Olaroz (45.000 t/año adicionales) bajo el paraguas del RIGI, apelando justamente a esa estabilidad.

El RIGI ha facilitado el acceso a moneda extranjera y la “seguridad jurídica” para proyectos pactados antes de 2024; lo cual bajo el actual nivel del riesgo país, es un incentivo real. Pero la evidencia internacional y regional dice que la mera entrada de capital extranjero no garantiza desarrollo tecnológico ni empleo de calidad si no se condiciona a reglas de juego industriales, con palos y zanahorias, como muestra la bibliografía del incomparable sudeste asiático –que igual comparamos aquí–.

Cadena de valor

Exportar litio como carbonato hacia China, Alemania o Corea sin escalonar procesos de refinación –hidróxido, cátodos, celdas– significa capturar una fracción muy pequeña de la cadena global de valor. En la Argentina, la venta masiva de carbonato hoy es la realidad práctica, como han señalado tanto informes de la industria como de gobierno, pero el escenario se complica por la existencia de automotrices con poder de negociación sobre la política local.

Chile y Bolivia ofrecen lecciones contrastantes, útiles para pensar una estrategia argentina realista, una combinación virtuosa. Chile, luego de su Estrategia Nacional del Litio, transitó un cambio institucional: el Estado—vía Codelco y otros organismos—volvió a la escena operativa y logró acordar con SQM un esquema que permite a la empresa estatal ingresar al Salar de Atacama (pensemos también en YPF – Chevron); ese acuerdo, de Chile con una privada, recibió durante 2025 aprobaciones regulatorias internacionales clave, incluida la de China, lo que materializa un viraje hacia mayor protagonismo público y voluntad de capturar valor agregado dentro del país. Ese movimiento no elimina riesgos ambientales ni sociales, pero demuestra una estrategia deliberada de retención de renta y de búsqueda de encadenamientos, condiciones que la Argentina debería incorporar de forma pragmática.

Bolivia, por su parte, optó por la máxima estatización: Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) negocia con consorcios rusos y chinos plantas DLE (Uranium One, CBC/CITIC) para producir decenas de miles de toneladas anuales; los contratos son ambiciosos, pero han chocado con la implementación, litigios, suspensiones judiciales y protesta social. La experiencia boliviana muestra el límite del estatismo extremo: centralizar todo sin mecanismos institucionales sólidos de gobernanza, control ambiental y consulta social puede terminar frenando la puesta en marcha y generando volatilidad política. Ambas historias están en desarrollo con los cambios recientes de gobierno, con giros hacia la apertura y el conservadurismo.

Variantes

La política debería pensar en distintas líneas, que hoy no tiene en cuenta: a) reglas de contenido local escalonadas: exigir porcentajes crecientes de proceso nacional, discutiendo con cada eslabón (p. ej. producción destinada a transformación en hidróxido/cátodos/celdas en plazos determinados); b) acompañar de apoyo financiero y comercial para plantas piloto (Y-TEC/YPF Litio); c) pensar en un fondo de estabilización externa (¿anticíclico?) y contratos de largo plazo para que la algo de la renta energética y minera alimente un fondo que suavice la curva de dólares anual y financie inversiones en empresas proveedoras locales; d) contratos de exportación de gas o litio con cláusulas de contenido local; e) profundizar, a su vez, una política industrial y financiera para encadenamientos, condicionadas a compras a proveedores nacionales y a formación de cadenas regionales (mecanismos público-privados para parques de baterías en provincias con energía renovable).

En este contexto, un informe reciente del JP Morgan, señala que en un mundo atravesado por tensiones geopolíticas, disputas comerciales y una redefinición acelerada de las cadenas globales de suministro, Sudamérica recupera protagonismo. Y eso se puede ver en el interés que Trump ha mostrado por la Argentina, y el control del continente, durante su primer año de esta nueva gestión del estadounidense. En este mapa, Chile entra con el cobre y el litio, y la Argentina sobre todo con éste último, mientras maduran proyecto en cobre, y se profundizan líneas de exportación para GNL.

El desafío es, así, político y técnico: combinar —de manera incremental— la apertura necesaria para inversiones con reglas claras que obliguen a producir aquí tanto como a exportar. Un esquema “todo o nada” (privatización sin condiciones o estatismo absoluto) fracasará: la Argentina necesita una tercera vía operativa que use la renta para infraestructuras y productividad.

*Coordinador del área de economía del Instituto Argentina Grande (IAG), IG @hernanpherrera.