Para responder, conversamos con Einstein Millán Arcia, ingeniero de petróleo, egresado de la Universidad de Oriente (1979) con maestría en Ingeniería Petrolera por la Universidad de Oklahoma (1990), exgerente y asesor de la estatal venezolana Petróleos de PDVSA, YPFB-Bolivia, Kuwait Oil Company (KOC) y PEMEX-México, entre otras compañías. Como trabajador de PDVSA participó del grupo que sacó adelante la petrolera después sabotaje contra la compañía en 2002, liderado por los antiguos gerentes enfrentados con Hugo Chávez, y después del equipo de PDVSA Gas Anaco. Gracias a esta experiencia conoce los pormenores de la industria petrolera venezolana y los riesgos que enfrenta PDVSA en este nuevo momento político del país.

Por eso, en su opinión, la posibilidad de que Venezuela entregue todo su petróleo a Estados Unidos sería como que el mismo gobierno venezolano “se clavase una espada de Damocles en su espalda. Algo inviable e irreal”.

¿Cómo afecta, en tu opinión, al petróleo venezolano lo que sucedió el 3 de enero con el secuestro de Maduro y todos los anuncios que circulan ahora sobre la comercialización del crudo venezolano por parte del gobierno de Estados Unidos o de sus comercializadoras? Se habla del retorno de algunas compañías a las que les nacionalizaron los activos. De 50 millones de barriles de petróleo que serían entregados a Estados Unidos, según Trump.

Tú sabes cómo es la retórica que prevalece en la actualidad en Estados Unidos: tiene un alto componente de fantasía y un pequeño componente de verdad. Tanto es así que la misma fiscalía estadounidense, nombrada por Trump, declaró que la esencia del cartel de los soles es falsa, y el cargo quedó desvirtuado. También es falsa esa idea de que ellos confiscarán la producción, la comercializarán, harán negocios y luego guardarán el dinero para convertirlo todo en productos estadounidenses exportables hacia Venezuela.

El caso es el siguiente: si Venezuela cae en una situación como esa, entra en insolvencia. ¿Cómo paga sueldos? ¿Cómo mantiene las instituciones? ¿Cómo sostiene el sistema interno de la nación? ¿Bajo qué parámetro sobrevivirá como país? Sin embargo, también contradicen esa retórica de Trump, los comunicados oficiales emitidos por la presidenta encargada y por Petróleos de Venezuela, donde se afirma que con Estados Unidos, se harán negocios como con cualquier otro, como Chevron o cualquier otra transnacional. Esa es la posición oficial que hasta ahora se mantiene.

Trump afirma que Estados Unidos será el único comercializador del petróleo venezolano. Al mismo tiempo, Washington bloquea y confisca buques de la “flota fantasma” que transportaba crudo venezolano hacia China con grandes descuentos a través de intermediarios. Ante este escenario, surgen varias interrogantes: ¿Es posible que en el mediano y largo plazo coexistan dos mecanismos de comercialización? Por un lado, una porción de la producción venezolana que opere bajo el esquema propuesto por Trump —donde las ventas se depositan en cuentas desde las cuales Venezuela puede adquirir bienes—, y por otro, que continúen los flujos hacia China y Rusia mediante flotas en las sombras. O, en cambio, ¿Estados Unidos monopolizará la comercialización del petróleo venezolano?

Eso es lo que Trump aspira, pero es inviable, puesto que dejaría a un país sin fondos, a la deriva y sin capacidad de sostenerse social, económica ni políticamente. No se podría sostener. Eso es como que el mismo gobierno se clavara una espada de Damocles en la espalda. Eso es inviable, irreal, cómico si se quiere, algo que causa risa: que un gobierno, aunque sea interino, acepte semejantes términos. Por eso, no es lo que proponga Trump, es lo que convenga a Venezuela. Esa es la posición firme del gobierno.

Una cosa es que Venezuela le venda crudo a corporaciones norteamericanas y otra cosa es que le entregue el crudo al gobierno norteamericano. PDVSA y Venezuela deben estar abiertas a negociar con cualquiera en los términos que marca la ley y ante el mejor interés de Venezuela.

PDVSA en divisas maneja fuentes de pocos ingresos, como la de Chevron, por ejemplo, y algunas ventas spot (al contado). Sin embargo, la mayoría de los ingresos vienen por criptos y otros arreglos con países, como China, a donde van dirigidas el 85% de las exportaciones petroleras venezolanas. Otras entradas, a través de Turquía y otros países de Medio Oriente, se dan a cambio de materias primas, que otorgan liquidez constante a Venezuela. Lo que mantiene y hace prosperar al Estado venezolano.

Sobre todo si se toma en cuenta que la producción petrolera de Venezuela aumentó en el 2025 por encima de 100,000 barriles por día en producción y cerrará en 2026 cerca de 1.2 millones, quizá por encima si se considera los 60-70,000 barriles por día adicionales de condensado que no se declaran ante la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP).

Claro, pero lo que Trump dice ahora —según Wall Street Journal y Reuters— es que quiere poner a comercializadoras como Vitol, Trafigura o Chevron, a vender el crudo venezolano alrededor del mundo. Una especie de control indirecto de las exportaciones. Más allá de la voluntad política, en términos operativos ¿sería viable ese nuevo formato de virreinato petrolero que propone Trump?

No es lo que proponga Trump, repito. Es lo que convenga a Venezuela. Esa es la posición firme del gobierno.

Ahora bien, Venezuela siempre ha comercializado parte de su crudo con Glencore y terceros, como brokers independientes suizos, por ejemplo, malayos, de Abu Dhabi. Ahí no hay nada nuevo. Pero entregar, de manera exclusiva, todo el recurso petrolero venezolano a un gobierno extranjero no es viable. Hace al país inviable. De eso se trata. Es como clavarse a uno mismo una espada de Damocles.

Ahora, sobre el posible levantamiento de sanciones: Trump elimina las mismas medidas que impuso en 2019 y 2020, entre ellas, la prohibición de venta del petróleo venezolano. Se reunió, además, en la Casa Blanca con petroleras como Repsol, Eni y Chevron, las mismas que recibieron licencias durante la administración Biden. ¿Qué impacto puede tener que se retome esa agenda de apertura y regreso de empresas extranjeras, si se tiene en cuenta que PDVSA ha cedido cuotas accionarias en proyectos petroleros porque las sanciones la han dejado en una situación financiera complicada?

Estas empresas siempre han negociado con Venezuela en buenos términos: Repsol, Eni, Maurel & Prom, Shell, la misma Exxon, Conoco Phillips, Chevron, Total. Eso quiere decir que el Estado se podría reservar el derecho a otorgar activos, bajo la conveniencia de producir un rápido incremento de producción y otorgar un mayor retorno a nuestra nación. Esa es la posición del gobierno y es la posición de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Ahora, los términos son los que hay que saber negociar. Porque, por ejemplo, es imposible que existan condiciones como las que prevalecen, por ejemplo, en Guyana, donde compañías como Exxon Mobil pagan un 2% de regalías y tienen una recuperación de capital de hasta 75% de los ingresos brutos de venta. Las negociaciones tienen que respetar la ley establecida en cuanto a regalías, en cuanto a impuestos, en cuanto a ganancias. Ahora bien, eso no quiere decir que no se puede renegociar. Lo que tienen que entender es que hay una gran diferencia entre un costo de producción para una empresa como Exxon de 30 dólares por barril en un activo que tiene una ventana como los de Guyana—de producción menores a 10, 15 años— y activos como Venezuela, que puede llegar a tener costos de producción cerca de los 10 a 15 dólares por barril, y una duración mayor a 20 años.

Porque estos activos poseen reservas remanentes de crudo mediano, liviano y condensado que superan los 30 mil millones de barriles en Venezuela, sin contar los 270 mil millones de barriles de crudo pesado y extrapesado. A esto se suman 200 billones de pies cúbicos de gas que, convertidos en crudo equivalente, representan una capacidad productiva monumental. Esta magnitud de recursos garantiza que, tarde o temprano, todas estas corporaciones se establezcan en Venezuela, ya que no existe otro país en la región —aparte de Canadá— con reservas suficientes para sostener operaciones en una ventana de tiempo de tan largo plazo.

Se habla de la posibilidad de que regresen petroleras como ExxonMobil y ConocoPhillips, a las que les fueron nacionalizados varios activos en Venezuela bajo el gobierno de Hugo Chávez. Estas empresas rechazaron los nuevos términos de la Ley de Hidrocarburos que establecía que PDVSA debía tener la mayoría accionaria, lo que derivó en la nacionalización y en reclamos millonarios contra el Estado venezolano. Trump, incluso, les ha sugerido que inviertan primero en el país y que después se verá cómo se les «devuelve» el dinero que reclaman por las nacionalizaciones.

Primero, para que ellas vuelvan tiene que haber estabilidad en las relaciones entre ambos gobiernos. Eso todavía no está listo. Ahora, con ExxonMobil no hay deuda, puesto que eso se declaró en un tribunal internacional. Sí hay un malentendido, más no deuda, puesto que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones no le dio la razón. Ese juicio llegó a un acuerdo donde la parte que salió ganadora fue Venezuela.

Ahora, el juicio con Conocco Phillips sí está pendiente por dilucidar. Todavía la demanda está en curso.

Es necesario hacer un poco de historia. Entre 1914 y 1920 arribaron a Venezuela Shell y Exxon a través de sus empresas predecesoras. Shell apenas comenzaba su expansión internacional, mientras que Exxon consolidó su estructura corporativa global precisamente gracias a las operaciones venezolanas. De hecho, las primeras exportaciones masivas de ambas compañías salieron desde Venezuela, lo que las catapultó como corporaciones transnacionales.

Estas empresas obtuvieron ganancias desproporcionadas aprovechando lo rudimentario del sistema de contabilidad venezolano y la ausencia de fiscalización internacional. En la práctica, extraían volúmenes discrecionales de petróleo y declaraban cifras a conveniencia, especialmente durante el período de ambas guerras mundiales cuando los controles eran prácticamente inexistentes.

En este contexto, la nacionalización de 1976 fue producto de un proceso transparente e impecable desde el punto de vista legal, aceptado por ambas partes. Las compañías recibieron una indemnización en efectivo superior a los 1,500 millones de dólares de la época, además de convenios de exportación favorables y contratos de servicio que representaban el 1.7% de las exportaciones venezolanas. Por lo tanto, carecen de fundamento legal para reclamar compensaciones adicionales por esa nacionalización, y su historial en el país dista mucho de ser ejemplar.

¿Y qué pasa con el tema del precio que recibirá al final PDVSA en sus ventas? Porque hasta ahora, por el tema del bloqueo y las sanciones, había un descuento para cualquiera que comercializara y comprara el petróleo venezolano de entre diez y veinte dólares el descuento.

Los mercados petroleros mundiales se rigen por tres factores: diferencial de calidad, descuentos y prima de riesgo. El diferencial se basa en la calidad del crudo, mientras que la prima de riesgo determina los descuentos aplicables.

Existe una distinción fundamental en nuestras exportaciones: el crudo de la Faja del Orinoco sin mejorar y el Merey, que es el crudo mejorado. El Merey tiene un contenido de azufre inferior al Basra ligero de Irak y al crudo mediano saudita. Aunque se habla del “crudo ácido venezolano”, nuestro Merey es menos ácido que el mediano saudita y que el ligero de Basra. Esta es la razón de su cotización.

Hay que aclarar un punto técnico importante: el crudo de la Faja no es bitumen, es petróleo. Fluye con naturalidad desde los pozos en condiciones iniciales. Su grado de densidad API alcanza hasta 17 grados en algunos bloques de la Faja —aunque otros bloques oscilan entre 6 y 7 grados API—, pero la mayoría supera los 10 grados API (nota de autor; API-merican Petroleum Institute Gravity- es una escala que mide la densidad del petróleo crudo en relación con el agua. Es el estándar internacional más utilizado para clasificar la calidad del petróleo. Cuanto mayor es el grado API, más ligero y menos denso es el crudo, cuanto menor, más pesado y denso es).

Antes de las sanciones y del Plan Soberanía Petrolera de 2008-2009, Venezuela mantenía una suite de crudos diversificada. La Faja producía entre 300,000 y 400,000 barriles diarios, mientras el resto provenía de liviano, mediano y condensado. Esta producción de liviano, mediano y condensado cubría las necesidades de diluyente del país. Las importaciones eran puntuales para procesos específicos: apenas 17,000 a 18,000 barriles por día. Los costos de producción antes de 2008 eran inferiores a 6 o 7 dólares por barril. Antes de 2006, estaban por debajo de 4 dólares por barril. Todo esto está documentado oficialmente.

Cuando se incorporó masivamente la producción de la Faja y PDVSA reorientó su actividad desde los campos tradicionales de crudo liviano, mediano y condensado hacia los crudos pesados y extrapesados, la producción de condensado, liviano y mediano se desaceleró mientras se aceleró la de pesado y extrapesado. Esta reducción de crudo liviano, mediano y condensado eliminó el diluyente disponible para mejorar el crudo de la Faja y convertirlo en Merey. PDVSA tuvo que importar, lo que impactó directamente el costo de producción. Además, este aumento de costos puso en desventaja nuestro crudo estrella, que empezó a exportarse masivamente frente al resto de las segregaciones. Antes se exportaban variedades como Tía Juana Ligero y Mesa; después se concentró en el Merey únicamente.

Todo esto afectó las ganancias, ya que se necesitaba importar diluyente. Se llegó a importar 200,000 barriles diarios. En 2025 se alcanzó esa cifra; actualmente está en 180,000 barriles por día, diez veces más que antes de 2007-2008. Este factor elevó los costos de producción desde 4-6 dólares hasta 14, 18 y finalmente 36 dólares por barril. Ahora se han estabilizado entre 27 y 33 dólares.

Paralelamente, la prima de riesgo del país aumentó por las sanciones y la inestabilidad política. Los compradores, especialmente los del mercado spot, exigen descuentos para asumir el riesgo, lo que reduce los márgenes de ganancia del crudo venezolano. El resultado es una mezcla de decisiones tomadas durante la gestión de Rafael Ramírez, presidente de PDVSA en el gobierno de Chávez, más las sanciones impuestas con la colaboración de sectores opositores venezolanos. Se trata de una conspiración política combinada con una estrategia desde el norte para facilitar los desarrollos no convencionales, como los de Guyana en El Esequibo, Brasil en la cumbre pre sal y Argentina en Vaca Muerta

Los números lo demuestran: Estados Unidos supera los 50-60 dólares por barril en costos de producción; Guyana tiene 30 dólares; Argentina, 40-45; Brasil, 49-50; Colombia, 45-50; Trinidad y México tienen cifras similares. Ninguno podía competir con Venezuela antes de 2007, cuando nuestros costos eran una décima parte de los suyos. Toda esta situación se tejió desde para permitir estos grandes desarrollos. Ahora que Estados Unidos alcanzó su pico de producción, gracias al fracking, y entra en declive, se vuelve prioritario para ellos asegurar su energía mediante la apropiación de recursos de otros países, sin negociarlos como corresponde según el orden económico mundial.