Crisis de legitimidad
Cuando liderazgos populares son marginados o proscritos, suele abrirse un escenario de tensión institucional. En América Latina, por ejemplo, la proscripción de líderes con fuerte apoyo social ha derivado en crisis de legitimidad, polarización y, en algunos casos, rupturas democráticas. La consigna “Cristina libre” no es electoral en sí misma, sino un símbolo de denuncia frente a lo que se percibe como persecución judicial o política.
Lo interesante es que este tipo de consignas trascienden a la persona y se convierten en banderas de defensa de derechos políticos más amplios. En la historia argentina, la proscripción del peronismo en los años 50 y 60 generó un ciclo de inestabilidad que terminó afectando la gobernabilidad. Algo similar puede observarse en otros países donde se intentó excluir a figuras con gran respaldo popular: la exclusión no resolvió el conflicto, sino que lo profundizó.
En definitiva, más allá de nombres propios, lo que está en juego es la relación entre democracia, representación y estabilidad. Cuando se bloquea la participación de liderazgos con base social amplia, la tensión suele trasladarse a las calles y a la institucionalidad, aunque inicialmente no lo parezca.
“Cristina libre” no es una consigna electoral
La proscripción de liderazgos populares históricamente deriva en crisis de estabilidad.
Desde una perspectiva de ciencia política y derecho constitucional, este reclamo se constituye como una interpelación profunda a la calidad de la democracia procedimental y sustantiva en la Argentina contemporánea.
Lo que se debate bajo esta premisa no es la conformación de una oferta electoral, sino la vigencia de los principios de soberanía popular y la imparcialidad del aparato judicial en un contexto de creciente judicialización de la política.
La situación jurídica de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se inscribe en el fenómeno regional denominado lawfare.
Este concepto describe el uso estratégico de los instrumentos legales y procesos judiciales para neutralizar o inhabilitar a líderes de movimientos populares. La condena en la causa Vialidad, que incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, representa una anomalía en el Estado de derecho si se analiza bajo el prisma del debido proceso y el principio de defensa en juicio.
La proscripción fáctica de una figura con tal representatividad de masas no es un incidente administrativo, sino una vulneración a los derechos políticos consagrados en pactos internacionales. Cuando la Justicia interviene de manera asimétrica para retirar a un actor del escenario de competencia, el sistema político sufre una distorsión de origen: la soberanía ya no reside exclusivamente en el cuerpo electoral, sino que queda supeditada a un poder no electivo con capacidad de veto sobre la representación social.
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Aún más, sin liderazgos de masas disponibles no deben extrañar por caso los resultados de la encuesta realizada por la UBA sobre Jóvenes, valores, política y democracia, donde, por citar un solo dato, de los 2.494 estudiantes escolarizados/as de entre 16 y 19 años entrevistados, el 81% ni siquiera ya habla de política con sus amigos.
La vigencia de “Cristina libre” responde a la necesidad de restaurar el contrato social básico de 1983 ya vulnerado por el intento de femimagnicidio, el apresamiento y la proscripción.
La democracia argentina se fundamenta en que los conflictos de modelos de país deben dirimirse en la arena política y a través del sufragio universal. La utilización de sentencias para disciplinar liderazgos genera una erosión de la legitimidad institucional. En este sentido, la libertad de Cristina Kirchner se traduce en la libertad del sistema político para operar sin tutelas externas ni condicionamientos judiciales.
La proscripción de liderazgos populares históricamente deriva en crisis de estabilidad y desafección ciudadana. Si el electorado percibe que sus opciones están preconfiguradas por decisiones de escritorio, la democracia se vacía de contenido transformador y se convierte en un rito formal desprovisto de potencia política. Por tanto, exigir el cese de la persecución no es un acto de defensa corporativa, sino un imperativo para garantizar que el voto siga siendo la herramienta soberana de decisión nacional.
En conclusión, “Cristina libre” debe entenderse como restauración de un escenario de plena libertad para los referentes de las mayorías es la condición necesaria para cualquier debate sobre el futuro. Sin una Justicia independiente y sin la eliminación de trabas que condicionan la competencia, la democracia argentina enfrenta un riesgo de degradación irreversible. La consigna es una defensa del derecho del pueblo a elegir sin restricciones, asegurando que la política recupere su lugar como el único motor legítimo de transformación social.
* Director de Consultora Equis.
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Con @CFKArgentina proscripta, cualquier dirigente que surja de cualquier espacio político, lo hará sin representación ni legitimidad democrática, y aún con el acuerdo de CFK no va a funcionar. Como no funcionó con Perón proscripto, con su acuerdo o sin él. -No funcionó Frondizi, con acuerdo de Perón. -no funcionó Illia, sin acuerdo de Perón. -no funcionó Cámpora, con acuerdo de Perón. No parece posible que vaya a funcionar hoy. Por eso «Cristina Libre» no es una consigna de campaña, es una condición de formación y funcionamiento muy básica para la representación y legitimidad democrática. No funcionó en Brasil con Lula-Hadad, con Lula preso, no funcionó en Bolivia con Evo-Arce, con Evo en el exilio, no funcionó en Ecuador, el caso Correa-Moreno con Correa en el exilio y no funcionará una vez más en La Argentina, a menos que la elección sea un tránsito para nuevas elecciones libres, ya con Cristina Kirchner candidata, o no, por propia decisión.
¿Se superan los liderazgos populares proscriptos?- El caso Bramuglia-
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