De acuerdo a la información a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, la ONG sostiene que las tareas que puede llevar a cabo Palantir traería como consecuencia un posible aumento de «riesgos de vigilancia, perfilamiento, detenciones, deportaciones» y cualquier afectación hacia los derechos humanos de la ciudadanía argentina.

«La preocupación no es exclusiva de Argentina ni responde a una reacción local: forma parte de un debate internacional cada vez más intenso sobre los límites al uso de tecnologías de análisis masivo de datos en áreas sensibles.

Cuando una herramienta permite reunir información dispersa, generar perfiles o producir alertas sobre personas o grupos, puede profundizar sesgos, reforzar dinámicas discriminatorias y afectar de manera desproporcionada a quienes ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o estigmatización», expresó Amnistía por medio de un informe publicado este viernes.

Esto se relaciona estrechamente con la reciente visita de Thiel en Casa Rosada, a fines del mes pasado, y sus reiterados encuentros con el presidente Javier Milei, debido a que su firma es conocida «por proveer software de análisis de datos a gobiernos y agencias de inteligencia», con el antecedente no menor de haber sido una herramienta clave para la CIA y el ejército de Estados Unidos.

Los encuentros entre Thiel y el Presidente en Casa de Gobierno se llevaro a cabo en, al menos, tres ocasiones documentadas, con un alto hermetismo, y donde solo trascendió que las reuniones tuvieron como eje analizar el modelo económico libertario, la «batalla cultural» y hablar sobre supuestas inversiones en Argentina.

Por su parte, Amnistía asegura que organismos defensores de derechos humanos también alertan que la tecnología de Palantir «podría utilizarse para la vigilancia masiva de ciudadanos, el análisis de datos sensibles y la persecución de la disidencia». «Las tecnologías de vigilancia no son neutrales.

Su impacto depende del contexto institucional en el que se implementan, de los fines para los que se utilizan, del tipo de datos que procesan y de los mecanismos de supervisión existentes.

Cuando se incorporan a estructuras estatales sin suficiente transparencia, sin evaluación de impacto y sin mecanismos robustos de control democrático, pueden convertirse en herramientas de vigilancia masiva, discriminación, persecución de voces críticas y restricción del espacio cívico», indicó la ONG.

Para finalizar, Amnistía expresó señaló que el Estado Nacional, bajo la influencia de esta tecnología, podría «expandir sus capacidades de control» y, en un futuro cercano, influya en el «proceso electoral» del próximo año, mediante algoritmos de control emocional y análisis masivo de datos.

En la misma línea, manifestaron que Palantir utiliza inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos, que incluyen las actividades en redes sociales, para crear radiografías completas de movimientos, pagos y preferencias de ciudadanos.

Además, la capacidad de identificar patrones permite crear perfiles de riesgo o «puntuaciones» de comportamiento, lo que podría ser usado para segmentar y manipular la opinión pública en campañas electorales.

«Al Poder Ejecutivo Nacional le recomendamos hacer pública toda información sustantiva sobre reuniones, acuerdos, pruebas piloto, contrataciones o cesiones de datos vinculadas a Palantir y a otros proveedores de tecnologías de vigilancia.

Abstenerse de avanzar en cualquier acuerdo, prueba piloto, contratación o esquema de intercambio de datos con Palantir mientras no exista transparencia plena, debate público informado y garantías compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.

Realizar y publicar evaluaciones de impacto en derechos humanos previas a cualquier adquisición o despliegue de tecnologías de vigilancia», indicó Amnistía.

Y cerró: «Garantizar mecanismos efectivos de habeas data, supervisión técnica independiente y auditorías externas y suspender el avance del acuerdo bilateral con Estados Unidos en materia de

transferencia transfronteriza de datos hasta tanto exista un debate público informado y se aseguren garantías equivalentes a los estándares internacionales