Que el árbol de la unidad no nos impida ver el bosque de la proscripción

La reunión entre Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner vuelve a colocar la cuestión de la unidad del peronismo en el centro de la escena política argentina. Después de un período prolongado de fragmentación, confrontaciones internas y dificultades para construir una conducción común, la posibilidad de establecer canales de diálogo entre actores centrales del espacio opositor constituye, sin duda, una señal política significativa.

Pero precisamente por eso conviene evitar que la discusión sobre cómo reconstruir la unidad termine desplazando la cuestión sustantiva que condiciona toda reconstrucción política democrática: la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.

No se trata de una cuestión menor ni de una controversia limitada al interior del peronismo. Tampoco puede reducirse a una disputa entre dirigentes, a una discusión sobre candidaturas o a la búsqueda de un mecanismo de reemplazo electoral. El problema es de una naturaleza más profunda: ¿qué tipo de democracia puede consolidarse cuando una dirigente de enorme gravitación política y electoral queda excluida de la competencia política por una decisión judicial que produce, como consecuencia, su inhabilitación para ejercer cargos públicos?

La pregunta excede largamente al peronismo. Interroga la calidad del régimen democrático argentino.

De la unidad de dirigentes a la representación social

Una de las formulaciones más sugerentes que acompañan el actual debate sobre la unidad sostiene que “no se trata de juntar nuevamente a los que estaban juntos. Se trata de construir una unidad capaz de representar a los que hoy necesitan ser representados”.

La importancia de esta afirmación reside en que desplaza el problema desde la unidad organizativa hacia la representación social.

La primera puede construirse mediante acuerdos entre estructuras partidarias, dirigentes territoriales, gobernadores, sindicatos y organizaciones políticas. La segunda requiere algo mucho más complejo: reconstruir un vínculo político con sujetos sociales cuyas condiciones materiales de existencia se han modificado profundamente.

La Argentina contemporánea no es la Argentina de 2019. El deterioro de los ingresos, la precarización laboral, la expansión del endeudamiento de los hogares, la pérdida de capacidad adquisitiva y la transformación de las expectativas de movilidad social han producido nuevas experiencias de vulnerabilidad. La estructura social sobre la cual debe construirse una mayoría opositora es diferente y, por lo tanto, también debe ser diferente la forma de interpelarla políticamente.

De allí que una eventual reconstrucción de la unidad no pueda consistir simplemente en una reunificación de las fracciones dirigentes que protagonizaron las disputas de los últimos años.

La verdadera cuestión es si esas dirigencias son capaces de construir una representación política que incorpore a quienes hoy padecen las consecuencias de un proceso de concentración económica, deterioro de las condiciones laborales y transferencia regresiva del ingreso.

En términos gramscianos, el problema no consiste solamente en alcanzar una alianza entre aparatos, sino en construir una voluntad colectiva nacional-popular capaz de articular demandas sociales dispersas alrededor de un proyecto político común.

La diferencia es sustancial.

Una coalición electoral puede sumar dirigentes; una mayoría política necesita sumar sujetos sociales.

La unidad como problema de hegemonía

Desde una perspectiva de análisis político, conviene evitar una comprensión excesivamente instrumental de la unidad. La unidad no constituye un valor en sí mismo. Es políticamente significativa en la medida en que permite construir una relación de fuerzas capaz de disputar la orientación del Estado y modificar las condiciones materiales en las que se reproduce la sociedad.

Aquí resulta pertinente recuperar la noción gramsciana de hegemonía. Una fuerza política no se convierte en dirección de una sociedad simplemente porque reúne una determinada cantidad de organizaciones. Se convierte en dirección cuando consigue articular intereses particulares en una concepción general de sociedad capaz de interpelar a sectores sociales más amplios.

Por eso, la pregunta relevante no debería ser solamente “¿quiénes están juntos?”, sino “¿a quiénes representa esa unidad y qué intereses sociales consigue articular?”.

La diferencia puede parecer semántica, pero es estratégica.

Una unidad concebida como suma de dirigentes puede reproducir las mismas limitaciones que llevaron a la derrota electoral. Una unidad concebida como reconstrucción de representación puede, en cambio, convertirse en el punto de partida de una nueva mayoría social.

Es precisamente aquí donde la proscripción de Cristina Kirchner adquiere una dimensión que no puede ser subordinada a la ingeniería electoral.

La proscripción no es un asunto interno del peronismo

Existe una tendencia a interpretar la situación de Cristina Kirchner exclusivamente como un conflicto entre el Poder Judicial y una dirigente política. Esa perspectiva resulta insuficiente.

La democracia representativa no se limita a la realización periódica de elecciones. Guillermo O’Donnell sostiene que un régimen democrático incluye elecciones razonablemente libres y competitivas, el derecho a votar y eventualmente a ser elegido, junto con un conjunto de libertades políticas que hacen posible la ciudadanía como agencia.

La cuestión es decisiva.

Si el derecho político a elegir encuentra una correspondencia necesaria en el derecho a ser elegido, la exclusión de una dirigente de la competencia electoral no puede ser considerada exclusivamente un asunto privado de esa persona. Tiene una dimensión colectiva, porque afecta también a quienes desean elegirla.

Robert Dahl colocó precisamente la participación y la contestación en el núcleo de su concepción de la poliarquía. Entre las garantías institucionales de una democracia competitiva se encuentran la participación electoral, la elegibilidad para cargos públicos, la competencia por el apoyo electoral y la existencia de elecciones libres y justas.

Desde esta perspectiva, la discusión sobre la proscripción puede formularse en términos más rigurosos: no se trata solamente de determinar si una persona puede ser candidata; se trata de determinar hasta qué punto los ciudadanos conservan la capacidad efectiva de elegir entre alternativas políticas relevantes.

Esto modifica completamente el problema.

La proscripción no es, entonces, una anomalía localizada dentro del peronismo. Es una cuestión que afecta las condiciones de competencia del sistema político.

El problema de la representación democrática

Una democracia puede conservar sus procedimientos formales y, sin embargo, experimentar una erosión de sus condiciones sustantivas de representación.

La perspectiva de O’Donnell resulta particularmente útil porque permite distinguir entre la existencia formal de instituciones democráticas y las condiciones sociales, legales y políticas que permiten a los ciudadanos ejercer efectivamente su condición de agentes.

Supongamos, por hipótesis, que el peronismo consigue construir una fórmula electoral competitiva capaz de ganar una elección sin Cristina Kirchner. Ese resultado podría resolver una cuestión electoral, pero no necesariamente el problema democrático generado por su exclusión.

Porque una cosa es ganar una elección en un escenario político determinado y otra muy distinta es que ese escenario sea el producto de una competencia plenamente inclusiva.

La diferencia es crucial.

Una democracia no garantiza solamente que alguien pueda ganar; garantiza que los ciudadanos puedan elegir entre alternativas políticamente significativas.

Por eso, aceptar la proscripción como un dato naturalizado del escenario político implicaría asumir como normal una modificación sustantiva de la oferta electoral.

Y allí aparece una cuestión que excede incluso la figura de Cristina Kirchner: la naturalización de la exclusión puede transformar una excepción en una regla de funcionamiento del sistema político.

El antecedente histórico argentino: Perón, Frondizi, Illia y Cámpora

La historia argentina ofrece un antecedente particularmente significativo para pensar los efectos políticos de una proscripción prolongada: los gobiernos de Arturo Frondizi, Arturo Illia y Héctor Cámpora.

La proscripción del peronismo, iniciada después del golpe de Estado de 1955 y extendida hasta 1973, no fue una circunstancia secundaria de la política argentina. La autodenominada Revolución Libertadora prohibió al peronismo, disolvió su partido, proscribió su simbología y persiguió a dirigentes y militantes. El período ha sido caracterizado como los “18 años de proscripción”.

Durante casi dos décadas hubo elecciones y gobiernos constitucionales, pero una fuerza política de enorme gravitación social permaneció excluida de la competencia electoral plena.

El resultado no fue la desaparición del peronismo.

Por el contrario, la proscripción contribuyó a transformar sus mecanismos de representación y sus formas de intervención política. Produjo, además, una contradicción estructural: el sistema institucional necesitaba incorporar una fuerza social que simultáneamente excluía de la competencia electoral.

La hipótesis planteada por Artemio López resulta especialmente sugerente en este punto. López sostiene que la proscripción de Perón y del peronismo tuvo una incidencia significativa —aunque diferente en cada caso— en las trayectorias de Frondizi, Illia y Cámpora.

No se trata de afirmar una relación causal mecánica. Ninguno de esos gobiernos cayó exclusivamente por la proscripción. Las condiciones económicas, las Fuerzas Armadas, los conflictos sindicales, las disputas dentro de las elites, las relaciones internacionales y las propias decisiones gubernamentales fueron factores decisivos. Pero la proscripción constituyó una restricción estructural del sistema político que condicionó el campo de posibilidades dentro del cual esos gobiernos debieron actuar.

Frondizi: gobernar con el voto de un electorado proscripto

Arturo Frondizi llegó a la Presidencia en 1958 en un escenario electoral condicionado por la proscripción del peronismo. Su triunfo estuvo estrechamente vinculado al acuerdo político alcanzado con Juan Domingo Perón, entonces exiliado, mediante el cual una parte decisiva del electorado peronista orientó su voto hacia la candidatura de la Unión Cívica Radical Intransigente.

La contradicción era evidente: Frondizi podía llegar al gobierno con el apoyo de un electorado cuya propia fuerza política estaba excluida de la competencia electoral.

El problema se volvió crítico en 1962, cuando el peronismo participó en elecciones provinciales y obtuvo importantes triunfos. La reacción de las Fuerzas Armadas ante esa recuperación electoral terminó desencadenando la crisis que culminó con el derrocamiento de Frondizi. López interpreta este episodio como una expresión particularmente clara de la manera en que la proscripción condicionaba la estabilidad política.

La paradoja puede sintetizarse así:

Frondizi necesitó del electorado peronista para llegar al poder, pero el sistema de poder en el que debía gobernar no estaba dispuesto a aceptar plenamente la reincorporación de ese electorado a la competencia política.

La contradicción terminó siendo insostenible.

Illia: legitimidad constitucional y representación incompleta

Después del derrocamiento de Frondizi y del interregno de José María Guido, las elecciones de 1963 volvieron a realizarse con el peronismo proscripto. Arturo Illia asumió entonces la Presidencia en un escenario constitucional cuya competencia política seguía condicionada por la exclusión de la principal fuerza popular del país.

Esto no invalida la legitimidad institucional ni las políticas desarrolladas por Illia. Pero sí permite observar una debilidad estructural de representación.

El problema no residía solamente en cuántos votos obtenía cada candidato. Residía en que una porción sustantiva del electorado no podía expresar plenamente su preferencia política mediante la candidatura del movimiento con el que se identificaba.

El resultado fue una democracia constitucional atravesada por una contradicción de fondo: había competencia electoral, pero la competencia no incluía a todos los actores políticos relevantes.

La exclusión no eliminó al peronismo. Lo desplazó hacia otros canales de expresión: el sindicalismo, las organizaciones territoriales, la protesta social, la resistencia y las estructuras informales de representación.

La política institucional y la estructura real de poder social dejaron así de coincidir plenamente.

En 1966, el golpe encabezado por Juan Carlos Onganía volvió a interrumpir el orden constitucional.

La secuencia no puede reducirse a una fórmula simplista, pero sí permite advertir una regularidad: la exclusión de una fuerza socialmente relevante no necesariamente estabiliza un sistema político; puede, por el contrario, introducir una contradicción permanente entre representación institucional y relaciones sociales de fuerza.

Cámpora: la sustitución transitoria y el regreso del liderazgo

El caso de Héctor Cámpora presenta una diferencia fundamental y, precisamente por eso, resulta especialmente interesante.

En 1973 el peronismo consiguió finalmente romper la proscripción y regresar a la competencia electoral. Pero el liderazgo de Perón continuaba sometido a restricciones que impedían su candidatura presidencial en las condiciones de aquel proceso.

La fórmula política condensada en la consigna “Cámpora al gobierno, Perón al poder” expresó esa contradicción.

Cámpora funcionó como vehículo electoral de un movimiento cuyo liderazgo histórico permanecía en el centro de la escena. Su gobierno duró apenas 49 días. Su renuncia no fue producto de un golpe de Estado, como en los casos de Frondizi e Illia, sino una salida política que permitió abrir el camino para que Perón pudiera presentarse nuevamente a elecciones.

La experiencia camporista permite observar una dimensión particularmente relevante para el presente: la sustitución electoral de un liderazgo excluido no necesariamente elimina la fuerza social que ese liderazgo representa.

Puede administrarla temporalmente.

Puede permitir una transición.

Puede incluso producir una salida institucional.

Pero si la fuerza social permanece intacta, la sustitución puede terminar revelándose como una solución transitoria.

La elección de septiembre de 1973, en la que Perón obtuvo una victoria contundente, mostró precisamente la diferencia entre una representación indirecta y una representación directa del liderazgo histórico del movimiento.

Una misma contradicción histórica

Frondizi, Illia y Cámpora no constituyen casos idénticos. Precisamente por eso su comparación resulta útil.

Frondizi expresa la tentativa de incorporar parcialmente al electorado peronista desde un gobierno que debía responder simultáneamente a las presiones de un sistema de poder profundamente antiperonista.

Illia expresa la administración constitucional de un sistema electoral en el que la principal fuerza popular permanecía excluida.

Cámpora expresa, finalmente, la transición desde la proscripción hacia la reincorporación del peronismo y el posterior restablecimiento del liderazgo directo de Perón.

Tres situaciones distintas.

Una misma contradicción de fondo:

la distancia entre la representación institucional disponible y la fuerza política efectiva de una corriente social que no podía expresarse plenamente en el sistema electoral.

Esta es la razón por la que la hipótesis de Artemio López merece ser incorporada al debate actual. No porque la historia deba repetirse mecánicamente, sino porque permite observar un problema estructural: cuando existe una distancia demasiado grande entre las relaciones sociales de fuerza y su traducción institucional, la estabilidad del sistema político se vuelve más difícil.

La paradoja de la unidad bajo proscripción

La experiencia histórica permite comprender mejor la paradoja actual.

La proscripción puede estimular la unidad porque obliga a las distintas fracciones a enfrentar un adversario común. Pero también puede dificultarla porque modifica las relaciones internas de poder: algunos sectores pueden interpretar la ausencia forzada de Cristina como una oportunidad para redefinir el liderazgo del peronismo.

Esta tensión atraviesa toda la discusión contemporánea.

La unidad puede construirse con Cristina como referencia política aun cuando no pueda competir electoralmente, o puede intentar construirse sobre la hipótesis de una sustitución definitiva de su liderazgo.

Ambas estrategias tienen consecuencias completamente diferentes.

La primera reconoce que la proscripción constituye una restricción externa al funcionamiento normal del campo político y busca construir una unidad que, al mismo tiempo que disputa el poder institucional, mantenga abierto el conflicto por la plena vigencia de los derechos políticos.

La segunda corre el riesgo de naturalizar la exclusión y convertir una circunstancia excepcional en un nuevo equilibrio permanente.

La diferencia entre ambas alternativas no es táctica.

Es estratégica.

El encuentro Massa-Kicillof-Máximo y el problema de la nueva mayoría

La reunión entre Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner adquiere relevancia precisamente porque puede ser leída como un intento de superar la lógica de fragmentación que caracterizó al peronismo durante los últimos años.

Pero sería un error confundir convergencia dirigencial con construcción de mayoría social.

El desafío consiste en articular tres dimensiones simultáneas.

Primero, una unidad política capaz de superar la fragmentación interna.

Segundo, una reconstrucción programática que responda a las nuevas condiciones materiales de las mayorías populares.

Tercero, una estrategia democrática que coloque la proscripción en el centro del problema institucional argentino.

La ausencia de cualquiera de estas dimensiones debilitaría las otras.

Una unidad sin programa corre el riesgo de convertirse en una coalición electoral defensiva.

Un programa sin unidad carece de capacidad política para imponerse.

Y una estrategia electoral que naturalice la proscripción puede conseguir una victoria institucional sin resolver el deterioro de la representación democrática.

La frase que sintetiza este desafío vuelve a ser aquella que debería ordenar toda la discusión:

“No se trata de juntar nuevamente a los que estaban juntos. Se trata de construir una unidad capaz de representar a los que hoy necesitan ser representados”.

Pero esa representación tiene que ser doble: social y democrática.

Social, porque debe incorporar a quienes fueron afectados por la transformación regresiva de las condiciones económicas.

Democrática, porque no puede aceptar como condición natural de la competencia política la exclusión de una parte significativa de las preferencias ciudadanas.

La proscripción como problema de calidad democrática

La literatura contemporánea sobre democracia ha otorgado una importancia central a dimensiones como inclusión, participación y contestación. Dahl convirtió la participación y la competencia en componentes centrales de la poliarquía; O’Donnell, por su parte, insistió en que la democracia implica ciudadanos concebidos como agentes, portadores de derechos políticos y capaces de intervenir en la determinación de las autoridades que los gobiernan.

Desde esta perspectiva, la discusión argentina puede formularse con mayor precisión.

Si una parte relevante del electorado conserva una determinada preferencia política pero el principal referente de esa preferencia queda excluido de la competencia electoral, la dimensión de inclusión se encuentra afectada.

Si, simultáneamente, esa exclusión modifica las condiciones bajo las cuales compiten las distintas fuerzas, también se modifica la dimensión de contestación.

Por lo tanto, la cuestión no puede reducirse a una discusión moral sobre Cristina Kirchner.

Es una cuestión institucional.

Y precisamente por ello resulta indispensable distinguir entre la legitimidad jurídica de una sentencia concreta y los efectos sistémicos que esa decisión produce sobre la competencia política.

Es perfectamente posible discutir la responsabilidad penal de una dirigente y, simultáneamente, analizar críticamente las consecuencias democráticas de su inhabilitación política.

La democracia exige justamente esa separación analítica.

¿Unidad para administrar la proscripción o unidad para superarla?

Este es, finalmente, el dilema político central.

Una unidad concebida exclusivamente para administrar la ausencia de Cristina puede resultar electoralmente necesaria, pero corre el riesgo de construir una representación política disminuida desde su origen.

Una unidad que reconozca la proscripción como un problema democrático puede, en cambio, convertir la defensa de la participación política en parte de una estrategia más amplia de reconstrucción de la representación popular.

Esto no significa reducir toda la política opositora a la defensa de Cristina Kirchner.

Sería un error.

Significa exactamente lo contrario: sacar la cuestión de Cristina del registro personalista y devolverla al terreno institucional y democrático.

Cristina no debe ser presentada únicamente como una dirigente que necesita recuperar su derecho a competir.

El problema reside también en el derecho de los ciudadanos que quieren elegirla y en las condiciones generales de competencia política.

Por eso la discusión no debería ser “Cristina o unidad”.

La alternativa es conceptualmente falsa.

La cuestión es:

¿qué unidad, para qué mayoría y bajo qué condiciones democráticas?

El bosque y el árbol

El árbol de la unidad es necesario.

Pero el bosque de la proscripción es el terreno en el que ese árbol está creciendo.

No hay contradicción entre construir unidad y denunciar la proscripción. La contradicción aparece cuando la unidad se transforma en un mecanismo para naturalizar la exclusión de una parte sustantiva del electorado.

La verdadera tarea consiste en construir una unidad capaz de superar la fragmentación interna sin perder de vista que la política no se reduce a sus dirigentes. Una unidad que vuelva a conectar la representación institucional con las condiciones materiales de vida de trabajadores, jubilados, sectores medios empobrecidos, jóvenes precarizados, pequeños productores, comerciantes y millones de hogares sometidos a procesos crecientes de endeudamiento y vulnerabilidad.

En otras palabras:

la reconstrucción del peronismo no puede ser una operación de recomposición de su dirigencia; debe ser una operación de reconstrucción de representación social.

Y allí vuelve a aparecer Cristina Kirchner.

No necesariamente como una figura que deba ocupar el centro de toda estrategia electoral, sino como el punto en el que se cruzan tres problemas diferentes:

liderazgo político, representación social y derechos democráticos.

La cuestión fundamental no es, entonces, quién ocupará el lugar electoral que la proscripción deja vacío.

La pregunta decisiva es qué sociedad, qué mayoría y qué proyecto político pueden emerger de ese vacío.

Porque si la unidad solamente sirve para ocupar el lugar que deja una dirigente proscripta, estaremos frente a una reorganización del sistema de partidos.

Si, en cambio, la unidad consigue transformar la exclusión en una cuestión democrática, reconstruir representación social y articular una mayoría capaz de disputar el sentido económico y político del Estado, estaremos ante algo diferente:

la posibilidad de construir una nueva mayoría popular.

La experiencia histórica argentina aconseja no confundir una solución electoral con la resolución de una contradicción política.

Frondizi mostró los límites de gobernar con el apoyo de un electorado cuya fuerza política continuaba proscripta.

Illia mostró los límites de una democracia constitucional cuya competencia seguía excluyendo a una parte sustantiva del campo político.

Cámpora mostró, finalmente, que la sustitución transitoria de un liderazgo no necesariamente resuelve el problema de representación cuando ese liderazgo conserva una gravitación social decisiva.

Las circunstancias actuales son, por supuesto, diferentes. No estamos ante la Argentina de 1958, 1963 o 1973. Pero la historia no necesita repetirse para resultar políticamente significativa.

Basta con que nos permita reconocer una estructura de problemas.

Y esa estructura puede formularse de manera sencilla:

cuando la representación institucional se distancia demasiado de las relaciones sociales de fuerza, la estabilidad democrática se vuelve más difícil de construir.

Por eso, el desafío actual no consiste solamente en construir una unidad capaz de ganar elecciones.

Consiste en construir una unidad capaz de representar socialmente a quienes necesitan representación, democratizar el campo político y disputar las condiciones materiales que producen la fragmentación de las mayorías populares.

El árbol de la unidad importa.

Pero no debe impedirnos ver el bosque.

Porque el problema argentino no es solamente quiénes consiguen sentarse juntos a una mesa.

Es qué mayoría social puede volver a reconocerse políticamente en esa mesa y qué condiciones democráticas necesita para que su voluntad pueda expresarse plenamente.

Ese es el desafío histórico.

Y por eso conviene insistir:

que el árbol de la unidad no nos impida ver el bosque de la proscripción.

Referencias

1. Dahl, Robert A. (1971), Polyarchy: Participation and Opposition, Yale University Press. La obra establece la participación y la oposición/contestación como dimensiones fundamentales de la democracia competitiva.
2. O’Donnell, Guillermo (2010), Democracy, Agency, and the State: Theory with Comparative Intent, Oxford University Press. O’Donnell define el régimen democrático a partir de elecciones razonablemente libres, el derecho a votar y a ser elegido y las libertades políticas que permiten ejercer la ciudadanía como agencia.
3. Gramsci, Antonio, Cuadernos de la cárcel. La noción de hegemonía permite analizar la construcción de una mayoría política como articulación de intereses sociales diversos alrededor de una voluntad colectiva y no como mera suma de organizaciones.
4. Instituto Nacional de Capacitación Política, Sistemas electorales y partidos políticos en Argentina. El documento oficial reconstruye el período de los “18 años de proscripción” del peronismo iniciado después del golpe de 1955.
5. López, Artemio, “¿Influyó la proscripción de Perón en las caídas de Frondizi, Illia y Cámpora en Argentina?”, RambleTamble. El artículo propone interpretar la proscripción como un factor estructural que condicionó las trayectorias de esos gobiernos, diferenciando los mecanismos específicos de cada caso.
6. Coppedge, Michael, Álvarez, Angel y Maldonado, Claudia (2008), “Two Persistent Dimensions of Democracy: Contestation and Inclusiveness”, The Journal of Politics, vol. 70, n.º 3. El trabajo desarrolla la distinción entre contestación e inclusión como dimensiones centrales del análisis comparado de los regímenes democráticos.

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