La hipótesis central del informe es que estamos pasando de una economía que ajusta el empleo a una economía que destruye capacidades productivas. El fenómeno tiene una dimensión económica, pero también política: erosiona las bases materiales de las clases medias empresariales, los trabajadores industriales y las economías regionales.
Hay una distinción que conviene preservar: el CEPA advierte que su relevamiento no comprende la totalidad de los conflictos, sino aquellos que tuvieron repercusión pública. Por lo tanto, los 953 casos son un piso de conflictos identificados, no un censo exhaustivo.
El dato más inquietante del informe no son los 953 conflictos. Es la aceleración de los cierres, las quiebras y los concursos preventivos. Allí aparece la profundidad estructural del experimento económico de Milei.

El presente informe busca dar cuenta y caracterizar la conflictividad laboral durante los casi tres años del gobierno de Milei. A partir de la construcción de una base de datos propia, se pretende analizar un conjunto de variables que incluyen sector de actividad, tipos de conflictos desarrollados, ubicación geográfica y empresas afectadas.
Elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), este documento releva, sistematiza y analiza aquellos casos dados entre enero de 2024 y los primeros días de noviembre de 2026, que surgen a partir del seguimiento periódico a coberturas periodísticas y sitios web sindicales, que permitieron identificar conflictos laborales tanto del sector público como del privado. Cabe destacar que dicha base no contempla la totalidad de casos que se desarrollaron durante este período, sino que es solo aquella parte que fue de interés para la opinión pública.
La conflictividad laboral es un indicador central para el análisis de la evolución del mercado de trabajo y las relaciones laborales, ya que refleja las tensiones derivadas de los procesos económicos, productivos y regulatorios. Durante los últimos casi tres años Argentina atravesó transformaciones macroeconómicas y productivas, caracterizadas por el ajuste fiscal, desregulaciones, apertura importadora y achicamiento del Estado (por solo nombrar algunas). Esto generó impactos directos sobre el nivel de actividad, empleo, salarios reales y la negociación colectiva.
Desde enero de 2024 hasta el 5 de noviembre de 2026 se registraron al menos 953 casos de conflictividad laboral en todo el país. El sector más perjudicado por los conflictos laborales fue la Industria (65,3%). Dentro de este sector, principalmente fueron afectados los subsectores textil, alimenticio y metalúrgico y siderúrgico. Todos ellos son los grandes afectados por los efectos de la apertura importadora.
El sector Servicios representó el 15,9% de los casos. Dentro del mismo, sufrieron los subsectores de Recreación y esparcimiento (Hotelería, Restaurantes, Bingos y Casinos), Transporte, Medios de comunicación, Bancos, seguros y finanzas y Sanidad.
Por su parte, Comercio representó el 8,4% de los casos, siendo que el principal subsector afectado es el de Supermercados.
El sector Primario acumuló el 7,9% de los casos, donde la mayor afectación se dio en el sector de Hidrocarburos y servicios petroleros, el Pesquero y la Minería.
Por último, la Construcción acumuló el 2,5% de los casos.

El conflicto principal durante el período analizado fueron los Despidos (53,7%), en correlación con los 437.611 puestos de trabajo registrados perdidos entre noviembre de 2023 y julio de 2026 (según datos de SRT). Le siguieron los Cierres de empresas (17,5%), luego las Crisis (10,7%) y las Suspensiones (9,1%). Completan el cuadro las Quiebras (2,3%), los Retiros voluntarios (2,1%), los Concursos preventivos (1,9%), los conflictos por Condiciones de trabajo, principalmente salarios adeudados (1,4%), y las Paralizaciones (1,3%).

Durante los casi tres años de gobierno de Milei, principalmente fueron las PYMES quienes sufrieron la mayor cantidad de los conflictos laborales (41,0%). Teniendo en cuenta que son las empresas que más trabajo generan, y que continúa tanto la caída del consumo como la apertura importadora, el panorama a futuro parece estar lejos de mejorar para este sector. Le siguieron los Conglomerados extranjeros (23,5%), quienes en la gran mayoría de los casos comenzaron a importar en vez de continuar con la producción, o bien, despidieron personal ante la caída del consumo. Luego se encuentran las Grandes empresas (21,8%), los Grandes Grupos Económicos (9,7%) y las empresas estatales (4,0%).

En el 74,2% de los casos se trató de empresas con capital de origen nacional, el 24,0% de los casos fueron empresas de capital extranjero y solo el 1,7% capital Mixto.

En cuanto a la distribución geográfica, la zona centro del país acaparó el 54,8% de los casos de conflictividad laboral: Buenos Aires (27,9%), Santa Fe (10,4%), Córdoba (6,9%), CABA (5,7%) y Entre Ríos (3,9%). Por fuera de la zona centro se destaca La Rioja (6,8%), que ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, seguida por Tierra del Fuego (4,7%), San Juan (3,3%) y Tucumán (3,0%).

Desde las elecciones de medio término del 26 de octubre de 2025, la conflictividad laboral se intensificó. Entre enero de 2024 y octubre de 2025 hubo en promedio 25 casos por mes. Entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, el promedio subió a 33 casos mensuales. Ese agravamiento denota que el aumento de la conflictividad no se debe a una razón política como mencionaba el oficialismo en un primer momento, sino que tiene que ver con una profundización de la crisis económica.
En cuanto a la naturaleza de los conflictos al comienzo predominaban los despidos y las suspensiones. Con el correr de los meses ganaron peso los desenlaces más graves: cierres de plantas o de empresas, quiebras y concursos preventivos. Estos casos pasaron de representar el 6,2% de los conflictos registrados en 2024 al 17,6% en 2025 y al 39,9% en lo que va de 2026. En lo que va del segundo semestre de 2026, más de la mitad de los conflictos relevados (56,5%) fue un cierre, una quiebra o un concurso preventivo.
El agravamiento también se observa en la trayectoria de cada empresa. Al menos 46 firmas de la base comenzaron con despidos, suspensiones o crisis y terminaron, en los meses siguientes, en un cierre, una quiebra o un concurso preventivo. En otras, el cierre derivó después en indemnizaciones impagas y en una quiebra o un concurso preventivo. Algunos ejemplos:
No se salva ningún sector. La destrucción industrial actual ataca a todos los sectores de nuestro país. Desde la metalmecánica y los insumos para fabricar bienes exportables hasta industrias alimenticias y relacionadas con el agro.










Informe CEPA N° 704, ISSN 2796-7166.