–Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont–
Vamos a hacer una revolución sin necesidad de comprar un arma, sin dar un tiro
(Lula)
Elegido para un inédito tercer mandato, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido dos Trabalhadores (PT), presentó durante la campaña para la Presidencia de la República un plan económico lleno de intenciones, pero con pocos detalles, sobre cómo alcanzar sus metas. Desde decisiones urgentes como mantener el pago del Auxílio Brasil –que debería pasar a llamarse nuevamente Bolsa Família– de R$ 600 mensuales, hasta el prometido aumento real del salario mínimo, los desafíos pasan por cuestiones estructurantes, como la reanudación de las inversiones públicas.
Muy criticado por la derecha por falta de detalle en sus planes económicos, Lula no indicó para desgracia del establishment quién sería su ministro de Hacienda u otros miembros del equipo, lo que ha motorizado todo tipo de especulación en favor de los representantes del mercado o a quien los dueños de Brasil quieren en; economía, Banco Central, BNDES, Petrobras, etc. Pasará un tiempo antes de dar sus nombres, ya que serán carta de negociación en el congreso con centrão que brindó apoyo a Bolsonaro, pero ustedes saben, todo es negociable y Lula los necesita dada su debilidad en el parlamento y las alianza electoral híbrida que articula intereses contrapuestos.
Entre las medidas iniciales, el presidente habla de un plan de emergencia para los primeros 100 días de gobierno, integrado por acciones como las de combate al hambre. El exgobernador de Piauí, Wellington Dias, uno de los principales asistentes del PT, dice que la «misión» será reconstruir el país. —Será necesario pacificar el país, trabajar por la estabilidad y previsibilidad con un proyecto que tendrá medidas de emergencia, por la grave y generalizada crisis instalada, pero principalmente un plan estratégico basado en los ejes consensuados con amplios sectores de la sociedad y presentados al país, con metas de corto, mediano y largo plazo, y agrega: —Se trata de crear un ambiente de confianza, restablecer los lazos con el mundo y permitir, lo antes posible, el equilibrio de las cuentas públicas y la reanudación del crecimiento económico y social sobre bases seguras.
Reajuste mínimo por encima de la inflación
En el discurso poco después de confirmarse la victoria, Lula reafirmó que su gobierno “no será un gobierno del PT”, sino un pacto con amplios sectores de la sociedad. Uno de los puntos que será necesario negociar con el Congreso Nacional antes de asumir, con el objetivo de aumentar los gastos a partir de 2023, son los aumentos del Auxílio Brasil de R$ 600 (U$S115) además de la que Lula promete pagar R$ 150 (U$S30) adicionales por niño. O sea, el primer escollo es el presupuesto. Habrá que rehacerlo en las próximas semanas. Faltan R$ 52 mil millones para que la nueva Bolsa Família mantenga su valor actual.
El presidente también tiene entre sus prioridades el reajuste real del salario mínimo, es decir, por encima de la inflación. Según la regla evaluada por el entorno del presidente electo, el incremento sería de 1,3% por encima del indicador. La previsión de inflación para este año es del 5,6%. Así, el salario subiría un 6,9%, de R$ 1.212 para R$ 1.296 (U$S 250).
También tendrá que negociar ese monto con el Congreso nacional, ya que cada aumento de R$ 1 representa al menos R$ 380 millones más en el gasto público, ya que el piso nacional es una referencia para jubilaciones, pensiones y beneficios millonarios.
Es del Congreso de donde tendrán que salir las soluciones a los problemas muy palpables que se le presentarán al presidente electo, que lo han dejado, después de la primera vuelta, como un presidente débil. Lo único cierto es que, sea cual sea la estrategia elegida, para implementarla, el nuevo presidente deberá recuperar el control del presupuesto, impresionando la modalidad de reformas obligatorias, conocida como presupuesto secreto. Eso es lo que Lula se propuso hacer desde el comienzo de la campaña, pero la misión está lejos de ser trivial.
Bolsonaro perdió las elecciones, pero el bolsonarismo continúa. Lula superó enormes desafíos en sus dos primeras administraciones, pero nunca tantos y tan complejos al mismo tiempo como los actuales. Ahora es el momento de mostrar si el legado jugará a favor o si se convertirá en otra carga.
Ampliación del rango de exención del impuesto a la renta. La propuesta de impuesto a la renta tendría un impacto de R$ 180 mil millones
En el campo de las reformas, Lula diseña un cambio fiscal troceado, en el que solo hay más claridad sobre la propuesta del impuesto a la renta. La intención del PT es reajustar la tabla de IR, gravar utilidades y dividendos y crear un nuevo rango.
La idea es ampliar el rango de exención del IR. Inácio Lula da Silva prometió elevar el rango de exención del impuesto a la renta de las personas físicas a R$ 5.000 mensuales. Hoy, quienes reciben hasta R$ 1.903,98 están exentos del pago del impuesto, valor que no se actualiza desde 2015.
Durante la campaña, Lula habló de “revocar” la reforma laboral aprobada en 2017, pero cambió de tono y comenzó a hablar de cambios más específicos. Uno de ellos se refiere al tratamiento de los trabajadores de aplicaciones, como los conductores y los repartidores. En una carta difundida unos dias antes de las elecciones, habla de un “amplio debate tripartito” (gobierno, empresas y trabajadores) para construir una nueva legislación laboral “que garantice unos derechos mínimos”.
La principal pregunta en este momento es sobre la nueva regla para las cuentas públicas. Lula ha dicho varias veces que eliminará el tope de gastos, la principal regla fiscal del país y que detendrá el gasto federal por encima de la inflación. Sin embargo, aún no se ha definido qué propondrá el nuevo gobierno para reemplazar el techo.
¿Qué reemplazará el techo del gasto?
Hoy, dos propuestas para reemplazar el techo son consideradas entre economistas y políticos que asesoran a Lula. Una de las alternativas es volver a la meta de superávit primario, una diferencia positiva entre ingresos y gastos que debe perseguir el gobierno.
Una novedad es que no solo existiría un valor fijo para el objetivo de superávit (o déficit, según el escenario económico) sino también bandas que permitan ajustar la regla según los ciclos económicos. Bajo este modelo, habría un objetivo de resultado principal (ingresos menos gastos, descontando los pagos de intereses de la deuda) y una banda dentro de la cual el resultado podría fluctuar.
Una segunda propuesta prevé una regla para reajustar el límite de gastos por inflación, como es hoy el tope, más otro indicador, aún sin definir. Bajo esta regla, habría un crecimiento real en los gastos, principalmente en los considerados prioritarios, como salud, educación e infraestructura.
Las cuentas públicas registrarán este año el primer superávit desde 2013, producto del aumento de los bloqueos de ingresos y gastos, escenario que no debe repetirse en 2023.
En otros frentes, el nuevo gobierno debería paralizar el avance de las privatizaciones, como la venta de activos de Petrobras, pero no pretende revocar las ventas ya realizadas, como en el caso de Eletrobras.
Los miembros del PT que se hicieron cargo del plan de gobierno de Lula pretenden cambiar la política de precios de la estatal, aumentar las inversiones de la empresa (como la ampliación del actual parque de refinación) y también mirar de nuevo a sectores como la distribución de derivados.
Hoy, la política de precios tiene en cuenta los valores del dólar y del barril de petróleo en el mercado internacional. Los asistentes de Lula defienden la creación de un “precio de referencia” para Petrobras y otras petroleras del país, a partir del cual se definirá el valor de los combustibles, considerando, por ejemplo, los costos nacionales de su producción.
Renegociación de la deuda
Entre las empresas estatales, el BNDES es otra que sufrirá cambios. El banco debería retomar la oferta de crédito a sectores considerados estratégicos, además de financiar políticas ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo). Ahora Lula habla de préstamos a pequeñas y medianas empresas. La intención es utilizar los bancos públicos y otros instrumentos para bajar las tasas de interés.
El PT también habla de aumentar la inversión pública, principalmente en infraestructura, pero también de viabilizar alianzas con el sector privado. En ese campo, deben regresar marcas históricas del partido, como el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y Minha Casa, Minha Vida.
Lula también debe lanzar un programa para renegociar las deudas de las familias más pobres, previsto en su plan de gobierno. La idea es incluir, además de las facturas de agua, luz y otros servicios, cadenas comerciales y bancos.
El programa, denominado “Desenrola”, pretende renegociar hasta R$ 90 millones de deuda. Para eso, está prevista la creación de un fondo de garantía entre R$ 7 mil millones y R$ 18 mil millones de la Unión para renegociar la deuda de 68 millones de personas. Para Fernando Fenolio, economista jefe de Wealth High Governance (WHG), el gobierno de Lula querrá aumentar el gasto público, pero hay dudas sobre la gradación de ese aumento: Habrá un gasto extra que se irá sumando con el tiempo para atender las demandas de la sociedad. El tema de la regla fiscal es súper relevante para que el mercado tenga una idea de cómo va a funcionar durante el ciclo económico.
En el discurso consagratorio, cuando Lula habla de política internacional, no menciona, y no es de forma inocente, UNASUR, CELAC, o MERCOSUR. Habrá que ver de qué manera Brasil vuelve al mundo tal y como requieren los globalistas y los propios intereses de Brasil.
YO SÉ QUE AHORA VENDRÁN CARAS EXTRAÑAS
Desde aquí, a una distancia entre 150 a 300 km de CABA, podría decir que desde el lunes, luego de las elecciones en Brasil, comenzaron los movimientos políticos de figuritas locales de la derecha. Todo sobre la base de los que se originaron en pandemia y apelando ahora a caras nuevas, desconocidas o con poco desgaste.