La hipótesis de la nota trasciende el debate sobre el empleo. Plantea que el conflicto político argentino actual consiste en definir qué significa "mejorar". Mientras una tradición política evalúa el desempeño económico mediante salarios reales, empleo formal y distribución del ingreso, el oficialismo busca instalar otros criterios —estabilidad macroeconómica, libertad de mercado y responsabilidad individual— como parámetros de éxito. En este contexto la disputa central es, por tanto, una lucha por el sentido de los indicadores económicos y por la legitimidad del modelo de sociedad que esos indicadores representan. La estabilidad política del gobierno no descansa sólo en la desaceleración inflacionaria o en su capacidad comunicacional, sino también en la fragmentación estructural que impone el modelo, tanto en el terreno laboral, social, productivo y de representación política, donde comienzan a convivir muy diversas realidades, sumamente heterogéneas. Una consigna movilizadora como "Cristina Libre", no es una consigna electoral, es un límite a la disolución del plexo nacional de la representación política: la reaparición de un sujeto opositor con capacidad de disputar simultáneamente el sentido de la economía, la democracia y la representación popular a pesar de la fragmentación estructural. No es tarea sencilla, pero vale la pena intentarlo imaginando las alternativas regionales donde la ausencia de liderazgos nacionales es funcional a la continuidad de la política socioeconómica de corte neoliberal extractivista. Es cierto que por acá pasó Perón, pero hace mucho tiempo ya.
Artemio López *
El gobierno de Javier Milei presenta el aumento del empleo total como una prueba del éxito de su programa económico. Sin embargo, un análisis de la evolución del mercado laboral muestra una realidad diferente: el crecimiento del empleo se explica casi exclusivamente por la expansión del trabajo informal, mientras continúa la destrucción del empleo registrado. Más que una recuperación del mercado laboral, los indicadores revelan un proceso de precarización creciente
◆ El primer trimestre de 2026 confirma una dinámica contractiva. Aunque la desocupación permanece en torno al 7,8%, consolida el incremento iniciado en 2023 y se combina con un deterioro de la calidad del empleo. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se perdieron más de 216.000 empleos privados registrados, mientras crecieron más de 165.000 inscriptos en el monotributo, modalidad que muchas veces expresa tercerización o autoempleo forzado antes que generación genuina de puestos de trabajo.
◆ La Encuesta Permanente de Hogares profundiza ese diagnóstico. Entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026 se destruyeron 246 mil empleos registrados y se crearon más de 603 mil puestos no registrados. En consecuencia, el empleo sólo aumenta en los segmentos más precarios de la estructura ocupacional.
Paralelamente, crecen la subocupación y la presión sobre el mercado de trabajo, mientras disminuye la búsqueda de un nuevo empleo entre quienes ya trabajan, fenómeno asociado al desaliento frente a la falta de oportunidades de calidad. La informalidad alcanza el 44,2%, el nivel más elevado de los últimos 10 años.
Desde una perspectiva económica, el modelo produce una recomposición regresiva del mercado laboral: disminuye el peso del empleo asalariado formal, aumentan las formas precarias de inserción y se debilita la capacidad de negociación de los trabajadores debilidad potenciada en el sector formal por la ley de reforma que aprobó el congreso recientemente.
La desaceleración de la inflación se sostiene, en parte, mediante una fuerte disciplina sobre el mundo laboral, basada en salarios deprimidos, pérdida de estabilidad y deterioro de las condiciones de trabajo.
Frente a este panorama se observa es una estrategia de comunicación que privilegia aquellos indicadores compatibles con el relato oficial y relega otros que muestran un panorama menos favorable.
Básicamente, el Ejecutivo enfatiza el aumento del empleo total, pero omite distinguir entre empleo formal e informal, o entre ocupación plena y subocupación. Así puede presentar como recuperación lo que en realidad constituye una degradación de la calidad del empleo.
Las principales críticas al discurso oficial son cuatro: destacar el crecimiento del empleo total sin mencionar la pérdida de empleo registrado; presentar el aumento del monotributo como creación de empleo cuando muchas veces refleja precarización; exhibir la baja de la inflación minimizando sus costos sobre salarios y consumo; y seleccionar períodos de comparación favorables ocultando tendencias de más largo plazo.
La disputa, en consecuencia, no gira tanto alrededor de la veracidad de los datos como sobre cuáles indicadores resultan relevantes para evaluar una política económica.
◆ La precarización también impacta sobre los ingresos. En varias provincias más de la mitad del empleo es informal; el salario promedio registrado apenas supera la línea de pobreza para una familia tipo y sin contemplar alquiler, mientras el pluriempleo como mecanismo para amortiguar la crisis de ingresos en el hogar ya alcanza al 13% de la población económicamente activa, muy por encima de países vecinos como Uruguay y Chile que orillan el 4%.
En definitiva, La Argentina avanza hacia un esquema económico-social de tipo “70/30”: una minoría integrada al modelo económico y una mayoría sometida a condiciones laborales cada vez más precarias, morfología típica de la región.
Esa transformación como es lógico, también modifica la representación política, favoreciendo la fragmentación de las fuerzas populares y la disolución de los liderazgos nacionales.
En ese marco, la consigna “Cristina Libre” debe ser interpretada no sólo como una demanda vinculada a una dirigente política, sino como un intento de preservar una referencia nacional frente a al proceso de fragmentación económica, social y también de representación política, que impulsa el actual modelo de país.
* Director de Consultora Equis.