La ilusión de que ganar el gobierno es conquistar el poder

Una de las trampas recurrentes de la política latinoamericana consiste en reducir la lucha por el poder a la conquista del Poder Ejecutivo. Se gana una elección, se ocupa la Casa de Gobierno y, a partir de allí, se supone que comienza una transformación de la sociedad. Pero entre la victoria electoral y la transformación efectiva de las relaciones sociales existe una distancia que puede ser decisiva.  Cristina Kirchner advirtió  que en la década en que gobernó – antes de los experimentos de la larga noche neoliberalo 2015-2026-, asumir el gobierno suponía acceder al 25% del poder de Estadpo, hoy imaginemos la prop0orción.

Precisamente el artículo de Alfonso Insuasty Rodríguez, retomado por Juan Martorano, parte precisamente de esa constatación al analizar el cierre del ciclo progresista colombiano iniciado con la llegada de Gustavo Petro al gobierno en 2022. La tesis sostiene que la ocupación del Ejecutivo no modificó automáticamente la estructura de poder asentada sobre la concentración económica y territorial, las burocracias estatales, los grandes medios de comunicación, las relaciones militares y la inserción geopolítica de Colombia.

Pero para comprender realmente esta cuestión es necesario ir más allá de la fórmula «gobierno versus poder». Allí aparece la importancia de Nicos Poulantzas.

El aporte decisivo de Poulantzas consiste en romper simultáneamente con dos concepciones aparentemente opuestas del Estado. Por un lado, la visión instrumentalista según la cual el Estado sería simplemente una herramienta que la clase dominante posee y utiliza directamente. Por otro, la concepción del Estado como una instancia autónoma, situada por encima de las clases y capaz de arbitrar neutralmente entre intereses sociales contrapuestos.

Para Poulantzas, ninguna de las dos explicaciones resulta suficiente.

El Estado capitalista no es una cosa que la burguesía pueda simplemente «ocupar». Tampoco es un sujeto independiente que se encuentre por encima de la lucha de clases. Es una relación social condensada institucionalmente, un espacio material en el que se expresan, se organizan y se desplazan las contradicciones entre las clases y las fracciones de clase.[1]

Esta formulación cambia radicalmente la perspectiva.

Si el Estado fuera simplemente un instrumento, bastaría con conquistar el Ejecutivo para comenzar a utilizarlo en favor de otros intereses sociales. Pero si el Estado está materialmente estructurado por las relaciones de poder existentes en la sociedad, entonces un gobierno popular puede encontrarse gobernando dentro de una maquinaria cuyos procedimientos, instituciones, burocracias y reglas fueron históricamente configurados bajo relaciones de fuerza determinadas.

Poulantzas: el Estado no está fuera confrontación de clases

La originalidad de Poulantzas aparece con particular claridad en Estado, poder y socialismo. Allí rechaza la imagen del Estado como un aparato separado de las clases que posteriormente es utilizado por ellas. La cuestión es más compleja: las contradicciones de clase forman parte de la propia materialidad institucional del Estado.[2]

Por eso Poulantzas sostiene que no puede pensarse la relación entre Estado y clases como una relación exterior. Las luchas sociales no ocurren simplemente «fuera» del Estado para luego presionarlo desde afuera. Las contradicciones sociales atraviesan sus instituciones, sus burocracias, sus leyes, sus políticas públicas y sus aparatos.

El Estado es, por lo tanto, campo de lucha y al mismo tiempo factor activo en la organización de esa lucha.

Esta idea es fundamental para interpretar los ciclos progresistas latinoamericanos. Una fuerza política puede llegar al gobierno con una legitimidad electoral considerable y, sin embargo, encontrarse con un Estado que no funciona como una superficie neutral. Hay ministerios, tribunales, fuerzas de seguridad, bancos centrales, organismos reguladores, medios de comunicación, estructuras administrativas y relaciones económicas que tienen historias propias y que expresan correlaciones de fuerzas sedimentadas.

La autonomía del Estado es, para Poulantzas, una autonomía relativa. No significa neutralidad. Significa que el Estado posee una capacidad específica para organizar políticamente los intereses de las clases dominantes, incluso cuando esas clases mantienen contradicciones entre sí.

Esta precisión es decisiva.

La burguesía no constituye un bloque homogéneo. Capital financiero, capital industrial, agroexportadores, empresas energéticas, capital transnacional y grupos económicos nacionales pueden competir entre sí. Sin embargo, el Estado cumple una función de organización política de esas fracciones, estableciendo compromisos, jerarquías y equilibrios bajo la hegemonía de determinadas fracciones del bloque en el poder.[3]

De allí se desprende una conclusión política de enorme importancia: el Estado puede tener autonomía relativa respecto de cada capital particular sin dejar de funcionar dentro de la reproducción general del poder capitalista.

No es necesario que exista una conspiración permanente de empresarios que dicten cada decisión gubernamental. La dominación puede reproducirse a través de estructuras, procedimientos y reglas institucionales que delimitan aquello que resulta políticamente posible.

El bloque en el poder

Aquí aparece otro concepto central de Poulantzas: el bloque en el poder.

La clase dominante no gobierna necesariamente de manera unificada. Las diferentes fracciones del capital disputan entre sí la orientación de las políticas económicas y estatales. Pero esas disputas ocurren dentro de un marco común: la reproducción de las condiciones generales del capitalismo.

El Estado desempeña precisamente un papel de organización de esas contradicciones.

Esta perspectiva permite evitar dos errores frecuentes. El primero consiste en imaginar una burguesía omnipotente y homogénea que controla directamente cada decisión estatal. El segundo es creer que, debido a las contradicciones entre capitales, el Estado se vuelve neutral.

Poulantzas permite pensar ambas cosas simultáneamente: existen contradicciones dentro de las clases dominantes y, al mismo tiempo, existe una estructura estatal que contribuye a organizar su dominación política.[4]

Por eso la política económica no debe analizarse únicamente preguntando quién ocupa el Ministerio de Economía o quién firma un decreto. Hay que observar qué fracciones del capital resultan beneficiadas, cuáles pierden posiciones, qué compromisos se establecen y qué correlación de fuerzas permite que determinadas políticas se conviertan en políticas de Estado.

Colombia como laboratorio latinoamericano

Desde esta perspectiva, la experiencia colombiana analizada por Insuasty adquiere una dimensión más amplia.

El triunfo de Petro no fue solamente la victoria de un candidato. Fue la expresión institucional de un ciclo de movilización social que había atravesado Colombia durante los años anteriores. El propio artículo subraya la importancia de las protestas de 2019-2021 como antecedente del «Gobierno del Cambio».[5]

Pero la llegada al Ejecutivo no significó la desaparición de las estructuras de poder que habían organizado históricamente la sociedad colombiana.

Las dificultades para avanzar en reformas sociales, laborales, agrarias, previsionales y en la política de paz no pueden ser explicadas exclusivamente como problemas parlamentarios o errores de gestión. También expresan la existencia de una correlación de fuerzas en la que determinados intereses sociales disponen de recursos económicos, institucionales, culturales y mediáticos mucho mayores que los que posee un gobierno recién llegado.

La cuestión, entonces, no es simplemente que «la derecha se oponga».

El problema es estructural: las clases dominantes poseen múltiples espacios desde los cuales pueden ejercer poder, mientras que un gobierno popular concentra buena parte de su capacidad política en el Ejecutivo.

Ésta es una de las grandes lecciones de Poulantzas tributario de la teoría del Estado ampliado de Althusser.

El poder no está concentrado en un único espacio estatal. Se encuentra distribuido en el conjunto de las relaciones sociales. El Estado es fundamental, pero no agota el poder de clase.

La hegemonía: ganar elecciones y disputar el sentido común

Aquí Poulantzas converge con Gramsci, aunque no sean conceptos idénticos.

La dominación no puede sostenerse exclusivamente mediante coerción. Necesita producir legitimidad, consenso, hábitos sociales y representaciones sobre lo que es posible y lo que no lo es.

La hegemonía opera también sobre el sentido común.

Por eso la batalla política contemporánea no se libra únicamente en el Parlamento. También se desarrolla en los medios de comunicación, las redes sociales, las universidades, las empresas tecnológicas, las iglesias, las organizaciones empresariales y los territorios.

El artículo analizado incorpora precisamente esta dimensión cuando señala el peso creciente de las plataformas digitales, la vigilancia tecnológica y la denominada «guerra cognitiva» en la disputa política contemporánea.[6]

La transformación tecnológica modifica las formas de construcción de hegemonía, pero no elimina la cuestión de clase. Por el contrario, la concentración de plataformas, datos, infraestructura digital y capacidad algorítmica introduce nuevas dimensiones en la estructura de poder.

La pregunta gramsciana continúa vigente: ¿quién consigue convertir sus intereses particulares en sentido común?

La restauración conservadora

La llamada restauración conservadora tampoco debe entenderse simplemente como el retorno de determinados partidos al gobierno.

Una restauración política puede producirse cuando las clases dominantes consiguen reconstruir una nueva legitimidad para relaciones sociales preexistentes.

El discurso de la seguridad, la eficiencia, el orden, la austeridad fiscal o la lucha contra el «populismo» puede funcionar como una nueva gramática política destinada a presentar intereses sociales particulares como si fueran necesidades técnicas inevitables.

Ésta es otra cuestión profundamente poulantziana.

El Estado capitalista no solamente reprime. También individualiza, organiza jurídicamente a los sujetos como ciudadanos formalmente iguales y presenta las relaciones sociales como relaciones entre individuos libres ante la ley.[7]

La desigualdad económica queda así parcialmente invisibilizada detrás de una igualdad jurídica formal.

El trabajador y el propietario aparecen como sujetos jurídicamente equivalentes aunque ocupen posiciones profundamente asimétricas dentro de las relaciones de producción.

Esta operación institucional es fundamental para la reproducción del capitalismo.

La Argentina de Milei y la disputa por el Estado

La utilidad de este marco para analizar la Argentina contemporánea es evidente.

El fenómeno Milei no debería ser reducido a una cuestión electoral, ni tampoco a la personalidad política del presidente. Su significado más profundo se encuentra en el intento de modificar la relación entre Estado, mercado y clases sociales.

El programa libertario busca presentar al Estado como el problema y al mercado como la solución. Pero, desde una perspectiva poulantziana, esta oposición resulta engañosa.

El mercado no existe por fuera del Estado.

Los derechos de propiedad, los contratos, la moneda, el sistema financiero, las relaciones laborales, la legislación tributaria, las concesiones sobre recursos naturales, la infraestructura y la seguridad jurídica de las inversiones son instituciones políticas y jurídicas.

Por eso, cuando un gobierno proclama que quiere «retirar al Estado», la pregunta fundamental debería ser: ¿de qué Estado y para beneficiar a quién?

Un Estado puede reducir determinadas funciones sociales mientras fortalece otras funciones destinadas a garantizar la propiedad, la rentabilidad, la disciplina laboral, la apertura financiera o la protección de determinadas inversiones.

No se trata entonces de ausencia estatal, sino de reconfiguración estatal.

Ésta es posiblemente una de las claves más importantes para interpretar el proyecto libertario.

Gobernar o transformar

La experiencia latinoamericana plantea finalmente una cuestión estratégica para las fuerzas populares.

Llegar al gobierno es indispensable, pero no suficiente.

El gobierno permite acceder a instrumentos fundamentales: presupuesto, legislación, administración, política exterior, regulación económica y capacidad de intervención social. Pero la transformación de las relaciones de poder requiere modificar también las condiciones sociales que determinan la eficacia de esos instrumentos.

En términos poulantzianos, no alcanza con «ocupar» los aparatos del Estado. Es necesario intervenir sobre las relaciones de fuerza que atraviesan esos aparatos y, simultáneamente, construir poder social fuera de ellos.

De ahí que una política de transformación no pueda reducirse a la administración eficiente del Ejecutivo.

Necesita organización territorial, movimiento sindical, capacidad de movilización, construcción cultural, disputa comunicacional, democratización económica y una estrategia sobre los recursos estratégicos.

En otras palabras: la cuestión no es solamente quién gobierna, sino qué bloque social tiene capacidad para imponer el rumbo de la sociedad.

La gran enseñanza de Poulantzas conserva así una extraordinaria actualidad. El Estado no es una herramienta neutral que espera ser utilizada por quien gane las elecciones. Tampoco es una fortaleza inexpugnable de la burguesía. Es una condensación material de relaciones de fuerza, atravesada por contradicciones, pero inscripta en una estructura social capitalista.

Por eso cada victoria electoral abre una posibilidad, pero no garantiza una transformación.

Y cada derrota electoral tampoco significa necesariamente que una fuerza social haya sido definitivamente derrotada.

La disputa continúa en las instituciones, pero también en las fábricas, los sindicatos, los territorios, las universidades, los medios, las redes digitales y, sobre todo, en la capacidad de construir una nueva hegemonía social.

Gobernar puede ser el comienzo de la disputa por el poder. Confundir ambas cosas es, precisamente, el modo más rápido de perderla.

Notas

[1] Nicos Poulantzas, Estado, poder y socialismo, México, Siglo XXI, 1979. Poulantzas rechaza tanto la concepción del Estado como «cosa» instrumental como aquella que lo concibe como un sujeto autónomo situado por encima de las clases. Sobre esta discusión, véase también su respuesta a Ralph Miliband.

[2] Poulantzas sostiene que las contradicciones y luchas de clase no constituyen una presión exterior sobre un Estado previamente formado, sino que están presentes en su propia materialidad institucional.

[3] La autonomía relativa permite al Estado organizar el equilibrio inestable entre las distintas fracciones del bloque en el poder, bajo la hegemonía de una de ellas. Véase Poulantzas, Estado, poder y socialismo.

[4] Sobre la diferencia entre la concepción instrumentalista del Estado y la concepción poulantziana como relación social, véase Nicos Poulantzas, «The Capitalist State: A Reply to Miliband and Laclau», New Left Review, 1976.

[5] Insuasty Rodríguez/Martorano destacan que la llegada de Petro al gobierno debe entenderse como traducción institucional de un ciclo de movilización social acumulado durante 2019-2021.

[6] El artículo incorpora la dimensión de las plataformas digitales, la vigilancia tecnológica y la denominada guerra cognitiva como nuevos terrenos de la disputa por la hegemonía.

[7] Poulantzas analiza el papel del Estado capitalista en la constitución de sujetos jurídicamente individualizados y en la organización política de las relaciones sociales. Véase Estado, poder y socialismo.

Bibliografía básica

Poulantzas, Nicos, Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, México, Siglo XXI.

Poulantzas, Nicos, Estado, poder y socialismo, México, Siglo XXI, 1979.

Poulantzas, Nicos, «The Capitalist State: A Reply to Miliband and Laclau», New Left Review, 1976.

Insuasty Rodríguez, Alfonso, análisis sobre restauración conservadora y disputa del poder en América Latina, retomado por Juan Martorano, Aporrea, septiembre de 2026.