La jefa de Estado hondureño escribió en un post :
Es intolerable la injerencia e intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes. Atacan, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y la libre determinación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Ya basta. Con fundamento en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, he ordenado al Canciller Enrique Reina denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos.
Los comentarios en cuestión del embajador estadounidense ocurrieron durante una entrevista con el medio de comunicación HCH TV el 28 de agosto. Dogu había dicho que era “sorprendente y decepcionante” ver a funcionarios del gobierno hondureño reunirse con miembros del gobierno venezolano porque “el gobierno de Estados Unidos anunció hace varios años que el gobierno venezolano está involucrado en el narcotráfico; especialmente, están enviando drogas directamente a Estados Unidos”.
Agregó que el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, quien se reunió con el secretario de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, es uno de los funcionarios que ya ha sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos. “Fue sorprendente ver a funcionarios del gobierno [hondureño] sentados con ellos porque sé que la presidenta [Xiomara Castro] está en una lucha constante contra los narcotraficantes. Y fue sorprendente ver a funcionarios del gobierno sentados [al lado de] miembros de un cartel con base en Venezuela”, concluyó.
Al día siguiente, el 29 de agosto, el canciller de Honduras, Enrique Reina, dijo en una entrevista televisada que los comentarios de Dogu estaban vinculados a un plan más siniestro. “Hemos obtenido información de inteligencia, de que estas declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, implican que algunos miembros de las Fuerzas Armadas, personal militar de ciertos rangos, estaban conspirando con la idea de que como se han hecho acusaciones contra el general Roosevelt, hay que sacarlo de su cargo”, afirmó Reina. “Aunque pudimos llevar a cabo una elección limpia que llevó al presidente al poder [en 2021], sabemos de dónde venimos, sabemos de toda la lucha que hemos librado para siquiera rescatar la institucionalidad en el país”, agregó el canciller. También ha aclarado que en este momento no hay ninguna orden de extradición pendiente contra funcionarios del gobierno.
Xiomara Castro dijo en un discurso público el 29 de agosto que no se puede permitir que el gobierno de Estados Unidos ataque públicamente al jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, y al ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, por haber asistido a una reunión con militares venezolanos, y que este tipo de comentarios “debilitan la institucionalidad” del Ejército hondureño. Calificó los comentarios como parte de un plan para socavar y derrocar a su gobierno y afirmó:
Quiero prometerle al pueblo hondureño que no habrá más golpes de Estado y que no permitiré que se utilice el instrumento de la extradición para intimidar o chantajear a las Fuerzas Armadas de Honduras, nosotros estamos defendiendo a nuestras Fuerzas Armadas.
Varios otros líderes de izquierda latinoamericanos y caribeños han hecho declaraciones en apoyo al gobierno hondureño y condenando otro plan de desestabilización estadounidense.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel , afirmó :
Basta de inmiscuirse en los asuntos internos de Honduras. Todo nuestro apoyo y solidaridad a la Presidenta Xiomara Castro, a su Gobierno y al pueblo hondureño ante los ataques a la soberanía de Honduras y de Nuestra América.
El expresidente boliviano Evo Morales, derrocado en un golpe de Estado en 2019, escribió :
Extendemos todo nuestro apoyo a nuestra compañera Xiomara Castro, Presidenta de Honduras, ante los intentos de desestabilización orquestados por la derecha hondureña en complicidad con el gobierno de los Estados Unidos. Reconocemos su incansable labor y valentía al frente de los destinos del querido y admirado pueblo hondureño y en defensa de su soberanía. ¡No volverán!
Además de las fuertes declaraciones de altos funcionarios del gobierno, el gobierno hondureño sí tomó la medida concreta de poner fin al acuerdo de extradición entre los gobiernos de Honduras y Estados Unidos, que ha permitido que más de 50 hondureños sean juzgados y condenados a prisión en cárceles estadounidenses. Entre ellos se encuentra el ex presidente Juan Orlando Hernández, que contó con el respaldo de Estados Unidos y que en junio fue condenado a 45 años de prisión en Nueva York (y que, curiosamente, ha criticado la decisión de Castro de suspender el acuerdo de extradición).
Los tratados de extradición con Estados Unidos han sido ampliamente criticados por los progresistas de todo el mundo, ya que representan una violación de la soberanía de un país y socavan sus procesos judiciales. Algunos también han criticado que Estados Unidos a menudo utiliza los tratados de extradición para sus propios objetivos políticos. Los defensores de dichos acuerdos argumentan que crean un mayor efecto disuasorio contra la comisión de delitos de tráfico de drogas, ya que el miedo a la cárcel en Estados Unidos es mayor.
La presidenta de Honduras ha aclarado que su objetivo no es, como afirma la oposición a su Gobierno, mermar la lucha contra el narcotráfico ni promover la impunidad (algo que la propia embajadora estadounidense reconoce como una virtud en el Gobierno de Castro), sino evitar que el acuerdo sea utilizado como una “herramienta” política contra funcionarios del Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas hondureñas.
En lo que parece ser una estrategia generalizada de comunicación política imperialista, los embajadores estadounidenses en América Latina en los últimos años han decidido “comentar” públicamente a medios locales sus opiniones sobre la política interna de los países en los que cumplen misiones. Apenas esta semana, el presidente mexicano López Obrador puso en “pausa” las relaciones diplomáticas con los embajadores de Estados Unidos y Canadá debido a sus opiniones públicas sobre la Reforma Judicial propuesta por AMLO y MORENA. Sin embargo, las declaraciones del embajador Dogu destacan por su severidad y dureza contra altos funcionarios del Estado hondureño.
Por ahora, queda por ver qué actitud asumirá el gobierno de Estados Unidos ante los movimientos de los líderes latinoamericanos, y si habrá alguna represalia contra los Ejecutivos de los países que exijan, en cumplimiento de los acuerdos internacionales, que los embajadores estadounidenses dejen de comentar públicamente sobre los asuntos internos de los países donde están radicados.