De Cristina Kirchner a Nadia Beller: ¿el retorno de la violencia política como método de la ultraderecha regional?

El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner en septiembre de 2022 y el reciente intento de asesinato de Nadia Beller en Bolivia presentan diferencias evidentes de contexto, actores y motivaciones inmediatas. Sin embargo, también exhiben una serie de elementos que permiten formular una hipótesis política que merece ser investigada: ¿estamos frente al retorno de formas de violencia política destinadas a eliminar o silenciar adversarios mediante operadores periféricos, grupos radicalizados y actores que funcionan como eslabones entre determinados intereses políticos y ejecutores materiales?

La hipótesis debe ser formulada con cautela. No existen, hasta el momento, elementos suficientes para afirmar que ambos episodios respondan a una única organización o a una planificación común. Pero precisamente por eso resulta necesario observar las regularidades estructurales antes que establecer conclusiones apresuradas.

En el caso de Cristina Kirchner, el 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta. El arma no disparó. La investigación judicial estableció la responsabilidad de los ejecutores materiales, pero desde entonces quedó abierta una controversia política y judicial sobre la eventual existencia de instigadores, financiamiento y estructuras de apoyo.

Uno de los elementos más relevantes de esa controversia fue la aparición de Revolución Federal, organización de ultraderecha que había desplegado una retórica crecientemente violenta contra el kirchnerismo. La investigación detectó transferencias por aproximadamente siete millones de pesos desde fideicomisos vinculados a Caputo Hermanos hacia Jonathan Morel y personas de su entorno. La empresa negó que esos pagos constituyeran financiamiento político y sostuvo que correspondían a trabajos de carpintería.

La importancia política de esta cuestión no reside únicamente en el dinero. Lo relevante es la posibilidad de reconstruir una cadena de mediaciones entre sectores con capacidad económica, organizaciones de ultraderecha y sujetos dispuestos a ejercer violencia política. La Justicia no estableció una conexión directa entre esos fondos y el atentado contra Cristina Kirchner; de hecho, investigaciones posteriores señalaron que no se habían encontrado elementos suficientes para vincular directamente a Revolución Federal con el ataque.

El caso Nadia Beller introduce ahora un elemento inquietante. Beller sobrevivió a un ataque a balazos perpetrado por dos hombres que, según las investigaciones, utilizaron uniformes de repartidores y escaparon en motocicleta. La víctima señaló a Fernando Cerimedo, consultor político vinculado a sectores de la ultraderecha latinoamericana, como responsable intelectual del ataque. Cerimedo fue posteriormente detenido en Bolivia y su defensa niega las acusaciones. La investigación continúa abierta.

Aquí aparece una primera similitud significativa: la utilización de ejecutores materiales aparentemente desvinculados de los centros de poder político. En ambos episodios aparece la figura del sujeto periférico, fácilmente reemplazable, cuya acción permite mantener cierta distancia entre quien ejecuta la violencia y quien eventualmente pudiera beneficiarse políticamente de ella.

Una segunda similitud es la precariedad profesional de los ejecutores. En el caso argentino, el arma de Sabag Montiel falló en el momento decisivo. En Bolivia, los atacantes fueron identificados como falsos repartidores y el operativo tampoco consiguió eliminar a Beller. No se trata de establecer una equivalencia mecánica, pero sí de observar un patrón: operaciones violentas de enorme trascendencia política ejecutadas mediante estructuras rudimentarias, tercerizadas y aparentemente poco profesionales.

Esta característica puede ser políticamente significativa. La violencia tercerizada permite construir una separación entre el núcleo dirigente y el ejecutor. El poder no necesita necesariamente disponer de una organización clandestina sofisticada si consigue reclutar individuos radicalizados, marginalizados o económicamente vulnerables capaces de asumir el riesgo material.

Desde una perspectiva de clase, esta dimensión resulta especialmente relevante. La tercerización de la violencia constituye una forma de externalización del riesgo: quienes poseen recursos, relaciones y capacidad de influencia pueden conservar distancia respecto del acto criminal, mientras sujetos situados en posiciones sociales mucho más frágiles cargan con la ejecución y eventualmente con las consecuencias penales.

En este punto aparece también el nombre de Fernando Cerimedo. Su trayectoria como consultor político lo ubica dentro de las redes de comunicación y asesoramiento electoral que atraviesan a la nueva derecha latinoamericana. Reuters señala su relación con el gobierno boliviano y su papel previo como estratega digital de Javier Milei.

Esto vuelve particularmente relevante revisar las conexiones regionales de la ultraderecha. No estamos ante fenómenos exclusivamente nacionales. Las redes transnacionales de la nueva ultraderecha latinoamericana no operan como una organización centralizada, sino como un ecosistema fragmentado de consultores digitales, medios de nicho, bots e influencers que circulan entre Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y otros países.

Fernando Cerimedo ilustra el tipo de actor que articula este campo: estratega digital de la campaña de Javier Milei, vinculado a operaciones de Jair Bolsonaro, fundador de *La Derecha Diario* (expandido a varios países) y, hasta su detención, asesor cercano del presidente boliviano Rodrigo Paz. A través de empresas como Numen y de portales multi-país, estos operadores exportan tácticas de polarización, desinformación electoral y construcción de enemigos existenciales (progresismo, kirchnerismo, indigenismo, “casta”).

El financiamiento suele ser opaco —contratos publicitarios, fundaciones y aportes empresariales— y las estructuras de ejecución, cuando existen, tienden a ser tercerizadas y poco profesionales. No hay evidencia de un mando único que ordene atentados regionales. Sin embargo, este ecosistema genera las condiciones políticas y simbólicas para que la violencia deje de ser impensable: deshumaniza al adversario, normaliza el lenguaje de guerra y mantiene a distancia a quienes poseen recursos y poder respecto de quienes terminan ejecutando el riesgo material.

En ese sentido, más que una conspiración única, lo que se observa es la consolidación de un campo transnacional donde la eliminación física del adversario puede comenzar a aparecer como una opción dentro del repertorio político.

La cuestión adquiere una dimensión todavía más delicada cuando se recuerda que Cerimedo aparece ahora vinculado judicialmente a un intento de asesinato y que su nombre ya había estado asociado a controversias políticas y operaciones digitales en distintos países. Esto no permite establecer una conexión con el atentado contra Cristina Kirchner, pero sí obliga a preguntarse por el funcionamiento de determinadas redes regionales de la nueva derecha.

La hipótesis más fuerte, entonces, no debería ser que “Cerimedo organizó el atentado contra Cristina” ni que ambos ataques constituyen una misma operación. No existen elementos suficientes para sostener semejante afirmación cuando la justicia argentina se negó a investigar, por lo que no hay evidencia, solo presunciones muy notables y para muchos

"Voy a estar camino a Mar del Plata". https://t.co/s9f6OuZkPf

— Fabian Waldman ⭐️⭐️⭐️ (@FabianWaldman) August 18, 2026

La hipótesis que sí puede plantearse es otra: la violencia política está dejando de ser un fenómeno marginal en determinados sectores de la ultraderecha latinoamericana y puede estar recuperando una función instrumental: intimidar, disciplinar, silenciar o eventualmente eliminar adversarios.

Y aquí aparece un problema democrático de enorme magnitud.

Durante décadas, América Latina construyó —con avances y retrocesos— una cultura política basada en la resolución electoral de los conflictos. Las dictaduras, los golpes de Estado, las desapariciones y los asesinatos políticos pertenecieron a una etapa que parecía históricamente superada. Pero la emergencia de nuevas derechas radicalizadas introduce nuevamente discursos que deshumanizan al adversario y convierten la política en una guerra moral contra un enemigo al que ya no se reconoce legitimidad.

Cuando el adversario deja de ser concebido como un competidor político y pasa a ser presentado como una amenaza existencial, la eliminación física puede comenzar a aparecer como una posibilidad dentro del repertorio político.

El intento de asesinato de Cristina Kirchner fue un punto de inflexión en la Argentina porque ocurrió en democracia y contra una de las principales dirigentes populares del país. El ataque contra Nadia Beller, si las hipótesis que investiga la Justicia se confirman, introduce otro elemento perturbador: una mujer vinculada al debate político puede convertirse en blanco de una operación armada en un contexto atravesado por redes de poder y disputas políticas transnacionales. Beller ha declarado que el ataque buscaba silenciarla.

Por eso, más que buscar apresuradamente una conspiración única, corresponde investigar las condiciones sociales, políticas y económicas que hacen posible la tercerización de la violencia.

¿Quién financia?
¿Quién recluta?
¿Quién radicaliza?
¿Quién proporciona información?
¿Quién genera el clima de odio?
¿Quién garantiza protección política?
¿Quién obtiene beneficios si un adversario desaparece?

Empiezo por el final: ¿EXISTE UN ENTRAMADO SIMILAR EN LA ARGENTINA?

Entre la evidencia que se recuperó del allanamiento a Cerimedo hay una placa con su nombre en la que se hace mención a un «Curso de Seguridad y Protección de Personas» organizado por «Bolivia, Colombia y EEUU» y… pic.twitter.com/aHdPCudoLD

— Ale Loucau (@ale_loucau) August 19, 2026

Estas son las preguntas que deberían orientar las investigaciones que en La Argentinajamás se reealizaron al punto de borrar las pruebas del intento de femimagnicidio.

El peligro democrático no reside solamente en el sicario. El verdadero peligro comienza cuando alrededor del sicario existe un ecosistema político que convierte al adversario en enemigo y naturaliza la violencia como mecanismo de resolución del conflicto.

La comparación entre Cristina Kirchner y Nadia Beller permite, por lo tanto, abrir una hipótesis más amplia: el posible retorno de una violencia política de nuevo tipo en América Latina, no necesariamente organizada mediante las viejas estructuras paramilitares o estatales del siglo XX, sino mediante redes fragmentadas, operadores digitales, organizaciones políticas radicalizadas, financiamiento opaco y ejecutores tercerizados.

No sabemos todavía si existe una conexión orgánica entre ambos episodios. Sería irresponsable afirmarlo.

Pero tampoco sería prudente ignorar sus semejanzas.

Porque cuando una democracia comienza a admitir que la eliminación física del adversario puede convertirse en una alternativa política, la violencia deja de ser una anomalía y empieza a convertirse en un método.

Y si ese proceso se está produciendo simultáneamente en distintos países de la región, la pregunta ya no es solamente quién disparó.

La pregunta histórica y política es mucho más profunda:

¿estamos asistiendo al regreso de la violencia política como instrumento de la nueva ultraderecha latinoamericana?

En su momento, denunciamos oportunamente las dos amenazas que hizo Fernando Cerimedo, asesor personal de Rodrigo Paz, en mi contra. Una de las dos amenazas fue el 14 de mayo, cuando en su cuenta de la red «X», citando una publicación mía, emite un mensaje agresivo donde escribe… pic.twitter.com/LVlFpiTrxO

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 18, 2026

Obviamente, si.