Aunque el Gobierno exhibe el aumento del empleo total como un logro económico, los datos del mercado laboral muestran una realidad más compleja: la mayor parte de los nuevos puestos son informales, mientras continúa la caída del empleo registrado. Más que una expansión del trabajo de calidad, los indicadores revelan un avance de la precarización laboral y una creciente presión sobre el mercado de trabajo. El modelo 60/40 avanza a toda velocidad no solo en cuanto a la morfología laboral, la representación política signada por el apresamiento y proscripción del liderazgo nacional de CFK, se fragmenta y ordena de acuerdo a esta nueva configuración socioeconómica. ¿Podrá evitarse? No lo sabemos.

Uno de los principales problemas del discurso oficial es que equipara cualquier aumento de la ocupación con una mejora del mercado laboral. Los datos muestran otra realidad: entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se perdieron más de 216 mil empleos privados registrados, mientras crecieron en más de 165 mil los monotributistas. Esto indica un reemplazo parcial de puestos formales por modalidades laborales más inestables, con menor protección social y peores condiciones de trabajo.
La Encuesta Permanente de Hogares profundiza este diagnóstico. Entre el primer trimestre de 2024 y el primero de 2026 se destruyeron 246 mil empleos registrados y se generaron más de 603 mil puestos no registrados. Es decir, el empleo crece únicamente en los segmentos más precarios de la estructura ocupacional. No se observa una expansión del trabajo formal impulsada por la inversión productiva, sino una adaptación defensiva de trabajadores que buscan cualquier fuente de ingresos en un contexto de ajuste económico.
También aumentó la presión sobre el mercado laboral. La expansión de la subocupación refleja que cada vez más personas trabajan menos horas de las que necesitan y buscan ampliar sus ingresos. Paralelamente, disminuye la búsqueda de empleo entre quienes ya tienen una ocupación, un fenómeno que puede asociarse al desaliento ante la falta de oportunidades laborales de calidad.
El dato más preocupante es el crecimiento de la informalidad. La tasa de empleo no registrado alcanzó el 44,2%, 3,4 puntos porcentuales por encima del primer trimestre de 2023. Esto implica que casi uno de cada dos trabajadores asalariados carece de derechos laborales básicos, cobertura previsional y protección frente al desempleo.
Desde una perspectiva económica y social, el modelo vigente parece estar produciendo una recomposición regresiva del mercado de trabajo: menor peso del empleo asalariado formal, expansión de formas laborales precarias y deterioro de la capacidad de negociación de los trabajadores. La reducción de la inflación, objetivo central del gobierno, se apoya en parte sobre una fuerte disciplina del mercado laboral, donde el ajuste recae principalmente sobre salarios, estabilidad y calidad del empleo.
En síntesis, los datos no respaldan la idea de una recuperación sólida del empleo. Lo que muestran es una transformación de su composición: menos trabajo registrado y más informalidad, monotributización y subocupación. El principal rasgo del mercado laboral durante la gestión de Milei no es la creación de empleo de calidad, sino la expansión de formas de inserción laboral cada vez más precarias.
Lo que sí puede señalarse es que el gobierno selecciona determinados indicadores y deja en segundo plano otros que ofrecen una imagen menos favorable. Es una práctica habitual en muchos gobiernos.
En el caso de Milei, el argumento oficial suele apoyarse en el aumento de la cantidad total de ocupados. El problema metodológico es que ese dato, por sí solo, no distingue entre empleo formal e informal, ni entre empleo pleno y subocupación. Por eso puede coexistir un aumento de la ocupación con un deterioro de la calidad del trabajo.
Las principales críticas al discurso oficial son:
El gobierno necesita exhibir resultados positivos para sostener la legitimidad de su programa de ajuste. En ese marco, la narrativa oficial prioriza variables como inflación, superávit fiscal y estabilidad financiera, mientras que sectores sindicales, universidades y centros de estudios laborales ponen el foco en empleo registrado, salarios reales y condiciones laborales.
La discusión de fondo no suele ser sobre los números en sí, sino sobre qué indicadores se consideran relevantes para evaluar el éxito o fracaso de una política económica. Los datos del mercado de trabajo del primer trimestre de 2026 muestran que, aun cuando la ocupación total no se desploma, existe un deterioro significativo en la calidad del empleo, reflejado en el aumento de la informalidad, la subocupación y la pérdida de puestos registrados. Esa es la principal debilidad de la interpretación oficial.
Obviamente esta precarización supone caída salarial, una de las anclas del programa oficial, hoy el promedio del salario formal privado es coincidente con el valor de la línea de pobreza para cuatro personas ( dos adultos un adolescente y un niño) residentes en un hogar metropolitano. Este deterioro salarial se compensa en parte con pluriempleo. Hoy el 13% de la Población Económicamente Activa (PEA) informa que realiza más de un empleo, para comparar la magnitid de la problñemática, en esta misma región, las PEA de Uruguay y Chile registran rn promedio 4% de pluriempleo.
Conclusión:
Estamos con una situación laboral típica de los modelos socioeconómicos regionales 60/40 donde uno de cada 10 habitantes, ya no cuenta ni siquiera dispone de representación política potente, domina la fragmentación consecuencia y causa de la proscripción de los liderazgos nacionales popular- democráticos. Es en este contexto donde también se observa que Cristina Libre no es una consiga electoral.