Matar es parte de la religión … mentir es parte de la religión.

En un contexto de alta concentración de la riqueza y de aumento sostenido de las desigualdades, el gobierno de Javier Miliei impulsa un ajuste brutal de la economía y la deslegitimación constante de cualquier forma de organización popular, ya sea de los movimientos sociales, las organizaciones gremiales, hasta las acciones colectivas de los vecinos y vecinas autoconvocadas, con el objetivo de desarticular un entramado social que, por supuesto, no comulga con su proyecto económico, político y social que excluye a las mayorías populares y de clases medias.

Por Agustina Gradin*

Directora del Programa de Estudios sobre las Organizaciones de la Sociedad Civil, docente e investigadora del Área

La sociedad civil está en movimiento. El ajuste brutal de la economía y la disputa simbólica, política e ideológica encarado por el gobierno libertario ha puesto a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en estado de alerta y movilización permanente, aún cuando esto no se ve reflejado en el debate público de los medios de comunicación. Desde la asunción de Javier Milei se han sucedido una gran cantidad de acciones colectivas de protestas, movilización en defensa de derechos sociales, y diversas expresiones públicas en la calle y en las redes sociales, protagonizada por diferentes organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, asambleas, etc. Según datos relevados por nuestro Observatorio de Políticas Públicas y Reforma Estructural, entre el 10/12/2023 y el 10/02/2024 se han sucedido en nuestro país 49 cantidad de hechos de protestas, principalmente asociados a demandas laborales y sociales. El registro de acciones colectivas de protesta se realiza en base a las noticias publicadas en dos diarios nacionales, por lo que  presumimos que deben haber sido muchos más ya que durante  este periodo se realizó el primer paro nacional de las centrales sindicales, que implició una gran cantidad de movilizaciones en diferentes puntos de todo el país, y también hubieron una gran cantidad de protestas ciudadanas como cacerolazos y cortes de calle contra diferentes medidas de gobierno que no han tenido representación en las noticias. Además, según pudimos relevar a través de las redes sociales, desde el 20/12/2023 se encuentran funcionando más de 30 asambleas populares en CABA y varias más en diferentes partes del AMBA  y del país que aglutinan a una parte de la ciudadanía descontenta con el devenir socioeconómico y político. Paralelamente, desde el inicio del gobierno los casi 40.000 comedores comunitarios que sostienen una de las redes de cuidados territoriales más extensas de nuestro país, reclaman por el recorte en las políticas de apoyo alimentarias, en un contexto donde el acceso a los alimentos es cada vez más restrictivo por las propias medidas económicas implementadas. A esto se le suma que desde el Ministerio de Capital Humano comenzaron a avanzar contra las organizaciones de la economía popular con el desmantelamiento de las políticas de fortalecimiento y ampliación de derechos, mal llamadas planes sociales como el Potenciar Trabajo (Ex Hacemos futuro, Argentina Trabaja, Jefas y Jefes de hogar, etc) y contra programas de infraestructura popular como el FISU y el Agua +  Trabajo lo cual implica la pérdida de puestos de trabajo de este sector, y permite suponer que la conflictividad social continuará escalando. Estos datos muestran que la organización, la movilización, la lucha reivindicativa y la solidaridad son parte de la vida cotidiana,  del bagaje histórico y de la identidad colectiva de nuestro pueblo, y se activan a pesar del discurso ultra individualista y pro mercado del anarco capitalismo en el gobierno, y del intento de cuestionar y manchar a uno de los principios fundamentales de la democracia, la representación que supone las mediaciones en la relación Estado – sociedad.

En diferentes oportunidades hemos señalado la importancia de las organizaciones de estos actores colectivos en los procesos de inclusión y desarrollo de nuestro país y de la región. En diciembre de 2023 mostrábamos, con datos elaborados por Territorios en Acción, (UNGS – FLACSO – CONICET), que la dicotomía entre la libertad de mercado y el colectivismo es falsa, y que parte de una mirada reduccionista que desconoce la riqueza de las diferentes formas de articulación que organizan nuestra sociedad. La relación Estado – Sociedad – Mercado es mucho más compleja que la propuesta individualizadora del anarco – capitalismo, y recoge la experiencia y trayectoria comunitaria y de organización popular que, en nuestro país, nos remonta a la época de la colonia y a mucho antes también. En contextos de crisis socioeconómicas, ambientales, migratorias, y tantas otras que nos atraviesan, las OSC se constituyen en nodos de desarrollo comunitario para la integración y deben ser considerados protagonistas estratégicos de todo proceso de cambio. También han cumplido un rol en el proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas, tanto de programas sociales como de políticas productivas, ambientales, y de infraestructura. La participación de las organizaciones en el Estado no es fenómeno nuevo, ni únicamente kirchnerista o populista, es un proceso que tiene una larga historia con trayectoria y aprendizajes construidos, y que interpela a un abanico muy amplio y heterogéneo de organizaciones de la sociedad civil. Las ciencias sociales han estudiado en profundidad estos temas dando cuenta del aporte que realizan en el proceso de despliegue del Estado en los territorios y comunidades. La sociedad civil, como la teoría política sostiene desde siempre, ha sido un aliado estratégico del Estado en diferentes momentos históricos, y las políticas públicas necesitan muchas veces de las organizaciones para alcanzar sus objetivos. Ahora bien, en el debate público el actual gobierno de Javier Milei a través de sus decisiones políticas, sus acciones y sus discursos ha decidido dar una batalla contra las diferentes formas de organización de nuestra sociedad, en todos sus niveles, y consideramos que es importante poder mostrar otra mirada sobre el tema.

A qué obedece el triunfo de Javier Milei en las primarias de Argentina?

Desde el Protocolo contra las protestas de la Ministra de Seguridad, el intento de derogación de diferentes leyes ambientales que incluían el derecho a la consulta previa de las comunidades, así como diferentes mecanismos participativos y de control de la sociedad sobre los intereses de las grandes empresas; los intentos de desfinanciamiento de la CONABIP (una extensa red territorial de Bibliotecas Populares única en la región) y de diferentes institutos de la cultura y la ciencia; hasta el recorte total del abastecimiento de la red de comedores comunitarios y el corrimiento de las organizaciones sociales y los municipios de la gestión territorial de diferentes programas sociales, el gobierno de La Libertad Avanza y el PRO está haciendo lo imposible para desarticular el entramado social, que es un actor protagónico de los procesos de producción y reproducción de la vida de buena parte de nuestra sociedad. El problema para el pensamiento conservador y para el anarcocapitalismo es que las organizaciones representan, organizan y canalizan intereses y demandas de diversos sectores sociales que de otra manera no estarían participando de la disputa de fondo sobre las formas de producción y distribución de la riqueza, y la generación de consensos para dirigir el país.

La acción colectiva es la forma que las personas encuentran para defenderse y para hacerse escuchar, tanto en situaciones normales como en situaciones de crisis como la actual. La organización colectiva es y fue fundamental en los procesos de ampliación de derechos civiles, sociales, políticos, ambientales, etc. La acción colectiva terminó con el viejo régimen monárquico en Francia, y con los virreinatos en las colonias americanas, y fue la acción colectiva la que conquistó el derecho al voto, a la huelga, y al trabajo digno, entre muchos otros. Aún en momentos de expansión de derechos, la acción colectiva y sus representaciones canalizaron la incidencia de la sociedad civil en las normas y en las políticas. Entonces, la protesta, la organización, el paro y la movilización son las estrategias que las mayorías populares, históricamente y en todas partes del mundo, encuentran para participar en la puja distributiva. Prohibir, reprimir, deslegitimar a su dirigencia, desalentar, y estigmatizar es la respuesta de los sectores de poder económico y político para contrarrestar su fuerza.

Es algo obvio señalar que, debido al tamaño y la complejidad de nuestra realidad, tan solo pensar una sociedad “sin intermediarios” es imposible. Por eso tampoco fue posible la democracia directa y nuestras sociedades se volcaron, masivamente y con grandes limitaciones, a diferentes formas de democracias representativas. En el mundo ideal de la extrema derecha, todos las personas somos libres e iguales para desplegar nuestros intereses y capacidades, desconociendo las múltiples desigualdades que nos atraviesan y nos constituyen, y reproduciendo e intentando perpetrar, una vez más, la desigual destrucción de poder económico, social y político entre quienes concentran la riqueza y el resto de las personas. Numerosas investigaciones de organizaciones progresistas como OXFAM y la CEPAL, pero también de organismos internacionales como el Banco Mundial y el propio FMI han señalado que, desde la pandemia del COVID 19 a esta parte, la concentración de la riqueza se ha profundizado a niveles escandalosos. ¿Cómo somos libres e iguales en contextos de alta desigualdad?  En un contexto de alta concentración de la riqueza y de aumento sostenido de las desigualdades, el gobierno de Javier Miliei impulsa un ajuste brutal de la economía y la deslegitimación constante de cualquier forma de organización popular, ya sea de los movimientos sociales, las organizaciones gremiales, hasta las acciones colectivas de los vecinos y vecinas autoconvocadas, con el objetivo de desarticular un entramado social que, por supuesto, no comulga con su proyecto económico, político y social que excluye a las mayorías populares y de clases medias.

El ajuste estructural de la economía ya está mostrando una aumento sostenido de la conflictividad social en rechazo de diferentes medidas de política económica. Desde el Observatorio de Políticas Públicas y Reforma Estructural venimos desarrollando desde el 2018 un monitoreo de la conflictividad social en Argentina, y este primer trimestre del actual gobierno muestra un dinamismo superior a otras etapas de nuestro país. Según nuestros datos, hubo un promedio de un hecho de protesta cada 30 horas durante el primer bimestre de gobierno. Todavía desarticulado entre sí, el aumento de los hechos de protesta se cuentan por montones en diferentes partes del país y con una variedad muy grande de actores involucrados. Quizás el hecho más relevante fuera el Paro Nacional y la movilización convocada por la CGT el 24 de enero, que logró contener y canalizar el malestar social que crece en una parte importante de la sociedad.

Sin embargo es fácil suponer dos cuestiones básicas respecto de las protestas sociales. En primer lugar, es claro que todo indica que la conflictividad social va a crecer en la medida que el ajuste se profundice y que no surjan en el gobierno interlocutores con capacidad de contener y canalizar las diferentes demandas sociales, que no sea a través de su aparato represivo. En segundo lugar, todo parece indicar que el gobierno no va a mostrar ninguna señal de permeabilidad frente a las protestas y a las demandas que expresan, porque supone que de esa forma acumula poder político y que cuenta con el apoyo electoral para hacerlo. Su constante intento por desprestigiar, deslegitimar y desmovilizar las acciones colectivas evidencia que han decidido terminar aquello que los diferentes gobiernos militares intentaron hacer a través de la represión, la desarticulación de nuestra sociedad.

Las intermediaciones han sido estudiadas por la ciencia política, la sociología política y la antropología desde siempre, y desde diferentes perspectivas teóricas se ha echado luz sobre la relación entre la sociedad y el Estado. Ni las miradas instrumentalistas del clientelismo político, ni las miradas institucionalistas de las mediaciones sociales, pasando por las perspectivas relacionales y/ culturalistas de este vínculo, se han atrevido a plantear en voz alta la necesidad de suprimir cualquier tipo de mediación, en sociedades donde la democracia es reducida a su carácter mínimo de elegir representantes cada dos años. En este contexto de conflictividad social en aumento, los mecanismos institucionales formales e informales para gestionar las demandas son un músculo democrático que es necesario ejercitar. Es la política democrática lo que permite contener y suturar las brechas de desigualdad. En este sentido, las representaciones sociales de estos movimientos son fundamentales para mediar la relación entre el Estado y la sociedad.

En las últimas dos décadas asistimos a un fuerte proceso de re politización de la disputa por la distribución de la riqueza, por fuera de los márgenes de la relación salarial, debido a las transformaciones estructurales del proceso de desarrollo nacional y el mundo del trabajo en particular, lo cual instaló a los movimientos sociales y a las OSC como intermediarios legítimos en la puja distributiva a través de su vinculación estrecha con el Estado vía políticas públicas de asistencia, promoción y redistribución. Es este proceso el que molesta e incomoda a los sectores concentrados de nuestra economía. Las demostraciones de fuerzas de la ministra de Seguridad y de la Ministra de Capital Humano son un botón de muestra en este sentido.  Buscan destruir el tejido social que contiene y politiza a los sectores populares y a los trabajadores. Sin embargo, ya comenzamos a asistir a la búsqueda de alianzas con otras organizaciones interlocutoras con la sociedad, mostrando que el problema de fondo no es la intermediación, si no qué organizaciones cumplen este rol social fundamental y para quién juegan en la disputa de fondo. Es sabido que el Estado necesita de las OSC para implementar políticas, ya sea de asistencia y de contención como de desarrollo comunitario. Cambia el color político y cambia los actores colectivos habilitados y la orientación de la política.

Lo que molesta entonces es que las OSC y los movimientos sociales hacen política, que disputan poder a través de la organización, y que lo acumulan a favor de proyectos colectivos comunitarios y distributivos. Ya lo venimos señalando hace mucho tiempo, las OSC se instituyen como una estrategia de cuidados comunitarios, de inclusión socioeconómica, y de resignificación para las personas que participan de las mismas, mitigando en muchos casos el riesgo de fractura social que pareciera latente. Su anclaje territorial como formato de despliegue organizacional recoge años de organización de las organizaciones de base comunitaria. La disputa con las redes ilegales como el narcomenudeo, las barras bravas de los clubes de fútbol y los aparatos políticos de algunos partidos tradicionales, son parte de una disputa por el sentido subjetivo de la participación y por la construcción de proyectos colectivos transformadores. Los cuidados comunitarios y la participación territorial, las actividades de formación, los procesos de educación popular, o la simple organización para la resolución de las problemáticas barriales, son estrategias de construcción colectivas que nos hablan del rol de mediación social y política de estas organizaciones. Su capacidad de construcción social, a partir de la consolidación de nuevas subjetividades identificadas con su participación territorial, y el rol de mediación de éstas entre la comunidad y el Estado, son claramente aspectos positivos del proceso que no deberían ser soslayados por ningún gobierno. El anarcocapitalismo vuelve a impulsar al igual que en otros períodos históricos, la desestructuración del “pueblo” como referente colectivo, promoviendo el individualismo como cultura política (“vos: ciudadano de bien”) y la sectorialización de las demandas sociales como estrategia de intervención estatal (los problemas son técnicos, nunca políticos). Las OSC y los movimientos sociales construyen comunidad desafiando esta desarticulación social y la violencia que los atraviesa. Es decir, sus acciones territoriales y comunitarias reconstruyen el lazo social a través de su intervención y organización, haciendo un aporte sustantivo a la inclusión de una parte de la sociedad que el neoliberalismo tardío, con su lógica política y económica, excluye.

Ahora bien, es fundamental en este contexto entonces, dar la disputa cultural, política y social para revalorizar el rol de las OSC en los procesos de desarrollo, de integración socioeconómica y de cuidados comunitarios, y de la potencia innovadora de las agendas de la economía popular, de los feminismos y del desarrollo sustentable y la economía verde, entre otros, para proponer opciones de salida. Y para eso es fundamental dar la batalla respecto de la importancia de la política como herramienta de transformación. Por eso, estamos convencidas/os que, estudiar, analizar y construir información sobre las OSC y su relación con el Estado, es una forma desde la Academia, de promover y fortalecer su capacidad transformativa, sus saberes y prácticas, y por sobre todo, sus propuestas frente a situaciones críticas como la actual coyuntura. La única salida, nuevamente, es colectiva.

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