El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) recolectó casi 900 mil muestras de ADN de migrantes solo en 2025, según un estudio del Centro de Privacidad y Tecnología de la Facultad de Derecho de Georgetown. «El Gobierno federal está acumulando una gran cantidad de ADN y ha comenzado con un grupo racializado, con frecuencia traumatizado y sin ningún poder político: las personas que no son ciudadanas. Además, lo hace por medio de la agencia federal que opera con la menor cantidad de restricciones prácticas y que tiene menos supervisión: el Departamento de Seguridad Nacional», aseguran los académicos Stevie Glaberson, Emerald Tse y Emily Tucker, autores del informe titulado «Saqueo del genoma: cómo el gobierno de Estados Unidos está abusando de sus poderes de inmigración para acumular ADN con fines policiales futuros».

Todo comenzó en 2005, cuando el Congreso autorizó a las agencias federales a recolectar ADN de personas «arrestadas, acusadas, condenadas o detenidas bajo autoridad federal», con excepción de los migrantes. En 2020 esto cambió cuando el Departamento de Justicia eliminó la exención y el ICE ordenó, mediante una directiva, que sus agentes lo hicieran con todas las personas bajo su custodia. De inmediato, las muestras de ADN tomadas por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se dispararon; según el estudio, pasaron de 41 mil en 2020 a más de tres millones en 2025.

El Sistema Combinado de Índice de ADN (CODIS), una base de datos genética de La Oficina Federal de Investigación (FBI), comenzó a recibir por año casi un millón de perfiles genéticos por parte del DHS. Diez años atrás, ese número se ubicó solo entre los mil y dos mil perfiles por año, un aumento desproporcionado impulsado a partir de las distintas administraciones trumpistas. Pero para los investigadores, gran parte de esta suba se explica por la acción de los agentes del ICE; de acuerdo a sus estimaciones, por ejemplo, en 2025, este servicio aportó 900 mil muestras de ADN. El número surge de una comparación histórica que hacen los académicos; antes del nuevo gobierno de Trump, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos era la principal fuente de ADN. En 2025, reportó un total de entre 75 mil y 100 mil muestras, mientras que el resto sería del ICE, lo que la convierte en el principal origen de este aumento explosivo.

El problema para certificar estos datos es la negativa del ICE a informar sobre la cifra de muestras que ha tomado en los últimos años.

“Durante la mayor parte de la historia del programa, la recolección de ADN de migrantes se realizaba en la frontera, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tomaba muestras de las personas detenidas. La contribución del ICE era marginal. Diapositivas de capacitación interna obtenidas por Georgetown a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA) muestran que el ICE recolectó 3609 muestras de ADN en el año fiscal 2020 y 16 392 más hasta mediados de mayo del año fiscal 2021, aproximadamente 20 000 en total. La CBP operaba a una escala completamente distinta: las hojas de cálculo de la agencia que Georgetown obtuvo y analizó muestran que envió al FBI el ADN de al menos 1,36 millones de personas entre octubre de 2020 y finales de 2024, más de doce veces la tasa del ICE durante el mismo período”, de acuerdo con el periodista de datos Dhruv Mehrotra. En 2025, esa proporción se invirtió en el contexto de las redadas y operaciones lanzadas por el ICE en todo el país.

Los propios datos de la CBP revelaron el sesgo de las muestras, de acuerdo con los académicos de Georgetown: “la gran mayoría de las personas cuyo ADN fue agregado al CODIS por la CBP provienen de cuatro países: México, Venezuela, Cuba y Haití. Los ciudadanos de esos cuatro países combinados representaron más del 70 % del conjunto de datos de la CBP. A estos países les siguen Honduras, Rusia, Colombia y Canadá, que representaron entre el 2 % y el 6 %”. Esto cobra mucha más relevancia cuando se observa, en el CODIS, el porcentaje de perfiles genéticos correspondientes a personas detenidas bajo autoridad federal antes del cambio de normativa del Departamento de Justicia en 2020: para ese año, el número era del 0,2 %; sin embargo, en 2025 representó el 17 % de los registros de la base y, si esta tendencia continúa, podría llegar al 33,34 %. Los registros de ADN, incluso, han alcanzado a más de 400 menores de 14 años.

No es un dato menor, ya que esta base de ADN del FBI se usa para investigaciones criminales y judiciales. Para Dhruv Mehrotra: “cuando el Departamento de Justicia modificó su normativa en 2020, defendió la toma de muestras de ADN a detenidos por motivos migratorios, en parte, como una medida de identificación administrativa, similar a la toma de huellas dactilares durante el ingreso a prisión. Esta distinción fue crucial. En el caso Maryland v. King, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó la toma de muestras de ADN sin orden judicial a personas arrestadas por delitos graves, en parte porque el Estado argumentó que las muestras se utilizaban para establecer la identidad y los antecedentes penales de las personas detenidas, y no simplemente para investigar delitos de los que no se sospechaba que hubieran cometido”.

En los materiales de formación para los agentes del ICE recogidos en el estudio se observan, según los investigadores, directivas para amenazar a los migrantes que se niegan a que les tomen muestras de ADN. “Documentos descubiertos mediante solicitudes de registros públicos revelan que los agentes de ICE que intentan recolectar ADN de una persona deben notificarle que negarse a cooperar está sujeto a responsabilidad penal, y que están obligados a referirla a la Oficina del Fiscal de Estados Unidos si no cumple. Esto indica la intención del Gobierno de usar cargos penales relacionados con la negativa a someterse a la recolección de ADN como justificación para la deportación”, aseguran los académicos en su informe.

En su opinión, además, los agentes se concentran en comunidades latinas y de color: “hoy en día, la gran mayoría de las personas detenidas por agentes federales, y que por lo tanto corren el riesgo de que se les tome el ADN, son personas de color. En parte, esto se debe a la conformación demográfica de las personas que llegan a los Estados Unidos, pero también a que el DHS se centra de manera desproporcionada en las comunidades de color, en particular aquellas con nexos en Latinoamérica, que tienen una tasa de arresto mucho mayor que sus contrapartes blancas. La creación de una base de datos digital masiva que somete de forma desproporcionada a las comunidades de color a una vigilancia genética solo afianzará más la ya bien documentada discriminación y el abuso que permea los sistemas policiales y punitivos”. Para los investigadores, esto viola la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe categóricamente que el Gobierno obligue a una persona, sin sospecha alguna, a entregar información confidencial bajo la suposición de que podría ser útil para resolver delitos en el futuro.

Esto reviste una peligrosidad especial, ya que el ADN recolectado en el CODIS del FBI permanece de manera indefinida en esa base. Las agencias policiales, por lo tanto, pueden compararlo con pruebas de crímenes sin resolver y escenas de delitos de décadas atrás, lo que para los investigadores representa un enorme riesgo para los migrantes, ya que, según ellos: «los funcionarios federales han declarado de manera oficial su interés en conservar estas muestras justamente para poder usarlas junto con las tecnologías que se creen en el futuro. Varias de las tecnologías que están probando los agentes del orden público en todo el país van desde robustos perfiles llamados polimorfismos de un solo nucleótido (SNP, por sus siglas en inglés), que les permiten indagar en los árboles genealógicos de las personas, hasta bases de datos de ADN “clandestinas” controladas de manera local, y la conexión en paralelo de distintas herramientas peligrosas que ni siquiera se han evaluado. La legislación actual es insuficiente para proteger a estas personas frente al riesgo de que futuras administraciones aprovechen las muestras de ADN obtenidas por el DHS para emprender acciones contra las comunidades vulnerables. De hecho, a lo largo de la historia hemos visto múltiples ejemplos de este tipo de acciones dirigidas a grupos específicos, y de la insuficiencia de las medidas legales para impedirlas, como es el caso actual”.

Todo esto se da en el contexto de la implementación de una serie de herramientas de ciberseguridad y espionaje contra las comunidades migrantes en Estados Unidos: dispositivos que ponen en marcha un sistema de vigilancia predictiva, basado en IA, dirigido a criminalizar a los migrantes ante la presunción de cualquier tipo de delito, bajo cualquier excusa. Por eso, para el académico especialista en derecho migratorio Anil Kalhan: “la experiencia demuestra que las innovaciones en las técnicas y tecnologías de vigilancia con frecuencia comienzan con grupos vulnerables o sujetos a un mayor control, como los migrantes, antes de llegar al público en general”.