Con una tasa de informalidad que roza el 43% (INDEC), el empleo registrado ha dejado de funcionar como ancla de estabilidad social. La morosidad en el sistema financiero (en máximos de la década) y la caída en el consumo masivo no responden a una «rigidez» de las leyes laborales, sino a una crisis de demanda efectiva.

La teoría económica liberal sugiere que flexibilizar el mercado laboral baja los costos de contratación y estimula el empleo. Sin embargo, esta premisa asume una economía en equilibrio o en crecimiento. En el contexto argentino actual (recesivo y con alta capacidad industrial ociosa), la demanda de trabajo es inelástica respecto al costo de despido, pero altamente elástica respecto a las ventas esperadas. Bajar costos laborales hoy no genera nuevos puestos porque las empresas no tienen a quién venderle.

En segundo lugar, el banco de horas es una transferencia de ingresos. Este es uno de los puntos más controversiales del actual proyecto oficialista porque implica la eliminación del concepto de horas extras como costo marginal creciente para la empresa.

• Impacto en el ingreso disponible: Para un segmento significativo de la clase trabajadora industrial y de servicios logísticos, las horas extras representan entre un 15% y un 25% de su ingreso neto. Al «bancarizar» estas horas para compensarlas con francos futuros, se produce una rebaja del salario de bolsillo inmediata.
• Transferencia de riesgo: El sistema permite a la empresa ajustar la jornada laboral al ciclo de producción sin penalidad. Esto traslada la volatilidad de la demanda (el riesgo empresarial) al flujo de fondos del hogar (el riesgo del trabajador). Si la producción cae, el trabajador se queda en casa «comiéndose» sus horas, sin previsibilidad sobre sus ingresos futuros.

En tercer lugar, debilitar a los sindicatos significa quebrar la presión de la negociación colectiva. La propuesta de priorizar convenios por empresa sobre los convenios sectoriales de actividad ataca el corazón del poder de negociación sindical y profundiza la desigualdad salarial por dispersión.

En una estructura productiva tan heterogénea como la argentina, esto puede implicar una elevada conflictividad en la negociación mes a mes para las PyMEs y sus trabajadores. Las grandes empresas con posiciones dominantes o rentas extraordinarias (minería, energía, banca) podrían negociar salarios más altos o mejores condiciones, mientras que las unidades productivas pequeñas (ahogadas por tarifas y caída de ventas) perforarían los pisos salariales históricos. Esto rompe el principio de «igual remuneración por igual tarea» y condena a los trabajadores de sectores de baja productividad a una subsistencia precaria, anulando el efecto redistributivo de los sindicatos nacionales. Es en este sentido, que la inflación remanente es funcional al modelo, porque ayuda a reprimir los salarios reales.

Cuarto lugar: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) emerge como procíclico y acelerador de cualquier crisis. El reemplazo de la indemnización por el FAL reduce el costo de despido (costo de salida). Si bien se vende como una herramienta de previsibilidad financiera para las empresas, su efecto macroeconómico en una recesión es devastadoramente pro-cíclico.

En el sistema actual, el alto costo de despido actúa como un «amortiguador» que retrasa la desvinculación de personal durante caídas transitorias de la actividad. Al abaratar la salida, se incentiva a las empresas a ajustar por cantidades (despidos) mucho más rápido ante cualquier señal de enfriamiento de la demanda. Esto acelera el aumento del desempleo, deprime aún más el consumo y retroalimenta la recesión.

Un modelo de enclaves y extractivismo sin derrame

El gobierno propone un modelo de extractivismo sin derrame. Esta reforma no puede leerse de forma aislada. Es la pieza laboral que encaja con el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) y la apertura comercial irrestricta. El modelo resultante es una economía de enclaves.

Los sectores dinámicos impulsados por el gobierno (minería, hidrocarburos, agronegocios) son capital-intensivos: tienen una baja elasticidad empleo-producto. Generan muchas divisas (o no, si pensamos en el art. 198 de la Ley Bases) pero pocos puestos de trabajo directos. Por otro lado, los sectores trabajo-intensivos (industria manufacturera, comercio, construcción) quedan expuestos a la competencia importada y a la depresión del mercado interno, situación que ya es evidente.

La reforma laboral busca, entonces, «adaptar» a esa masa de trabajadores sobrante a una realidad de bajos salarios y alta rotación, funcional a un modelo que no necesita un mercado interno robusto para valorizar el capital de los sectores ganadores.

Una discusión distributiva, no técnica

De este modo, cabe destacar que la discusión de febrero de 2026 no es técnica, es distributiva. En una economía con demanda deprimida, la flexibilización no crea empleo; solo redistribuye la renta a favor del capital y precariza el stock de empleo existente.

Por último, al desfinanciar la seguridad social por la vía de sumas no remunerativas y caída de la masa salarial, se compromete también la sustentabilidad fiscal futura. Estamos ante una reforma que promete competitividad, pero que en la práctica institucionaliza una trampa de ingresos medios-bajos, donde trabajar formalmente deja de ser garantía de ascenso social para convertirse, meramente, en una estrategia de supervivencia inestable.

Investigadores del Instituto Argentina Grande (IAG)