Un paradigma en crisis
La crisis de paradigma, según Thomas Kuhn en su obra «La estructura de las revoluciones científicas» (1962), es el periodo de inseguridad dirigencial profunda que ocurre cuando un paradigma vigente deja de funcionar adecuadamente.
Esto parece estar ocurriendo ya no solo en el ámbito político con la fragmentación del sistema de representación desplegándose sin prisa ni pausa hacia un modelo sin grandes coaliciones tras el intento de asesinato, el apresamiento y la proscripción de Cristina Kirchner.
También el el terreno sindical los formatos de relacionamiento con el aparato de estado se sacuden hasta el límite. Ayer, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió este ayer martes 28 de abril de 2026 que la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral (impulsada por el DNU 70/2023 y ratificada por la Ley de Modernización Laboral) debe tramitarse en el fuero contencioso administrativo y no en la Justicia Nacional del Trabajo.
Esta decisión representa un nuevo revés para la central sindical, que buscaba mantener el expediente en el ámbito laboral, considerado más afín a sus intereses.
Puntos clave del fallo y el contexto:
Fallo de la Sala IV: Los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy confirmaron que la causa contra el Estado Nacional por la constitucionalidad de la reforma laboral debe continuar en el fuero contencioso.
Conflicto de competencia: Se resolvió una disputa donde el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 se había declarado competente, mientras que el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 había rechazado esa postura y buscado remitir las actuaciones a la Cámara del Trabajo.
Impacto en la estrategia sindical: Este fallo debilita la postura de la CGT, que intenta dilatar o frenar la aplicación de la nueva ley, ahora en vigencia tras su publicación en marzo de 2026.
Reforma en vigencia: La «Ley de Modernización Laboral» entró en vigencia el 6 de marzo de 2026, eliminando la ultraactividad de los convenios colectivos y modificando aspectos clave de la negociación colectiva.
La central obrera, prepara una plan de lucha, no, prepara una nueva apelación ante la Corte Suprema de Justicia (SIC), para intentar revertir este traspaso de jurisdicción.
Como señalamos, todo un modelo sindical y de relacionamiento con el estado, que perduró desde los años 90 (post vandorista), con el surgimiento del "sindicalismo empresario", parece estar en crisis.
Si será terminal o no, solo el tiempo lo dirá.
Lo cierto es que los márgenes de negociación se estrechan y la administración jurídica del conflico social es más y más desequilibrada cada día.
El fallo, en línea con el pedido que había hecho la Casa Rosada, fue firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV.
La Cámara resolvió que le corresponde intervenir para dirimir la contienda y determinó que el expediente debe continuar en el fuero contencioso administrativo federal, de acuerdo con lo establecido en la ley 26.854 y la jurisprudencia de la Corte Suprema.
En su resolución, el tribunal cuestionó el trámite adoptado por el juzgado laboral, al señalar que se apartó del procedimiento previsto para este tipo de planteos y generó un conflicto innecesario que afecta la celeridad del proceso.
Al analizar la cuestión, los camaristas consideraron que el caso involucra aspectos federales que exceden el ámbito del derecho laboral, entre ellos la validez de una ley del Congreso y la organización de la competencia judicial, lo que justifica la intervención del fuero contencioso administrativo.
Fórum shopping y un juez amigo
El viernes de la semana pasada, la Cámara del Trabajo había dejado sin efecto la medida cautelar dispuesta por el juez Raúl Ojeda que -a partir del pedido de la CGT- había frenado la aplicación de la reforma laboral.
A modo de respuesta, la central obrera solicitó la nulidad del fallo que habilitó la vigencia de la ley mileísta y presentó un escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Entre los argumentos, la Confederación General del Trabajo adujo que el fallo suspensorio incluye “yerros que violentan gravemente la verdad jurídica” y que la sala que lo dictó no era la competente para hacerlo.
En este sentido, pidió la recusación de los miembros de la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo, Víctor Arturo Pesino (cuya jubilación fue postergada al día siguiente de firmar ese fallo) y de su par María Dora González, quienes suspendieron la medida cautelar que en marzo había frenado 83 artículos de la mileísta ley 27.802.
“Acabamos de recusar a los jueces por la aberrante suspensión de la cautelar y después la obscenidad que acaban de cometer al otro día, cuando en el Boletín Oficial se publicó la extensión de cinco años más para uno de los jueces”, puntualizó Cristian Jerónimo, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT.
