Una disputa por la conducción
El respaldo del peronismo a Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Federal porteña admite una lectura que excede la controversia por Lago Escondido. La cuestión decisiva es el reemplazo de Leopoldo Bruglia, uno de los jueces con mayor acumulación de decisiones adversas al kirchnerismo. Ante una salida institucionalmente inevitable, ¿el PJ pudo haber preferido un juez sin ese antecedente? La hipótesis adquiere otra dimensión cuando se la coloca en el contexto de una ofensiva política y mediática que busca presentar cualquier autonomía del peronismo respecto de Cristina como una “capitulación”, mientras, paradójicamente, la expresidenta permanece presa y proscripta.
Yadarola: una pieza cambia en el tablero judicial
Hay algo revelador en la discusión que siguió a la designación de Pablo Yadarola. Buena parte del debate quedó atrapada en una pregunta aparentemente sencilla: ¿cómo puede el peronismo votar a favor de un juez vinculado con Lago Escondido?
La pregunta es legítima. Pero puede estar mirando el árbol y perdiendo de vista el bosque.
Lago Escondido constituye un episodio de enorme gravedad institucional. En 2022, Yadarola integró el grupo de magistrados, funcionarios y empresarios que viajó a la estancia de Joe Lewis. El episodio generó denuncias y cuestionamientos sobre las relaciones entre sectores del Poder Judicial, funcionarios públicos y grupos empresarios.
Pero una cosa es ese antecedente y otra, sustancialmente diferente, es la trayectoria concreta de un magistrado en las causas judiciales que involucraron al kirchnerismo.
Yadarola no integraba la Sala I cuando se produjeron algunas de las decisiones más relevantes contra Cristina Fernández de Kirchner. No participó de las resoluciones de ese tribunal vinculadas con Vialidad, Los Sauces, Hotesur o Cuadernos que tuvieron entre sus protagonistas a Leopoldo Bruglia.
Bruglia, en cambio, sí acumuló una trayectoria judicial particularmente significativa para el kirchnerismo. Integró la Sala I que confirmó procesamientos y decisiones de enorme impacto político sobre Cristina y otros dirigentes de su espacio.
El dato central, entonces, no es Lago Escondido.
Es el reemplazo de Bruglia por Yadarola.
La Sala I pasa de Llorens-Bertuzzi-Bruglia a Llorens-Bertuzzi-Yadarola.
No es una revolución judicial. Pero tampoco es un cambio administrativo irrelevante.
En un tribunal de tres integrantes, la sustitución de uno de sus miembros modifica objetivamente las condiciones en las que se construyen las mayorías. No significa que Yadarola vaya a votar en favor de Cristina. Tampoco permite afirmar que la Sala haya dejado de ser adversa al kirchnerismo.
Significa algo más preciso: cambia una de las tres posiciones que intervienen en la formación de las decisiones de un tribunal estratégico.
Y allí aparece una hipótesis política que merece ser discutida.
El peronismo no expulsó a Bruglia. Su salida es consecuencia de un proceso institucional iniciado años atrás a partir de la controversia sobre sus traslados y de la intervención de la Corte Suprema. Por lo tanto, no resulta serio atribuir al PJ la decisión de sacar a Bruglia.
Pero tampoco resulta serio suponer que una fuerza política puede observar pasivamente quién ocupa el lugar de un magistrado que deja una Cámara de tres integrantes.
La pregunta es, entonces, qué cálculo hizo el peronismo.
El dato parlamentario resulta sugestivo. El Senado aprobó el pliego de Yadarola con 66 votos, mientras que Bertuzzi fue aprobado con una votación mucho más ajustada y contó con el rechazo del peronismo. No se trata de convertir ese comportamiento en prueba de un pacto. Pero sí de observar que el PJ diferenció entre dos candidatos destinados a integrar la misma Sala.
Bertuzzi no era una incógnita. Su trayectoria judicial era conocida.
Yadarola sí lo es, al menos respecto de su futuro comportamiento en la Cámara Federal.
Puede haber sido una razón suficiente para acompañar su designación.
No porque el peronismo considere irrelevante Lago Escondido. No porque Yadarola sea “un juez de Cristina”. Y mucho menos porque exista evidencia de una orden directa de Cristina Kirchner.
Puede haber sido, simplemente, una decisión de administración del riesgo.
Si Bruglia debía irse, quizás era preferible que su reemplazante no tuviera el mismo historial de decisiones adversas contra el kirchnerismo.
Hasta aquí, la discusión puede resolverse en términos estrictamente judiciales. Pero hay una dimensión política que resulta imposible ignorar.
Cristina Kirchner continúa siendo la principal referencia política de una parte sustancial del peronismo mientras permanece privada de su libertad ambulatoria y excluida de la competencia electoral. La Corte Suprema confirmó en junio de 2025 su condena en la causa Vialidad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, el debate político-mediático sobre el peronismo suele formular el problema exactamente al revés.
En lugar de preguntarse qué significa para una democracia que una dirigente de enorme caudal electoral se encuentre detenida y proscripta, el eje pasa a ser qué debería hacer el peronismo para desprenderse de Cristina.
No es una diferencia semántica.
Es una disputa por la conducción.
Una parte del discurso público sostiene, explícita o implícitamente, que el principal obstáculo para la reconstrucción del peronismo sería la persistencia del liderazgo de Cristina. La solución propuesta aparece entonces bajo diferentes nombres: renovación, superación del kirchnerismo, nueva conducción, autonomía de los gobernadores, reconstrucción institucional del PJ.
El problema aparece cuando esa discusión deja de ser una disputa interna legítima y se transforma en una exigencia política externa: el peronismo debe cambiar de conducción para ser considerado democrático, moderno, competitivo o capaz de volver al poder.
Allí se produce una paradoja formidable.
A Cristina se la presenta como una dirigente que ya no debería conducir al peronismo porque supuestamente está políticamente agotada. Pero, simultáneamente, se la trata como si continuara teniendo un poder extraordinario capaz de bloquear todas las decisiones del movimiento.
Si tiene tan poco poder, ¿por qué habría que organizar el futuro del peronismo alrededor de desplazarla?
Y si conserva tanto poder, ¿cómo se explica que se encuentre presa y proscripta?
La contradicción no es menor.
La operación consiste en convertir a Cristina en una dirigente políticamente prescindible y, al mismo tiempo, en la responsable de todos los problemas del peronismo.
Si el peronismo pierde, es por Cristina.
Si se divide, es por Cristina.
Si no renueva su conducción, es por Cristina.
Si negocia, es porque Cristina capitula.
Si no negocia, es porque Cristina impone una lógica de confrontación.
La dirigente termina convertida en una especie de variable explicativa universal.
Esto no significa negar que exista una discusión real dentro del peronismo sobre su conducción. Existe, y sería absurdo negarlo. Las diferencias entre el kirchnerismo, Axel Kicillof, gobernadores, intendentes y distintos sectores sindicales forman parte de una disputa política genuina.
De hecho, dirigentes peronistas han planteado abiertamente el problema de la conducción y de la reorganización del espacio.
Pero una cosa es discutir democráticamente quién debe conducir el peronismo y otra es naturalizar que esa discusión se produzca bajo la presión de una dirigente que está detenida y excluida de las elecciones.
Porque entonces aparece una pregunta que rara vez se formula:
¿quién se beneficia con que el peronismo abandone la conducción de Cristina mientras Cristina permanece proscripta?
La respuesta no tiene por qué ser una conspiración.
Para Javier Milei, evidentemente, una oposición peronista fragmentada y sin una referencia nacional consolidada constituye una ventaja política. Para sectores del establishment económico y mediático, también puede resultar conveniente una oposición que abandone determinadas banderas y modere sus conflictos.
Y para determinados sectores internos del propio peronismo, la desaparición de Cristina como conducción abriría espacios de poder que hoy encuentran ocupados.
Son intereses diferentes que pueden converger.
No hace falta imaginar una mesa secreta.
La política funciona muchas veces mediante convergencias objetivas entre intereses distintos.
Y esto permite volver a Yadarola.
Quizás el voto peronista no haya significado “perdonar” Lago Escondido.
Quizás haya sido una decisión mucho más pragmática: aceptar la reconfiguración de una Cámara inevitable y evaluar que un juez sin el historial de Bruglia podía ser preferible para el futuro judicial del movimiento.
No sería una capitulación.
Sería política.
Y precisamente por eso resulta tan importante no confundir autonomía con ruptura.
El peronismo puede discutir su conducción. Puede ampliar su representación. Puede incorporar nuevos liderazgos. Puede revisar sus errores. Puede construir una nueva mayoría social.
Pero una cosa es construir una nueva etapa y otra muy distinta es aceptar como condición de esa reconstrucción el abandono de Cristina mientras Cristina continúa presa y proscripta.
Ahí la cuestión deja de ser interna.
Porque la proscripción no afecta solamente a Cristina. También modifica las condiciones de competencia del sistema político.
La historia argentina ofrece suficientes antecedentes para saber que la proscripción de un liderazgo popular no elimina su influencia. Muchas veces produce exactamente lo contrario: transforma la disputa por la conducción en una disputa sobre quién tiene derecho a representar a los excluidos.
Por eso el problema no puede resolverse simplemente diciendo que “Cristina debe dar un paso al costado”.
¿Dar un paso al costado de qué?
¿De la conducción partidaria?
¿De la representación política?
¿De la discusión sobre el futuro del peronismo?
¿O, en última instancia, de la posibilidad misma de disputar electoralmente el poder?
Son preguntas diferentes.
Y mezclar todas ellas puede convertir la renovación política en una forma elegante de aceptar la proscripción.
Por eso la discusión sobre Yadarola adquiere una dimensión que excede ampliamente su nombre.
La cuestión no es solamente quién ocupa una silla en la Sala I.
Es qué capacidad conserva el peronismo para leer el tablero institucional sin quedar atrapado en una narrativa construida desde afuera.
Bruglia se va. Yadarola entra. Cristina permanece presa y proscripta. El PJ acompaña a Yadarola y rechaza a Bertuzzi. Y, mientras tanto, una parte del discurso público exige que el peronismo cambie de conducción y abandone a Cristina para poder reconstruirse.
Cada uno de estos hechos puede analizarse por separado.
Pero juntos configuran una secuencia política que merece ser observada.
La hipótesis, entonces, no es que el PJ haya pactado con Milei.
Tampoco que Yadarola sea un juez favorable a Cristina.
La hipótesis es más sencilla: el peronismo puede estar intentando reducir su vulnerabilidad judicial mientras enfrenta, simultáneamente, una presión política y mediática para abandonar la conducción de Cristina.
Si esa estrategia existe, su racionalidad no sería la capitulación.
Sería la supervivencia.
Y la diferencia es decisiva.
Porque mientras algunos pretenden que el peronismo resuelva su futuro demostrando que puede existir sin Cristina, existe una pregunta previa que no puede ser eludida:
¿por qué debería demostrarlo mientras la dirigente que se pretende desplazar de la conducción continúa detenida y proscripta?
La respuesta a esa pregunta define mucho más que el futuro de Cristina Kirchner.
Define qué democracia política estamos dispuestos a aceptar, porque para defecciones reales, ejemplos sobran.
