Todo lo sólido se desvanece en el aire

El desgaste de Milei no garantiza una alternativa política, del mismo modo que la unidad del peronismo no asegura un proyecto de gobierno. La experiencia mexicana de AMLO y la ruptura con el PRI ofrecen una clave para pensar el dilema argentino: cuando las diferencias programáticas se subordinan al rechazo de un adversario común, la victoria electoral puede postergar, pero no resolver, las contradicciones. En la noche de Milei, todos los gatos son pardos; el problema comienza cuando amanece y hay que decidir quién paga los costos de la crisis y en beneficio de quién se gobierna. En el video de apertura, Amado Boudou acerca de la "Unidad" y el frente "Anti Milei".

En la noche de Milei, todos los gatos son pardos

-El desgaste del Gobierno, la paradoja del peronismo y la lección histórica de México-

El ajuste económico erosiona los ingresos populares y plantea interrogantes sobre la capacidad del oficialismo para sostener su base social. Sin embargo, el desgaste gubernamental no garantiza la construcción de una alternativa. El peronismo enfrenta una contradicción que la experiencia mexicana permite examinar: la unidad electoral puede reunir fuerzas heterogéneas, pero no elimina sus diferencias sobre el programa económico, la deuda y la conducción política. Cuando desaparece el adversario común, aquello que la coalición mantenía en suspenso puede convertirse en su principal factor de ruptura.

El desgaste sin reemplazo

Pronosticar el escenario político argentino resulta particularmente difícil en una realidad líquida, donde las identidades electorales, las expectativas sociales y las alianzas partidarias atraviesan transformaciones que no siguen necesariamente una trayectoria lineal.

El punto de partida es el deterioro de las condiciones materiales de vida bajo el Gobierno de Javier Milei. El ajuste fiscal, la pérdida de poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y otros ingresos fijos, el endeudamiento de los hogares y la precarización laboral configuran un escenario de tensiones distributivas. Pero el deterioro económico no se traduce automáticamente en una pérdida equivalente de apoyo político ni, mucho menos, en la consolidación de una alternativa opositora.

Entre la experiencia material de la crisis y su traducción electoral median las identidades políticas, las expectativas de recuperación, la capacidad de organización colectiva y la existencia de una fuerza capaz de ofrecer un horizonte diferente. La insatisfacción puede expresarse mediante el voto opositor, pero también a través de la abstención, la fragmentación o el repliegue individual.

Esta distinción es fundamental. La crisis de una forma de representación no implica necesariamente la aparición inmediata de otra. Una parte de la sociedad puede rechazar aspectos centrales de la política económica oficial sin encontrar en las fuerzas opositoras una respuesta convincente a sus problemas. En ese espacio se juega una disputa que no puede resolverse exclusivamente mediante operaciones electorales.

El problema del oficialismo, por lo tanto, no puede analizarse al margen de la capacidad de sus adversarios para organizar el descontento. El desgaste de una administración constituye una condición política relevante, pero sus consecuencias dependen de la relación de fuerzas, de la evolución económica y de las alternativas disponibles.

El peronismo y la paradoja de la unidad

El peronismo continúa siendo una referencia central de la oposición argentina. Su implantación territorial, su relación histórica con el movimiento sindical, su presencia en distintas estructuras estatales y su heterogeneidad social le otorgan una capacidad de articulación que no puede reducirse a sus resultados electorales inmediatos.

Sin embargo, esa amplitud también contiene contradicciones. Las diferencias entre sus principales sectores no se limitan a las candidaturas, los cargos o las disputas de liderazgo. Involucran interpretaciones diferentes sobre la crisis argentina, el papel del Estado, la relación con el capital concentrado, la distribución del ingreso, el tratamiento de la deuda externa y las condiciones para una eventual recuperación económica.

La conducción de Cristina Fernández de Kirchner constituye uno de los ejes de esa discusión. Para algunos sectores, representa una referencia política indispensable para reconstruir una alternativa; otros reclaman mayor autonomía respecto de su liderazgo y una reorganización de las relaciones internas del movimiento. La discusión también atraviesa la relación con Axel Kicillof y con los gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales y organizaciones territoriales que integran el universo peronista.

No se trata de diferencias que puedan resolverse simplemente mediante un acuerdo entre dirigentes. Expresan también distintas evaluaciones sobre las experiencias de gobierno anteriores y sobre los límites que debería enfrentar una futura administración.

De allí surge una paradoja: sin unidad, al peronismo le resultará difícil articular una mayoría electoral; pero una unidad construida exclusivamente para derrotar a Milei podría reproducir las contradicciones que debilitaron su experiencia gubernamental anterior.

La fórmula «sin unidad es difícil ganar; con unidad es imposible gobernar» funciona como una provocación que sintetiza ese dilema. No constituye una ley política inevitable. Señala, más bien, el riesgo de confundir una coalición electoral con un proyecto de gobierno.

Una alianza puede acordar quién debe ocupar la Presidencia sin establecer qué política económica llevará adelante. Puede coincidir en la necesidad de recomponer los ingresos sin acordar cómo financiar esa recuperación. Puede defender el papel del Estado sin definir qué intereses sociales priorizará su intervención.

La unidad, por sí misma, no resuelve estas contradicciones. Las organiza, las posterga o las transforma en compromisos provisionales. La cuestión decisiva es si existe una estrategia capaz de procesarlas sin que cada decisión gubernamental se convierta en una nueva disputa por la conducción.

En la noche de Milei, todos los gatos son pardos

Hay un límite estructural en la idea de construir un gran frente antimileísta: en la noche de Milei, todos los gatos son pardos.

La metáfora describe una forma de unidad que, bajo la oscuridad de un adversario común, borra provisionalmente las diferencias entre proyectos políticos, intereses económicos y estrategias de gobierno. Todo parece coincidir mientras el objetivo sea desplazar al oficialismo. Pero cuando esa referencia desaparece, las diferencias que la unidad electoral mantenía en suspenso vuelven a hacerse visibles y pueden transformarse en conflictos abiertos.

Un frente antimileísta puede reunir a sectores que comparten el rechazo al ajuste y al deterioro de las condiciones de vida, pero que discrepan profundamente sobre las causas de la crisis y las políticas necesarias para superarla.

No es lo mismo defender una recomposición salarial que discutir quién financiará esa recuperación. Coincidir en la defensa de los jubilados no equivale a acordar una reforma tributaria. Rechazar el endeudamiento no significa tener una estrategia común frente a los acreedores externos. Tampoco supone lo mismo reivindicar la intervención estatal que definir qué sectores económicos deben contribuir más, cuáles recibirán protección y cómo se distribuirán los costos de una eventual recuperación.

Desde una perspectiva de clase, estas diferencias son sustantivas. Las coaliciones no reúnen solamente dirigentes y organizaciones: articulan intereses sociales que pueden coincidir frente a un adversario y divergir cuando llega el momento de distribuir los recursos y el poder.

Una alianza que incorpore trabajadores asalariados, jubilados, sectores medios, organizaciones populares y fracciones empresariales puede construir una mayoría electoral sin disponer necesariamente de un acuerdo sobre las políticas que deberá implementar. La amplitud de la coalición no elimina las contradicciones entre sus componentes.

El problema aparece cuando el rechazo al adversario sustituye la definición de un programa. En ese caso, la victoria electoral puede ser presentada como la solución de una crisis que apenas habrá cambiado de escenario. La nueva administración heredará restricciones económicas, compromisos financieros y demandas sociales que exigirán decisiones concretas. Entonces habrá que establecer prioridades y afrontar los conflictos que esas decisiones produzcan.

La experiencia del Frente de Todos, que llevó a Alberto Fernández a la Presidencia en 2019, constituye un antecedente argentino relevante. La coalición consiguió articular fuerzas que compartían la necesidad de desplazar al macrismo, pero sus diferencias sobre la política económica, la deuda, la negociación con los acreedores y la conducción política persistieron durante el gobierno. La pandemia y las restricciones económicas agravaron las tensiones, aunque no explican por sí solas las dificultades para construir una orientación compartida.

Un estudio de economía política publicado en Papel Político analiza precisamente las limitaciones del intento de alcanzar un consenso entre sectores de la coalición con orientaciones diferentes y las dificultades para llevar adelante el programa de redistribución del ingreso anunciado al asumir el gobierno. Por su parte, María Cecilia Míguez examina la tensión entre el pacto electoral del Frente de Todos y los condicionamientos derivados de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ambos trabajos permiten situar las diferencias internas dentro de un marco que combina relaciones de fuerza domésticas y restricciones externas, en lugar de reducirlas a conflictos personales. [1] [2]

La conclusión no es que la unidad resulte inútil, sino que necesita contenidos. Un frente puede ser suficiente para ganar una elección y, al mismo tiempo, insuficiente para gobernar. Cuando desaparece el adversario que mantenía cohesionada a la coalición, la ausencia de acuerdos programáticos puede convertir la victoria en el comienzo de una nueva crisis de representación.

México, 1988: cuando la disputa interna produjo una ruptura

La experiencia mexicana ofrece un antecedente histórico para examinar este problema. En la década de 1980, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) era mucho más que una organización electoral: constituía el núcleo de un sistema político que había articulado durante décadas el Estado, las organizaciones corporativas, las burocracias sindicales y distintos intereses empresariales y territoriales.

Su hegemonía combinaba capacidad de incorporación política y social con mecanismos institucionales y prácticas que restringían la competencia efectiva. Sin embargo, la crisis económica, el endeudamiento y la orientación hacia políticas de liberalización fueron modificando las condiciones sobre las que descansaba ese sistema.

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), las políticas de ajuste y reestructuración económica profundizaron las tensiones sociales. En el interior del propio PRI surgieron cuestionamientos al rumbo económico y al mecanismo vertical de selección de candidaturas.

En ese contexto apareció la Corriente Democrática, integrada por dirigentes como Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Su planteo cuestionaba tanto la orientación económica como los procedimientos de decisión interna. La candidatura presidencial de Carlos Salinas de Gortari, finalmente impuesta por la conducción priista, profundizó la confrontación.

La Corriente Democrática intentó primero disputar el rumbo del partido desde dentro. Al cerrarse esa posibilidad, se produjo la ruptura y comenzó la construcción de una alternativa opositora. Este proceso confluyó en el Frente Democrático Nacional (FDN), que presentó a Cárdenas como candidato presidencial en las elecciones del 6 de julio de 1988. [3] [4]

Los comicios estuvieron marcados por graves cuestionamientos a la transparencia del escrutinio y por la denominada «caída del sistema», durante la interrupción de la difusión de los resultados. La proclamación oficial de la victoria de Salinas de Gortari no disipó las denuncias de fraude ni la crisis de legitimidad. La elección se convirtió en un momento decisivo para el sistema político mexicano y para la reorganización de la oposición. [5]

El FDN articuló corrientes provenientes del nacionalismo revolucionario, la izquierda partidaria y diversas organizaciones sociales. La candidatura de Cárdenas proporcionó una referencia política común a sectores que, hasta entonces, no necesariamente compartían una estructura organizativa ni una trayectoria ideológica. La movilización social resultó fundamental para transformar una disputa interna del partido gobernante en una crisis política de alcance nacional.

En 1989, una parte sustancial de esa experiencia confluyó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD). La ruptura, por tanto, no se limitó a una disputa entre dirigentes: abrió un proceso de reorganización política que pretendía construir una alternativa duradera al sistema de partido hegemónico.

La trayectoria de Andrés Manuel López Obrador se inscribe en ese proceso. Militante del PRI desde la década de 1970, se incorporó a la disidencia y rompió con el partido en el contexto de las elecciones de 1988. Posteriormente participó en la construcción del PRD. Es importante precisar que la ruptura original fue encabezada por Cárdenas y Muñoz Ledo; la relevancia histórica de AMLO reside en haber formado parte de la generación que convirtió aquella crisis interna en una reorganización política de largo alcance. [3] [4]

La experiencia mexicana demuestra que una ruptura puede abrir una oportunidad de renovación cuando logra articular diferencias programáticas con demandas sociales más amplias. Pero no demuestra que toda ruptura sea progresiva ni que la construcción de una alternativa garantice su llegada al gobierno. El PRD necesitó décadas de acumulación política y electoral y, posteriormente, atravesó sus propias crisis organizativas y de representación. La fundación de un nuevo partido no resolvió automáticamente las contradicciones que habían dado origen a la ruptura. [6]

La lección mexicana: la unidad no es un fin en sí mismo

La comparación con el peronismo exige reconocer una diferencia estructural. El PRI fue el eje de un sistema de partido hegemónico estrechamente vinculado al aparato estatal; el peronismo, en cambio, es una identidad política heterogénea, con organizaciones sindicales, movimientos territoriales, gobernadores, sectores empresariales y corrientes ideológicas que no responden necesariamente a una conducción única.

Por eso, no sería correcto trasladar mecánicamente la experiencia mexicana a la Argentina. La lección no es que el peronismo deba romperse, sino que la preservación de una estructura partidaria no garantiza su capacidad para representar intereses sociales diversos.

La historia de la Corriente Democrática muestra que una organización puede entrar en crisis cuando sus mecanismos internos dejan de procesar las diferencias sobre el rumbo económico y la representación política. También demuestra que una ruptura solo adquiere proyección histórica cuando consigue construir una nueva articulación entre dirigentes, organizaciones y sectores sociales.

El interrogante argentino consiste en determinar si las diferencias del peronismo pueden procesarse dentro de una coalición con objetivos compartidos o si la distancia entre sus proyectos terminará imponiendo otra forma de reorganización política.

No hay una respuesta predeterminada. Una disputa interna puede conducir a una renovación programática sin ruptura definitiva; también puede bloquearse hasta convertir la escisión en una posibilidad real. En cualquiera de los casos, la variable decisiva no es únicamente la cohesión organizativa, sino la capacidad para formular un programa y construir una relación de fuerzas que lo haga viable.

La deuda externa: el punto donde las diferencias se vuelven materiales

Entre las divergencias que atraviesan al peronismo, la deuda externa ocupa un lugar central. No se trata de una cuestión exclusivamente técnica ni de una discusión reservada a economistas. Condiciona la disponibilidad de divisas, el presupuesto público, la política cambiaria, la inversión y la capacidad del Estado para sostener políticas sociales.

Un programa que prometa recomponer salarios y jubilaciones, recuperar la inversión pública y mejorar las condiciones laborales debe explicar cómo financiará esas medidas y qué hará frente a las restricciones externas. Si acepta que los compromisos financieros deben prevalecer sobre cualquier objetivo distributivo, la recuperación de los ingresos populares puede quedar subordinada a una política de ajuste. Si propone una renegociación de la deuda, debe establecer sus objetivos, instrumentos y costos, así como la relación entre esa estrategia y las necesidades de la economía doméstica.

Esto no significa que exista una solución sencilla ni que desconocer los compromisos financieros elimine sus consecuencias. Significa que la política de la deuda implica decisiones distributivas y relaciones de fuerza: quién soporta los costos, qué sectores reciben protección y cuáles quedan expuestos a la pérdida de ingresos.

La discusión sobre la unidad peronista debería ser, por lo tanto, programática antes que meramente organizativa. ¿Existe un acuerdo sobre la renegociación de la deuda y las prioridades presupuestarias? ¿Sobre la recuperación salarial y jubilatoria? ¿Sobre el régimen tributario y la renta extraordinaria de los sectores concentrados? ¿Sobre la política industrial, energética y de recursos naturales? ¿Sobre la inserción internacional de la Argentina?

Sin respuestas compartidas, la unidad corre el riesgo de convertirse en una suma de candidaturas. Con acuerdos explícitos, podría funcionar como un instrumento para ordenar las diferencias y construir una orientación gubernamental.

El ausentismo y la crisis de representación

A esta discusión se suma una variable que puede alterar cualquier cálculo electoral: el posible crecimiento del ausentismo. El deterioro de las condiciones de vida no conduce necesariamente a una mayor movilización opositora. También puede producir desafección, desconfianza y la percepción de que ninguna fuerza política está en condiciones de modificar la realidad cotidiana.

Por eso, el desafío no consiste solamente en disputar el voto de quienes ya tienen una identidad partidaria definida. También supone comprender qué sectores sociales se han alejado de la participación, qué experiencias explican esa distancia y qué demandas no encuentran representación en las organizaciones existentes.

El desempeño de la izquierda tradicional, con Myriam Bregman como una de sus principales referencias, forma parte de este escenario. Su evolución electoral dependerá de múltiples factores, entre ellos la capacidad de organización, la visibilidad pública y la articulación entre las demandas laborales, la defensa de los ingresos y las críticas al programa económico vigente. No puede deducirse automáticamente del desgaste gubernamental ni de las divisiones del peronismo.

La crisis de representación no es un espacio vacío que una fuerza política pueda ocupar por simple disponibilidad electoral. Es un terreno de disputa en el que intervienen organizaciones, experiencias colectivas, identidades, expectativas y relaciones de clase.

El día después: ¿qué mantiene unido al frente?

ramble tamble: hacia un nuevo tipo de unidad histórica - " no son todos lo que están, ni están todos los que son"

La experiencia mexicana permite precisar la pregunta central. La ruptura de AMLO y de otros dirigentes con el PRI no produjo una alternativa por el solo hecho de abandonar una organización. Fue necesario articular una crisis de representación con un proyecto político, construir alianzas y sostener una acumulación de fuerzas prolongada.

La comparación también obliga a distinguir entre dos formas de unidad. Una es la unidad negativa, constituida por el rechazo a un adversario común. Otra es la unidad programática, construida alrededor de objetivos compartidos, prioridades económicas y mecanismos para resolver las diferencias.

La primera puede ser suficiente para articular una coalición electoral. La segunda es indispensable para aspirar a una conducción gubernamental coherente, aunque no elimine los conflictos ni garantice el éxito.

El problema del peronismo consiste en determinar si puede transformar su heterogeneidad en una capacidad de articulación política o si la diversidad de intereses terminará convirtiéndose en una fuente permanente de parálisis. La respuesta no depende exclusivamente de las decisiones de sus dirigentes: también estará condicionada por la evolución de la economía, las demandas sociales, las organizaciones populares y la relación de fuerzas frente a los sectores económicos dominantes.

El desgaste de Milei no garantiza la reconstrucción de una mayoría opositora. Del mismo modo, la preservación de la unidad peronista no garantiza una alternativa de gobierno.

En la noche de Milei, todos los gatos son pardos. El problema comienza cuando amanece.

Si la unidad se construye únicamente contra el adversario, su desaparición puede dejar al descubierto una coalición sin proyecto compartido. Si, en cambio, la convergencia electoral se apoya en un programa que explicite sus prioridades distributivas, sus compromisos y sus diferencias, podrá contar con mejores instrumentos para afrontar los conflictos posteriores.

La cuestión no consiste en elegir de antemano entre unidad y ruptura, sino en establecer qué forma de organización política permite representar las demandas sociales y sostener una estrategia de gobierno. La historia mexicana recuerda que los partidos no entran en crisis únicamente cuando pierden elecciones, sino también cuando dejan de procesar las contradicciones de la sociedad que pretenden representar.

Y recuerda, sobre todo, que una alternativa no nace simplemente de la ruptura ni se consolida por la unidad: se construye cuando logra convertir el malestar social en organización, representación y un proyecto político capaz de sostenerse más allá de una elección.

Notas y bibliografía

[1] «El gobierno del Frente de Todos, o el fracaso de la búsqueda del consenso imposible». Papel Político, 2024. Estudio de economía política sobre la coalición de Alberto Fernández, sus tensiones internas y las limitaciones para desarrollar una política redistributiva. Leer el artículo.

[2] Míguez, María Cecilia (2024). «La política exterior de Alberto Fernández (2019-2023): legitimidad, políticas internas y deuda externa». Revista Relaciones Internacionales, vol. 97, n.º 1, pp. 85-110. Examina la tensión entre el pacto electoral del Frente de Todos y los condicionamientos derivados de la renegociación de la deuda con el FMI. Leer el artículo.

[3] Xelhuantzi López, María (1988). «De legitimidad y de alianzas: de la Corriente Democrática al Frente Democrático Nacional (julio de 1987 a julio de 1988)». Estudios Políticos, UNAM. Reconstruye la formación de la disidencia priista y su articulación con otras fuerzas políticas. Consultar el artículo.

[4] Toledo Olascoaga, Mario (1998). La Corriente Democrática del Partido Revolucionario Institucional (1986-1988): una historia por contar. Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Consultar el registro académico.

[5] Molinar Horcasitas, Juan y Jeffrey A. Weldon (1990). «Elecciones de 1988 en México: crisis del autoritarismo». Revista Mexicana de Sociología, vol. 52, n.º 4, pp. 229-262. Analiza las condiciones institucionales de la elección y su relación con la crisis del sistema de partidos. Consultar el artículo.

[6] Torres-Ruiz, René (2021). «Historia del PRD: surgimiento, desarrollo y decadencia de un partido de izquierda». Revista Mexicana de Estudios Electorales, vol. 5, n.º 26, pp. 25-60. Examina la trayectoria del PRD desde su origen en el FDN hasta su declive. Leer el artículo.

Nota metodológica: la comparación entre México y Argentina se utiliza como herramienta interpretativa, no como equivalencia histórica. Las referencias documentan los procesos examinados; las conclusiones sobre el peronismo constituyen hipótesis de análisis político y de clase.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rompió con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1988, tras 12 años de militancia, debido a su descontento con las prácticas internas del partido, la acusación de fraude electoral en los comicios presidenciales de ese año y su adhesión al bloque opositor de izquierda.

Contexto y causas de la ruptura

* Militancia inicial: AMLO ingresó al PRI en la década de 1970, ocupando diversos cargos políticos y administrativos en Tabasco y en la Ciudad de México.
* La Corriente Democrática: En 1988, AMLO se sumó a la Corriente Democrática, una facción interna del PRI liderada por figuras como Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que protestó contra el método tradicional de selección del candidato presidencial y el ascenso de Carlos Salinas de Gortari.
* El fraude de 1988: Tras las elecciones presidenciales de 1988 —marcadas por la polémica «caída del sistema» y el triunfo oficial de Salinas de Gortari— AMLO denunció un fraude electoral.
* Salida definitiva: Abandonó las filas del PRI argumentando desacuerdos profundos con el rumbo del partido y la corrupción, optando por sumarse al Frente Democrático Nacional (FDN) y, posteriormente, cofundar el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989.

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