Categoría Política

Este artículo indaga acerca de las políticas y normativas del FMI en relación a los movimientos de capitales, a lo largo de su historia, y su aplicación al caso de Argentina.
Desde su creación en 1944, el FMI diferenció la naturaleza de los flujos internacionales de capitales, entre aquellos relacionados con las inversiones directas y los de movimientos especulativos. Pero la frontera entre ambos es borrosa y está poblada de figuras calificables de un lado u otro, de manera que con frecuencia en la etapa del capitalismo industrial el FMI financió salida de capitales, alegando propósitos de estabilización monetaria; y en la etapa de financiarización incluyó el riesgo sistémico de la salida súbita de capitales como razón para proveer desembolsos excepcionales que fueron aplicados a este fin.
Sin embargo, el FMI no tiene competencias para exigir a sus miembros la apertura de los movimientos de capitales, ni la eliminación de los controles cambiarios. No las tuvo originariamente, ni las obtuvo cuando procuró, sin éxito, reformar el Convenio Constitutivo en 1997 para arrogarse tales facultades. No obstante, actúa como si efectivamente gozara de ellas, amparado por los poderes fácticos que lo utilizan como dispositivo para imponer sus intereses a los países que recurren a los servicios del FMI, especialmente en Estados y gobiernos influidos por estos grupos de intereses especiales. El Convenio Constitutivo del FMI prohíbe que los recursos del organismo se apliquen a financiar grandes y continuas salidas de capitales. Sin embargo, decisiones de su Directorio Ejecutivo han relajado esta prohibición, y los rescates del FMI a bancos y fondos de inversión han proliferado desde la década de 1980 hasta la actualidad, cada vez por montos mayores y con mayor liberalidad y desfachatez. La provisión de grandes desembolsos del FMI utilizados para la fuga de capitales de Argentina en 2001 y 2018-2019 ilustran esta conducta, sin consecuencia alguna para el organismo ni para los gobiernos implicados, pero altamente costosa para las vidas humanas degradadas o perdidas por el desvío de recursos públicos para atender las deudas generadas en los rescates financieros.

Este artículo analiza las principales tensiones entre la gestión de la deuda pública para la Argentina como parte de la periferia mundial. Estas tensiones refieren especialmente a la garantía de derechos humanos, que son utilizados como un parámetro básico de lo que debería considerarse una vida digna de ser vivida, y aun así son contrapuestos a la carga de la deuda. Se trata de una contraposición entre la sustentabilidad de la deuda o la sostenibilidad de la vida. Los acreedores, con el FMI como su representante, alimentan esta contraposición de manera sistemática, lesionando las condiciones de vida de la población. El artículo revisa los fundamentos de esta contraposición, para presentar luego una revisión sintética de gestiones recientes de la deuda pública y sus principales diferencias.