
El artículo "De trapos, banderas y volantes" del sociólogo e historiador Roberto Baschetti, reflexiona sobre un fenómeno que excede al fútbol: el regreso de la militancia visible en el espacio público a través de símbolos materiales —banderas, trapos, volantes, murales— en un contexto de fuerte ofensiva individualista y digital. A partir de la experiencia de las movilizaciones populares recientes, el autor sostiene que esos elementos vuelven a ocupar un lugar central porque expresan organización, identidad colectiva y pertenencia política.
El mayor mérito del artículo es recordar que la política sigue siendo un fenómeno profundamente colectivo. En tiempos donde pareciera que todo sucede en las pantallas, los trapos, las banderas y los volantes recuperan su carácter original: son instrumentos de organización y de construcción de poder popular. No sustituyen al programa político ni a la organización, pero constituyen una manifestación visible de ambos. En ese sentido, cada bandera levantada representa mucho más que una consigna: expresa la voluntad de transformar el descontento individual en acción colectiva.

El artículo adjunto analiza críticamente un informe publicado por la revista The Economist el 23 de junio de 2026. Dicho informe defiende que los milmillonarios actuales se han ganado su fortuna de forma más justa y meritocrática en comparación con el pasado. El texto rebate esta postura señalando las deficiencias lógicas del argumento y cuestionando los intereses de la publicación.
Antes, la opinión pública respetable se preocupaba por distinguir entre los pobres "merecedores" y los "no merecedores". Hoy, ante el creciente sentimiento anti-ultraricos, The Economist argumenta que, de hecho, son los multimillonarios quienes merecen nuestra gratitud, compasión y protección. Tal como advirtiera Carlos en su momento, gobernaremos para , "los niños ricos que tienen tristeza", han crecido. Abracémoslos muy fuerte.

El artículo de Michael Roberts, «Theories of inflation: part one – the mainstream», constituye la primera entrega de una serie dedicada a confrontar las principales explicaciones de la inflación. Su objetivo es mostrar que las teorías dominantes —aunque difieren entre sí— comparten un rasgo central: sitúan el origen de la inflación en problemas de la circulación monetaria, la demanda agregada o las expectativas, dejando en un segundo plano las relaciones de producción y la dinámica de la rentabilidad del capital.
El debate adquiere especial relevancia para Argentina. Durante el gobierno de Javier Milei, la narrativa oficial ha combinado elementos monetaristas —la emisión como causa principal de la inflación— con una fuerte apuesta a la credibilidad del programa económico.
Sin embargo, persisten factores estructurales como la concentración de mercados, la restricción externa potenciada por la fuga de capitales récord durante su gobierno, la formación oligopólica de precios y la puja distributiva que difícilmente pueden reducirse únicamente a la cantidad de dinero en circulación.
En ese sentido, el artículo de Roberts cuestiona la idea de que la estabilidad de precios dependa exclusivamente del ajuste monetario y fiscal, e invita a analizar la inflación como una expresión de las contradicciones del proceso de acumulación capitalista, más que como un simple desequilibrio técnico entre dinero y bienes.

La disputa sobre Nicaragua también es una disputa por el sentido. Buena parte de la información que circula en los grandes conglomerados mediáticos occidentales responde a agendas editoriales influenciadas por los intereses estratégicos de los países centrales.
Por ello, asumir sin contraste ese relato implica correr el riesgo de reproducir una visión parcial del conflicto. Una evaluación rigurosa exige confrontar fuentes diversas —incluidas las provenientes de América Latina y del propio país— y distinguir entre hechos comprobados, interpretaciones y posicionamientos políticos.
La crítica al intervencionismo estadounidense y el análisis de las limitaciones democráticas del gobierno nicaragüense no son incompatibles; ambas dimensiones deben examinarse con el mismo rigor, máxime con las recientes operaciones de medios occidentales sobre el gobierno nicaragüense y el intervencionismo manifiesto del gobierno norteamericano.

Millones de personas en todo el mundo se verán ahora aún más expuestas a las acciones criminales de estados depredadores. A diferencia de la acusadora de Khan, es poco probable que alguna vez tengan la oportunidad de ser juzgadas.

El artículo de Emilia Trabucco plantea que la visita de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, no fue una simple misión técnica vinculada a la tercera revisión del programa, sino un episodio de mayor alcance político e institucional. La tesis central es que el Fondo aparece como un actor que acompaña y condiciona transformaciones estructurales del Estado argentino, más allá de la supervisión macroeconómica habitual. Quizá el aspecto más relevante del artículo no sea la revisión técnica del acuerdo, sino la hipótesis de que la visita de Georgieva simboliza un momento de consolidación institucional del programa económico de Milei.
En ese marco, la reforma del Banco Central aparece presentada como un cambio de reglas de largo plazo destinado a limitar la direccionalidad futura de la política económica, mientras, en rigor una cesión adicional de autonomía frente a los condicionamientos del FMI y de los mercados financieros internacionales. Esa tensión entre supuesta estabilidad macroeconómica tutelada e independencia de las decisiones democráticas constituye el núcleo del debate político que el artículo busca poner en primer plano.

En esta nota se compara el servicio anual de deuda en moneda extranjera entre las obligaciones con el FMI y los bonos Globales en dólares bajo ley de Nueva York para el período 2026-2035. La conclusión principal es contundente: el acuerdo con el FMI concentra un "muro de vencimientos" mucho más exigente que el perfil de pagos de los bonos reestructurados en 2020.
Entre 2028 y 2031 aparece el denominado "Muro FMI", con pagos anuales que oscilan entre US$ 9.262 millones y US$ 11.212 millones.
El pico se registra en 2030, cuando los pagos al Fondo alcanzarían US$ 11.212 millones, casi el doble del servicio correspondiente a los Globales ese mismo año (US$ 6.039 millones).
Incluso en 2031, cuando los Globales aumentan hasta US$ 7.779 millones, el FMI continúa exigiendo US$ 10.638 millones.
A partir de 2032, las obligaciones con el Fondo comienzan a descender rápidamente, mientras que los bonos mantienen un cronograma relativamente estable entre US$ 6.500 y 7.500 millones anuales.
Desde una perspectiva macroeconómica, el gráfico evidencia que el verdadero problema financiero de la Argentina durante los próximos años no proviene principalmente de la reestructuración de la deuda privada realizada en 2020, sino del calendario de repagos asociado al préstamo extraordinario otorgado por el FMI en 2018 y posteriormente refinanciado.
El préstamo con el Fondo posee dos características que lo diferencian de los bonos:
concentra fuertes amortizaciones en pocos años;
exige revisiones periódicas y el cumplimiento de condicionalidades de política económica.
En consecuencia, el peso del FMI no se limita al volumen de dólares a pagar sino que también condiciona la política económica mediante metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas.
El gráfico también permite observar una paradoja importante.
Durante años, buena parte del debate público argentino se concentró en la reestructuración de los bonos privados realizada en 2020. Sin embargo, el cronograma muestra que esos bonos presentan un perfil de pagos relativamente más distribuido y previsible que el correspondiente al FMI.
En otras palabras, el principal cuello de botella externo entre 2028 y 2031 está explicado por el Fondo Monetario Internacional.
Para la administración de Javier Milei esto supone un desafío estructural. Si el programa económico no logra:
incrementar significativamente las exportaciones,
acumular reservas internacionales,
recuperar el acceso pleno al financiamiento voluntario,
El país enfrentará la necesidad de una nueva renegociación con el FMI o de obtener nuevos desembolsos que permitan refinanciar esos vencimientos.
Por ello, el "muro FMI" constituye no solo un problema financiero, sino también un factor de condicionamiento político: la capacidad del gobierno para sostener su programa económico dependerá en buena medida de cómo resuelva ese calendario de pagos extraordinariamente concentrado, y para lograrlo o reestructura o el país seguirá desplegando este plan de miseria planificada que planteara Rodolfo Walsh. Lamentablemente la respuesta ya la conocemos. En otras palabras, reestrucutamos la deuda o morimos y como lo advirtó

El cofundador de Anthropic, Chris Olah, participó junto al Papa León XIV en el Vaticano el 25 de mayo de 2026 para la presentación de la encíclica sobre inteligencia artificial titulada Magnifica humanitas, esta presencia no fue de cortesía obviamente. En el artículo de Axios describe una deriva inocultable de aquella posición, como una paradoja creciente: mientras Anthropic se consolida como una de las compañías más influyentes de la IA, su posición política y regulatoria la está dejando cada vez más aislada frente al resto de la industria.
Anthropic quedó sola frente a sus competidores. La empresa decidió no firmar una carta impulsada por el CEO de NVIDIA que rechaza la posibilidad de prohibir los modelos abiertos ("open-weight") desarrollados en China. Mientras gigantes como OpenAI, Microsoft, Google y Meta respaldaron una postura más abierta, Anthropic prefirió mantener distancia.
No apoya una prohibición absoluta. El CEO, Dario Amodei, aclaró que la empresa no propone vetar completamente los modelos chinos, aunque sí sostiene que representan riesgos importantes en materia de seguridad nacional, espionaje tecnológico y robo de propiedad intelectual.
El debate excede lo tecnológico. En Washington se discute si Estados Unidos debe restringir la circulación de modelos abiertos chinos como Kimi K3 o DeepSeek. Anthropic y OpenAI vienen alertando sobre esos riesgos, mientras NVIDIA y gran parte de la industria argumentan que una prohibición terminaría debilitando la competitividad estadounidense y favorecería el desarrollo autónomo de China.
La discusión refleja dos estrategias diferentes dentro del capital tecnológico estadounidense:
El bloque de las plataformas abiertas (NVIDIA, Microsoft, Meta y otros) considera que mantener abiertos los modelos fortalece el ecosistema occidental, genera mayor innovación y dificulta que China desarrolle un estándar alternativo.
El bloque de los laboratorios de frontera, encabezado por Anthropic y, en menor medida, OpenAI, prioriza controles regulatorios más estrictos porque entiende que los modelos más avanzados constituyen una tecnología estratégica comparable a los semiconductores o incluso al material nuclear.
El conflicto no enfrenta simplemente a Estados Unidos y China. También expresa una disputa intra-capitalista por quién controlará la infraestructura de la inteligencia artificial.
Las empresas de hardware y de infraestructura obtienen beneficios cuanto mayor sea la difusión de modelos abiertos.
Los desarrolladores de modelos cerrados tienen incentivos para promover mayores barreras regulatorias que eleven el costo de entrada para futuros competidores.
En ese sentido, la controversia sobre los modelos abiertos chinos funciona también como una disputa por la configuración del futuro mercado mundial de la IA: si prevalecerá un ecosistema relativamente abierto y competitivo o un oligopolio dominado por un puñado de laboratorios estadounidenses con fuerte respaldo estatal.
En síntesis, el artículo de Axios muestra que Anthropic está cada vez más aislada porque intenta combinar una agenda de seguridad nacional con una regulación más estricta de la IA, mientras buena parte de Silicon Valley teme que esas restricciones terminen consolidando un mercado menos competitivo y más concentrado.

Cristina Fernández de Kirchner anunció en una carta abierta su presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para impugnar la condena por la causa "Vialidad", calificando la inhabilitación como una proscripción motivada por el "lawfare". El documento denuncia un sesgo de género en la justicia argentina, vincula la persecución judicial con el atentado sufrido en 2022, y suma a juristas internacionales para su defensa. La visión política del kirchnerismo y su conductora califica a los tribunales de Comodoro Py como el epicentro del "lawfare" y la persecución política en Argentina. Esta postura argumenta que un sector del Poder Judicial funciona como un instrumento de disputa de poder en lugar de impartir justicia. Ejes de la crítica a Comodoro Py Mecanismo de Proscripción: Sostiene que las causas judiciales y las condenas (como en la causa "Vialidad") no buscan castigar delitos, sino neutralizar y proscribir a dirigentes populares de la vida pública. Farsa y Show Mediático: Denuncia que las citaciones e indagatorias (por ejemplo, en la causa "Cuadernos") se configuran como "farsas procesales" montadas para el espectáculo mediático. Su objetivo sería desviar la atención social de los problemas económicos vigentes. Guerra Judicial o Lawfare: Describe al fuero federal como un esquema articulado entre jueces, fiscales, medios de comunicación hegemónicos y servicios de inteligencia. Según esta perspectiva, se utilizan "prácticas mafiosas", armado de pruebas y presiones para disciplinar a la oposición. Sustitución de las Fuerzas Armadas: Compara el accionar actual de ciertos sectores judiciales con los métodos de los golpes militares del siglo XX. Plantea que hoy la intervención en la vida institucional y la desestabilización democrática se ejecutan desde los escritorios de Retiro. Politización de la Justicia: Cuestiona las reformas estructurales del pasado, señalando que la dinámica interna actual (como la elección de autoridades en el Consejo de la Magistratura) ha llevado a que los magistrados actúen más como militantes políticos enfocados en armar listas que en dictar fallos independientes.

Horacio Rovelli interpreta la visita de Kristalina Georgieva como un gesto político y financiero clave: apoyo explícito al gobierno de Javier Milei, garantía de capacidad de pago vía Vaca Muerta y un mensaje de flexibilidad del FMI respecto al destino de los fondos.

Una sombra planea hoy sobre la relación bilateral más estratégica de la Argentina: la que mantiene con Brasil. El canciller Mauro Vieira llamó a consultas a su embajador en Argentina luego de que Milei calificara al presidente brasilero de «convicto» y «ladrón».

El análisis de Artemio López sostiene que el silencio opositor y la omisión de Cristina Kirchner, denominando a esta estrategia como "La Innombrable", fragmentan al peronismo y fortalecen el relato oficialista, facilitando la hegemonía oficialista. Esta dinámica, derivada de la impunidad tras el atentado de 2022, conlleva a la desmovilización popular y a la normalización de la violencia política. Sin duda el atentado y la persecución judicial contra Cristina Kirchner buscan su proscripción definitiva para retirar del escenario político la única alternativa real al modelo actual. Claves del análisis sobre el silencio interno: Disciplinamiento político: El ataque físico y judicial funciona como una amenaza mafiosa para disciplinar a toda la dirigencia opositora. Complicidad por omisión: El silencio de los propios sectores del peronismo fragmenta la resistencia y debilita la respuesta social frente al avance oficialista. Falta de reacción popular: Al no militar de forma unánime la consigna "Cristina Libre", la oposición convalida el cerco judicial y mediático que la aísla.Vía libre al mercado: Sin una conducción fuerte que polarice, el gobierno desarticula los derechos laborales y sociales sin encontrar resistencia institucional sólida.La columna concluye que callar el nombre de Cristina Kirchner no es una estrategia de moderación, sino una capitulación política que deja al campo popular sin su principal referencia de poder.
La proscripción y el intento de eliminación simbólica o física de líderes populares en Argentina tiene antecedentes históricos claros, donde el silencio o la moderación interna de sus propios movimientos funcionó como un factor de debilitamiento. Procesos históricos de proscripción y reacción interna: La proscripción del Peronismo (1955-1973): Tras el golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Peronismo, el decreto 4161 prohibió nombrarlo a él, a Evita y a los símbolos del partido. A nivel interno, surgieron sectores conocidos como el "neoperonismo" (liderados por figuras como Augusto Vandor) que intentaron construir un "peronismo sin Perón", apostando al silencio sobre el líder exiliado para negociar con las dictaduras y gobiernos civiles de turno. El derrocamiento e inhabilitación de Hipólito Yrigoyen (1930): El primer golpe de Estado moderno en Argentina derrocó al líder de la Unión Cívica Radical (UCR). Yrigoyen fue encarcelado en la isla Martín García bajo un fuerte cerco mediático y judicial que buscaba su muerte política. Sectores internos de la propia UCR (los "antipersonalistas") optaron por el silencio y la distancia con su figura histórica, facilitando el período de fraude patriótico conocido como la Década Infame. El fusilamiento y persecución a Manuel Dorrego (1828): El gobernador de Buenos Aires y líder del partido popular/federal fue derrocado por un golpe militar unitario liderado por Juan Lavalle. Dorrego fue fusilado sin juicio previo con el objetivo de cortar de raíz la representación de las clases populares. Gran parte de la élite política de la época rodeó el hecho de un silencio cómplice o justificativo, lo que derivó en años de guerra civil ante la falta de una salida política institucional. Elementos comunes con el análisis actual. La Ilusión de la moderación: En todos los casos, los sectores internos que optaron por no nombrar al líder perseguido creían que la moderación los salvaría de la persecución. El relevo fallido: Los intentos de la dirigencia "propia" por reemplazar al líder proscrito mediante el pacto o el silencio terminaron debilitando la base electoral y social del movimiento. Facilitación del modelo rival: La falta de una defensa unánime de la conducción perseguida permitió a los gobiernos de turno consolidar reformas económicas y políticas profundas sin resistencia. Un apéndice especial sobre la supuesta "pelotudez" de la consigna "CristinaLibre" y su comparación con "LulaLibre".

El artículo de Axios del 27 de julio de 2026 analiza cómo OpenAI está posicionando a ChatGPT como una herramienta para “especialistas del trabajo”, es decir, profesionales que requieren asistencia en tareas complejas y específicas. El foco está en cómo la IA se integra en entornos laborales, más allá de usos generales o recreativos. En el contexto argentino, donde la digitalización laboral avanza pero enfrenta limitaciones de infraestructura, la idea de un ChatGPT especializado podría ser útil en sectores como educación pública, asesoría legal y gestión financiera. Sin embargo, la falta de regulación clara y la necesidad de supervisión humana son desafíos inmediatos.

El FMI bajo la administración Trump ha sido percibido como un instrumento de control regional, alineando sus prioridades con la Casa Blanca: menos énfasis en políticas sociales y climáticas, más presión sobre disciplina fiscal y apertura de mercados en América Latina. En el cierre informe CEPA

Lo malo no es perder sino que nadie asuma la responsabilidad por una derrota tan contudente. La ausencia de chivos expiatornios habilita que las sospechas sobre la final se impriman como leyenda.

"El imperativo de derrocar ahora a los Ortega Murillo" es un artículo de opinión escrito por el politólogo nicaragüense Julio López Campos, publicado en julio de 2026 en el medio independiente Viento Sur. El texto surge de inmediato tras el anuncio del mandatario Daniel Ortega de abolir definitivamente las elecciones en Nicaragua, cerrando cualquier vía legal para la alternancia política.

Alguien usó IA para escribir mi biografía. Miles de libros más de ese tipo están contaminando Amazon. ¿Quién está detrás de toda esta bazofia?

El actual ataque de pánico de Donald Trump, J. D. Vance, Marco Rubio, Stephen Miller y otros derechistas sobre el socialismo democrático es bastante racional. En el socialismo, ven a un enemigo formidable.

El Mundial 2026 marcó un antes y un después en Estados Unidos: la final España–Argentina fue vista por 62,8 millones de personas (38,9M en Fox y 23,9M en Telemundo/Peacock), récord histórico para un partido de fútbol en ese país y para una transmisión deportiva en español. El torneo, celebrado en EE. UU., Canadá y México, se benefició del auge del streaming, la buena campaña de la selección anfitriona y la presencia de figuras como Lionel Messi. El resultado fue un fuerte impacto económico: crecimiento de audiencias digitales, millones de nuevos suscriptores en plataformas como Peacock y un posicionamiento renovado de la FIFA para negociar derechos futuros. Más allá de lo deportivo, el evento consolidó al fútbol como un producto central del mercado audiovisual estadounidense, capaz de competir con finales de la NBA o la Serie Mundial. El fenómeno refleja la paradoja contemporánea del deporte: críticas a su mercantilización conviven con un crecimiento sin precedentes en asistencia, consumo y rentabilidad, similar al auge comercial observado en la Fórmula 1.

Mientras una parte del debate público se concentra en denunciar supuestas campañas internacionales contra la Argentina —ya sea por el Mundial, por la política exterior o por disputas diplomáticas—, los datos económicos muestran que la principal agresión contra las condiciones de vida de los argentinos proviene de la propia política económica del gobierno nacional.
El informe del CEPA sobre endeudamiento y mora permite sostener esa afirmación con evidencia. No se trata simplemente de un aumento del crédito: lo que crece es la incapacidad de millones de hogares para devolver préstamos utilizados para financiar gastos cotidianos. Cuando casi seis millones de personas ingresan en situación de mora y las billeteras virtuales registran niveles de incumplimiento cercanos al 30%, el problema deja de ser financiero para convertirse en un indicador del deterioro social.
La denominada "estabilización" descansa sobre un fuerte ajuste del ingreso real. La desaceleración de la inflación se obtiene al costo de una caída del consumo, salarios que continúan rezagados respecto de la recuperación de precios relativos y un creciente recurso al endeudamiento para sostener niveles mínimos de subsistencia. El crédito reemplaza al salario; cuando ese crédito deja de pagarse, aparece la mora.
En ese sentido, la verdadera campaña antiargentina no consiste en críticas provenientes del exterior ni en supuestos intentos de desprestigio internacional. Consiste en un modelo económico que debilita sistemáticamente las capacidades materiales de la sociedad argentina. Una economía donde las familias se endeudan para comprar alimentos, pagar servicios o medicamentos no fortalece al país: reduce su mercado interno, deteriora su tejido social y limita sus posibilidades de desarrollo.
La situación de las empresas confirma que el fenómeno trasciende a los hogares. El incremento de la irregularidad crediticia empresarial refleja una demanda deprimida y dificultades crecientes para sostener la producción y el empleo. Es decir, el deterioro alcanza simultáneamente a consumidores y productores.
Desde una perspectiva política, esta dinámica erosiona uno de los principales activos de cualquier proyecto nacional: la capacidad de su población para consumir, ahorrar, invertir y proyectar el futuro. Un país con millones de ciudadanos atrapados en un circuito permanente de endeudamiento y mora no sólo enfrenta una crisis económica; también experimenta un proceso de debilitamiento de su cohesión social.
Por eso, si se busca identificar qué está dañando hoy a la Argentina, los indicadores sociales ofrecen una respuesta más contundente que cualquier polémica internacional. La verdadera campaña antiargentina es aquella que convierte el ajuste permanente en política de Estado, sustituye ingresos por deuda, naturaliza el aumento de la pobreza financiera y traslada el costo de la estabilización macroeconómica a las familias y al aparato productivo. En esa lógica, el país no es atacado desde afuera: se debilita desde adentro. La campaña anti argentina la lleva adelante el gobierno nacional y con una eficacia narrativa que cuya eficacia es la exacta inversión de los resultados estructurales como este que analizamos: El hombre y la mujer endeudados. La figura social emergente no es, entonces, la del consumidor financiado sino la del ciudadano atrapado por deudas que no puede cancelar. Ese sujeto económico social, cuando adquiere dimensión masiva, puede convertirse también en un sujeto político disruptivo. Esa transformación disruptiva puede ser una de las señales más relevantes para comprender las tensiones sociales que podrían desarrollarse en los próximos meses. Al pie Mirtha denunciando otra campaña antiargentina en los inicios del plan económico-social que hoy despliega el actual gobierno. ( Es en blanco y negro, lástima)