
La crisis política de Estados Unidos tiene una dimensión que suele quedar oculta detrás de las encuestas, las elecciones y la disputa entre demócratas y republicanos: la progresiva destrucción de los vínculos colectivos que alguna vez articularon a la sociedad norteamericana.
El debate que recupera Jacobin a partir de las posiciones de Chris Murphy y Jerusalem Demsas coloca el problema en el centro: ¿la creciente soledad, el aislamiento y la pérdida de participación comunitaria son simplemente consecuencia de decisiones individuales o expresan una transformación estructural de la sociedad?
Desde una perspectiva de clase, la segunda explicación resulta más consistente.
Durante décadas, el neoliberalismo convirtió cada dimensión de la vida social en una responsabilidad individual. El empleo dejó de ser una relación colectiva para transformarse en una competencia entre individuos; la vivienda, la educación y la salud fueron progresivamente sometidas a la lógica mercantil; los sindicatos perdieron capacidad de organización y las comunidades obreras se fragmentaron.
El resultado no fue solamente mayor desigualdad económica. Fue también mayor aislamiento social.
El individuo neoliberal debe resolver individualmente aquello que antes encontraba, al menos parcialmente, en instituciones colectivas: trabajo, representación, seguridad, pertenencia y solidaridad.
Por eso resulta contradictorio que una parte del liberalismo estadounidense pretenda responder a la crisis de la comunidad reivindicando todavía más autonomía individual. El problema no es que los individuos hayan adquirido demasiada libertad, sino que han perdido buena parte de las estructuras sociales que permitían convertir esa libertad formal en una experiencia colectiva.
Aquí aparece una cuestión política decisiva.
El debilitamiento de la organización obrera dejó un vacío que la derecha comprendió mejor que el liberalismo. Allí donde desaparecieron sindicatos, asociaciones, clubes, instituciones comunitarias y formas de sociabilidad popular, la extrema derecha comenzó a ofrecer otra cosa: identidad, pertenencia, nación, autoridad y una explicación sencilla para frustraciones producidas por transformaciones económicas mucho más profundas.
No reconstruye necesariamente la solidaridad de clase. Pero ofrece una comunidad imaginaria allí donde el neoliberalismo produjo aislamiento real.
La experiencia histórica del New Deal muestra que existió otra posibilidad. Los grandes programas públicos estadounidenses no fueron solamente mecanismos de transferencia de ingresos. También crearon trabajo, instituciones, vínculos y una experiencia material de pertenencia a un proyecto colectivo.
Ese es precisamente el punto que debería recuperar una izquierda contemporánea.
No alcanza con defender derechos individuales ni con construir campañas electorales más eficaces. La reconstrucción de una política de clase exige reconstruir las condiciones materiales de la solidaridad.
Trabajo estable. Sindicatos fuertes. Servicios públicos. Vivienda accesible. Espacios comunitarios. Organización territorial. Tiempo social. Instituciones capaces de producir experiencias colectivas.
La disputa política, entonces, no es simplemente entre liberalismo y conservadurismo. Es también entre una sociedad organizada alrededor del individuo aislado y otra capaz de reconstruir sujetos colectivos.
La paradoja del liberalismo contemporáneo es que pretende defender al individuo mientras acepta las condiciones económicas que lo dejan cada vez más solo.
Y allí reside una de las claves de la crisis democrática estadounidense: cuando la sociedad pierde sus organizaciones colectivas, la libertad individual puede sobrevivir como principio jurídico, pero comienza a desaparecer como experiencia social.
La cuestión de fondo no es cómo convencer mejor al individuo aislado.
Es cómo volver a organizarlo colectivamente porque el liberalismo no puede reconstruir la sociedad que ayudó a destruir.

A partir de una célebre portada de la revista Extra de 1972, este análisis aborda nuevamente cómo la proscripción de liderazgos con representación popular masiva desestabiliza a los regímenes políticos. Entre el recuerdo de 1955-1973 y el escenario contemporáneo sobre Cristina Kirchner, una reflexión sobre la brecha entre la legalidad electoral y la legitimidad política.

Trump y Mark Carney no representan dos potencias equivalentes, sino dos formas distintas de poder imperial dentro del capitalismo norteamericano.
El conflicto actual permite leerlo así. Trump expresa una lógica imperialista unilateral, basada en el tamaño del mercado estadounidense, los aranceles, la presión financiera y el control de recursos estratégicos. Carney, en cambio, intenta defender el margen de autonomía de una potencia colonial secundaria, Canadá, que históricamente formó parte del Imperio británico y que construyó buena parte de su poder sobre la expansión territorial y la subordinación de los pueblos indígenas. La propia historiografía canadiense reconoce esa trayectoria colonial.
La paradoja es interesante: Carney puede aparecer hoy como defensor de la soberanía canadiense frente a Washington sin que eso convierta a Canadá en una potencia anticolonial. Canadá es simultáneamente objeto de presión imperial estadounidense y heredero de una estructura colonial propia.
Eso se vuelve particularmente visible con los recursos naturales. La disputa Trump-Carney no gira solamente alrededor de aranceles: también involucra minerales críticos, energía, industria y cadenas de suministro. Washington busca profundizar su capacidad de apropiación de recursos estratégicos canadienses, mientras Ottawa intenta conservar el control sobre ellos. Las negociaciones recientes incluso chocaron con demandas estadounidenses relacionadas con minerales críticos.
Y el momento actual es especialmente significativo: Estados Unidos acaba de imponer aranceles del 50% sobre unos US$20.000 millones de productos canadienses, mientras Carney anunció una respuesta equivalente.
Trump y Carney no disputan entre capitalismo y anticapitalismo: disputan quién controla, organiza y apropia el excedente de América del Norte.
Trump representa el intento de la burguesía estadounidense de reconcentrar la renta y el poder continental alrededor de Washington. Carney representa a las fracciones dominantes canadienses que necesitan preservar su autonomía para seguir apropiándose de los recursos y de la renta nacional sin quedar absorbidas por el capital estadounidense.
Por eso, “dos potencias coloniales” es una hipótesis potente, siempre que no se pierda la asimetría: Estados Unidos es la potencia imperial dominante; Canadá es una potencia capitalista de segundo orden con una historia colonial propia y actualmente sometida a una presión imperial estadounidense creciente.
Trump quiere que Canadá sea periferia de Estados Unidos; Carney quiere que Canadá siga siendo una potencia capitalista autónoma.
Y ahí aparece una cuestión latinoamericana de fondo: ninguno de los dos proyectos cuestiona el patrón de apropiación imperial de recursos; la disputa es quién ocupa el lugar dominante en la cadena de valorización norteamericana.

El artículo plantea una cuestión de fondo: ¿por qué las sociedades contemporáneas parecen capaces de producir guerras, militarización y enormes desplazamientos de recursos, pero no procesos revolucionarios comparables a los del siglo XX?
La pregunta es particularmente fértil si se la lee desde una perspectiva de clase. La tradición marxista había pensado la guerra y la revolución como fenómenos estrechamente relacionados. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, creó las condiciones para la Revolución Rusa; la guerra española, la Revolución China, Vietnam y Cuba muestran distintas formas de articulación entre crisis militar, crisis estatal y movilización social. La propia Jacobin ha señalado que desde 1917 la revolución quedó profundamente marcada por la militarización de la política.
Pero hoy la relación parece haberse invertido. La guerra no está abriendo necesariamente el camino a la revolución: está funcionando como mecanismo de disciplinamiento social y de recomposición del poder. La destrucción, el endeudamiento público, el gasto militar y la emergencia permanente permiten transferir recursos hacia los grandes complejos industriales, financieros y tecnológicos, mientras las clases populares absorben el costo mediante inflación, precarización y deterioro de las condiciones de vida.
Ahí aparece la contradicción central. El capitalismo atraviesa crisis que objetivamente producen condiciones de descontento, pero la existencia de una crisis capitalista no produce automáticamente conciencia de clase ni capacidad revolucionaria. La clase trabajadora puede sufrir una intensificación de la explotación y, simultáneamente, experimentar fragmentación política, individualización y pérdida de organización colectiva. Un texto de Jacobin sobre la situación del proletariado llega precisamente a esta conclusión: el problema contemporáneo no puede reducirse simplemente a una «crisis de dirección», porque existe una crisis más profunda de constitución del propio sujeto proletario.
Desde esta perspectiva, la pregunta «¿por qué la guerra y no la revolución?» puede reformularse así: ¿qué ha cambiado en la relación de fuerzas entre capital y trabajo para que la crisis del capitalismo produzca más fácilmente guerra que transformación social?
La respuesta está, en buena medida, en la enorme capacidad contemporánea del capital para administrar la crisis. La guerra moviliza al Estado, pero no necesariamente contra el capital: puede ponerlo a su servicio. Tecnología, energía, infraestructura, inteligencia artificial, industria militar y finanzas convergen en un nuevo circuito de acumulación. Al mismo tiempo, la amenaza externa permite construir consenso, neutralizar conflictos internos y presentar como «interés nacional» decisiones que tienen beneficiarios de clase perfectamente identificables.
Por eso, el problema de la izquierda no consiste solamente en esperar que una nueva crisis produzca espontáneamente una revolución. La experiencia histórica demuestra que las crisis pueden desembocar tanto en procesos emancipatorios como en autoritarismo, fascismo o guerra. Incluso la Revolución Rusa no fue resultado de una supuesta «ley histórica»: la guerra sincronizó una crisis campesina, una crisis obrera y la descomposición del ejército, pero el desenlace dependió de la intervención política organizada.
La paradoja de nuestro tiempo es entonces que el capitalismo parece haber recuperado una extraordinaria capacidad para transformar sus contradicciones en instrumentos de dominación. La guerra aparece como una salida sistémica; la revolución, en cambio, requiere reconstruir previamente aquello que el neoliberalismo fragmentó: organización, solidaridad, conciencia de clase y capacidad colectiva de disputar el poder.
En ese sentido, la pregunta del artículo no debería llevarnos a abandonar la idea de revolución, sino a formular una cuestión más incómoda: ¿qué tipo de sujeto político y de organización de clase puede transformar la crisis permanente del capitalismo en una crisis de su poder? Ese es probablemente el verdadero problema estratégico de la izquierda del siglo XXI.
En la apertura el discuso en buena medida anticipatorio de Hugo Chávez Frías hace dos décadas en la ONU acerca de la pretensión de sostenimiento de la hegemonía norteamericana y su impacto en la región.

Un análisis de Paul Krugman sobre las consecuencias del reciente decreto de Donald Trump orientado a reducir las vacunas infantiles recomendadas en EE. UU., enmarcado en el crecimiento del escepticismo médico dentro del movimiento MAGA y la extrema derecha.
Puntos centrales:
Políticas de salud en retroceso: Basándose en la teoría desmentida sobre el vínculo entre vacunas y autismo, la medida de la administración estadounidense reduce la cobertura preventiva de enfermedades como el sarampión, las paperas y la rubéola, impulsando el peor brote de casos de sarampión en las últimas décadas.
La paradoja del autismo: Mientras se atacan las vacunas sin base científica, la ciencia ha documentado una fuerte correlación entre el trastorno del espectro autista y la exposición a la contaminación atmosférica (combustibles fósiles), una agenda que el sector conservador desregula activamente.
Una brecha puramente partidista: Datos de encuestas como Gallup revelan que el rechazo a la efectividad y seguridad de la vacunación infantil no es un fenómeno generalizado, sino concentrado casi exclusivamente entre los votantes y simpatizantes republicanos.
El negocio de la desinformación: Detrás del discurso antivacunas existe un "complejo industrial" muy lucrativo: un ecosistema mediático de derecha alimentado por la venta de remedios milagrosos, suplementos sin evidencia y charlatanería médica que lucra cuestionando la ciencia tradicional.
La herencia de la pandemia: La reacción contra la acción colectiva durante el COVID-19 derivó en un movimiento antiintelectual y conspirativo generalizado que hoy amenaza los logros históricos de la medicina pública.
PD: Todo tiene ,obviamente, su réplica berreta en La Argentina de Milei y su banda.

El texto de Esteban Schmidt es una pieza de opinión de alto voltaje, bien escrita y con una voz propia. Tiene el tono de alguien que conoce el oficio mediático desde adentro y que no se deja seducir por el "storytelling" de resiliencia y meritocracia que Hadad viene construyendo.
La tesis central —que Hadad es un simulador profesional, un jugador galáctico del periodismo como herramienta de poder y no como servicio público, y que ahora prueba el agua presidencial— está clara y se sostiene.
En fin que como señalara el gran Rene Lavand, frente a un público que (¡ay!) jamás descubría sus triquiñelas (?) : "No se puede hacer más lento"

El artículo de Bruno Sgarzini pone el foco en un caso especialmente revelador de la relación entre poder político, capital tecnológico y Estado: Trump compró acciones de Palantir y posteriormente salió públicamente a defender la cotización de la empresa. Los registros muestran compras por cientos de miles de dólares durante el primer trimestre de 2026, mientras Palantir se beneficiaba de contratos multimillonarios con el gobierno estadounidense.
El punto político de fondo es más importante que la operación bursátil: la administración Trump aparece como un espacio donde se entrecruzan decisiones estatales, intereses empresariales y valorización financiera. Palantir, fundada con financiamiento de la CIA y estrechamente vinculada al aparato de seguridad estadounidense, se convirtió en un proveedor estratégico de software para vigilancia, inmigración y defensa.
Trump no sólo gobierna: también invierte en empresas que se benefician de las políticas de su propia administración. El caso Palantir expone la creciente fusión entre Estado, capital tecnológico y complejo militar-securitario estadounidense, donde los contratos públicos alimentan las ganancias privadas y las decisiones del poder político pueden impactar directamente sobre la valorización financiera de las corporaciones.

En la cuarta parte de su serie sobre la inflación, el economista marxista Michael Roberts sostiene que el aumento persistente de los precios desde 2020 no fue producto del exceso de consumo ni de los salarios, sino de la recomposición de la rentabilidad del capital tras la pandemia. La inflación actuó como un mecanismo de transferencia de ingresos desde el trabajo hacia las empresas, mientras los bancos centrales respondieron castigando el empleo con tasas de interés más altas. Desde 2020 la Reserva Federal de Estados Unidos fijó un objetivo de inflación del 2%, pero la realidad fue muy distinta: los precios crecieron cerca del 4% anual y quedaron aproximadamente un 13% por encima de la tendencia previa a la pandemia. Para Roberts, este desvío representa un fracaso de la teoría económica dominante y de las políticas monetarias que prometían estabilidad de precios mediante el control de la demanda.
La rentabilidad antes que los salarios
El núcleo del argumento invierte la explicación convencional. La inflación no surgió porque los trabajadores consumieran demasiado o porque los salarios impulsaran una espiral de precios. Ocurrió porque, tras el colapso de 2020, las empresas enfrentaron un aumento extraordinario de costos —energía, transporte, insumos y cadenas logísticas— y trasladaron esos incrementos a los precios para preservar sus márgenes de ganancia.
Roberts recupera una tesis clásica de la economía política marxista: cuando el capital encuentra dificultades para sostener la rentabilidad mediante la producción, utiliza el sistema de precios para redistribuir ingresos a su favor. La inflación funciona entonces como un impuesto regresivo que erosiona el salario real sin necesidad de una reducción nominal de los sueldos.
El papel de los bancos centrales
La respuesta de la Reserva Federal y de otros bancos centrales consistió en elevar agresivamente las tasas de interés. El objetivo explícito era enfriar la economía reduciendo inversión, consumo y empleo hasta contener la inflación. Sin embargo, Roberts sostiene que esta estrategia combate los efectos y no las causas: si la inflación proviene de problemas estructurales de oferta y de la búsqueda de rentabilidad empresarial, encarecer el crédito sólo debilita a los trabajadores y frena la actividad económica.
La paradoja es evidente: mientras las ganancias corporativas se recuperaban, millones de hogares financiaban su consumo mediante deuda para compensar la pérdida de poder adquisitivo. La estabilización monetaria terminó descansando sobre un deterioro de las condiciones de vida populares.
Una lección para la Argentina
Aunque el análisis se centra en Estados Unidos, sus conclusiones dialogan con la experiencia argentina. Aquí también la inflación suele presentarse como consecuencia del exceso de gasto o de los salarios, cuando en realidad convive con mercados altamente concentrados, rentas extraordinarias y una creciente financiarización del consumo.
La deuda familiar, la morosidad y la caída del salario real no son fenómenos separados de la inflación: forman parte del mismo proceso de redistribución regresiva del ingreso. La estabilidad de los balances empresariales se consigue, cada vez más, a costa de hogares obligados a endeudarse para sostener niveles mínimos de consumo.
Como concluye Roberts, la inflación pospandemia no inauguró un nuevo equilibrio económico: reveló que el capitalismo contemporáneo utiliza la inflación y luego el ajuste monetario como dos momentos de una misma estrategia para restaurar la rentabilidad del capital

A 54 años de la Masacre de Trelew, el fusilamiento de 16 militantes políticos permanece como uno de los antecedentes decisivos del terrorismo de Estado argentino. La entrega bajo custodia, el asesinato y la posterior desaparición de los tres sobrevivientes revelan la continuidad de una política represiva que Trelew anticipó y la dictadura de 1976 llevó a escala nacional.

Una lectura imprescindible para entender nuestros orígenes, dice Roberto Baschetti en su reseña del libro “Orígenes. Las raíces de nuestra militancia” que acaba de publicar Mario Firmenich, en el que repasa los hechos y los nombres que conforman la columna vertebral de la corriente nacional, popular y revolucionaria en la Argentina.

Gallo Mendoza representa una tradición político-intelectual argentina hoy particularmente necesaria: la del técnico que no separa conocimiento, estructura económica y transformación social. Su trayectoria —ingeniero agrónomo, investigador, docente, planificador y militante— estuvo atravesada por una preocupación central: quién controla los recursos estratégicos y para qué proyecto de país se los utiliza.
Hay un punto especialmente significativo: su estudio de 1964 sobre la tenencia de la tierra. Allí identificó que las políticas de crédito, semillas o comercialización podían aliviar problemas del sector agropecuario, pero no resolvían la cuestión fundamental: la estructura de propiedad de la tierra.
Ese planteo conserva una extraordinaria actualidad. La cuestión agraria argentina no puede reducirse a productividad, exportaciones o incorporación tecnológica. Detrás de esas variables existe una relación de poder: quién posee la tierra, quién controla los recursos naturales, quién captura la renta y quién decide el destino de la producción.
Por eso resulta muy acertada la comparación que hace el homenaje con Bialet Massé. Si Bialet Massé había recorrido el país para mostrar las condiciones materiales de las clases trabajadoras, Gallo Mendoza estudió cómo estaba distribuida la propiedad territorial. Ambos hicieron algo políticamente incómodo: obligaron al Estado a observar las relaciones de desigualdad que sus propias estructuras reproducían.
Y hay una segunda dimensión que vuelve especialmente contemporáneo su pensamiento. En 2013, bajo el seudónimo de Juan José Castelli, cuestionó la Ley de Tierras Rurales por considerar insuficiente la protección frente a la extranjerización y reclamó una política mucho más firme sobre tierras ubicadas en áreas estratégicas y de seguridad.
En el contexto actual, donde vuelven a adquirir centralidad la disputa por la tierra, los recursos naturales, la minería, los hidrocarburos, el agua y el territorio, Gallo Mendoza reaparece menos como una figura del pasado que como una caja de herramientas para interpretar el presente.
Su legado podría sintetizarse en una idea: el conocimiento no tiene sentido si no sirve para disputar el destino de la sociedad. Por eso la memoria de Gallo Mendoza no debería quedar confinada al homenaje. Su obra exige ser recuperada para discutir nuevamente qué modelo productivo, territorial y social necesita la Argentina.
En definitiva, despedir a Guillermo Gallo Mendoza es también preguntarse qué proyecto de país fue abandonado y qué relaciones de poder habría que volver a cuestionar para recuperarlo.

El endeudamiento creciente de las familias no es un problema de irresponsabilidad individual. Es el modo en que un modelo económico convierte la pérdida de ingresos reales en una cadena de deudas de supervivencia.
Cuando la morosidad se vuelve una amenaza sistémica, la respuesta no libera a los hogares: refinancia, alarga plazos y vuelve a endeudar al deudor. El objetivo no es desendeudar a las familias, sino asegurar que los acreedores cobren y que el circuito de la renta financiera no se interrumpa. El rescate, como siempre, tiene destinatario preciso cuyoas intereses defiende el gobierno y parte de la oposición: El sector financiero. Se nota mucho.

⬛La Trampa Invisible: Por qué tu deuda no es un fracaso personal, sino un efecto del sistema ¿Alguna vez sentiste culpa al mirar el resumen de tu tarjeta de crédito o el saldo de esa aplicación de microcréditos? En una sociedad obsesionada con el éxito y la meritocracia, la narrativa oficial es implacable: si estás endeudado, es por tu mala cabeza. Nos repiten que nos falta "educación financiera", que gastamos en lo que no debemos o que simplemente no sabemos ahorrar. Pero, ¿y si te dijera que el endeudamiento de los hogares es, en realidad, una herramienta de diseño del sistema económico? Bienvenidos a la era de la responsabilización individual: el fenómeno perverso donde las fallas estructurales de la economía se disfrazan de errores morales de los ciudadanos.
🟩De los derechos sociales al "derecho" a endeudarse: Hace unas décadas, el acceso a una vivienda digna, a una salud de calidad o a la educación superior se entendían como derechos o servicios públicos garantizados. Hoy, ante el retroceso del Estado y la privatización de la vida, esos derechos se han convertido en mercados.Como los salarios reales llevan años estancados frente al costo de vida, la brecha no se cierra con ingresos: se cierra con deuda.
⬛Financiar la supervivencia: No nos endeudamos para irnos de vacaciones al Caribe. Hoy, más del 60% de los hogares que piden un crédito lo hacen para comprar comida, pagar medicamentos o cubrir el aumento del alquiler.
🟩El salario ya no alcanza: La deuda se ha transformado en el sustituto invisible del salario que el mercado no te quiere pagar.
⬛La culpa como mecanismo de control: El mito del "derrochador" El sistema económico necesita que sientas culpa. ¿Por qué? Porque un ciudadano culpable es un ciudadano dócil. Si creés que tu crisis económica es solo culpa tuya por haber comprado un café de más en la semana, no vas a salir a la calle a exigir salarios dignos ni leyes que regulen los alquileres.La culpa despolitiza el problema. Convierte una crisis macroeconómica en un drama silencioso que se sufre puertas adentro, destruyendo la salud mental a fuerza de ansiedad, insomnio y vergüenza.
🟩Desarmando el relato oficial: Para entender cómo opera esta manipulación, es necesario confrontar los tres grandes mitos que el manual del "buen consumidor" nos repite a diario: Mito 1: "Te falta educación financiera y aprender a armar un presupuesto."La realidad: Ningún presupuesto resiste cuando los precios de los alimentos, las tarifas y los servicios esenciales suben el doble de rápido que tus ingresos mensuales. Mito 2: "Vivís por encima de tus posibilidades."La realidad: Las "posibilidades" actuales que ofrece el mercado laboral ni siquiera llegan a cubrir el costo real de una canasta básica total para una familia. Mito 3: "Nadie te obligó a aceptar las tasas de esa tarjeta o aplicación."La realidad: Ante una emergencia médica o la necesidad de llegar a fin de mes, las aplicaciones financieras con intereses usureros no son una elección libre, son la única opción de supervivencia instantánea frente a la exclusión de los bancos tradicionales.
⬛Hacia una salida colectiva: El primer paso para desarmar esta trampa es perder la vergüenza. Entender que tu deuda no es un defecto de tu carácter, sino el resultado lógico de un sistema que transfiere la riqueza hacia arriba y los riesgos hacia abajo. Para cambiar las reglas del juego, necesitamos dejar de mirar el problema a través del lente del esfuerzo individual. La solución no es un taller de ahorro extremo; es la regulación de las tasas de interés usureras, el acceso justo a la vivienda y la recomposición de los salarios. Tu deuda es un problema político, no un pecado personal. En la publicación el Informe CEPA sobre endeudamiento familiar de agosto de 2026.

¿Cómo pasaron el anarquismo, el socialismo y el comunismo de ser ideas minoritarias a convertirse en las grandes ideologías obreras de comienzos del siglo XX? Sus militantes no solo libraron una batalla de ideas: crearon una prensa propia, una gráfica reconocible, símbolos perdurables y un cancionero revolucionario compartido. Un recorrido por esa cultura militante sirve para inscribir los actuales combates políticos en una historia a menudo olvidada.

Hay una hipótesis comparativa potente, pero conviene formularla con rigor: no afirmar que ambos atentados forman parte de una misma estructura criminal, porque eso todavía no está probado y en La Argentina jamás se probará, se trata de señalar las regularidades de método, reclutamiento y contexto político que justifican investigar una eventual matriz regional de violencia de ultraderecha.
Cerimedo de fuertes vínculos con la familia Caputo fue detenido en Bolivia y es investigado por su presunta relación con el ataque contra Beller. Reuters y The Guardian coinciden en que los atacantes utilizaron disfraces de repartidores y que la investigación contempla la hipótesis de un ataque planificado. Reclutamiento de lúmpenes, operativos precarios, investigaciones ausentes, borramiento de pruebas y redes regionales de ultraderecha impulsando el retorno de la violencia política y no solo narrativa.

El dato merece una lectura geopolítica y de economía política, no solamente tecnológica. Google no está simplemente “mejorando Internet”: está ampliando el control privado sobre una infraestructura estratégica de las comunicaciones globales.
Google anunció tres nuevos sistemas —Alisios, Canoa y OlaLuz— dentro de su iniciativa Americas Connect. Alisios conectará Chile, Panamá y República Dominicana; Canoa enlazará República Dominicana con Bermudas y, a través de otras conexiones, con Europa; y OlaLuz conectará República Dominicana con Florida. El proyecto se complementa con una nueva derivación del cable Firmina y con las redes Curie, Nuvem y Sol.
Lo más importante es la arquitectura de poder que se está construyendo debajo del océano. Los cables submarinos concentran una parte fundamental del tráfico internacional de datos y constituyen infraestructura crítica para la nube, las finanzas, las comunicaciones empresariales y, cada vez más, para la inteligencia artificial. Google ya posee o participa en decenas de sistemas submarinos y está construyendo una red propia que articula sus centros de datos y regiones Cloud.
Desde una perspectiva latinoamericana, el caso chileno es particularmente significativo. Google ya opera el cable Curie, que vincula Chile con Panamá y California, y ahora Alisios agrega una nueva ruta hacia el Caribe. A esto se suma Humboldt, el proyecto que conectará Chile con Australia y el Asia-Pacífico. Chile comienza así a ocupar una posición relevante dentro de una arquitectura digital transoceánica que excede ampliamente sus necesidades nacionales.
La cuestión de fondo es quién controla esa infraestructura. La soberanía en el siglo XXI no se juega únicamente sobre territorios, puertos, minerales o energía: también se juega sobre las rutas por donde circulan los datos. Y allí las grandes tecnológicas estadounidenses están adquiriendo una posición estructural.
Por eso, detrás de la aparente neutralidad técnica de los cables aparece una cuestión política clásica: quién posee las redes posee una parte creciente de la capacidad de organizar los flujos económicos, financieros, informacionales y tecnológicos. América Latina puede recibir mejores conexiones, mayor capacidad y nuevas inversiones; pero también corre el riesgo de profundizar una dependencia en la que sus territorios funcionan como nodos de una infraestructura cuyo control estratégico permanece fuera de la región.
En ese sentido, el mapa submarino que está dibujando Google es también un mapa del poder mundial.

El capitalismo enfrenta una contradicción que durante mucho tiempo pudo desplazar hacia adelante: el planeta tiene límites. La expansión económica ya no ocurre sobre un espacio aparentemente infinito de recursos naturales, energía, tierras y mercados. El concepto de “mundo lleno” desarrollado por Alberto Garzón en Monthly Review permite pensar esta transformación desde una perspectiva que articula economía, ecología y geopolítica.
Durante la expansión del capitalismo industrial, el crecimiento podía presentarse como un proceso potencialmente ilimitado. La incorporación permanente de nuevos territorios, recursos y trabajadores permitía ampliar la producción y los mercados. Pero esa dinámica encuentra hoy límites materiales cada vez más evidentes. Energía, minerales estratégicos, agua, tierras cultivables y capacidad de absorción de los ecosistemas se convierten en factores de competencia.
El problema no es simplemente que los recursos sean “escasos”. Lo decisivo es quién controla esos recursos, quién decide sobre su utilización y quién se apropia de la renta que generan.
En este escenario reaparece con fuerza una lógica neomercantilista. Las grandes potencias procuran asegurar mercados, cadenas de suministro, tecnologías, fuentes de energía y minerales críticos. Los aranceles, las sanciones, las guerras comerciales y las políticas de relocalización industrial dejan de ser fenómenos aislados: forman parte de una disputa más amplia por posiciones dentro de una economía mundial sometida a crecientes restricciones materiales.
La competencia entre Estados aparece así estrechamente vinculada con la competencia entre capitales. El imperialismo del siglo XXI no se limita al control territorial. También se expresa mediante el dominio tecnológico, financiero, energético y logístico, y mediante la capacidad de apropiarse de recursos localizados en las periferias del sistema.
Desde una perspectiva de clase, esta cuestión adquiere una dimensión todavía más profunda. La escasez no se distribuye democráticamente. Las clases dominantes poseen mayores posibilidades de proteger sus niveles de consumo y trasladar los costos ambientales y económicos hacia las mayorías sociales. La inflación energética y alimentaria, la precarización laboral y el deterioro de las condiciones de vida pueden convertirse en mecanismos mediante los cuales se socializan los costos de una crisis cuya apropiación continúa siendo privada.
Por eso, la llamada transición ecológica tampoco es políticamente neutral. Puede significar una reorganización democrática de la producción y del consumo o, por el contrario, convertirse en una nueva oportunidad para concentrar renta y poder alrededor de los capitales que controlan las tecnologías, los minerales, la energía y las infraestructuras estratégicas.
Esta perspectiva resulta particularmente relevante para Argentina. El país dispone de recursos cuya importancia aumenta en la nueva competencia internacional: hidrocarburos, alimentos, minerales críticos, agua y enormes extensiones de territorio productivo. El problema estratégico no consiste solamente en aumentar las exportaciones o atraer inversiones. La cuestión fundamental es qué lugar ocupa Argentina en la nueva división internacional del trabajo y quién captura la renta derivada de sus recursos.
Existe aquí una contradicción que merece ser discutida. Mientras las principales potencias despliegan políticas destinadas a proteger sus industrias, garantizar energía, controlar tecnologías y asegurar cadenas de abastecimiento, las economías periféricas pueden ser inducidas a profundizar su especialización primaria. En nombre de la apertura y de la competitividad, pueden terminar ofreciendo justamente aquello que las potencias necesitan: recursos naturales baratos y rentas extraordinarias para el capital transnacional.
El concepto de “mundo lleno” obliga, entonces, a abandonar una visión ingenua de la globalización. En un planeta sometido a límites materiales, la disputa por los recursos se convierte necesariamente en una disputa por el poder.
La cuestión argentina no debería formularse únicamente en términos de cuánto capital extranjero puede atraer el país, sino de qué proyecto nacional permite transformar sus recursos estratégicos en capacidad de desarrollo, soberanía tecnológica, empleo y bienestar social.
El problema central del siglo XXI no será solamente producir más. Será decidir para quién, bajo qué relaciones de propiedad y con qué costos sociales y ambientales se produce.
Como advierte la perspectiva desarrollada por Garzón, el “mundo lleno” modifica las condiciones de reproducción del capitalismo. Y en ese nuevo escenario, la vieja pregunta sobre la distribución de la riqueza adquiere una dimensión geopolítica: quien controle los recursos estratégicos tendrá una posición privilegiada para definir el futuro del sistema mundial.

La guerra contra Irán está produciendo una paradoja estratégica: Estados Unidos e Israel buscaban reducir la capacidad regional de Teherán, pero Irán ha conseguido convertir el estrecho de Ormuz en una herramienta decisiva de presión sobre Washington y sobre la economía mundial.
Ormuz concentra cerca de una quinta parte del petróleo y del gas comercializados globalmente. Por eso, su control no es solamente una cuestión militar: es poder económico. Cada restricción al tránsito eleva el precio de la energía, encarece el transporte y presiona sobre la inflación mundial.
La cuestión central es que superioridad militar no equivale necesariamente a capacidad de imponer una solución política. Estados Unidos puede disponer de una enorme fuerza naval, pero abrir Ormuz por la vía militar implica asumir costos económicos y bélicos crecientes.
Desde una perspectiva de clase, la contradicción es todavía más evidente: los costos de la guerra se trasladan hacia trabajadores y consumidores mediante energía, alimentos y transporte más caros, mientras determinados sectores financieros y energéticos pueden beneficiarse de la volatilidad.
Ormuz muestra así los límites de la hegemonía estadounidense: Irán no necesita derrotar militarmente a Estados Unidos; necesita demostrar que puede hacer demasiado costosa la guerra para que Washington pueda sostenerla indefinidamente.
La disputa por un estrecho de apenas unas decenas de kilómetros revela, en definitiva, una transformación mayor: el poder mundial ya no puede ejercerse únicamente desde la superioridad militar. También depende de quién controla los puntos estratégicos de circulación del capitalismo global.

El debate contemporáneo sobre Marx suele quedar atrapado entre dos reducciones: quienes lo convierten exclusivamente en un teórico de la lucha de clases y quienes lo presentan como un pensador preocupado, ante todo, por la libertad individual. El artículo de Jan Kandiyali publicado en Jacobin permite salir de esa disyuntiva y recuperar una dimensión central de la tradición marxista: la emancipación humana como transformación de las relaciones sociales y como posibilidad de florecimiento colectivo.
La discusión parte de las interpretaciones desarrolladas por filósofos analíticos como G. A. Cohen y Jon Elster. En ellas aparece una lectura de Marx en la que el comunismo puede ser entendido como una sociedad capaz de liberar a los individuos de las restricciones que impiden desarrollar sus capacidades. El problema, señala Kandiyali, es que esta interpretación corre el riesgo de trasladar a Marx una concepción demasiado individualista de la realización humana.
En Marx, por el contrario, el individuo nunca existe separado de sus relaciones sociales. La conocida formulación de La ideología alemana resulta decisiva: «la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales». La emancipación, por lo tanto, no puede consistir simplemente en ampliar las opciones disponibles para individuos aislados. Debe transformar las relaciones sociales que condicionan esas opciones.
libertad y condiciones materiales
Esta cuestión adquiere una enorme actualidad frente al discurso liberal contemporáneo.
La libertad liberal suele ser presentada como ausencia de interferencia: cada individuo sería libre en la medida en que nadie interfiera en sus decisiones. Pero Marx introduce una pregunta anterior: ¿qué condiciones materiales permiten realmente ejercer esa libertad?
Un trabajador que formalmente puede elegir dónde trabajar, pero necesita vender su fuerza de trabajo para garantizar su subsistencia, es jurídicamente libre. Sin embargo, esa libertad está atravesada por una relación material de dependencia.
Lo mismo puede observarse hoy en dimensiones que exceden el trabajo industrial clásico. La vivienda, la educación, la salud, el cuidado, el crédito y hasta el tiempo disponible para la vida familiar están crecientemente determinados por la capacidad de ingreso y por el acceso al mercado.
La paradoja del capitalismo contemporáneo es evidente: la sociedad posee una capacidad productiva extraordinariamente superior a la de cualquier época anterior, pero esa capacidad no se traduce automáticamente en mayor libertad para las mayorías.
La productividad puede aumentar y, simultáneamente, crecer el endeudamiento familiar, la precariedad laboral o la inseguridad respecto del futuro.
el problema no es solamente quién posee
Aquí aparece una cuestión fundamental para una lectura política de Marx.
El capitalismo no constituye únicamente un sistema caracterizado por una distribución desigual de la riqueza. Es también un sistema en el que las relaciones sociales están organizadas alrededor de la valorización del capital.
Por eso, la cuestión de la propiedad resulta indispensable, pero no suficiente.
Una sociedad emancipada no debería limitarse a distribuir de otra manera aquello que produce el capitalismo. También debería preguntarse qué produce, para quién produce y bajo qué relaciones sociales se produce.
El problema del trabajo es particularmente ilustrativo.
En el capitalismo, el trabajo aparece fundamentalmente como un medio para obtener ingresos y reproducir la existencia. El trabajador vende su fuerza de trabajo y el proceso productivo queda subordinado a una finalidad externa: la valorización del capital.
El comunismo pensado desde el horizonte del florecimiento humano implica algo mucho más profundo que una redistribución del ingreso: la posibilidad de transformar el trabajo en una actividad socialmente significativa, cooperativa y progresivamente libre.
La emancipación no sería entonces escapar de toda actividad productiva, sino liberar la actividad humana de su subordinación absoluta a la rentabilidad.
del individuo competitivo al sujeto colectivo
Este punto permite establecer una diferencia profunda con el neoliberalismo.
La concepción neoliberal parte del individuo como unidad fundamental de la sociedad. La sociedad aparece como resultado de millones de decisiones individuales y el mercado como mecanismo privilegiado para coordinarlas.
El marxismo invierte la perspectiva: los individuos son producidos socialmente. Sus posibilidades, aspiraciones y condiciones de existencia dependen de instituciones, relaciones de propiedad, estructuras productivas y relaciones de poder.
De allí que la emancipación no pueda ser exclusivamente individual.
Nadie puede emanciparse completamente de relaciones sociales que continúan sometiendo a otros.
La libertad de algunos basada en la subordinación material de otros no constituye, desde esta perspectiva, una libertad universal.
Este planteo adquiere una particular relevancia en el presente argentino. Frente a una concepción política que reivindica al individuo propietario y presenta la sociedad como una agregación de intercambios privados, la tradición marxista obliga a formular otra pregunta: ¿quién controla las condiciones materiales que hacen posible la libertad?
Porque no alcanza con proclamar la libertad si millones de personas dependen del salario, del crédito, del alquiler o de la asistencia familiar para reproducir cotidianamente su existencia.
el florecimiento humano como horizonte político
La recuperación del concepto de florecimiento humano permite, en definitiva, ampliar la discusión sobre el socialismo.
No se trata solamente de cuánto debe ganar cada persona ni de cómo distribuir la riqueza. Se trata de preguntarse qué tipo de sociedad permite que las capacidades humanas puedan desarrollarse plenamente.
Una sociedad donde la educación no sea una mercancía, donde la salud no dependa de la capacidad de pago, donde la vivienda no sea principalmente un activo financiero, donde el tiempo libre no constituya un privilegio y donde el trabajo pueda ser progresivamente liberado de la lógica de la explotación.
En ese sentido, el comunismo aparece menos como un modelo económico cerrado que como un horizonte de emancipación social.
Y allí reside quizás la principal actualidad de Marx.
El capitalismo ha demostrado una capacidad extraordinaria para desarrollar las fuerzas productivas. Pero precisamente ese desarrollo vuelve más evidente la contradicción entre las posibilidades materiales de la humanidad y las relaciones sociales que organizan su utilización.
La pregunta marxista sigue siendo entonces incómodamente vigente:
si la sociedad dispone de recursos y capacidades productivas suficientes para garantizar una vida digna para todos, ¿por qué esas capacidades continúan subordinadas a la acumulación privada?
Responder esa pregunta implica volver a colocar en el centro de la política no solamente la distribución del ingreso, sino el control social de las condiciones de existencia.
Porque la verdadera emancipación no consiste simplemente en que cada individuo pueda elegir dentro del mercado. Consiste en que los seres humanos puedan decidir colectivamente sobre las condiciones materiales y sociales de su propia vida.
Y esa es, precisamente, una de las dimensiones más potentes del Marx que el debate contemporáneo vuelve a descubrir. En la apertura presentación del libro de Chipi Castillo "Leer a Marx". Acompañan al autor en el panel Lucas Rubinich, Paula Varela y Mariano Schuster, quienes analizan la vigencia del pensamiento marxista frente a los desafíos del capitalismo actual, el ascenso de las extremas derechas y las posibilidades de una transformación social. Una charla imprescindible para quienes buscan coordenadas de lectura en tiempos convulsivos y quieren profundizar en el núcleo duro del marxismo como herramienta de lucha y emancipación.

Los años 1955 y 2026 se tocan. Cuando se excluye a un liderazgo nacional estructurante con condena, atentado y falsas consignas mediáticas, el sistema no se estabiliza: se fragmenta. El resultado son gobiernos débiles, dependientes del FMI y una sociedad que paga el ajuste con 46% de informalidad y deuda para comer. En este contexto de fragilidad cualquier cosa puede suceder, menos una: Estabilizar el desastre socioeconómico que, como objetivo central, diseñó paso a paso el gobierno nacional. Horacio Rovelli en la apertura, analiza el rumbo del modelo actual una vez más, pero en su tramo final ya con el tiempo jugando en su contra y el ocaso acelerándose notablemente.