Mes agosto 2026

Cuando la deuda estalla, el estado rescata al sistema financiero

La refinanciación de las deudas familiares impulsada por el Gobierno porteño, con el Banco Ciudad y otras entidades financieras, se presenta como una respuesta al sobreendeudamiento de los hogares. Pero detrás del alivio a las familias aparece otra función decisiva: evitar que el crecimiento de la morosidad se transforme en un problema para el sistema financiero. La deuda no desaparece: se reestructura, se prolonga y se administra. El Estado interviene así en una contradicción cada vez más visible: salarios que no alcanzan, hogares que recurren al crédito para sostener su reproducción cotidiana y bancos que necesitan que esa deuda siga siendo pagable.

USA: La derecha retrocede, pero el malestar sigue sin representación

El artículo de Jacobin de Jared Abbott y Joan C. Williams es particularmente interesante porque permite leer la crisis de la coalición de Trump no como un simple problema electoral, sino como un fenómeno de realineamiento de clase y ausencia de representación.

El dato central es contundente: entre los votantes que llevaron a Trump a la victoria en 2024, quienes hoy dudan de volver a votar republicano pasaron del 20% en febrero al 23% en abril y a más del 25% en julio de 2026. Entre quienes ganan menos de US$50.000, la proporción llega al 32%, frente al 18% entre quienes ganan más de US$100.000.

Pero hay algo todavía más importante: la pérdida de Trump no se transforma automáticamente en recuperación demócrata. Menos de uno de cada cinco de esos votantes fluctuantes dice que votaría demócrata en 2028; el 56% permanece indeciso, el 22% optaría por un independiente o un tercer partido y el 5% directamente no votaría. Es decir, los demócratas recuperaron menos del 5% de los votantes que Trump obtuvo en 2024.

Aquí aparece, a mi juicio, la cuestión de fondo.

La lectura convencional diría: Trump está perdiendo trabajadores porque su gobierno no cumple sus promesas. Pero el artículo muestra algo más profundo: una parte creciente de la clase trabajadora está abandonando la identificación partidaria sin encontrar todavía una representación política alternativa.

Y esto tiene una enorme importancia desde una perspectiva de clase. La crisis no es solamente de Trump; es también una crisis de representación política de las clases subalternas.

Los propios encuestados explican por qué no saltan hacia los demócratas. El 37% de las respuestas negativas sobre el Partido Demócrata se relacionan con corrupción, intereses propios y enriquecimiento de sus dirigentes; otro 12% con debilidad e incapacidad para actuar, y alrededor del 10% con la percepción de que el partido ya no conoce ni representa la vida cotidiana de los sectores populares. En conjunto, estos tres elementos explican alrededor del 60% de las opiniones negativas.

Esto es especialmente significativo porque desmonta una explicación muy difundida: el problema de los demócratas no es principalmente que los trabajadores los consideren "demasiado izquierdistas". Las cuestiones vinculadas al llamado wokeness representan una proporción bastante menor de las críticas. El problema central es otro: no creen que los demócratas estén de su lado.

Ahí está probablemente la clave política del fenómeno.

Trump consiguió construir una coalición interclasista de derecha utilizando demandas materiales reales —inflación, salarios, costo de vida, inmigración— y combinándolas con una política cultural y nacionalista. Pero esa coalición tenía una contradicción estructural: la base popular y trabajadora de Trump no pertenece necesariamente a la misma clase cuyos intereses económicos expresa el núcleo de poder que rodea al presidente.

Por eso resulta tan reveladora la observación de los autores sobre el círculo de multimillonarios de Trump. La cuestión no consiste simplemente en denunciar la riqueza de sus dirigentes, sino en mostrar la contradicción entre un discurso político dirigido a trabajadores y una estructura de poder profundamente ligada al capital concentrado.

Y aquí podemos hacer una lectura todavía más amplia: la derecha populista puede capturar el malestar de clase sin resolver la contradicción de clase que lo produce.

Ese mecanismo no es exclusivamente estadounidense. Es uno de los grandes problemas políticos contemporáneos: cuando las organizaciones tradicionales de la clase trabajadora dejan de ser percibidas como instrumentos efectivos de representación, el descontento social queda disponible para fuerzas que pueden desplazar el conflicto desde el terreno económico hacia el cultural, nacional, racial o moral.

La consecuencia es paradójica: trabajadores enfrentados a problemas semejantes pueden terminar votando políticamente en sentidos opuestos porque la experiencia de clase deja de traducirse automáticamente en conciencia y representación de clase.

Por eso el dato más importante del artículo quizá no sea que Trump esté perdiendo trabajadores. Es que esos trabajadores todavía no encontraron quién los represente.

Y esa diferencia es fundamental.

Trump puede perderlos sin que los demócratas los ganen. Pueden pasar a un tercer partido. Pueden abstenerse. Pueden permanecer indecisos. Incluso pueden volver a votar republicano como "mal menor". En otras palabras, la crisis de la hegemonía trumpista no equivale todavía a una nueva hegemonía popular.

Desde esta perspectiva, 2026 no muestra simplemente el comienzo del derrumbe de Trump. Muestra algo más interesante: la apertura de una disputa por la representación política de la clase trabajadora estadounidense.

Y allí está la verdadera pregunta estratégica para la oposición : ¿quién consigue convertir el malestar económico en organización polítca con Cristina Kirchner proscripta antes de que ese malestar vuelva a ser canalizado por la derecha?

Ese interrogante excede ampliamente a Estados Unidos. También permite pensar, por analogía, algunas de las dificultades actuales de las fuerzas populares en Argentina.

La ciencia lúgubre: La economía cambia sus herramientas, pero no sus dueños

Michael Roberts plantea una pregunta incómoda: ¿la economía académica está cambiando realmente su manera de comprender el capitalismo o simplemente está incorporando herramientas cada vez más sofisticadas para estudiar los mismos supuestos de siempre?

La economía dominante se ha vuelto más empírica, utiliza grandes bases de datos, nuevos métodos estadísticos, experimentos naturales e inteligencia artificial. Pero, como señala Roberts, una metodología más sofisticada no garantiza una explicación más profunda de la realidad. El problema no es solamente cómo se mide, sino qué relaciones sociales quedan fuera de la medición.

La crítica adquiere especial fuerza frente a los modelos macroeconómicos de equilibrio, que suelen tratar las crisis como perturbaciones externas. Desde una perspectiva marxista, en cambio, las crisis no son simples accidentes: forman parte de las contradicciones de la acumulación capitalista. Por eso categorías como inversión, rentabilidad, endeudamiento y distribución del excedente resultan centrales para comprender la dinámica económica.

La misma cuestión aparece con la inflación. No alcanza con explicar el aumento de precios mediante dinero, costos o expectativas. Hay que preguntarse también quién puede trasladar aumentos, quién defiende sus márgenes y cómo se distribuye socialmente el costo de la inflación. Lo mismo ocurre con el endeudamiento: cuando millones de hogares recurren al crédito para sostener su consumo, difícilmente pueda explicarse como resultado de decisiones individuales. Es una expresión de relaciones económicas y sociales más amplias.

Esta perspectiva resulta particularmente pertinente para analizar la Argentina actual. El ajuste fiscal, la desregulación, las reformas laborales o las modificaciones tributarias suelen presentarse como decisiones técnicas y neutrales. Pero toda política económica redistribuye recursos y poder entre clases y sectores sociales. La pregunta fundamental es entonces quién gana, quién pierde y qué relaciones de fuerza se modifican.

El aporte de Roberts consiste en recordar que la economía puede avanzar enormemente en sus instrumentos sin necesariamente cambiar su objeto de análisis. Podemos tener más datos, mejores modelos y algoritmos más poderosos y, sin embargo, seguir sin responder preguntas elementales: ¿quién produce?, ¿quién decide?, ¿quién se apropia del excedente?, ¿quién soporta las crisis?

El desafío de una economía crítica no consiste en rechazar las nuevas herramientas, sino en utilizarlas para recuperar aquello que la economía dominante suele ocultar: que detrás de cada cifra existen relaciones sociales, intereses y relaciones de poder.

¿Qué entendía San Martín por libertad?

El artículo de Lucas Schaerer, publicado hoy en RezoXVos, propone una lectura de San Martín centrada en su catolicismo, su espiritualidad y la dimensión religiosa del Ejército de los Andes. El texto sostiene que sus padres eran terciarios dominicos, que San Martín fue bautizado en Yapeyú, que los Granaderos utilizaban escapularios y mantenían una disciplina espiritual, y que antes del cruce de los Andes el general hizo bendecir a la Virgen del Carmen de Cuyo y le entregó el bastón de mando.
Pero hay un punto políticamente mucho más interesante: el artículo intenta disputar el significado contemporáneo de San Martín. La cuestión no es solamente si San Martín fue católico —hay abundante evidencia histórica sobre su pertenencia cultural y religiosa—, sino qué proyecto político se construye hoy a partir de esa dimensión de su pensamiento.

San Martín: fe, independencia y soberanía
El artículo acierta al recordar algo que cierta historiografía liberal tendió a relegar: la revolución independentista rioplatense no nació en un vacío cultural secularizado. La sociedad colonial era profundamente católica y las ideas de emancipación convivían con lenguajes religiosos, jurídicos y políticos heredados de la tradición hispánica.
Sin embargo, reducir a San Martín a “un hombre de fe” resulta insuficiente. Su religiosidad debe ser situada dentro de un proyecto político mucho más amplio: la emancipación americana y la construcción de soberanías capaces de enfrentar la dominación colonial.
La propia trayectoria sanmartiniana resulta reveladora. Su proyecto no se limitaba a independizar un territorio administrativo del Imperio español. El objetivo estratégico era mucho más ambicioso: derrotar el poder colonial en América del Sur y evitar que la fragmentación política convirtiera a las nuevas repúblicas en espacios subordinados a las grandes potencias.
Por eso resulta especialmente significativo el pasaje del artículo que recupera la preocupación sanmartiniana por el “libre comercio” y contrapone su proyecto al de Rivadavia y posteriormente al de Mitre.
Ahí aparece una clave que permite conectar al San Martín histórico con los debates argentinos contemporáneos.

El problema no es religión versus secularismo
La discusión interesante no debería ser si San Martín fue “religioso” o “laico”. Esa oposición proyecta sobre el siglo XIX categorías contemporáneas.
La cuestión decisiva es otra: ¿Qué relación existía entre su fe, su concepción de la autoridad política y su proyecto de emancipación continental?
El artículo cita el Estatuto Provisional del Perú de 1821, cuyo primer artículo establecía la religión católica, apostólica y romana como religión del Estado. También señala que los funcionarios debían profesar la religión cristiana.
Pero ese dato necesita ser colocado en su contexto histórico. San Martín no estaba diseñando un Estado liberal del siglo XXI. Estaba organizando políticamente un territorio recién liberado de una monarquía colonial y en medio de una guerra revolucionaria.
Por eso resulta metodológicamente peligroso utilizar ese texto para convertir retrospectivamente a San Martín en un precursor de cualquier programa político contemporáneo.

El San Martín que incomoda al liberalismo económico
Hay, en cambio, una dimensión de San Martín que resulta particularmente fértil para pensar la Argentina actual.
El libertador entendía la independencia política como inseparable de la capacidad efectiva de los pueblos para decidir sobre su destino. La soberanía no podía reducirse a la existencia formal de una bandera, un gobierno y una Constitución.
Y aquí aparece una tensión histórica que sigue siendo actual: ¿Puede existir independencia política cuando las principales decisiones económicas, comerciales, financieras y estratégicas quedan subordinadas a poderes externos?
El San Martín de la emancipación ofrece una respuesta inequívoca: la independencia debía ser efectiva.
De ahí que sea mucho más productivo recuperar su figura desde la relación entre soberanía, territorio, recursos, integración continental y autonomía económica que utilizarlo como simple emblema religioso.

La disputa por la memoria de San Martín
Hay además una cuestión de política cultural.
San Martín es uno de los pocos símbolos argentinos capaces de atravesar las fronteras partidarias. Precisamente por eso, su figura constituye un terreno permanente de disputa por la memoria colectiva.
El liberalismo oligárquico construyó durante décadas un San Martín compatible con una determinada narrativa de la organización nacional. El nacionalismo popular recuperó otro San Martín: el de la emancipación americana, la soberanía y la oposición a la subordinación económica.

El artículo de Schaerer introduce ahora otra dimensión: el San Martín católico y espiritual.
Las tres dimensiones pueden coexistir históricamente. Lo que no debería hacerse es utilizar una de ellas para borrar las otras.
Porque un San Martín exclusivamente religioso sería tan incompleto como un San Martín exclusivamente militar o exclusivamente liberal.

La paradoja contemporánea
Y aquí aparece, a mi juicio, la cuestión política más potente.
Si se quiere recuperar al San Martín católico, también habría que recuperar su idea de comunidad, su noción de deber público y su concepción de la emancipación americana.
No parece posible reivindicar su religiosidad mientras se abandona la cuestión de la soberanía económica.
No parece coherente reivindicar su cruzada emancipadora mientras se considera que la inserción subordinada de la Argentina en los circuitos financieros y comerciales globales constituye una virtud en sí misma.
Y tampoco parece razonable convertir la religión de San Martín en una herramienta de legitimación de un proyecto económico que pueda profundizar la dependencia.

San Martín no fue simplemente un hombre que creyó en Dios. Fue un hombre que puso esa convicción al servicio de una determinada concepción del deber, la comunidad política y la emancipación.
Por eso la pregunta contemporánea no debería ser solamente “¿en qué creía San Martín?”, sino:
¿Qué entendía San Martín por libertad y qué condiciones materiales consideraba necesarias para conquistarla?
Esa pregunta devuelve la discusión al terreno verdaderamente sanmartiniano: la independencia como proyecto político, económico y continental.
Y allí el debate deja de ser sobre estampitas, ceremonias o apropiaciones religiosas de la memoria del Libertador para convertirse en una discusión sobre soberanía o dependencia.

Una categoría vacía

El artículo «Globalismo» de Le Grand Continent (12 de agosto de 2026), forma parte de un proyecto particularmente interesante: reconstruir críticamente el vocabulario político de la extrema derecha contemporánea. El punto central no es solamente qué significa la palabra globalismo, sino cómo una categoría originalmente descriptiva fue transformándose en una pieza de combate político y, en determinados discursos, en una teoría conspirativa.

La propia revista explica que términos como «globalismo», «marxismo cultural», «declive de Occidente», «orden natural» o «deep state» deben analizarse no aisladamente, sino como componentes de un repertorio ideológico que establece una frontera entre un in-group considerado legítimo y un out-group presentado como amenaza.

Una cuestión especialmente relevante desde una perspectiva de clase

El problema del concepto globalismo es que puede capturar una contradicción real del capitalismo contemporáneo, pero desplazarla hacia una explicación conspirativa.

Existe, efectivamente, una transformación estructural del capitalismo: internacionalización de las cadenas de valor, financiarización, concentración transnacional del capital, poder de las grandes plataformas tecnológicas, organismos supranacionales, fondos de inversión y creciente capacidad de las corporaciones para condicionar las decisiones estatales.

Pero una cosa es analizar la estructura material del capitalismo global y otra muy distinta atribuir esa estructura a una conspiración homogénea de «élites globalistas».

Ahí aparece una operación ideológica decisiva: la relación entre capital y trabajo desaparece detrás de la oposición entre «pueblo» y «globalistas».

El trabajador precarizado, el pequeño empresario endeudado o el jubilado que pierde capacidad adquisitiva pueden experimentar efectivamente las consecuencias de procesos globales. Pero si la explicación identifica como responsable a «los globalistas», se produce un desplazamiento: la contradicción social deja de ser capital/trabajo y pasa a ser nación/élite cosmopolita.

Ese desplazamiento es políticamente extraordinariamente eficaz.

El problema de la extrema derecha no es que invente todas las contradicciones

Este punto me parece fundamental para leer el texto.

La extrema derecha contemporánea no necesita inventar el malestar social. Lo que hace es darle una determinada gramática política.

La investigación que acompaña el proyecto de Le Grand Continent sostiene precisamente que la batalla política contemporánea también se libra en el terreno del lenguaje. Steven Forti señala que la normalización de determinadas palabras e ideas permite que posiciones que antes eran marginales ingresen progresivamente en el sentido común.

Esto permite comprender algo que en Argentina resulta particularmente visible.

Cuando Milei habla contra «la casta», «el socialismo», «la justicia social» o determinadas formas de «globalismo», no estamos solamente ante definiciones doctrinarias. Estamos ante operaciones de construcción de antagonismos.

El problema es qué sujetos quedan incluidos y excluidos en esos antagonismos.

Del conflicto de clases a la guerra cultural

La eficacia de esta nueva derecha reside, en buena medida, en haber comprendido que la hegemonía no se construye exclusivamente alrededor de un programa económico.

Se construye alrededor de una interpretación del mundo.

Por eso adquieren tanta importancia cuestiones como género, inmigración, nación, seguridad, «wokismo», libertad de expresión, identidad nacional, élites culturales y «globalismo». El propio Forti señala que la nueva derecha combina storytelling emocional, provocación, memes y guerras culturales para desplazar el centro del debate.

Desde una perspectiva gramsciana, podría decirse que estamos ante una disputa por el sentido común.

Y aquí aparece una paradoja: sectores populares pueden terminar adhiriendo a una representación del conflicto que identifica correctamente algunas experiencias de subordinación pero identifica incorrectamente sus causas.

Ese es quizás uno de los mecanismos más sofisticados de la hegemonía contemporánea.

Globalización no es lo mismo que «globalismo»

Conviene, por eso, separar tres conceptos:

Globalización: proceso histórico-material de expansión e integración de mercados, capitales, tecnologías, cadenas productivas y flujos financieros.

Gobernanza global: conjunto de instituciones y mecanismos mediante los cuales se coordinan determinadas decisiones internacionales.

Globalismo: término político que, en determinados discursos de extrema derecha, transforma esos procesos complejos en la acción deliberada de una élite homogénea que conspiraría contra las naciones.

La diferencia no es académica. Es política.

Porque criticar la globalización capitalista puede ser perfectamente compatible con una crítica marxista del capital transnacional, mientras que la teoría conspirativa del globalismo tiende a personalizar y moralizar relaciones estructurales.

Y aquí aparece la cuestión argentina

El concepto adquiere especial importancia para interpretar el proyecto de Milei.

Hay una contradicción que merece ser examinada con mucha atención: el discurso libertario denuncia supuestas élites globales mientras impulsa una política de apertura, desregulación y subordinación de importantes decisiones económicas a las condiciones de los mercados internacionales y del capital financiero.

Por eso no alcanza con preguntarse si Milei es «globalista» o «antiglobalista».

La pregunta más productiva es:

¿Qué fracción del capital se beneficia de cada dimensión de su proyecto y cuál es el lugar que ocupa el trabajo en esa reorganización?

Ese interrogante permite salir de la trampa semántica.

La retórica nacional-popular de determinadas derechas puede coexistir perfectamente con políticas económicas favorables a sectores altamente internacionalizados del capital. Y, a la inversa, puede utilizar el nacionalismo cultural para construir legitimidad social para una transformación económica profundamente regresiva.

La cuestión de fondo

Hay entonces una conclusión que, a mi juicio, permite ir más allá del artículo:

la crítica al globalismo no debe ser monopolizada por la extrema derecha.

Existe una crítica de izquierda mucho más consistente: no necesita imaginar una conspiración mundial. Puede analizar empíricamente la concentración del capital, la financiarización, la pérdida de capacidad regulatoria de los Estados, la internacionalización productiva, la desigual distribución de la renta y la subordinación de las mayorías populares a decisiones tomadas por actores económicos que carecen de control democrático.

El desafío político consiste, precisamente, en reconstruir ese conflicto sin convertirlo en una guerra cultural entre pueblos y enemigos imaginarios.

Porque detrás de la palabra «globalismo» hay una pregunta mucho más concreta:

¿quién controla el capital, quién controla el Estado, quién se apropia del excedente y quién paga los costos de la reorganización capitalista mundial?

Esa es la pregunta que permite recuperar la dimensión de clase que la retórica de la «guerra contra el globalismo» tiende a ocultar. Y también permite comprender por qué la extrema derecha puede presentarse simultáneamente como rebelión contra las élites y como vehículo político de determinadas fracciones de las clases dominantes.

Un país sin geopolítica: Milei y la renuncia a la soberanía nacional

De Zeballos a Storni, de Travassos a Guglialmelli, la Argentina construyó una tradición geopolítica que pensó el territorio como una dimensión del poder. Recuperar esa mirada permite leer de otro modo el AtlánticoSur, Malvinas, los recursos estratégicos, la relación con Brasil y los desafíos de la dependencia en el siglo XXI. Abre el video de Mates con Historia, conversación de Pablo Yurman con Juan José Borrelli
sobre Historia de la geopolítica argentina.

Fifa – Las guerras

En última instancia, el artículo de Sgarzini que publicamos, muestra que la pelea por Infantino no es una pelea entre quienes quieren mercantilizar el fútbol y quienes quieren preservarlo como patrimonio popular. Es, por ahora, una disputa entre distintas fracciones del capital y de las burocracias deportivas por controlar una de las grandes máquinas globales de producción de renta, audiencia y poder simbólico.

¿Cómo hice?

La hipótesis, que se busca testear analizando los distintos proyectos neoperonistas del 1955 hasta 1973, es que Perón pugnó por mantener la conducción de su movimiento buscando permanentemente destruir cualquier forma de organización que escapara a su control y a la lógica del liderazgo carismático, y lo hizo aprovechando la puja interna característica de su partido, construyendo y destruyendo alianzas internas o externas, operando con un pragmatismo que demostró tener alta efectividad. Pese a proclamar lo contrario, el propio Perón trabajó en contra de la organización o institucionalización del peronismo, para poder mantener su control sobre esa fuerza política. Dicho de otra manera, la organización carismática, con fuerte dependencia de las acciones del líder y conductor, fue el único o más efectivo modo que Perón encontró para mantener vivo al peronismo. El espacio de tiempo que se analiza termina en 1973 con el retorno de Perón al poder político, hecho que sumado a su muerte al poco tiempo, colocó al peronismo en una situación totalmente diferente al proceso que examinaremos a continuación. Para realizar este estudio nos apoyaremos en los aportes de Panebianco (Panebianco, 1995), en su conceptualización de los partidos carismáticos y en sus contribuciones a la comprensión de dinámica de constitución de las coaliciones dominantes en el interior de esos partidos. En tanto la investigación empírica nos reveló que, en todas las etapas, la lucha por la conducción del peronismo se resolvió en un juego entre tres fuerzas protagónicas, utilizaremos también los esquemas desarrollados por Theodore Caplow para el análisis de la teoría de las coaliciones en las tríadas (Caplow, 1956 y 1959).

Amor a la Patria

El artículo de Viento Sur, por su propio título —“Cuando comenzó el genocidio, Walid tenía dos años”—, parece plantear una clave especialmente potente: el genocidio no comienza el 7 de octubre de 2023, sino que debe inscribirse en una temporalidad histórica mucho más extensa, en la que la experiencia palestina aparece marcada por desposesión, ocupación, expulsión y violencia estructural.

Que el árbol de la unidad no nos impida ver el bosque de la proscripción

La unidad del peronismo es necesaria, pero no puede convertirse en un sustituto de la discusión central: la proscripción de Cristina Kirchner. La experiencia argentina de Frondizi, Illia y Cámpora demuestra que excluir de la competencia a una fuerza o liderazgo con capacidad de representación social no elimina su gravitación: puede, por el contrario, profundizar la distancia entre instituciones y relaciones reales de fuerza. El desafío actual no es simplemente volver a juntar dirigentes, sino construir una mayoría capaz de representar a quienes hoy necesitan ser representados y, al mismo tiempo, defender las condiciones de una democracia efectivamente inclusiva. Que el árbol de la unidad no nos impida ver el bosque de la proscripción, esto supone no iniciar un nuevo intento de neoperonismo de los tantos que existieron como vimos, en la historia del movimimiento fundado por Juan Perón.

La inflación no cae del cielo: la lucha por el valor que produce el trabajo

El artículo de Michael Roberts —tercera parte de su revisión sobre las teorías de la inflación— propone algo bastante más profundo que la explicación monetarista de “demasiado dinero persiguiendo pocos bienes”. Su punto de partida es la teoría marxista del valor.

La tesis central

Para Roberts y Guglielmo Carchedi, la inflación debe analizarse a partir de la relación entre dinero en circulación y valor producido. El valor se aproxima mediante las horas de trabajo productivo empleadas en la producción de mercancías. La inflación aparece cuando el crecimiento del dinero efectivamente circulante supera el crecimiento del valor creado.

La fórmula conceptual es sencilla:

Inflación = crecimiento del dinero en circulación − crecimiento del valor producido

Pero el argumento marxista está en determinar por qué se mueve cada componente.

Roberts sostiene que el dinero no es la causa última: las autoridades monetarias reaccionan frente a la evolución de la economía. Cuando cae la rentabilidad y se desacelera la creación de valor, los bancos centrales intentan compensarlo mediante expansión monetaria y reducción de tasas. El problema es que emitir más dinero no crea por sí mismo nuevo valor.

El punto fuerte: la rentabilidad

Aquí aparece una conexión particularmente interesante. El aumento de la composición orgánica del capital —más medios de producción respecto del trabajo empleado— tiende a reducir la tasa de ganancia y, según Roberts, también limita el crecimiento de las horas de trabajo productivo. En su evidencia para Estados Unidos entre 1949 y 2022 encuentra una correlación positiva entre la tasa de ganancia y la evolución de las horas trabajadas.

Esto permite reinterpretar la inflación de los años setenta: no sería simplemente un episodio de “exceso de dinero”, sino una situación en la que la creación de valor se debilitó mientras la respuesta monetaria intentaba sostener la acumulación. El resultado fue una aceleración de la inflación junto con estancamiento económico: la conocida stagflation.

Y acá está lo políticamente importante

El artículo introduce una crítica potente a la manera convencional de medir la inflación, no ya el dibujo metodológico bizarro del INDEC, que lo hace con un IPC con ponderadores dos décadas atrasados.

Roberts calcula que entre 1949 y 2019 la denominada “tasa de inflación del valor” promedió 5,2% anual, frente al 3,4% del IPC estadounidense y el 3,1% del deflactor del PIB.

La consecuencia es decisiva: el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores puede ser mayor de lo que registra la inflación oficial, si se mide el salario no simplemente por su capacidad de comprar una canasta de bienes, sino en relación con el valor producido y el tiempo de trabajo necesario para obtener esos bienes.

En otras palabras, Roberts desplaza la discusión desde:

“¿Cuánto subieron los precios?” hacia una pregunta mucho más incómoda:

“¿Qué ocurrió con la relación entre el trabajo realizado, el valor producido, el dinero que circula y lo que los trabajadores pueden apropiarse?”

Ese desplazamiento es central desde una perspectiva de clase. La inflación deja de aparecer como una anomalía técnica que debe corregirse mediante tasas de interés y pasa a inscribirse en las contradicciones de la acumulación capitalista y la distribución del valor entre capital y trabajo.

Además, Roberts sostiene que sus pruebas estadísticas encuentran evidencia de que los cambios en las horas de trabajo —su proxy del valor— preceden a los cambios en el dinero circulante, mientras que no encuentra la relación inversa con la misma fuerza. Advierte, correctamente, que correlación no equivale por sí misma a causalidad.

Para Argentina, la veta más fértil del artículo está ahí: permite discutir críticamente el IPC sin caer en la idea simplista de que todo índice oficial es necesariamente “falso”, (aunque en La Argentina hay serias objeciones metodológicas al actual IPC) como se muestra en la nota de cierre). La cuestión más profunda es qué relación social queda oculta detrás de un número de inflación y quién soporta el costo de preservar la rentabilidad, el ajuste y la estabilidad monetaria.

Roberts anuncia que la cuarta parte abordará precisamente la cuestión de los salarios reales, además de explicar el salto inflacionario posterior a la pandemia.

Inversiones tecnológicas: ¿quién paga la infraestructura y quién captura el excedente?

El artículo de Cenital sobre los data centers tiene una lectura política particularmente interesante: la “nube” es una infraestructura material que transforma recursos públicos en condiciones de rentabilidad privada.

El punto central es que la inteligencia artificial no existe en el aire. Necesita enormes cantidades de electricidad, agua, suelo, infraestructura y redes, y esos recursos son territoriales. El caso estadounidense citado es elocuente: un solo centro de datos en Fayette County consume casi 110 millones de litros de agua, mientras que en Virginia la expansión de estas instalaciones ya se asocia con mayores costos de electricidad, agua y gas para los residentes.

En Argentina, el problema adquiere una dimensión todavía más política. El Gobierno de Milei promueve la llegada de centros de datos de escala hyperscale y contempla a la Patagonia como territorio privilegiado por su disponibilidad energética y condiciones climáticas. A la vez, Sur Energy y OpenAI firmaron una carta de intención para un proyecto que podría alcanzar 500 MW. Para facilitar estas inversiones se impulsa además un “Super RIGI”, con una alícuota de Ganancias del 15% y liberación de importaciones y exportaciones, sin exigencias ambientales específicas según el proyecto analizado por Cenital.

Ahí aparece la cuestión decisiva: ¿quién paga la infraestructura y quién captura el excedente? La entrevista a Cecilia Rikap desmonta la idea de que cualquier inversión tecnológica constituye automáticamente desarrollo. Los data centers generan empleo fundamentalmente durante su construcción, tienen escasos encadenamientos productivos locales y buena parte de su inversión corresponde a componentes importados, particularmente semiconductores. No hay, por lo tanto, un efecto multiplicador comparable al de una industria manufacturera capaz de desarrollar proveedores locales y transferencia tecnológica.

La cuestión del agua y la energía permite ir todavía más lejos. Si una instalación privada consume recursos estratégicos durante las 24 horas, los 365 días del año, el costo de oportunidad no desaparece: se desplaza hacia el resto de la sociedad. Menos disponibilidad energética para otros usos, presión sobre tarifas, utilización intensiva del agua y eventualmente desplazamiento de otras actividades productivas. Es una forma contemporánea de privatización de beneficios y socialización de costos.

Por eso me parece especialmente potente pensar el fenómeno como extractivismo digital. Ya no se trata solamente de extraer petróleo, litio, minerales o tierras: también se extrae capacidad energética, agua, territorio y renta para alimentar plataformas y modelos de inteligencia artificial controlados por grandes corporaciones tecnológicas.

Y hay una paradoja especialmente argentina: un país que necesita divisas, empleo y desarrollo tecnológico puede terminar ofreciendo recursos estratégicos a empresas globales a cambio de una inversión cuyo principal efecto local sea consumir esos mismos recursos. El problema no es tener data centers. Como señala Rikap, el punto es la planificación territorial y la capacidad del Estado para decidir dónde, bajo qué condiciones y para beneficio de quién se instala esa infraestructura.

La pregunta política, entonces, no debería ser “¿cómo hacemos para atraer inversiones?”, sino:

¿Qué parte de la riqueza generada por la economía digital queda en el territorio que aporta el agua, la energía, el suelo y la infraestructura necesaria para producirla?

Ahí está, el verdadero conflicto de la llamada “economía de la nube”.

Un lapsus momentáneo de razón

El texto aborda el creciente malestar psíquico en Argentina, especialmente entre jóvenes, marcado por ansiedad, depresión, trastornos del sueño y riesgo suicida. Más de la mitad de quienes necesitan atención psicológica no acceden a tratamiento, y los sectores populares concentran los peores indicadores.

El autor sostiene que reducir el sufrimiento a un problema meramente sanitario es un error: la salud mental debe entenderse desde una perspectiva colectiva, vinculada a condiciones sociales, económicas y políticas. Se compara la crisis actual con la de 2001, cuando la organización comunitaria (piqueteros, fábricas recuperadas, asambleas barriales) permitió elaborar el dolor de manera compartidaPágina actual+1Página actual. Sin embargo, aquella crisis produjo simultáneamente un proceso de organización social.Página actual. El movimiento piquetero, las fábricas recuperadas, las asambleas barriales, los clubes de trueque y múltiples experienci.... Hoy, en cambio, predomina el individualismo y la fragmentación social, con un Estado debilitado y políticas públicas desfinanciadas.

La precarización laboral, la lógica meritocrática y el aislamiento digital generan sujetos más solos frente a sus padecimientos. Esto se refleja en el alarmante aumento del riesgo suicida entre jóvenes de 18 a 28 años, etapa vital para construir proyectos de vida que hoy chocan con empleos precarios, salarios insuficientes y falta de horizontes colectivosPágina actual+1Página actual. Quizá por eso uno de los datos más alarmantes sea el crecimiento del riesgo suicida entre jóvenes de 18 a 28 años. No se...Página actual. Cuando esas expectativas chocan sistemáticamente con empleos precarios, salarios insuficientes, imposibilidad de acceder.... Según Julieta Calmels, en Argentina mueren 14 personas por día por suicidio, cifra directamente vinculada al deterioro social y económico.

El artículo concluye que la crisis actual no sólo empobrece ingresos, sino también vínculos, proyectos y esperanza. La salud mental requiere reconstruir espacios comunitarios: sin comunidad no hay salud mental, y sin horizonte común, incluso vivir puede volverse insoportable para muchos jóvenes. En suma la salud mental es inseparable de la justicia social y de la posibilidad de imaginar un futuro compartido. Un lapsus momentáneo de razón.

Durante décadas, la clase política y mediática se ha mantenido impasible ante la inminente emergencia climática

El análisis publicado corresponde al artículo de Jonathan Cook, publicado hoy, 14 de agosto de 2026: “Thatcher warned in 1989 of a climate crisis. She did nothing. Nor will her successors”.

La tesis central es potente: la crisis climática no puede explicarse como un fracaso de información o de conocimiento científico. Los gobiernos sabían desde hacía décadas lo que estaba ocurriendo y cuáles serían sus consecuencias. Cook reconstruye una cadena de advertencias que va desde los primeros estudios sobre el efecto invernadero hasta las investigaciones internas de las propias petroleras. Incluso Exxon había elaborado en 1982 proyecciones que anticipaban con notable precisión los niveles de CO₂ y el calentamiento que se verificarían décadas después.

El punto político decisivo aparece en 1989: Margaret Thatcher, emblema del neoliberalismo y de la defensa de los mercados, ya advertía públicamente ante la ONU sobre el cambio climático. Sin embargo, esa conciencia no se tradujo en una política capaz de enfrentar las causas estructurales del problema. Paralelamente, la industria fósil comenzó a financiar think tanks y campañas destinadas a sembrar dudas sobre una evidencia científica que sus propias investigaciones internas respaldaban.

Ahí está lo más interesante del artículo: el problema no es que “la humanidad” haya sido ignorante o irresponsable en abstracto. El obstáculo fue la contradicción entre la supervivencia ecológica y la rentabilidad del capital fósil. Los gobiernos podían conocer el peligro, pero intervenir seriamente significaba enfrentar intereses económicos con enorme capacidad de presión política, mediática y financiera. Cook sostiene precisamente que los costos políticos de enfrentarse al poder corporativo fueron demasiado elevados.

En otras palabras: no faltó información; faltó poder político para convertir el conocimiento en decisión. Y esa diferencia es fundamental. La historia climática de las últimas décadas puede leerse como una demostración de que el capitalismo es capaz de incorporar el conocimiento de una catástrofe siempre que pueda seguir extrayendo rentabilidad de las actividades que la producen.

La paradoja de Thatcher es particularmente reveladora: el mismo neoliberalismo que proclamaba la superioridad de las decisiones descentralizadas del mercado terminó subordinando una cuestión civilizatoria a las necesidades de acumulación de grandes corporaciones energéticas. El mercado sabía; los científicos sabían; los gobiernos sabían. Pero la rentabilidad tenía mayor capacidad de imponer sus prioridades.

No fue ignorancia: fue la clase dominante sabiendo exactamente lo que estaba haciendo.

Y allí el artículo de Cook adquiere una dimensión que excede la cuestión ambiental y la geografía del Reino Unido: la crisis climática es también una crisis de democracia y de poder, porque demuestra hasta qué punto el conocimiento científico puede ser desconocido y políticamente impotente cuando choca contra intereses económicos concentrados. ¿No les recuerda nada?

Liderazgo: China subordina las finanzas a la producción

El artículo de Xiaolu Kuang, Fusheng Xie y Zhi Li, publicado en Monthly Review en julio-agosto de 2026, plantea una pregunta particularmente relevante para pensar la crisis del capitalismo occidental: ¿por qué China no siguió el mismo camino de financiarización que Estados Unidos y buena parte de Europa?

La tesis central

La financiarización supone que el capital financiero adquiere una autonomía creciente respecto de la producción: la rentabilidad se busca cada vez más mediante crédito, activos financieros, especulación, valorización inmobiliaria y endeudamiento, en lugar de depender primordialmente de la expansión de las capacidades productivas.

Los autores sostienen que China constituye una excepción significativa. No porque haya eliminado las finanzas ni el capital privado, sino porque el Estado chino ha conseguido mantener una subordinación relativa del sistema financiero a la acumulación productiva. La prioridad continúa siendo la producción, la infraestructura, la industria y la expansión de las capacidades materiales.

La diferencia, entonces, no es simplemente económica: es política y estructural. El Estado conserva instrumentos decisivos sobre el crédito, los grandes bancos y la orientación de la inversión. Eso limita la capacidad del capital financiero de imponer su propia lógica al conjunto de la economía.

El punto de fondo

La cuestión es especialmente interesante desde una perspectiva de clase porque permite invertir una explicación habitual. No se trata de que China haya encontrado una fórmula técnica para evitar las crisis financieras. La clave está en quién controla las palancas fundamentales de la acumulación.

En el capitalismo financiarizado occidental, particularmente después de la crisis de los años setenta, el capital financiero fue ganando capacidad para condicionar las decisiones de las empresas, los Estados y los hogares. El resultado fue una economía donde el endeudamiento y la valorización financiera adquirieron un peso creciente.

China, en cambio, conservó una arquitectura institucional donde el sistema financiero está mucho más subordinado a objetivos definidos por el Estado. Por eso puede utilizar el crédito como instrumento de política industrial y de desarrollo, en lugar de dejar que el crédito sea predominantemente organizado alrededor de la rentabilidad financiera inmediata.

La cuestión decisiva para Argentina

Aquí aparece una conexión muy fuerte con el problema que venimos trabajando sobre endeudamiento familiar, FMI y financiarización argentina.

Argentina hizo prácticamente el recorrido inverso: debilitamiento de la capacidad estatal de orientar el crédito, valorización financiera, endeudamiento externo, fuga de capitales y creciente dependencia de los mercados financieros internacionales. En ese esquema, la deuda deja de ser un instrumento subordinado a la producción y se convierte en un mecanismo de disciplinamiento económico y social.

China demuestra que la financiarización no es una fatalidad tecnológica ni una consecuencia inevitable de la globalización. Es el resultado de determinadas relaciones de poder.

Y aquí está, a mi juicio, lo más potente del artículo: la pregunta no debería ser solamente cuánto se endeuda una sociedad, sino quién decide para qué se utiliza el crédito, quién captura la renta financiera y quién soporta el costo del endeudamiento.

En ese sentido, el contraste China-Argentina puede formularse de manera muy contundente:

China intenta subordinar las finanzas a la producción; Argentina ha subordinado crecientemente la producción, el Estado y los hogares a las finanzas.

El artículo de Monthly Review permite así conectar tres fenómenos que habitualmente aparecen separados: financiarización, poder de clase y soberanía económica. La diferencia entre ambos modelos no reside únicamente en sus políticas monetarias: reside en la estructura de poder que determina qué capital tiene capacidad para imponer su lógica sobre el conjunto de la sociedad.

Ahora bien para todo esto se requere liderazgo político nacional y en nuestro país el bloque dominante lo ha proscripto sin fundamentos jurídicos y gran parte de la dirigencia opositora ha «naturalizado» esta situación «diciendo» que no lo ha hecho, como es habitual.

Inflación y pobreza: Arde la ciudad ( Apéndice sobre pobreza y salarios)

El presente trabajo muestra que un IPC con ponderaciones de consumo desactualizadas puede subestimar cambios en el costo de vida, y que esa cuestión afecta directamente la medición de pobreza porque la línea de pobreza se construye a partir de canastas valorizadas con precios.

Al respecto sabemos que el Indice de Precios al Consumidor es una estructura de ponderaciones → medición del IPC → actualización de las canastas → línea de pobreza → incidencia estadística de la pobreza.

No hace falta demostrar una adulteración deliberada de las estadísticas para cuestionar la verosimilitud de una fuerte caída de la pobreza; alcanza con mostrar que la fotografía estadística puede estar perdiendo capacidad para representar la estructura material de consumo de los hogares actuales.

Y hay un segundo eje particularmente fuerte : la pobreza no puede analizarse solamente comparando ingresos nominales con una canasta estadística. Hay que mirar simultáneamente empleo, salario real, jubilaciones, informalidad, distribución funcional y personal del ingreso, endeudamiento y acceso efectivo a bienes y servicios. Si esos indicadores se deterioran, una reducción estadística de la pobreza merece ser examinada críticamente, no simplemente celebrada.

Para la publicación de hoy del IPC ponderado en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de más de dos decadas atras, antes de discutir el número, discutamos el instrumento con el que se construye el número”. Eso desplaza la discusión hacia un terreno metodológico mucho más difícil de refutar que el simple señalamiento o denuncia de manipulación.

Cierran los valores de pobreza de Julio , salario bruto promedio, los más altos, los más bajos y el salario pretendido promedio.

El neoliberalismo privatiza el fracaso y socializa las pérdidas del capital

El artículo de Enrique Carpintero, publicado en Topía #107 (agosto de 2026), tiene una tesis especialmente fértil para el eje que venís trabajando sobre endeudamiento, individualización de la culpa y desarticulación de lo colectivo.

“Recuperar la vergüenza ética como fuerza de lo colectivo” — Topía

La clave política

Carpintero distingue entre una vergüenza impuesta por el sistema y una vergüenza ética capaz de convertirse en potencia colectiva. El neoliberalismo produce un individuo que debe responder exclusivamente por su éxito o fracaso: si no consigue trabajo, si se endeuda, si pierde poder adquisitivo o si no alcanza los estándares de consumo, “el problema sos vos”. La estructura desaparece detrás de la responsabilidad individual.

Ahí aparece una conexión directa con nuestro análisis del endeudamiento familiar: la deuda deja de aparecer como resultado de salarios insuficientes, precarización, inflación, financiarización y transferencia de ingresos hacia el capital financiero, y pasa a presentarse como consecuencia de una supuesta incapacidad individual para administrar la propia vida.

El mecanismo subjetivo es muy potente:

problema estructural → fracaso individual → vergüenza → aislamiento → pérdida de capacidad colectiva de respuesta.

Carpintero lo formula con mucha precisión: el poder utiliza la vergüenza para que el individuo no cuestione al sistema sino que se cuestione a sí mismo.

Pero hay una inversión posible

Lo más interesante políticamente del artículo es que la vergüenza también puede cambiar de objeto.

Cuando el individuo deja de preguntarse “¿qué hice mal yo?” y empieza a preguntarse “¿qué sociedad produce esto?”, la vergüenza individual puede convertirse en indignación colectiva. El autor plantea precisamente que, cuando el colectivo siente vergüenza por el estado de la sociedad, aparece un primer paso hacia su transformación.

Esto permite formular una hipótesis política fuerte:
El neoliberalismo necesita que la víctima se avergüence de su propia situación; la política emancipatoria necesita que la sociedad se avergüence de producirla.

Y esto dialoga muy bien con lo que veníamos trabajando en otras publicaciones del blog: el endeudado no es necesariamente un sujeto económicamente irresponsable; puede ser el sujeto que revela una contradicción del modelo. Cuando millones de personas necesitan endeudarse para sostener consumos básicos, el problema ya no puede ser reducido a la conducta financiera de cada familia.

La dimensión de clase

Hay además una cuestión todavía más profunda. La desvergüenza de quienes están arriba y la vergüenza de quienes están abajo pueden funcionar como dos caras de una misma relación de poder.

Carpintero señala que el poder puede llegar a transformar la vergüenza humillante del subordinado en odio dirigido hacia un tercero: el inmigrante, el pobre, el diferente. De ese modo, la frustración producida por la propia posición social no se dirige hacia las relaciones que la producen, sino lateralmente contra otros sectores subalternos.

Ahí aparece una de las claves para interpretar el presente: el conflicto de clases puede ser desplazada por una guerra entre individuos y grupos populares.

El trabajador precarizado culpa al desocupado.
El endeudado culpa al que recibe asistencia.
El pequeño comerciante culpa al empleado público.
El jubilado culpa al trabajador activo.
El argentino precarizado culpa al inmigrante.

Mientras tanto, la estructura que distribuye desigualmente ingresos, patrimonio y poder queda fuera de campo.

Hay una frase del artículo que puede convertirse en un eje editorial: El neoliberalismo privatiza el fracaso y socializa las pérdidas del capital.

La tarea política sería invertir esa operación: desprivatizar el sufrimiento. Transformar lo que aparece como una suma de fracasos personales —deudas, pobreza, precariedad, imposibilidad de acceder a una vivienda, deterioro del consumo— en la experiencia compartida de una estructura social.

En ese sentido, recuperar la vergüenza ética no significa volver a una moral culpabilizadora. Significa recuperar la capacidad colectiva de mirar una sociedad y decir: esto no debería ser normal.

Y ahí la vergüenza deja de ser un instrumento de dominación y puede convertirse, como plantea Carpintero, en una fuerza de lo colectivo

¿Los votantes libertarios son unos pelotudos? Refutando a Coroniti

Una investigación reciente realizada por Benjamin Ferguson, Peter Hans Matthews, David Ronayne y Roberto Veneziani, cuestiona una de las premisas centrales de la polarización contemporánea: que la izquierda y la derecha poseen concepciones radicalmente incompatibles sobre la explotación. El estudio, basado en 551 filósofos académicos y 1.546 personas del público general de Estados Unidos y Reino Unido, encuentra algo mucho más significativo: unos y otros identifican prácticamente los mismos factores cuando juzgan que existe explotación. Injusticia, poder asimétrico y desigualdad de los beneficios aparecen como los principales determinantes.

El dato más relevante es que la combinación entre poder desigual y resultados económicos desiguales genera una percepción de explotación muy superior a la que producen cada uno de esos factores por separado. Entre los académicos, por ejemplo, la presencia aislada del poder elevó la percepción de explotación en 14 puntos y la desigualdad en 8, pero cuando ambas condiciones aparecieron juntas el incremento alcanzó 34 puntos. La explotación aparece así no simplemente como una distribución desigual de recursos ni como una relación asimétrica de poder, sino como la utilización de una posición estructuralmente dominante para apropiarse de una porción desproporcionada del resultado económico.

Esto permite recuperar una intuición central de Marx sin convertirla en una cuestión exclusivamente doctrinaria. La explotación no depende de que el explotador sea personalmente cruel, ni de que la víctima haya cometido un error, ni siquiera de la existencia de una relación interpersonal conflictiva. El núcleo está en la estructura de poder que permite que una parte imponga condiciones a otra y capture una porción desigual del producto social. El estudio muestra, incluso, que el respeto interpersonal tiene una importancia muy menor entre los académicos: un jefe amable puede explotar exactamente igual que uno maltratador. Para el público general, en cambio, la falta de respeto pesa mucho más, probablemente porque constituye la experiencia cotidiana mediante la cual se percibe y se experimenta una relación estructural de subordinación.

La conclusión política es particularmente interesante para la Argentina. Si se traslada esta matriz al fenómeno del endeudamiento familiar, cambia completamente la pregunta. En lugar de preguntarnos por qué determinados hogares “no saben administrar su dinero”, debemos preguntarnos qué relación de poder produce las condiciones bajo las cuales millones de hogares necesitan endeudarse para sostener su reproducción cotidiana. El deudor aparece entonces no como un individuo defectuoso, sino como el resultado de una determinada relación entre ingresos, precios, empleo, crédito y distribución del excedente.

Esta perspectiva permite conectar dos fenómenos que habitualmente se presentan separados: endeudamiento y explotación. Cuando el salario pierde capacidad para reproducir las condiciones materiales de vida, el crédito funciona como un mecanismo de compensación. Pero esa compensación tiene un costo: transforma una insuficiencia presente de ingresos en una obligación futura. La deuda, en ese sentido, no elimina la desigualdad; la administra temporalmente y puede profundizarla.

Hay aquí una cuestión política de fondo. La ideología neoliberal procura transformar relaciones estructurales en decisiones individuales: el trabajador que acepta un salario bajo “elige”; el inquilino que soporta condiciones abusivas “elige”; la familia que se endeuda para llegar a fin de mes “se administra mal”. El estudio nos permite invertir esa mirada: allí donde existe una desigualdad de poder que condiciona las opciones disponibles, hablar simplemente de elección individual oculta la estructura que produce esas opciones.

Esto resulta especialmente relevante para comprender la política contemporánea. La investigación encuentra que incluso sectores identificados con la derecha reconocen la explotación cuando perciben conjuntamente injusticia, poder asimétrico y resultados desiguales. La derecha y la izquierda pueden diferir profundamente respecto de las soluciones, pero comparten un diagnóstico moral mucho más amplio de lo que suele suponerse: existe algo injusto cuando quienes poseen mayor poder utilizan esa ventaja para apropiarse de una porción desproporcionada de los recursos.

Por eso el desafío para la izquierda no consiste en abandonar su crítica estructural para adaptarse al sentido común de la derecha, sino en traducir esa crítica estructural a experiencias materiales reconocibles por las mayorías: el salario que no alcanza, la deuda que crece, el alquiler que se vuelve impagable, el empleo que pierde estabilidad, la concentración económica y la pérdida de capacidad de negociación de los trabajadores.

En definitiva, el hallazgo más importante de esta investigación podría formularse así: la explotación deja de ser una categoría exclusivamente marxista y aparece como una intuición social compartida. La disputa política pasa entonces por determinar quién tiene poder, cómo lo utiliza y quién paga los costos de esa relación. Y allí se vuelve particularmente fértil para analizar la Argentina actual: cuando millones de familias deben endeudarse para reproducir su vida cotidiana, no estamos simplemente frente a millones de malas decisiones privadas. Estamos frente a una determinada distribución social del poder.

En la apertura, Emiliano Coroniti desarrolla la hipótesis que el artículo del filósofo Ferguson, y los economistas Matthews, Ronayne y Veneziani intentan refutar: “Los votantes libertarios son unos pelotudos”, sostiene Emiliano, en un clásico del streaming argentino que ya merece una instalación audiovisual en el Malba para que lo analicen las nuevas generaciones.

Se puede socavar una democracia simplemente decidiendo quién puede presentarse a las elecciones… o no

El artículo de Delfina Rossi y Franco Metaza en Jacobin, publicado el 11 de agosto, plantea una tesis fuerte: la erosión democrática argentina no se produce necesariamente alterando el resultado de las elecciones, sino restringiendo previamente quiénes pueden competir.

La proscripción como forma contemporánea de lawfare

El eje del artículo es el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Los autores sostienen que su condena en la causa Vialidad y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos deben ser leídas no solamente como un proceso judicial, sino como un mecanismo de exclusión política de la principal dirigente opositora. Señalan que Cristina permanece bajo arresto domiciliario y que la condena le impide competir electoralmente en 2027.

La comparación histórica que propone Jacobin es particularmente significativa: 1955 y 2026 no serían fenómenos idénticos, pero sí podrían cumplir una función política semejante. Después del derrocamiento de Perón, el peronismo fue proscripto durante 18 años. La exclusión se realizó entonces mediante golpes militares, decretos y prohibiciones explícitas. En el presente, sostienen Rossi y Metaza, el mecanismo opera mediante tribunales, procesos judiciales y decisiones de inhabilitación.

La fórmula podría sintetizarse así:

antes, la proscripción necesitaba tanques; hoy puede operar mediante expedientes judiciales.

El punto más interesante: no hace falta manipular las urnas

Aquí está, a mi juicio, la contribución conceptual más importante del artículo.

La democracia puede deteriorarse sin fraude electoral. Es posible mantener elecciones formalmente limpias y, simultáneamente, reducir sustancialmente la competencia democrática mediante la exclusión judicial de determinados actores.

Eso desplaza el problema desde la pregunta clásica:

“¿Se alteró el resultado electoral?”

hacia otra mucho más profunda:

“¿Quiénes tienen realmente permitido disputar el poder?”

Los autores plantean precisamente que una elección puede contar correctamente los votos y, sin embargo, producir una democracia sustancialmente mutilada si uno de los principales contendientes ha sido previamente eliminado de la competencia.

La cuestión no es solamente Cristina sí o Cristina no. El problema estructural es qué ocurre cuando un liderazgo político mantiene capacidad de representación sobre sectores sociales que el bloque dominante pretende desplazar del proceso de decisión.

El artículo caracteriza al kirchnerismo como un movimiento asociado a la redistribución de ingresos y presenta a Cristina como una adversaria particularmente conflictiva para la derecha argentina.

En ese sentido, la proscripción puede interpretarse como una tecnología política de disciplinamiento de la representación popular: no elimina necesariamente las preferencias sociales existentes, pero intenta impedir que esas preferencias puedan convertirse nuevamente en poder estatal.

Y ahí aparece una paradoja central: la exclusión de un dirigente no elimina la demanda social que ese dirigente representa. Puede incluso desplazarla desde el terreno electoral hacia otras formas de conflicto político.

La comparación latinoamericana

Rossi y Metaza inscriben el caso argentino en una secuencia regional que incluye a Lula en Brasil, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Evo Morales y Fernando Lugo. Su argumento es que, pese a las enormes diferencias entre cada caso, aparece una estructura recurrente: judicialización de la política, medios concentrados que producen legitimidad previa y actores políticos que terminan siendo desplazados de la competencia.

Hay que hacer, sin embargo, una precisión analítica: “lawfare” no debería convertirse en una explicación totalizante que presuponga que toda investigación o condena contra un dirigente popular es necesariamente una conspiración. La cuestión políticamente relevante es demostrar si existe una selectividad estructural en la aplicación de la justicia, si se vulneran garantías procesales, si existe coordinación entre actores judiciales, mediáticos y económicos y, sobre todo, si el resultado es una alteración sustantiva de la competencia democrática.

Ese es el terreno donde el concepto adquiere densidad analítica y deja de ser simplemente una consigna.

La tesis política de fondo

El artículo puede resumirse en una frase:

la democracia no comienza cuando se deposita el voto; comienza mucho antes, cuando todos los sectores con capacidad de representación tienen derecho efectivo a disputar el poder.

Por eso la situación de Cristina adquiere una dimensión que excede su persona. Si una dirigente que continúa siendo central para una parte significativa del electorado puede ser excluida definitivamente de la competencia mediante una sentencia judicial, la discusión deja de ser solamente jurídica y pasa a ser una discusión sobre el régimen democrático y la distribución efectiva del poder político.

En ese sentido, el título original —“How Argentina Banned Its Opposition”— es deliberadamente contundente: no dice que Argentina haya cometido fraude electoral, sino algo más inquietante: que puede estar construyéndose una democracia en la que se vota, pero se restringe previamente quién puede ser votado

Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas

El creciente endeudamiento de los hogares argentinos no puede leerse como una suma de malas decisiones individuales, falta de previsión o incapacidad para administrar los ingresos. Es, antes que nada, una respuesta social a un modelo económico que deteriora el poder adquisitivo, encarece las condiciones de reproducción de la vida y obliga a millones de familias a recurrir al crédito para sostener consumos básicos. Como advirtió Mark Fisher, uno de los rasgos centrales del capitalismo contemporáneo consiste en transformar problemas estructurales en fracasos personales: aquello que produce el sistema aparece como responsabilidad del individuo. Así, la deuda deja de ser una anomalía privada y se convierte en un mecanismo de disciplinamiento social. El trabajador endeudado no simplemente «gasta de más»: utiliza crédito para compensar la insuficiencia de su salario. La morosidad, entonces, tampoco expresa necesariamente irresponsabilidad: puede ser el punto en que la capacidad familiar de absorber el ajuste llega a su límite. La deuda de los hogares no es una carencia moral de las familias; es una de las formas concretas en que la crisis del modelo económico se descarga sobre ellas. Cierra el cura Juan Rega: "Deuda o hambre", en los barrios populares ya las familias comen una vez al día.